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Modo: Corpus Pro

CAUSAHABIENTE PROCESAL. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER UNA EXCEPCIÓN PERENTORIA QUE TENGA COMO ÚNICA FINALIDAD LA DECLARATORIA DE PRESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA QUE DERIVA DE UN JUICIO CUYA MATERIA ES UNA ACCIÓN PERSONAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 163/2015. · Registro digital (IUS): 27715
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SUSCITADA ENTRE EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO, ACTUAL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRAT
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo I, Pág. 861.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 163/2015. SUSCITADA ENTRE EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO, ACTUAL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. 15 DE MARZO DE 2017. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ.

II. Competencia

6. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis entre un Tribunal Colegiado Civil contra un Tribunal Colegiado Administrativo, ambos del Décimo Segundo Circuito, en un tema que, por ser de naturaleza civil, corresponde a la materia de especialidad de la Primera Sala.

7. Esta Primera Sala no pasa por alto que uno de los criterios contendientes, consistente en el amparo en revisión 87/2013, fue dictado el cinco de septiembre de dos mil trece por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, que actualmente es el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito; es decir, en el momento en que se dictó la sentencia, uno de los Tribunales Colegiados era mixto y, por ende, tenía competencia en la materia civil. No obstante, a partir del Acuerdo General 19/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de agosto de dos mil catorce,(1) dicho Órgano Colegiado se especializó en Materia Administrativa y forma parte del Pleno de Circuito junto con los demás Tribunales en Materia Administrativa, del cual queda excluido el otro Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito contendiente, por razón de materia, en términos del artículo 9 del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.(2)

8. En ese sentido, dado que en el presente asunto se confrontan actualmente criterios de un Tribunal Colegiado Civil contra un Tribunal Colegiado Administrativo, ambos del Décimo Segundo Circuito que, por razón de materia, no forman parte de un Pleno de Circuito que tenga facultades para encargarse de una contradicción en materia civil, esta Suprema Corte es entonces el único órgano competente para resolver el conflicto interpretativo en términos del artículo 226, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor.

9. Dicho de otra manera, no existe un Pleno de Circuito que pueda hacerse cargo de la materia de la contradicción, al ser de naturaleza civil. En primer lugar, porque uno de los Órganos Colegiados contendientes, el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, es el único especializado en materia civil en el Estado de Sinaloa. Y en segundo lugar, ya que el Pleno de Circuito existente en tal entidad federativa sólo tiene competencia para encargarse de asuntos de naturaleza administrativa (al sólo poder abordar conflictos interpretativos entre el Primero y el Segundo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, en términos del citado acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal). Por tanto, esta Corte es el único órgano que puede hacerse cargo materialmente del conflicto interpretativo.

III. Legitimación

10. La denuncia de contradicción de tesis fue formulada por parte legitimada para ello, de conformidad con la fracción II del artículo 227 de la Ley de Amparo en vigor, al ser realizada por **********, quien fue la parte quejosa en el amparo en revisión 19/2014, criterio que contiende en la presente denuncia.

IV. Criterios denunciados

11. En el presente considerando se dará cuenta de los criterios contendientes que pudieran dar lugar a la contradicción de tesis.

A. Sentencia del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito en el amparo en revisión 87/2013 (actualmente el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito).

Antecedentes del caso

12. El seis de febrero de mil novecientos setenta y siete, ********** promovió un juicio ordinario civil, ejerciendo una acción que denominó noxal o por responsabilidad civil extracontractual subjetiva por hecho ilícito en contra de **********, por sí en su calidad de presidente y representante de la **********; **********, quien fungía como presidente de la **********; **********, quien fungía como presidente de la **********; **********, por sí y en su carácter de presidente y representante de la **********, y **********, por actos realizados en representación del Gobierno Federal cuando fungía como director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria.

13. Entre otras cuestiones, el actor demandó: a) que se declare por sentencia judicial firme que los particulares y asociaciones agrícolas, sin su autorización, dispusieron indebidamente del dominio de una finca agrícola de su propiedad; b) que se declare nulo por simulación el convenio celebrado entre los demandados y el referido director de asuntos jurídicos, en el cual, sin tener el carácter de apoderados generales y especiales, ejercieron actos de dominio en su nombre para que el predio rústico afectado fuera destinado a cubrir necesidades agrarias; y, c) el pago de daños y perjuicios, así como del daño moral, entre otras cuestiones.

14. La demanda se radicó bajo el juicio ordinario civil 5/81 en el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. Durante su tramitación, varios inmuebles fueron objeto de embargo. Seguido el juicio en todas sus etapas y una vez que se resolvieron varios medios de impugnación, se obtuvo una sentencia condenatoria firme en contra de los demandados.

15. En la etapa de ejecución de la sentencia, el veintisiete de mayo de dos mil once, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia de remate de varios bienes inmuebles materia de previo embargo. En ese tenor, **********, en su carácter de presidente del ********** -quien alegadamente se convirtió en causahabiente de una de las partes demandada en el juicio natural tras adquirir los bienes inmuebles sujetos a embargo durante el trámite del juicio-,(3) opuso la excepción perentoria de prescripción del derecho de la parte actora de pedir la ejecución de la sentencia definitiva que resolvió dicho juicio. La excepción fue admitida en acuerdo de once de julio de dos mil once.

16. Contra tal proveído, el actor del juicio principal interpuso recurso de revocación que fue admitido el quince de julio de dos mil once. El quince de diciembre siguiente, el Juez Quinto de Distrito dictó una sentencia interlocutoria en la que declaró fundado el recurso de revocación interpuesto y revocó el acuerdo impugnado.

17. Inconforme con tal determinación, **********, promovió amparo indirecto del cual conoció el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa con residencia en Los Mochis, quien lo admitió bajo el número **********. El ocho de enero de dos mil trece, se dictó resolución en la que se sobreseyó en el amparo.

18. En contra de tal negativa, la parte quejosa interpuso recurso de revisión. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito conoció del asunto, lo registró bajo el número de amparo en revisión civil ********** y, el cinco de septiembre de dos mil trece, revocó la sentencia impugnada y concedió el amparo a la asociación recurrente.

Argumentación de la sentencia

19. En el fallo, el Tribunal Colegiado, primero, revocó el sobreseimiento y estudió cada una de las causales de improcedencia invocadas y, en un segundo apartado, analizó los conceptos de invalidez y concedió el amparo a la parte quejosa.

20. En cuanto a las causas de sobreseimiento, el órgano colegiado refirió lo siguiente:

a) Determinó que no se actualizaba la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 80 de la Ley de Amparo; pues dada la calidad de causahabiente que acreditó tener la persona moral quejosa con la parte demandada en el juicio civil de donde deriva la interlocutoria, ésta adquiere las obligaciones inherentes a los bienes inmuebles embargados, por lo que se encuentra obligada a responder con dichos bienes por el pago de la condena que se ejecute en contra de la parte demandada. Así, sostuvo que la persona moral quejosa está legitimada para promover en el juicio principal en defensa de los inmuebles embargados, resultando irrelevante que no sea parte actora ni demandada en el juicio ordinario civil **********, pues ello no le impide promover una defensa de los inmuebles embargados que ya son de su propiedad.

b) Sostuvo que tampoco se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que en el caso concreto el acto reclamado lo constituye la resolución interlocutoria que revocó el auto que admitió la excepción perentoria de prescripción promovida por la quejosa en defensa de los bienes inmuebles que son de su propiedad.

c) Explicó que el solo hecho de que en una interlocutoria el Juez responsable le desconociera a la persona moral quejosa el derecho de promover en el juicio de origen por ser causahabiente de la parte demandada, es precisamente lo que la legitima para promover el juicio de amparo indirecto. El que la quejosa sea causahabiente no da lugar a decretar el sobreseimiento del juicio de acuerdo con la tesis de la Segunda Sala de rubro: "CAUSAHABIENCIA. NO ES POR SÍ MISMA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO."(4)

d) Refirió que tampoco se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, debido a que aun cuando existe una resolución firme que determinó que la persona moral quejosa no se encuentra legitimada para promover en el juicio de origen por no tener el carácter de parte actora ni de parte demanda, ello no implica un consentimiento de la resolución reclamada, pues lo determinado por el Juez en un acuerdo previo no significa que se esté desconociendo a la persona moral quejosa el carácter de causahabiente ni su derecho a promover con ese carácter en el juicio natural.

e) Finalmente, argumentó que en contra de la sentencia interlocutoria correspondiente sí procede el juicio de amparo indirecto sin tener que esperar para impugnar dicha resolución como violación procesal en la demanda de garantías que se interponga en contra de la última resolución de la etapa de ejecución, al haberse afectado derechos sustantivos. En consecuencia, la quejosa no estaba obligada a esperar a que se dictara la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues si en la interlocutoria reclamada se está revocando la resolución en la que se admitió la excepción de prescripción del derecho de la parte actora para pedir la ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origen, debe concluirse que sí se actualiza el supuesto de excepción para efectos de la procedencia de amparo indirecto.(5)

21. Después de levantar el sobreseimiento el Tribunal Colegiado abordó el estudio de los conceptos de violación considerando lo siguiente.

22. En principio, explicó que se encuentra plenamente acreditado que la persona moral quejosa es causahabiente de la parte demandada en el juicio natural, en virtud de que los bienes inmuebles le fueron embargados a esta última en el juicio ordinario civil **********, fueron transmitidos a favor de **********, mediante un contrato de fideicomiso, celebrado en escritura pública número **********, volumen **********, de veintiséis de abril de mil novecientos noventa y nueve y, que dichos inmuebles, con motivo de la extinción del contrato de fideicomiso, fueron revertidos en favor de la persona moral quejosa.

23. Así, se sostuvo que era evidente que la persona moral quejosa se convirtió en causahabiente de la parte demandada en el juicio natural, por lo que se encuentra obligada a responder por el pago de la condena decretada en contra de su causante, con el valor de los inmuebles embargados y que son de su propiedad. Por tanto, aun cuando no resulta parte actora ni demandada en el juicio de origen y tampoco compareció como acreedora al procedimiento de ejecución de la sentencia, al ser causahabiente de la parte demandada, se encuentra legitimada para promover en el juicio la excepción perentoria de prescripción en defensa de los inmuebles embargados que son de su propiedad. Es decir, precisamente, porque tiene el carácter de causahabiente de la parte demandada, está obligada a responder con dichos inmuebles por el pago de la condena decretada en contra de su causante en el juicio natural en cuanto pase a cubrir el importe de la condena, por lo que se le debe permitir su participación para la defensa de sus intereses.

B. Sentencia dictada por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito en el amparo en revisión 19/2014 (antes Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito).

Antecedentes del caso

24. ********** promovió un juicio civil federal por responsabilidad civil extracontractual subjetiva, derivada de hechos ilícitos en contra de **********, por sí en su calidad de presidente y representante de la **********; **********, quien fungía como presidente de la asociación de **********; **********, quien fungía como presidente de la **********; **********, por sí y en su carácter de presidente y representante de la ********** y **********, por actos realizados en representación del Gobierno Federal cuando fungía como director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria. De manera similar al relato de los antecedentes del asunto anterior, se demandó que las referidas personas, sin autorización de la actora, afectaron un predio para ser destinado a cubrir necesidades agrarias.

25. La demanda se radicó bajo el juicio civil federal ********** del índice del Juez Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis; durante su tramitación, varios inmuebles fueron objeto de embargo. Seguido el juicio en todas sus etapas y una vez que se resolvieron varios medios de impugnación, se obtuvo una sentencia condenatoria firme en contra de los demandados.

26. En la etapa de ejecución de la sentencia, mediante acuerdo de siete de mayo de dos mil uno, el referido juzgador declaró legal y formalmente embargados en forma definitiva; entre otros, los inmuebles embargados precautoriamente que fueron registrados a nombre de uno de los demandados en el juicio (**********).

27. Posteriormente, **********, presidente del Consejo Directivo de la persona moral denominada ********** -quien alegadamente se convirtió en causahabiente de una de las partes demandada en el juicio natural, tras adquirir los bienes inmuebles sujetos a embargo durante el trámite del juicio-,(6) promovió una excepción perentoria de prescripción del derecho de la parte actora para pedir la ejecución de la sentencia la cual no fue admitida a trámite por acuerdo de veintidós de julio de dos mil once. Contra tal negativa, la asociación interpuso recurso de revocación que se resolvió mediante interlocutoria de veintiséis de abril de dos mil doce en el sentido de declarar infundados los argumentos del impetrante.

28. En desacuerdo con tal resolución, la referida persona moral promovió un juicio de amparo indirecto del que conoció el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en los Mochis, bajo el número **********. El diez de julio de dos mil trece, se dictó resolución en el sentido de sobreseer el juicio de amparo.

29. Inconforme con esta sentencia, la asociación quejosa, por conducto de su autorizado, interpuso recurso de revisión. El Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito conoció del asunto, lo registró bajo el número de expediente ********** y, el nueve de abril de dos mil quince, dictó sentencia en el sentido de revocar la sentencia recurrida y negar el amparo.

Argumentación de la sentencia

30. En la sentencia, el Tribunal Colegiado, primero, revocó el sobreseimiento y estudió cada una de las causales de improcedencia invocadas y, en un segundo apartado, analizó los conceptos de invalidez y negó el amparo a la parte quejosa.

31. En cuanto a las causas de sobreseimiento, el Órgano Colegiado refirió lo siguiente:

a) En cuanto a la primera causal de improcedencia, determinó que no se actualizaba la causal prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 114, fracción III, de la abrogada Ley de Amparo, pues diverso a lo que sostuvo el Juzgado de Distrito,(7) de acuerdo con el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte, la interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria, alguna defensa u otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como puede ser la excepción de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución entre las partes, es impugnable de forma inmediata a través del juicio de amparo indirecto. Ello, sin que tenga que hacerse valer como una violación procesal en la demanda de garantías que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo, ya que éstos resultan actos de imposible reparación, lo que resulta aplicable al caso.

b) Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN."(8)

c) Sostuvo que tampoco se actualizaba la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo abrogada. Lo infundado radica en que la quejosa, al ser causahabiente, presentó una promoción en el juicio civil federal de origen, donde opuso la excepción de prescripción del derecho de la actora para pedir la ejecución de la sentencia definitiva dictada en ese juicio, lo que no fue acordado de conformidad por el Juez de Distrito y, en contra de dicho acuerdo, interpuso recurso de revocación, el cual se declaró infundado. En ese tenor, se causó perjuicio a la esfera jurídica de la quejosa y ello legitima para impugnar a través del juicio de garantías la decisión sobre su falta de legitimación en el juicio de origen.

d) Respecto al artículo 73, fracción XI, se dijo que tampoco se actualiza la causa de improcedencia que radica en el consentimiento de los actos impugnados, ya que, en el caso, el acto reclamado, consistente en la interlocutoria donde se declaró infundado el recurso de revocación contra el cual se promovió juicio de amparo, sin que de autos se advierta que hubiese consentido expresamente esa resolución o por manifestaciones de voluntad que demuestren ese consentimiento; por el contrario, al ser impugnado a través del juicio de garantías es evidente que no existe un consentimiento.

32. Después de estudiar las causales de improcedencia y levantar el sobreseimiento, el Tribunal Colegiado estudió los conceptos de violación con se expone a continuación.

33. Al respecto, se señaló que el hecho de que el quejoso sea causahabiente del demandado no lo legitima para promover por su cuenta en el procedimiento una excepción perentoria de prescripción del derecho de la actora a obtener la ejecución de la sentencia, pues no tenía un carácter suficiente dentro de la controversia para ello.

34. Para llegar a tal conclusión, se explicó que, de acuerdo con los artículos 1o., 2o. y 3o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, sólo puede iniciar un procedimiento quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena (parte actora) y quien tenga el interés contrario (parte demandada). Así, se afirmó que cuando exista transmisión a un tercero del interés señalado en el artículo 1o., dejará de ser parte quien perdió el interés y lo será quien lo haya adquirido, pero que las relaciones recíprocas de las partes dentro del proceso con sus respectivas facultades y obligaciones no pueden sufrir modificación en ningún sentido por virtud de leyes o estatutos relativos al modo de funcionar o de ser especial de una de las partes, sea actora o demandada.

35. En ese sentido, se aludió que en un procedimiento judicial sólo pueden intervenir el actor y el demandado y que pueden transmitir sus derechos litigiosos a un tercero, caso en el cual deja de ser parte quien haya perdido el interés y lo será quien lo haya adquirido; es decir, las partes pueden ser sustituidas por otras personas.

36. Aplicando tales supuestos al caso concreto, el órgano colegiado detalló que la referida asociación civil se convirtió en causahabiente de la parte demandada y, con motivo de ello, el veinte de julio de dos mil once promovió un incidente en el que opuso la excepción de prescripción del derecho de la actora para pedir la ejecución de la sentencia definitiva, lo que no fue acordado de conformidad por el Juez y el recurso de revocación contra el mismo acuerdo fue declarado infundado.

37. Sobre tales circunstancias, se llegó a la convicción que la asociación recurrente carecía de legitimación para promover en el juicio y oponer la excepción de referencia, porque no tenía reconocido el carácter de parte demandada (no demostró que celebró un contrato con la parte demandada donde le cedió la deuda, ni lo hizo del conocimiento del Juez natural para que declarara la sustitución procesal de la parte demandada y lo notificara a la parte actora).

38. Si bien era verdad que al adquirir los bienes la quejosa adquirió el carácter de causahabiente, para el Tribunal Colegiado, ello no legitimaba a la persona moral recurrente a promover por sí misma en el juicio y oponer la excepción de prescripción. Con dicho carácter de causahabiente, únicamente, adquirió la propiedad de los bienes, pero se subrogó en la obligación de la parte demandada de responder con esos inmuebles para el pago de la condena, por lo que tiene que responder por el pago de la condena que se ejecute contra la parte demandada, sin que esa adquisición lo convierta en parte demandada del juicio natural.

39. Se argumentó que debe distinguirse entre las figuras jurídicas de cesión de derechos, cesión de deuda y causahabiencia. La primera se refiere a cuando el acreedor transfiere a otros los derechos que tiene contra su deudor; la segunda, implica que para que haya sustitución de deudor es necesario que el acreedor, consienta expresa o tácitamente la sustitución de demandado, en ambos casos las partes deben comunicarlo al Juez para que les reconozca tal carácter. Finalmente, se dijo que la figura jurídica de la causahabiencia, se actualiza en forma independiente del juicio de origen, ya que consiste en que un tercero adquiere del demandado el inmueble que se encuentra embargado en el juicio natural e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y, por tanto, recibe un inmueble sujeto a un litigio y deberá estar a las resultas del juicio que es defendido por su causante (al momento de ejecutar la sentencia, tendrá que responder con dicha propiedad).

40. Consecuentemente, se concluyó que un causahabiente carece de legitimación para comparecer en un juicio y defender el bien inmueble por sí mismo, pues esa atribución le corresponde al causante.

V. Existencia de la contradicción

41. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que, con base en el estudio de los precedentes recién detallados, en el caso se actualiza una contradicción de criterios entre los Tribunales Colegiados contendientes en relación con la legitimación que tiene el causahabiente del demandado para comparecer en ejecución de sentencia e interponer una excepción perentoria de prescripción.

42. Antes de pasar a explicar las razones para advertir dicha contradicción, como cuestión previa, es importante señalar que, tal como sucede con algunos de los criterios contendientes, para determinar si existe la contradicción de tesis planteada y, en su caso, resolver cuál es el criterio que debe prevalecer, no es necesario que los criterios se sostengan en tesis jurisprudenciales.

43. En ese sentido, se estima que por contradicción de "tesis" debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales a través de argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis. Sirve de apoyo para esta determinación la tesis P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.",(9) y la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(10)

44. Así, de acuerdo con lo resuelto por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, una nueva forma de aproximarse a los problemas que se plantean en este tipo de asuntos debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por las Salas de esta Suprema Corte. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, se requiere determinar si existe una necesidad de unificación; es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo.

45. En otras palabras, para resolver si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen-, con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos, se tomaron decisiones distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales. Si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios, y dado que el problema radica en los procesos de interpretación -no en los resultados- adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Las Salas (sic) contendientes debieron haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se debe encontrar algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica, es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

46. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de rubro y texto que a continuación se reproducen:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27715-75679e7e/causahabiente-procesal-carece-de-legitimacion-para-interponer-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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