Corpus
Modo: Corpus Pro

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA VENTA DE GASOLINA Y OTROS PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO. EL ARTÍCULO 2o.-A, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 16, FRACCIÓN III, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA VENTA DE GASOLINA Y OTROS PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE CUESTIONAN LA MECÁNICA PARA OBTENER EL SUBSIDIO POR EL PAGO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, SIN DISTINGUIR ENTRE CUOTA Y BASE DEL TRIBUTO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 388/2014. · Registro digital (IUS): 25376
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-12-05
Promovente: —
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, Pág. 21.

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA VENTA DE GASOLINA Y OTROS PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO. EL ARTÍCULO 2o. A, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 16, FRACCIÓN III, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA VENTA DE GASOLINA Y OTROS PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE CUESTIONAN LA MECÁNICA PARA OBTENER EL SUBSIDIO POR EL PAGO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, SIN DISTINGUIR ENTRE CUOTA Y BASE DEL TRIBUTO.

AMPARO EN REVISIÓN 388/2014. 22 DE OCTUBRE DE 2014. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: CARLOS ENRIQUE MENDOZA PONCE.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Ley de Amparo; y 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en el punto tercero, en relación con la fracción III del punto segundo del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, que aparece publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintiuno de mayo de dos mil trece, toda vez que se interpone en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito, en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que se reclamó la inconstitucionalidad del artículo 16, apartado A, fracción III, último párrafo, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece y del artículo 2o. A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y si bien subsiste en esta instancia el problema de constitucionalidad planteado, su resolución no entraña la fijación de un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional, ni tampoco existe alguna otra causa ni la solicitud, por parte de algún Ministro, para que este asunto lo resuelva el Tribunal Pleno.

SEGUNDO. Oportunidad de los recursos. No es necesario analizar la oportunidad con la que fueron interpuestos los recursos de revisión principal y adhesiva, habida cuenta que el Tribunal Colegiado que conoció del asunto examinó dicha cuestión, concluyendo que fueron interpuestos en el término legalmente establecido.(1)

TERCERO. Las consideraciones necesarias para resolver la litis planteada:

I. Antecedentes

1. Los quejosos son personas físicas con actividad empresarial, inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el régimen intermedio, quienes desempeñan actividades agropecuarias, los cuales sostienen ser consumidores finales de diésel para uso agropecuario.

2. Sostiene que, conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación para los últimos ejercicios fiscales anteriores a dos mil trece e incluyendo al ejercicio de dos mil trece, es acreedora al estímulo fiscal consistente en la devolución del impuesto especial sobre producción y servicios.

3. Al respecto, el particular señala que hasta el último trimestre del ejercicio fiscal de dos mil doce han obtenido la devolución del impuesto especial sobre producción y servicios. Por ello, indican que de manera oportuna han realizado el trámite de devolución del impuesto correspondiente al consumo de diésel del primer trimestre del ejercicio fiscal dos mil trece, devolución que la autoridad negó con fundamento en lo establecido en el último párrafo, fracción III, apartado A, del artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece, porque las tasas para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios de enero, febrero y marzo de dos mil trece, han resultado negativas de acuerdo al procedimiento que establece la fracción I del artículo 2o. A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

II. Conceptos de violación. La quejosa en materia de constitucionalidad planteó los siguientes argumentos:

1. Sostuvo que el texto del último párrafo, fracción III, apartado A, del artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece transgrede el artículo 72, inciso h), constitucional, porque aparentemente la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece se discutió primero en la Cámara de Diputados; sin embargo, el texto reclamado nunca fue discutido en la citada Cámara, por lo que dicha disposición no debió nacer a la vida jurídica.

2. El texto del último párrafo, fracción III, apartado A, del artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece viola el principio de legalidad y objeto del impuesto que debe existir en las leyes fiscales, conforme a lo previsto en el artículo 31 constitucional, porque con fundamento en dicha disposición la autoridad negó la devolución del impuesto, con motivo de que la tasa para la enajenación de diésel resultó negativa, ello en términos del procedimiento que establece la fracción I del artículo 2o. A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Al respecto indicó que dicha situación atenta en contra del derecho adquirido a obtener la devolución de un impuesto pagado en virtud del estímulo otorgado en todos los párrafos previos al último, del artículo 16 de la Ley de Ingresos, pues dicho estímulo es para quienes consumen diésel como consumidores finales y para uso agrícola.

Señala que la disposición que establece la oportunidad de obtener la devolución del impuesto tiene la lógica del débito fiscal, pues una vez que es creado el impuesto, el particular tiene la obligación de pagarlo al Estado, pero si el Estado otorga el estímulo fiscal consistente en la devolución, el impuesto ya está en poder del Estado, creándose así un crédito fiscal a favor del contribuyente y a cargo del Estado quien tendrá que devolverlo, en el entendido de que el impuesto especial sobre producción y servicios es un impuesto que efectivamente se paga en cada compra del combustible, independientemente de la tasa para la enajenación de diésel, pues dicha tasa no es aplicable a los consumidores, por lo que a los quejosos les es aplicable la tasa general de dicho impuesto, contribución que se paga en cada compra de combustible.

Sostuvo que desde el momento en que se otorga el estímulo fiscal y nace el derecho a la devolución, se crea un crédito fiscal a cargo del Estado y a favor del contribuyente, sin que en dicha relación intervenga persona alguna diferente a los sujetos de la relación jurídica Estado-contribuyente.

Así, precisó que el hecho de que el artículo 16 confiera el estímulo fiscal, consistente en la devolución del impuesto efectivamente pagado en cada compra, es un derecho que se concede por la sola compra de diésel y el consecuente pago del impuesto, es decir, es un derecho adquirido por la sola relación autoridad-contribuyente en la que no interviene nadie más para su cobro y pago.

En relación con ello, señala que, en términos de lo dispuesto en el último párrafo, fracción III, apartado A, del artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece, la responsable incorporó a la relación jurídica Estado-contribuyente a diversos sujetos ajenos a esta relación, como lo son: Petróleos Mexicanos, las distribuidoras autorizadas por Petróleos Mexicanos y las empresas transportistas del combustible, sujetos para quienes existe una tasa de enajenación, que es completamente ajena a la relación quejosos-Estado, por conducto de sus autoridades fiscales.

Así, señala que condicionar la devolución del impuesto a que la tasa de enajenación de diésel resulte positiva, es una medida eminentemente recaudadora que rompe la relación contribuyente-Estado, lo cual sirve para que el impuesto pagado sirva para sanear indicadores financieros que son completamente ajenos al pago del impuesto y a su devolución.

De igual forma, indicó que condicionar la devolución del impuesto al hecho de que tasa del impuesto resulte positiva, rompe el objeto del impuesto, que es el contribuir al gasto público de la Federación, Estado o Municipio, ello porque los conceptos que condicionan la devolución del impuesto nada tienen que ver con el gasto público, sino que sólo son operaciones de particulares.

3. Señaló que el artículo 2o. A, fracción I, en estrecha relación con el texto del último párrafo de la fracción III del artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación que se reclama, transgreden el artículo 31, fracción IV, constitucional.

Al respecto, sostiene que se viola lo dispuesto en el artículo 31, porque las normas que reclama no observan el principio de legalidad, pues, por un lado, la norma constitucional establece que los ciudadanos tienen la obligación de contribuir al gasto público y, por otro, establece la obligación del legislador de establecer en la ley la manera en la que los ciudadanos habrán de contribuir al gasto público.

Así, sostiene que, conforme al texto del artículo 2o. A de la Ley del Impuesto Especial Producción y Servicios, la fórmula para determinar la tasa y cuotas del impuesto para las personas que enajenen gasolina o diésel, se encuentran las siguientes variables:

• Precio de referencia;

• Costo de manejo del transporte;

• Costo neto del transporte a la agencia de ventas que corresponda;

• Margen comercial que haya fijado Petróleos Mexicanos; y,

• Reglas de carácter general por las cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determina los precios de referencia.

En tales términos, sostiene que el artículo 2o. A obliga a realizar una diversidad de operaciones aritméticas con variables que son resultado de diversas operaciones realizadas por particulares o por autoridades administrativas, lo que hace que, al determinarse la tasa a que se refiere el citado artículo 2o. A, se rompa el principio de legalidad, porque la determinación de la tasa se fija con el resultado de actos de particulares o de autoridades administrativas, y no con el resultado de actos de los órganos legislativos, como lo es una ley.

III. Sentencia de la Juez de Distrito. El Juez de Distrito al dar respuesta a los conceptos de violación propuestos, determinó:

a) Respecto al quejoso **********, debe sobreseerse porque éste promovió diverso juicio de amparo en el que reclama los mismos actos a las mismas autoridades.

b) Son inoperantes los conceptos de violación, pues:

- El artículo 16, apartado A, fracción III, último párrafo, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece, a través de la llamada devolución del impuesto especial sobre producción y servicios -con tasa positiva- previsto en el artículo 2o. A fracción I, prevé una medida de beneficio mediante un verdadero estímulo fiscal.

Así, al tratarse de un beneficio fiscal en el que la parte quejosa está incluida, no es posible que ésta reclame los requisitos para su obtención, porque de otorgarse el amparo se modificarían los términos en los que se otorga el estímulo, lo que podría atentar contra las finalidades particulares seguidas por el legislador en materias que son de su exclusiva competencia, en razón de lo cual, resultan inoperantes los conceptos de violación propuestos.

IV. Agravios formulados en los recursos de revisión

En la revisión principal, en esencia, se argumentó lo siguiente:

En su agravio primero sostienen que es desafortunada la valoración y consideración del Juez de Distrito.

Al respecto, sostiene que dicha consideración deriva de lo que se expuso en sus conceptos de violación tercero y cuarto, en los que señaló que el solo hecho de ser un contribuyente consumidor final de diésel para uso agropecuario y haber pagado el costo del combustible, pago en el que se incluye el impuesto especial sobre producción y servicios, por ese simple hecho, el contribuyente es acreedor al derecho de devolución de ese impuesto efectivamente pagado. Al respecto, señala que hasta dicho momento existe una relación jurídico tributaria en la que sólo intervienen el Estado y el contribuyente, por lo que la condicionante a que se refiere el último párrafo de la fracción III del apartado A del artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece, rompe con el objeto del impuesto, pues privilegia la condición de los expendedores de diésel.

Asimismo, precisa que ya en su demanda de amparo, sostuvo que se hizo valer la inconstitucionalidad del artículo 2o. A, fracción I, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, toda vez que dicha fracción contiene una fórmula complicada y deja en manos de una autoridad administrativa la determinación de la tasa, la cual, al ser un elemento esencial del impuesto, debía ser determinada por una autoridad legislativa, mediante un acto formal y materialmente legislativo.

Así, sostiene que las consideraciones del Juez son desatinadas, porque respecto del artículo 16, apartado A, fracción III, se limitó a analizar el principio de legalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, constitucional, sin ocuparse de analizar el objeto del impuesto en los términos propuestos, el cual consiste en sufragar el gasto público.

De igual forma, sostiene que el Juez no se pronunció respecto de los siguientes aspectos: que el Poder Legislativo rompe con el objeto del impuesto y con la relación directa que existe y debe existir entre un contribuyente y la autoridad fiscal, pues incluyó a una tercera persona y sus circunstancias, para efectos de condicionar el otorgamiento de un estímulo fiscal.

Al respecto, señala los elementos de los estímulos fiscales (que el beneficiario sea contribuyente del impuesto y la situación especial del sujeto beneficiado), e indica que los quejosos satisfacen dichas hipótesis, pues han pagado el impuesto con cada factura pagada y guardan una situación especial, consistente en ser consumidor final de diésel para uso agropecuario, siendo que la condicionante que se prevé en el último párrafo de la fracción III del artículo 16 de la Ley de Ingresos, consistente en que las tasas resultantes del artículo 2o. A, fracción I, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se refiere a los expendedores de diésel al público en general y no a los consumidores finales de combustible para uso agropecuario.

Agravio segundo. Considera que la sentencia recurrida viola los principios de congruencia y exhaustividad, pues en el concepto de violación cuarto se hizo valer la inconstitucionalidad del artículo 2o. A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, pues éste establece que la tasa del impuesto será fijada por una autoridad administrativa, como lo es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siendo que el estímulo fiscal incide directamente sobre la tasa, la cual es un elemento esencial del impuesto, supuesto que debe analizarse a la luz del principio de legalidad tributaria, de donde se advierte que el a quo no estudió el citado concepto de violación cuarto.

Revisión adhesiva

Resulta innecesario sintetizar los agravios que hicieron valer la autoridad responsable, dado el sentido que regirá en la presente resolución.

V. Sentencia del Tribunal Colegiado. El Tribunal Colegiado del conocimiento, para remitir el juicio a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió:

No es materia el sobreseimiento decretado en la sentencia recurrida respecto del quejoso **********, ello, toda vez que tal determinación no es controvertida por la parte a quien pudiera perjudicar, por lo que debe dejarse intocada.

Consideró que el Juez sí se pronunció respecto de las causas de improcedencia planteadas por las responsables, excepto de la relativa a la falta de acreditación del primer acto de aplicación de las normas reclamadas, aducida por el presidente de la República, respecto a lo cual, estimó que no asiste razón a la responsable porque, tal como se advierte de las constancias exhibidas por el administrador local de Auditoría Fiscal de Puebla Norte, se aprecia la existencia de tales actos, consistentes en las resoluciones que niegan a los ahora quejosos, la devolución del impuesto especial sobre producción y servicios, por lo que sí se acredita el acto de aplicación.

Señaló que en los dos agravios del recurso de revisión principal, la parte quejosa expresa argumentos dirigidos a combatir las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida, en la parte materia del recurso, en los cuales insiste en la inconstitucionalidad de los artículos 16, apartado A, fracción III, último párrafo, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece, así como 2o. A, fracción I, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Así, reservó jurisdicción para que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ... en lo relativo al tema de constitucionalidad de los artículos 2o. A, fracción I, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y 16, apartado A, fracción III, último párrafo, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece.

CUARTO. Cuestión previa. Para poder valorar claramente los argumentos de la parte quejosa, este apartado se dividirá en secciones que detallan lo dispuesto en las normas reclamadas:

• Sección A: Artículo 16, apartado A, fracciones I, II y III, de la Ley de Ingresos de la Federación.

El artículo 16, apartado A, fracciones I, II y III, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece, textualmente establece:

"Artículo 16. Durante el ejercicio fiscal de 2013, se estará a lo siguiente:

"A. En materia de estímulos fiscales:

"I. Se otorga un estímulo fiscal a las personas que realicen actividades empresariales, excepto minería, y que para determinar su utilidad puedan deducir el diésel que adquieran para su consumo final, siempre que se utilice exclusivamente como combustible en maquinaria en general, excepto vehículos, consistente en permitir el acreditamiento del impuesto especial sobre producción y servicios a que se refiere el artículo 2o. A, fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hayan causado por la enajenación de dicho combustible.

"El estímulo a que se refiere el párrafo anterior también será aplicable a los vehículos marinos siempre que se cumplan los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria.

"II. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción anterior, los contribuyentes estarán a lo siguiente:

"1. Podrán acreditar únicamente el impuesto especial sobre producción y servicios que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hayan causado por la enajenación del diésel en términos del artículo 2o. A, fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

"Para los efectos del párrafo anterior, el monto que se podrá acreditar será el que resulte de aplicar el artículo 2o. A, fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y que se señale en forma expresa y por separado en el comprobante correspondiente.

"En los casos en que el diésel se adquiera de agencias o distribuidores autorizados, el impuesto que podrán acreditar será el que resulte de aplicar el artículo 2o. A, fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y que se señale en forma expresa y por separado en el comprobante que les expidan dichas agencias o distribuidores y que deberá ser igual al que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hayan causado por la enajenación a dichas agencias o distribuidores del diésel, en la parte que corresponda al combustible que las mencionadas agencias o distribuidores les hayan enajenado. En ningún caso procederá la devolución de las cantidades a que se refiere este numeral.

"2. Las personas que utilicen el diésel en las actividades agropecuarias o silvícolas, podrán acreditar un monto equivalente a la cantidad que resulte de multiplicar el precio de adquisición del diésel en las estaciones de servicio y que conste en el comprobante correspondiente, incluido el impuesto al valor agregado, por el factor de 0.355, en lugar de aplicar lo dispuesto en el numeral anterior. Para la determinación del estímulo en los términos de este párrafo, no se considerará el impuesto correspondiente a la fracción II del artículo 2o. A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, incluido dentro del precio señalado.

"Lo dispuesto en este numeral no será aplicable cuando la tasa para la enajenación de diésel, de acuerdo con el procedimiento que establece la fracción I del artículo 2o. A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, resulte negativa o igual a cero.

"Tratándose de la enajenación de diésel que se utilice para consumo final, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios o sus agencias o distribuidores autorizados, deberán desglosar expresamente y por separado en el comprobante correspondiente el impuesto especial sobre producción y servicios que en los términos del artículo 2o. A, fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hubieran causado por la enajenación de que se trate.

"El acreditamiento a que se refiere la fracción anterior podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta que tenga el contribuyente a su cargo correspondiente al mismo ejercicio en que se determine el estímulo o contra las retenciones efectuadas en el mismo ejercicio a terceros por dicho impuesto.

"III. Las personas que adquieran diésel para su consumo final en las actividades agropecuarias o silvícolas a que se refiere la fracción I del presente artículo podrán solicitar la devolución del monto del impuesto especial sobre producción y servicios que tuvieran derecho a acreditar en los términos de la fracción II que antecede, en lugar de efectuar el acreditamiento a que la misma se refiere, siempre que cumplan con lo dispuesto en esta fracción.

"Las personas a que se refiere el párrafo anterior que podrán solicitar la devolución serán únicamente aquellas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de veinte veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente elevado al año. En ningún caso el monto de la devolución podrá ser superior a 747.69 pesos mensuales por cada persona física, salvo que se trate de personas físicas que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos de las secciones I o II del capítulo II del título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la devolución de hasta 1,495.39 pesos mensuales.

"El Servicio de Administración Tributaria emitirá las reglas necesarias para simplificar la obtención de la devolución a que se refiere el párrafo anterior.

"Las personas morales que podrán solicitar la devolución a que se refiere esta fracción serán aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de veinte veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente elevado al año, por cada uno de los socios o asociados, sin exceder de doscientas veces dicho salario mínimo. El monto de la devolución no podrá ser superior a 747.69 pesos mensuales, por cada uno de los socios o asociados, sin que exceda en su totalidad de 7,884.96 pesos mensuales, salvo que se trate de personas morales que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos del capítulo VII del título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la devolución de hasta 1,495.39 pesos mensuales, por cada uno de los socios o asociados, sin que en este último caso exceda en su totalidad de 14,947.81 pesos mensuales.

"La devolución correspondiente deberá ser solicitada trimestralmente en los meses de abril, julio y octubre de 2013 y enero de 2014.

"Las personas a que se refiere el primer párrafo de esta fracción deberán llevar un registro de control de consumo de diésel, en el que asienten mensualmente la totalidad del diésel que utilicen para sus actividades agropecuarias o silvícolas en los términos de la fracción I de este artículo, en el que se deberá distinguir entre el diésel que se hubiera destinado para los fines a que se refiere dicha fracción, del diésel utilizado para otros fines. Este registro deberá estar a disposición de las autoridades fiscales por el plazo a que se esté obligado a conservar la contabilidad en los términos de las disposiciones fiscales.

"La devolución a que se refiere esta fracción se deberá solicitar al Servicio de Administración Tributaria acompañando la documentación prevista en la presente fracción, así como aquella que dicho órgano desconcentrado determine mediante reglas de carácter general.

"El derecho para la devolución del impuesto especial sobre producción y servicios tendrá una vigencia de un año contado a partir de la fecha en que se hubiere efectuado la adquisición del diésel cumpliendo con los requisitos señalados en esta fracción, en el entendido de que quien no solicite oportunamente su devolución, perderá el derecho de realizarlo con posterioridad a dicho año.

"Los derechos previstos en esta fracción y en la fracción II de este artículo no serán aplicables a los contribuyentes que utilicen el diésel en bienes destinados al autotransporte de personas o efectos a través de carreteras o caminos.

"Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable cuando la tasa para la enajenación de diésel, de acuerdo con el procedimiento que establece la fracción I del artículo 2o. A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, resulte negativa o igual a cero."

Ahora bien, de lo dispuesto en la fracción I, se resaltan los siguientes aspectos:

• Se otorga un estímulo a los sujetos que realizan actividades empresariales, y que para efectos de determinar su utilidad deducen el diésel que adquieren para su consumo final.

• El estímulo consiste en que podrán acreditar contra el impuesto sobre la renta el impuesto especial sobre producción y servicios a que se refiere la fracción I del artículo 2o. A de la ley de dicho impuesto, es decir, el impuesto que las agencias de ventas de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios causaron por la enajenación de dicho impuesto.

Para efectos de determinar el estímulo previsto en la fracción I, la fracción II establece la forma en que se realizará el acreditamiento del impuesto especial sobre producción y servicios que causaron las agencias de ventas de Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias, para dichos efectos se indica que tratándose de la enajenación de diésel que se utilice para consumo final cada agencia de ventas de Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias deberán desglosar expresamente y por separado, en el comprobante, el impuesto que éstos causaron por la enajenación del combustible. Asimismo, de la citada fracción II resultan relevantes los siguientes aspectos:

El numeral 1 de dicha fracción II establece:

• Únicamente se podrá acreditar el impuesto especial sobre producción y servicios que, por la enajenación de diésel, causó cada agencia de ventas de Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias, en términos de la fracción I del artículo 2o. A de la ley de la materia.

• El impuesto que se podrá acreditar es el que resulta de la aplicación de la tasa que se calcula conforme a lo dispuesto en el citado artículo 2o. A, fracción I; impuesto que debe señalarse de forma expresa y por separado en el comprobante correspondiente.

El numeral 2 de dicha fracción II establece:

• Los sujetos que utilizan el diésel en actividades agropecuarias en lugar de aplicar lo dispuesto en la fracción I, podrán acreditar la cantidad que resulte de multiplicar el precio de adquisición de diésel por el factor 0.355, para estos efectos no se debe incluir la cuota del impuesto especial sobre producción y servicios que se incluye en el precio.

Ahora bien, conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 16, se observa lo siguiente:

• Los sujetos beneficiados son quienes adquieren diésel para su consumo final en actividades agropecuarias.

• El beneficio consiste en la posibilidad de solicitar la devolución del impuesto especial sobre producción y servicios que tuvieran derecho a acreditar, en términos de la fracción II, en lugar de efectuar el respectivo acreditamiento.

• Dicha devolución debe solicitarse trimestralmente.

• El estímulo o beneficio fiscal no será aplicable cuando la tasa para la enajenación de diésel a que se refiere la fracción I del artículo 2o. A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, resulte negativa o igual a cero.

Conforme a lo anterior se advierte que la fracción I del artículo 16, se refiere al acreditamiento de las cantidades del impuesto especial sobre producción y servicios que cada agencia de ventas de Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias causaron por la enajenación y que resultó de la aplicación de la tasa, al respecto, la fracción II no hace sino precisar la forma en que los particulares deberán realizar dicho acreditamiento.

Asimismo, resulta relevante señalar que el estímulo previsto en la fracción III del artículo 16 de la Ley de Ingresos, se circunscribe a la devolución del impuesto especial sobre producción y servicios que se tiene derecho a acreditar en términos de la fracción II, es decir, se trata del impuesto que cada agencia de ventas de Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias causaron por la enajenación del diésel y calcularo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25376-98a19afc/impuesto-especial-sobre-la-venta-de-gasolina-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.