SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA NORMAS AUTOAPLICATIVAS RELACIONADAS CON EL USO DE BUZÓN TRIBUTARIO Y EL ENVÍO MENSUAL DE LA INFORMACIÓN CONTABLE. EL SOLICITANTE DE ESTA MEDIDA CAUTELAR DEBE ACREDITAR, AL MENOS INDICIARIAMENTE, EL INTERÉS QUE LE ASISTE PARA OBTENERLA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y CUARTO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 21 DE NOVIEMBRE DE 2017. MAYORÍA DE DIECISIETE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS: JOSÉ ÁNGEL MANDUJANO GORDILLO, JOEL CARRANCO ZÚÑIGA, MARÍA ANTONIETA AZUELA GÜITRÓN, OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ, MARÍA ALEJANDRA DE LEÓN GONZÁLEZ, MARCO ANTONIO BELLO SÁNCHEZ, RICARDO OLVERA GARCÍA, ROBERTO RODRÍGUEZ MALDONADO, SERGIO URZÚA HERNÁNDEZ, JESÚS ALFREDO SILVA GARCÍA, ARTURO CÉSAR MORALES RAMÍREZ, EMMA GASPAR SANTANA, IRMA LETICIA FLORES DÍAZ, ERNESTO MARTÍNEZ ANDREU, AMANDA ROBERTA GARCÍA GONZÁLEZ, HUGO GUZMÁN LÓPEZ Y MA. GABRIELA ROLÓN MONTAÑO. AUSENTE: JUAN CARLOS CRUZ RAZO. DISIDENTES: FRANCISCO PANIAGUA AMÉZQUITA Y ALFREDO ENRIQUE BÁEZ LÓPEZ. PONENTE: JUAN CARLOS CRUZ RAZO. SECRETARIA: AMÉRICA URIBE ESPAÑA.
Ciudad de México, acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión del día veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete.
VISTOS para resolver los autos de la contradicción de tesis 1/2017, entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto del Centro Auxiliar de la Primera Región; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Denuncia de la contradicción. Mediante oficio 7411, dirigido al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, a través de su presidente, denunció la posible contradicción de criterios, entre el sostenido por dicho órgano, al resolver el incidente en revisión **********, y el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del mismo centro auxiliar y residencia, al resolver los diversos **********, **********, ********** y **********.
SEGUNDO.-Trámite. Por auto de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la posible contradicción de tesis bajo el consecutivo **********, solicitó a la presidencia de los Tribunales Colegiados contendientes remitieran a través de MINTERSCJN versión digitalizada del original, o en su caso, de la copia certificada de las ejecutorias dictadas en los asuntos de su índice; ordenó pasar los autos a la Segunda Sala de ese Alto Tribunal, para la conclusión del trámite e integración del expediente y ordenó dar vista a los Plenos de Circuito respectivos para su conocimiento.
TERCERO.-Remisión a este Pleno de Circuito. Concluida la integración del expediente relativo, el veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se declaró legalmente incompetente para resolver la aludida contradicción de criterios.
Determinación de la que se destaca lo siguiente:
"Pues bien, bastan las explicaciones hasta aquí expuestas para advertir que corresponde conocer y dirimir la contradicción de tesis que ahora nos ocupa al Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, por actualizarse los supuestos previstos en los artículos 107, facción XIII, primer párrafo, constitucional; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y 41 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues los órganos colegiados contendientes son todos tribunales con competencia en materia administrativa del Primer Circuito: Primer y Cuarto Tribunales Colegiados de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región.
"...
"En las relatadas circunstancias, en virtud de que la contradicción de tesis que se plantea se suscitó entre dos Tribunales Colegiados del Primer Circuito, esta Segunda Sala determina remitir los autos al Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito con el objeto de que resuelva la aparente contradicción entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Primera Región, al resolver los incidentes en revisión administrativos **********, ********** y **********, y el emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Primera Región, al resolver los incidentes en revisión administrativos **********, **********, ********** y **********."
CUARTO.-Recepción. El tres de enero de dos mil diecisiete el Magistrado presidente del Pleno en Materia Administrativa de este Circuito ordenó radicar la contradicción de tesis con el número PC01.I.A.01/2017.C y la admitió a trámite.
QUINTO.-Turno. Una vez integrado el asunto, por auto de uno de febrero de dos mil diecisiete, se turnó al Magistrado Alfredo Enrique Báez López, integrante del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
SEXTO.-Returno. En sesión de dieciocho de abril de dos mil diecisiete, se discutió el proyecto presentado y se determinó rechazar la propuesta al no lograr la mayoría en la votación.
Por lo que, con fundamento en el artículo 46 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en auto de dos de mayo de dos mil diecisiete, se returnó el expediente virtual al Magistrado Juan Carlos Cruz Razo, integrante del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
SEXTO (sic).-Retiro del proyecto. En el orden del día de la convocatoria a la sexta sesión ordinaria, a celebrarse el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, se incluyó para análisis y discusión el proyecto de resolución de la presente contradicción de tesis, quedando retirado en dicha data a solicitud del Magistrado ponente; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 94, séptimo párrafo, 107, facción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 45 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, reformado mediante Acuerdo General 52/2015, publicado en el citado medio de difusión oficial el quince de diciembre de dos mil quince; en virtud de que los órganos colegiados contendientes son tribunales con competencia en materia administrativa del Primer Circuito, tal como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la determinación dictada el veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis en la contradicción de tesis 301/2016.
SEGUNDO.-Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, quien resolvió el incidente en revisión **********, donde se estableció uno de los criterios contendientes; por tanto, el mencionado órgano de control constitucional está legitimado para formular dicha denuncia.
TERCERO.-Argumentación de las sentencias. Para estar en aptitud de establecer si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, es preciso tener en cuenta las consideraciones sustanciales de los criterios discrepantes.
1. El Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, al resolver el incidente en revisión **********,(1) sostuvo las consideraciones siguientes:
"QUINTO.-Análisis de los agravios que se estiman fundados.
"En los dos agravios hechos valer por la quejosa inconforme expresa abundantes argumentos orientados a evidenciar que en el caso sí cumplió con el requisito previsto en el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, relativo a acreditar el interés jurídico, esto es, que sí acreditó fehacientemente ser titular del derecho que se estimaba violentado, por lo que sí resultaba procedente conceder la medida cautelar.
"En efecto, la recurrente aduce que incorrectamente la Juez del conocimiento determinó que la quejosa no exhibió documento idóneo para demostrar que se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes y que, por ende, tiene la obligación de llevar su contabilidad para fines fiscales de manera electrónica.
"Al respecto, explica en sus agravios, primero, que sí acreditó dicha circunstancia, ya que aportó la ‘constancia de situación fiscal’, la cual fue anexada a la demanda inicial, por lo que si consideraba que debió ser anexada al cuaderno incidental, debió ser requerida para que se actuara en consecuencia; en segundo lugar, explica que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia P./J. 71/2010, de rubro: ‘PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENATAL (SIC) CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 91/97).’, criterio que establece que deben ser tomadas en cuenta en el cuaderno incidental, aquellas pruebas que obren en el cuaderno principal, aun cuando no se hubiera solicitado expresamente su compulsa o certificación.
"Los anteriores argumentos resultan esencialmente fundados, en tanto que lo que se pretende con ellos es refutar la negativa de la suspensión decretada por el a quo, y evidenciar que en el caso tal medida sí resultaba procedente.
"En efecto, como se vio en el capítulo que precede, el a quo indebidamente consideró que la quejosa debió demostrar su interés suspensional para el otorgamiento de la medida cautelar de que se trata, soslayando, en cuanto a los requisitos para el otorgamiento de tal medida cautelar, lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal y 128 de la Ley de Amparo.
"Resulta conveniente traer a colación el contenido de dichos preceptos, los cuales disponen:
"...
"La norma primeramente transcrita prevé la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo remitiendo, en cuanto a los requisitos que deben cumplirse, a la ley reglamentaria, pero precisa como un lineamiento constitucional que cuando la naturaleza del acto lo permita, los órganos jurisdiccionales deben realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social; sin que se exija que se acredite el interés suspensional.
"En cuanto a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, a que remite este último precepto para efecto de las condiciones que deben cumplirse al otorgarse la suspensión de los actos reclamados, el artículo 128 exige solamente dos requisitos para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados, consistentes en: 1) Que lo solicite el agraviado; y, 2) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
"De lo expuesto, se concluye que ni en el artículo 107, fracción X, constitucional, ni en la Ley de Amparo se exige que los agraviados que soliciten la suspensión de los actos reclamados, incluidas las normas que se reclamen con motivo de su vigencia, acrediten el interés suspensional; no obstante ello, cuando a través de la suspensión se pretenda la continuación de una actividad regulada en la ley que requiera de forma ineludible de autorización de parte de la autoridad competente, en ese caso, indiscutiblemente, sí se debe exigir que se acredite el interés suspensional como parte del requisito relativo a que no debe afectarse el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, sin que desde luego, en tal supuesto, la acreditación del interés suspensional sea garantía de que deba otorgarse la medida cautelar, pues puede acontecer que a pesar de ello, resulte improcedente su concesión.
"A mayor abundamiento, debe señalarse que no pasa inadvertido para este tribunal que más allá de la falta de acreditación del interés suspensional a que hace referencia la Juez de Distrito en la interlocutoria recurrida, el motivo principal en que sustentó su determinación atiende a la falta de interés jurídico y/o legítimo de la quejosa, hoy recurrente, por la falta de acreditación, en que dice incurrió, al no demostrar que se encuentra en la hipótesis de la norma reclamada, razonamiento que se estima incorrecto.
"Lo anterior es así, pues la falta de interés jurídico o legítimo derivada de la falta de acreditación por parte de la quejosa de ubicarse en el supuesto de la norma, son cuestiones que no pueden ser materia de examen, al resolver la suspensión (provisional o definitiva), pues su análisis constituye una causa de inejercitabilidad de la acción de amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, la cual sólo puede examinarse en el juicio en lo principal, y no es requisito para la procedencia o improcedencia de la medida cautelar en un juicio de amparo en el que se reclamen normas por su naturaleza autoaplicativa, como en la especie acontece, en tanto que el requisito de acreditación aludido puede colmarse hasta la audiencia constitucional, pues desde el momento de la interposición de la demanda hasta la celebración de ésta, la parte quejosa se encuentra en posibilidad de presentar pruebas con el objeto de demostrar que el acto combatido afecta su interés (jurídico o legítimo).
"Al respecto, se cita en lo conducente la tesis, de jurisprudencia 2a./J. 61/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de publicación y contenido son los siguientes:
"‘INTERÉS LEGÍTIMO. PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE EL QUEJOSO LO DEMUESTRE DE MANERA INDICIARIA. ...’
"...
"De igual manera, por el sentido que informa, es aplicable al caso, la tesis 2a. XXIII/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de publicación y contenido son los siguientes:
"‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA.’
"Efectuada la anterior precisión, y recapitulando lo expuesto con antelación, es menester señalar que cuando se reclaman normas de carácter general, con motivo de su vigencia, es suficiente que la parte quejosa solicite la suspensión en su contra y que el Juez de Distrito verifique que no se contravienen disposiciones de orden público ni se afecta el interés social, para otorgar la medida cautelar respecto de sus efectos y consecuencias, en los términos prescritos en el artículo 148 de la Ley de Amparo.
"De manera que, corresponde a este tribunal verificar si se cumplen los requisitos previstos en el artículo 128 de la ley de la materia para la procedencia de la suspensión definitiva.
"Bajo esa guisa, como se adelantó en el considerando previo, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa demandó por su sola entrada en vigor, la protección constitucional, entre otros, en contra de los artículos 17 K y 28, fracciones III y IV; publicados en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece; así como el Reglamento del Código Fiscal de la Federación, en su artículo 34, publicado en el mismo medio de difusión, el dos de abril de dos mil catorce y el artículo 22, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2015.
"Asimismo, del capítulo de suspensión se advierte que la parte quejosa solicitó la medida cautelar para efectos de no emplear el buzón tributario como medio de comunicación electrónica con la autoridad hacendaria ni enviar de manera mensual su información contable mediante la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.
"Al respecto, la Juez de Distrito negó la suspensión definitiva contra los efectos y consecuencias de las normas reclamadas, bajo las consideraciones torales siguientes:
"...
"Determinación que se estima incorrecta, en la medida que al analizar la procedencia de la suspensión solicitada, la juzgadora federal, únicamente debió atender a lo previsto en el artículo 128 de la Ley de Amparo.
"Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 111/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, diciembre de dos mil tres, página 98, cuyo contenido es:
"‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS.’
"En ese entendido, como se adelantó, el artículo 128 de la Ley de Amparo exige para el otorgamiento de la medida cautelar dos requisitos: a) que la solicite el agraviado; y, b) que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
"En el caso, el primer requisito se satisfizo, pues la parte quejosa pidió la suspensión definitiva de las normas reclamadas, para el efecto de no acatar las obligaciones ahí impuestas, específicamente, para no ingresar su información contable de manera mensual en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.
"Asimismo, el segundo de los requisitos se cumple porque, sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 277/2014, determinó que la concesión de la suspensión contra el buzón tributario como medio de comunicación con la autoridad hacendaria, así como el envío mensual de la contabilidad por medios electrónicos; no contraviene el orden público ni afecta el interés social, pues si bien es cierto, tales deberes forman parte del conjunto de medidas implementadas por el legislador, a fin de que los procedimientos de recaudación y fiscalización sean más ágiles y eficientes, también lo es que el otorgamiento de la medida cautelar no significa que los contribuyentes dejen de cumplir con sus obligaciones fiscales ni impide que la autoridad hacendaria ejerza sus facultades de comprobación.
"Además, sostuvo que no acceder a lo anterior implicaría que ante una eventual concesión de amparo no sería posible materializar sus efectos, particularmente, por lo que se refiere a la información contable, dado que al integrarse en el sistema de contabilidad electrónico implementado para los efectos precisados, la información ya recibida no podría revertirse.
"La jurisprudencia que derivó de dicha ejecutoria aludida es de rubro y datos de localización siguientes:
"‘SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 17 K Y 28, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014).’
"Jurisprudencia que resulta de observancia obligatoria, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, en la que el Máximo Tribunal intérprete de leyes dio respuesta en forma integral al tema de fondo planteado en el asunto, esto es, resolvió lo relativo a la procedencia de la suspensión contra las normas que prevén la obligación de enviar la contabilidad electrónica a la página de Internet de la autoridad fiscal, así como respecto al buzón tributario, en lo atinente a que el otorgamiento de la suspensión sólo tiene por efecto deshabilitar la obligación de emplear dicho mecanismo como medio de comunicación electrónica con la autoridad hacendaria y desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa el deber de remitir su información contable por ese medio; y determinó que con la concesión de la suspensión contra la aplicación y ejecución de las normas reclamadas, no se afecta el orden público ni se causa perjuicio al interés social.
"De acuerdo con tales premisas, cuando se reclaman preceptos y/o reglas que prevén cuestiones de modo, tiempo y forma vinculadas con el uso del buzón tributario, como mecanismo de comunicación con la autoridad tributaria, así como el envío mensual de la información contable, es inconcuso que se cumple con el segundo de los requisitos establecidos en el numeral 128 de la Ley de Amparo y, por tanto, es procedente conceder la suspensión definitiva contra los efectos de las disposiciones relacionadas con dicho mecanismo de comunicación y la remisión de la citada información, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio principal, a fin de conservar la materia de éste.
"En las relacionadas condiciones, ante lo sustancialmente fundado del agravio propuesto por la parte quejosa, hoy recurrente, procede revocar la interlocutoria recurrida y conceder la suspensión definitiva respecto de los efectos y consecuencias de las normas reclamadas que regulan el uso del buzón tributario y el envío de la información contable por ese medio; medida que se traduce en:
"1) Desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa la obligación de enviar su información contable a través del buzón tributario de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria; lo que no implica que la autoridad exactora se encuentre imposibilitada para solicitársela mediante cualquiera de los procedimientos de fiscalización distintos de la revisión electrónica, como la visita domiciliaria y la revisión de gabinete.
"2) Deshabilitar la obligación de la quejosa de emplear el buzón tributario como medio de comunicación con las autoridades hacendarias; en el entendido de que, en su caso, las notificaciones de los actos y resoluciones administrativas emitidas por dichas autoridades se practicarán a la peticionaria del amparo, a través de las diversas formas previstas en la ley para tal efecto, quien desahogará los requerimientos que le sean efectuados y presentará sus promociones, solicitudes y avisos directamente ante aquélla en documento impreso, o bien, a través de otros medios electrónicos en documento digital conforme a la normatividad aplicable.
"La suspensión definitiva otorgada en tales términos surtirá efectos hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio principal; sin que la medida suspensional releve a la quejosa de cumplir con las obligaciones fiscales establecidas en normas tributarias distintas a las reclamadas.
"Finalmente, en cuanto a la intervención ministerial de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano colegiado, téngase por formulada y en atención a su contenido, dígase a la misma que se esté a lo considerado en la presente resolución.
"SEXTO.-Denuncia de posible contradicción de criterios.
"En congruencia con las consideraciones que sustentan esta ejecutoria, es que este órgano de control constitucional difiere de los criterios emitidos por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, al resolver, entre otros:
"a. El incidente de revisión **********, en sesión de uno de octubre de dos mil quince;
"b. El incidente en revisión **********, en sesión de veintitrés de septiembre dos mil quince;
"c. El incidente en revisión **********, en sesión de diez de marzo de dos mil dieciséis; y,
"d. El incidente en revisión **********, once de febrero de dos mil dieciséis.
"En dichos asuntos se ordenó reponer el procedimiento en el incidente de suspensión, por estimarse que al momento de decidir sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados, se debe tener plena certeza de las pruebas que fueron aportadas para acreditar el interés suspensional, esto es, se ordenó reponer el procedimiento para verificar si la parte quejosa allegó al incidente de suspensión medios de prueba idóneos para acreditar su interés suspensional y así estar en posibilidad de determinar la procedencia de la medida cautelar, requisito que este Tribunal Colegiado considera no se exige en la nueva Ley de Amparo para efectos de la concesión de dicha medida cautelar, sobre todo tratándose de la problemática planteada que no versa sobre una autoridad regulada que requiera autorización por parte de autoridad competente.
"En ese contexto, como este Tribunal Colegiado no comparte el criterio que sostiene el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, por las razones expuestas en la presente ejecutoria, y ante la posibilidad de que existan criterios implícitamente contradictorios, con fundamento en los artículos 225 y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, se determina el envío de copia digitalizada o certificada de la presente ejecutoria a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que determine la existencia o no de la probable contradicción de criterios y resuelva lo conducente.
"La denuncia presentada ante esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación obedece, de inicio, a que ambos Tribunales Colegiados somos órganos auxiliares que no integran Pleno, en términos del artículo 6 del Acuerdo General 11/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.
"Aunado a lo cual, ambos tribunales auxiliares gozan de una competencia especializada establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, que se ejerce en toda la República Mexicana, en términos del Acuerdo General 5/2015, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que la presente contradicción escaparía de la competencia de cualquier Pleno de Circuito, inclusive, debe destacarse que se trata de materia común, de ahí que se estima que es del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"Por tanto, con fundamento en los artículos 226, fracción II, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, hágase la denuncia de contradicción de criterio correspondiente, en los términos indicados."
En similares términos a los expuestos en el considerando quinto que se transcribió, el tribunal auxiliar en cita resolvió los incidentes en revisión **********(2) y **********.(3)
2. Por otra parte, el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, al resolver el incidente en revisión **********,(4) expuso:
"QUINTO.-Reposición del procedimiento en el incidente de suspensión. Al resolver el recurso de revisión interpuesto por cualquiera de las partes, en contra de la resolución incidental en que se concedió la suspensión definitiva, el Tribunal Colegiado debe analizar, aun oficiosamente, si se satisfacen los requisitos para obtenerla.
"Lo anterior, toda vez que si en los juicios de amparo en revisión se estudia de oficio la procedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, por identidad de razón, en el incidente de suspensión debe analizarse la procedencia de la suspensión definitiva, sobre todo cuando el juzgador omite examinar un aspecto medular para el otorgamiento de la citada medida cautelar, como lo es, la acreditación del interés suspensional.
"Por ello, si el Juez de Distrito concede la suspensión definitiva y el Tribunal Colegiado revisor advierte que no se reúnen los requisitos para su otorgamiento, como pudiera ser, entre otros, la falta de acreditación del interés suspensional, debe revocar la interlocutoria impugnada y negar la medida cautelar solicitada.
"Sin embargo, previo a ese pronunciamiento, para estar en aptitud de pronunciarse sobre el acreditamiento del interés suspensional, el Tribunal Colegiado debe analizar las constancias de autos y si detecta que por acción u omisión se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el incidente de suspensión del juicio de amparo y que tales infracciones trascendieron al resultado del fallo, conforme a lo dispuesto en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, trae como consecuencia la reposición del procedimiento.
"Las consideraciones expresadas encuentran sustento jurídico, en lo conducente, en la tesis aislada I.3o.C.445 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que este tribunal comparte, de rubro y texto siguientes:
"‘INTERÉS JURÍDICO. PARA LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA ES UN REQUISITO QUE DEBE ANALIZARSE DE OFICIO EN SEGUNDA INSTANCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 91, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO. ...’
"De igual forma, es aplicable la tesis aislada IV.2o.A.15 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, que este similar comparte, del tenor literal siguiente:
"‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA. EL TRIBUNAL REVISOR DEBE ANALIZAR OFICIOSAMENTE SI SE SATISFACEN LOS REQUISITOS PARA OBTENERLA. ...’
"Es conveniente precisar que cuando la revisión es interpuesta por cualquiera de las partes es factible analizar de oficio si se reúnen los requisitos legales para el otorgamiento de la medida cautelar, ya que de estimar lo contrario, traería como consecuencia que el tribunal convalidara en determinados casos resoluciones sobre solicitudes de suspensión definitiva de actos reclamados, en donde no esté justificado el interés suspensional, situación que resulta inadmisible.
"En efecto, uno de los requisitos para el otorgamiento de la suspensión definitiva consiste en la demostración del interés suspensional.
"La noción de interés suspensional corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual, se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada.
"En otr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27658-7451f92a/suspension-definitiva-en-el-juicio-de-amparo-promovido · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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