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Modo: Corpus Pro

JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO QUE SE RESUELVE EN UN TÉRMINO MAYOR A 6 MESES. AL NO PREVER LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS UNA SANCIÓN PARA ESTE CASO, DEBE APLICARSE SUPLETORIAMENTE EL ARTÍCULO 48, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO E INDEMNIZAR AL TRABAJADOR POR DICHA TARDANZA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 1027/2017. · Registro digital (IUS): 27756
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2018-04-20
Promovente:
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo III, Pág. 1794.

AMPARO DIRECTO 1027/2017. 8 DE MARZO DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MARIO ROBERTO CANTÚ BARAJAS. SECRETARIO: CÉSAR CHÁVEZ SOUVERBIELLE.

CONSIDERANDO:

SEXTO.-Examen de los conceptos de violación. Previo a exponer sus argumentos, la quejosa precisa que su inconformidad estriba en el tope que se impuso a los salarios caídos, ya que el laudo no se ajustó a lo dispuesto en los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; ni a los numerales 1o., 5o., 14, 16 y 17, en relación con los diversos 115, 116, 123, 124 y 133 de la Constitución Federal.

Los conceptos de violación se examinarán en forma conjunta dada la relación que guardan entre sí, en los que se combaten los siguientes actos:

La limitación a seis meses respecto de los salarios caídos, la controvierte mediante los siguientes argumentos:

- La inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 45, fracción XIV y 52 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos;

- La impugnación de las consideraciones emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada: "INDEMNIZACIÓN EN CASO DE DESPIDO INJUSTIFICADO. EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, NO ES VIOLATORIO DE DERECHOS HUMANOS (ABANDONO DE LA TESIS AISLADA 2a. XLVIII/2009).";

- El derecho a la estabilidad en el empleo, garantizado, entre otras acciones, con el pago de salarios caídos sin limitación o tope alguno;

- El tope impuesto infringe los principios constitucionales de universalidad, indivisibilidad y progresividad;

- La limitación en cuestión transgrede el derecho a la dignidad humana y no discriminación;

- La referida restricción contraviene la Ley General de Víctimas, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y el Sistema Nacional de Atención a Víctimas; por lo que también procede el pago de daños y perjuicios y la reparación de daños inmateriales, morales, psicológicos y emocionales que sufrió el actor con el despido injustificado del que fue objeto y sus consecuencias.

Hechas tales precisiones, el promovente del amparo formula los siguientes argumentos, los que se estudiarán en distinto orden al planteado.

Constitucionalidad y convencionalidad del límite del pago de salarios caídos regulado en los artículos 45, fracción XIV, y 52 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

Señala que el tribunal estableció la condena a los salarios caídos con apoyo en los citados numerales; empero, el precepto 123, apartado B, fracción IX, constitucional establece el derecho a la estabilidad en el empleo, esto es, a no ser separado sin causa justificada y, en caso de que ello ocurra, le concede acción para demandar la reinstalación o el pago de una indemnización; derecho que recoge el diverso 43, fracción III, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que concede tales acciones, así como el pago de salarios vencidos, sin establecer limitación en cuanto al periodo por el que deben cubrirse, por lo que a esta norma deben sujetarse las disposiciones locales, al expedir las leyes que regulen las relaciones de trabajo entre el Estado y sus trabajadores, acorde con lo previsto en el artículo 116, fracción VI, constitucional.

Indica que si la Ley Suprema establece el derecho fundamental de los trabajadores a la estabilidad en el empleo y el legislador federal -en la norma reglamentaria- estableció en su beneficio, entre otras acciones en caso de despido injustificado, la de reinstalación y el pago de salarios caídos, sin limitar el monto en cuanto al periodo que deben cubrirse, debe concluirse que los artículos 45, fracción XIV y 52 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos son inconstitucionales, al restringir la percepción de tal concepto -salarios caídos- a seis meses, pues ante el despido tiene derecho a éste desde la fecha en que ocurra hasta la reinstalación; esto es, por todo el tiempo que dure la separación arbitraria, pues es la única forma de resarcir los daños y perjuicios.

Que si el laudo reclamado, en el tema que se trata, se sustenta en un precepto inconstitucional, aquél también deviene inconstitucional, al atentar contra su derecho de no ser privado del producto de su trabajo a consecuencia de un cese injustificado.

Argumenta que si bien las Legislaturas de los Estados cuentan con autonomía para establecer normas que regulen las relaciones con sus trabajadores, tal facultad no es plena, pues se encuentra supeditada a las disposiciones constitucionales, como es el artículo 123, apartado B, fracción IX, que instituye que en caso de separación injustificada, el trabajador tiene derecho a optar por la reinstalación o indemnización correspondiente y el numeral 43, fracción III, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado prevé como obligaciones de los titulares reinstalar al trabajador separado injustificadamente, cuando opte por ella, y a pagar los sueldos o salarios caídos; de ahí que los artículos 45, fracción XIV y 52 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, al limitarlos a seis meses, contraviene los dispositivos 1o., 115, fracción VIII, párrafo segundo, 123 y 133 constitucionales. Invoca las tesis aisladas de rubros: "SALARIOS CAÍDOS. LOS ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 52 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, AL ESTABLECER QUE SU PAGO NO EXCEDERÁ DEL IMPORTE DE 6 MESES, CONTRAVIENEN LOS ARTÍCULOS 123, APARTADO B, FRACCIÓN IX, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA Y 43, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO." y "TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS MUNICIPIOS DE MORELOS. EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, AL RESTRINGIR EL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS A SEIS MESES TRATÁNDOSE DE DESPIDO INJUSTIFICADO, CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 1o., 115 FRACCIÓN VIII, PÁRRAFO SEGUNDO Y 123, APARTADO B, FRACCIÓN IX, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

Reitera la inconstitucionalidad del artículo 52 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, pues ante la procedencia de la acción de reinstalación, los salarios caídos procedían hasta que se ejecutara el laudo, como se advierte de la interpretación armónica de los numerales 115, 116, 123, 1o. y 5o. de la Carta Magna; además de que las leyes reglamentarias del numeral citado -123- ninguna impone restricción a seis meses de salario, por lo que la limitante a que fue sujeto lo discrimina.

Tilda de descomunal y contradictorio el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INDEMNIZACIÓN EN CASO DE DESPIDO INJUSTIFICADO. EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, NO ES VIOLATORIO DE DERECHOS HUMANOS (ABANDONO DE LA TESIS AISLADA 2a. XLVIII/2009)." y controvierte cada uno de los argumentos expuestos por la Sala del Máximo Tribunal del País, por considerar que contraviene el Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, por ende, los numerales 1o., 5o., 14, 16 y 17 constitucionales.

Arguye que es falso que el legislador local reconozca una indemnización de nueve meses, porque los salarios vencidos no forman parte de la indemnización, sino que son una prestación o indemnización autónoma, a pesar de que se paguen en un solo acto, por lo que no puede considerarse que por tratarse de nueve meses superan a la indemnización constitucional de tres meses; además de que la propia ley de la materia los trata por separado en los artículos 45 y 52, y que tan son diferentes que los salarios vencidos constituyen el derecho a la reparación de algún daño o perjuicio con motivo de un acto ilícito cometido por el patrón, por lo que debe cubrirlos en su totalidad hasta que se cumpla con el laudo.

Cabe hacer la acotación que el actor ejerció como acción principal derivada del despido injustificado de que se dijo objeto, la de reinstalación, a la que condenó el tribunal, así como a los salarios caídos por el término de seis meses; pese a ello, la autoridad invocó como fundamento de la condena los artículos 45, fracción XIV y 52 de la Ley del Servicio Civil del Estado, los cuales son la materia de la litis constitucional; de ahí que procede el examen de ambos.

Hecha tal precisión, se determina que los citados argumentos resultan inoperantes, toda vez que sobre el particular existen jurisprudencias(6) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelven el tema propuesto, esto es, la constitucionalidad y convencionalidad de los artículos 45, fracción XIV y 52 de la Ley del Servicio Civil del Estado, las cuales son del tenor siguiente:

"INDEMNIZACIÓN EN CASO DE DESPIDO INJUSTIFICADO. EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, NO VIOLA DERECHOS HUMANOS. El artículo señalado, al establecer en dicha fracción la obligación del Estado de pagar a los trabajadores despedidos injustificadamente una indemnización en sentido estricto y los salarios caídos hasta por 6 meses, no viola los derechos humanos de los trabajadores al servicio del Estado de Morelos, porque: a) El legislador local no tiene la obligación de apegarse a los lineamientos establecidos en la legislación federal para integrar la indemnización a que tienen derecho los trabajadores con motivo de un despido injustificado; b) El único lineamiento previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para efectos del otorgamiento de una indemnización, está referido a los trabajadores que se rigen por el apartado A de su artículo 123 y, aun si se considerara que esta norma contiene un lineamiento mínimo para efectos de la indemnización, la legislación local no lo vulnera, porque prevé un monto de 3 meses de salario, acorde con la Constitución Federal, más el pago de salarios caídos hasta por 6 meses; y, c) La medida legislativa es razonable y proporcional. En este sentido, la norma es idónea para alcanzar fines constitucionalmente válidos como son evitar que los juicios laborales se prolonguen artificialmente para obtener una mayor condena por concepto de salarios caídos y proteger los recursos del erario, es necesaria, porque hay varias posibles medidas legislativas que pudieron emplearse para alcanzar los objetivos pretendidos, como podrían ser las de integrar con otros conceptos diferentes la indemnización o prever una que no incluyera ningún tipo de sueldo dejado de percibir; sin embargo, el legislador optó por una solución mediante la cual integra la indemnización por dos conceptos que no son inferiores al único parámetro constitucional referido; y, finalmente, es proporcional en sentido estricto, porque la importancia de los objetivos perseguidos por el legislador está en una relación adecuada con el derecho a la indemnización en caso de despido injustificado, porque los salarios caídos o vencidos equivalen al salario que dejó de percibir el trabajador durante el juicio laboral, por lo que constituyen una forma de resarcir las cantidades que dejó de obtener con motivo del despido. Entonces, si conforme al artículo 119 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, los juicios laborales deben resolverse en un término máximo de 6 meses a partir de la presentación de la demanda, es razonable y proporcional que el legislador local limite el pago de los salarios vencidos a este periodo."

"REINSTALACIÓN EN CASO DE CESE INJUSTIFICADO. EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, NO VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE ESE ESTADO. El indicado precepto, al prever que cuando el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje califique como injusta la causa del cese, el trabajador de base será reinstalado inmediatamente en su puesto pagándosele los salarios caídos que no excederán del importe de 6 meses, no viola los derechos humanos de los trabajadores al servicio del Estado de Morelos, porque el legislador local no tiene la obligación de apegarse a los lineamientos establecidos en la legislación federal para integrar el pago de los salarios vencidos, los cuales equivalen al salario dejado de percibir por el trabajador durante el trámite del juicio laboral, como una forma de resarcir las cantidades dejadas de obtener con motivo del cese; entonces, si conforme al artículo 119 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, los juicios deben resolverse en un término máximo de 6 meses, a partir de la presentación de la demanda, es razonable y proporcional que el legislador local limite el pago de los salarios vencidos a este periodo."

De acuerdo con los criterios jurisprudenciales transcritos, el artículo 52 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en tanto establece que ante el cese injustificado de un trabajador, además de ser inmediatamente reinstalado en su puesto, deberán pagársele salarios caídos, que no excederán del importe de seis meses, no viola los derechos humanos de los trabajadores al servicio de esta entidad federativa, ya que el legislador local no tiene la obligación de apegarse a los lineamientos establecidos en la legislación federal para integrar el pago de dichos salarios.

Además, porque, como sostuvo el Alto Tribunal, conforme al diverso artículo 119 del mismo ordenamiento, los juicios laborales burocráticos deben resolverse en un término máximo de seis meses, a partir de la presentación de la demanda, lo cual evidencia que lo establecido por el legislador estatal en relación con la condena al pago de salarios caídos es razonable y proporcional.

El citado criterio jurisprudencial -2a./J. 20/2014 (10a.)-, cabe aclarar, es de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo y, en esa medida, los argumentos resumidos, como se indicó, resultan inoperantes, dado que este tribunal, ante la citada obligatoriedad de observar lo resuelto por el Alto Tribunal del País, se encuentra impedido para realizar cualquier estudio al respecto, en virtud de que no podría llegar a una conclusión diversa.

Tal decisión está orientada por el criterio jurídico contenido en la tesis de jurisprudencia(7) siguiente:

"AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA.-Resulta innecesario realizar las consideraciones que sustenten la inoperancia de los agravios hechos valer, si existe jurisprudencia aplicable, ya que, en todo caso, con la aplicación de dicha tesis se da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado."

Igual suerte siguen las manifestaciones atinentes a los siguientes temas:

Asevera que no inadvierte la existencia de la tesis aislada sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 2019/2012, de dieciséis de enero de 2013, en que se aparta del primero de los criterios citados; ejecutoria que sustentó la citada tesis, que relata en ocho puntos; para a continuación rebatirla al tenor de los siguientes argumentos:

Indica que no es motivo de discusión el contenido de los artículos 1o., 5o., 115, 116, 123 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -los que son producto de reformas sexenales y conforme a los intereses de los gobernantes en turno-, pero es anterior -su texto- a la reforma de diez de junio de dos mil once, mediante la cual se incorporaron los derechos del hombre y provocaron la modernización del nuevo sistema jurídico mexicano, al hacer más amplio su espectro, con el fin de adecuarlo al contexto internacional, que descansa en la historia, doctrina y evolución de las leyes.

A continuación hace una relatoría de la historia del trabajo -invocando a diversos autores- así como del derecho del trabajo nacional e internacional.

Retoma el contenido del artículo 1o. constitucional, cuya interpretación aduce que debe hacerse en forma armónica y sistemática con los diversos 115, 116, 123 y 124 del propio ordenamiento; ampliándose los derechos humanos en la esfera nacional e internacional -sin restricción- cuyo fin es proteger la dignidad humana; para concluir que la reflexión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el límite de los salarios vencidos para los trabajadores burocráticos morelenses a seis meses, extingue sus requisitos cualitativos y los convierte en cuantitativos, anulando las consecuencias del acto ilícito patronal referente al despido, pese a que el derecho moderno mira a la naturaleza y extensión de éstos, los que sólo pueden conocerse hasta que cesen sus efectos; apartándose -con dicha interpretación- de los principios constitucionales que entraron en vigor el diez de junio de dos mil once, en especial los de universalidad y progresividad.

Manifiesta que el de universalidad (sic) se ocupa de la administración de justicia a nivel mundial, en cuya virtud el Estado sujeta a la ley a todos por igual, independientemente de donde sean y sin que quepan distinciones, esto es, se trata de una jurisdicción universal; por ello, el laudo reclamado no fue favorable al progreso del derecho del trabajo, al restringir sus derechos constitucionales cuando éstos deben superarse periódicamente, evidenciando el rompimiento del equilibrio entre trabajo y capital y, transgrediendo normas rectoras de la dignidad humana al justificar la conducta de la patronal para despedir injustificadamente a los trabajadores y eximirlos de resarcir los perjuicios mediante el pago de salarios vencidos.

Que pese a que el artículo 119 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos reconoce la facultad del tribunal de adoptar las medidas necesarias para resolver los juicios en seis meses a partir de la presentación de la demanda, ello no quiere decir que ese plazo sirva para topar los salarios a seis meses, pues no es verdad que el plazo para la sustanciación del juicio justifique la medida restrictiva.

La inoperancia referida se actualiza, porque a través de sus aseveraciones pretende combatir los criterios sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de jurisprudencia 2a./J. 19/2014 (10a.) y 2a./J. 20/2014 (10a.), transcritas en párrafos precedentes; sin embargo, el juicio de amparo no es la vía para controvertirlas.

Así, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:

"Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:

"I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte;

"..."

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

"..."

De la lectura de los preceptos constitucionales transcritos se advierte que el juicio de amparo procede contra actos de autoridad que violen derechos humanos y garantías otorgadas para su protección, y el segundo regula los principios que lo rigen; empero, no prevé su procedencia para impugnar tesis o jurisprudencias sustentadas por el Alto Tribunal.

En consecuencia, si el juicio de amparo no constituye la vía para combatir dichas tesis, no es dable el examen de los argumentos respectivos y, por ende, resultan inoperantes.

Cobra aplicación la jurisprudencia(8) siguiente:

"JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES SUSCEPTIBLE DE SOMETERSE A CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y/O CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO POR ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE MENOR JERARQUÍA. La obligación de las autoridades jurisdiccionales contenida en los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de realizar un control de constitucionalidad y/o convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos y dar preferencia a los contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario contenidas en cualquier norma inferior, no contempla a la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el artículo 94 constitucional establece que será obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales de conformidad con lo que disponga la ley y, en este caso, la Ley de Amparo así lo indica tanto en la abrogada como en el artículo 217 de la vigente; de ahí que no privan las mismas razones que se toman en cuenta para inaplicar una disposición emitida por el legislador cuando viola derechos humanos de fuente constitucional o convencional. Cabe precisar que en los casos en los que se pudiera advertir que una jurisprudencia del Alto Tribunal desatiende o contradice un derecho humano, cualquiera que sea su origen, existen los medios legales para que se subsane ese aspecto. En conclusión, aun partiendo del nuevo modelo de interpretación constitucional, no es posible determinar que la jurisprudencia del Máximo Tribunal del país pueda ser objeto de la decisión de un órgano de menor grado que tienda a inaplicarla, como resultado del ejercicio de control de convencionalidad ex officio, porque permitirlo daría como resultado que perdiera su carácter de obligatoria, ocasionando falta de certeza y seguridad jurídica."

En otro orden de ideas, el accionante aduce que el tribunal responsable se olvidó de que el trabajo, como actividad humana, está reconocido en el artículo 5o. de la Constitución Federal, al tratarse de una actividad lícita que debe ejercerse con libertad y ponerse al servicio de la sociedad, sin impedimento a cualquier persona, a que se dedique a la actividad que le acomode y sin que pueda ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial; de ahí que si la autoridad fijó un tope a los salarios vencidos después de resolver que la conducta patronal fue nociva y ofensiva y condenó a la reinstalación, con dicha limitación lo privó del producto de su trabajo, porque de no haber sido despedido, sin causa, el producto de su trabajo lo hubiera generado, por lo que no cabía imponer tal limitante, pues la cesación del daño causado por la conducta ilícita del patrón se conocería hasta que fuera resarcido por cumplimiento de la resolución judicial. Cita la jurisprudencia del tenor siguiente: "DIGNIDAD HUMANA. DEFINICIÓN.-La dignidad humana es el origen, la esencia y el fin de todos los derechos humanos."

Reitera que la dignidad humana descansa sobre los principios de universalidad, interdependencia, progresividad e indivisibilidad, sin que la responsable haya contribuido al cumplimiento de la misión que corresponde al derecho del trabajo, referente a la idea de justicia social, sino que prefirió reconocer un derecho del Estado y Municipios de Morelos, para despedir indiscriminadamente a los trabajadores sin causa, para después limitar a seis meses el pago de los perjuicios causados, derogando la tesis (sic) de que la finalidad del derecho del trabajo es restablecer la igualdad de los contrincantes, trabajo y capital, en franca actitud protectora hacia el patrón con la excusa de que comparte la nueva reflexión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ausentando la tutela de los derechos humanos, entre los que se encuentra el del trabajo y contrariando las obligaciones que los propios artículos 1o., 5o., 14, 16, 17, 115, 116, 123 y 124 constitucionales le imponen.

Argumenta que al ser despedido injustificadamente tiene derecho a la indemnización sancionadora que equivale a un daño y los salarios vencidos a los perjuicios, de suerte que se trata de dos indemnizaciones que a pesar de ser complementarias son distintas, por lo que si demostrado aquél -el despido- se limitan a seis meses los salarios vencidos, ello se traduce en un acto discriminatorio y atentatorio de la dignidad humana y del derecho consagrado en el artículo 5o. constitucional, insistiendo que por ser despedido dejó de trabajar por culpa y responsabilidad del patrón, pues de no haberlo cesado, hubiese percibido en su integridad su salario.

Son infundadas sus manifestaciones y para demostrarlo debe considerarse el contenido del artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

"Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

"La ley determinará en cada Estado, cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo.

"Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123.

"..."

La porción normativa transcrita consagra el derecho humano al trabajo, concediendo en favor de la persona diversas prerrogativas, entre otras, la proscripción a ser privado del producto de su trabajo, salvo por resolución judicial.

El producto del trabajo debe entenderse que comprende tanto los derechos económicos -salarios, aguinaldo, etcétera-, ya sean legales o contractuales que les concede la norma, o que pactan las partes -patrón y trabajador, o patrón y sindicato-; como las prestaciones de carácter social -aportaciones de seguridad social, otorgamiento de créditos para vivienda, entre otras-, cuyo origen es la prestación del trabajo personal subordinado; respecto de las cuales existe la prohibición de privación en perjuicio del empleado.

Ahora bien, en el caso, la ley estatal concede al trabajador despedido injustificadamente el ejercicio de dos acciones: indemnización o reinstalación y, en cualquiera que elija, el derecho a percibir salarios caídos por el término de seis meses; luego, el tope al citado término no implica la privación del producto del trabajo; esto es, de un derecho generado por la prestación del servicio, ya que si los salarios caídos equivalen al salario dejado de percibir por el trabajador por la duración del juicio laboral, debe colegirse que constituyen el resarcimiento que el legislador estableció en beneficio del trabajador por las cantidades que dejó de obtener con motivo del despido, pero no de la privación del producto de su trabajo.

En otro orden de ideas, el amparista arguye que el artículo 123 constitucional y el diverso 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no se encuentran orientados a reconocer una libertad absoluta de los legisladores del país o de cada Estado federado, para restringir o integrar la indemnización relativa a los salarios caídos, esto es, para precarizarlos, porque con esa modalidad impuesta por la responsable convierte dicha indemnización, la estabilidad en el empleo y la antigüedad en el trabajo en letra muerta, vulnerando la dignidad humana, porque no ponderó que lo único que tienen los trabajadores para aspirar a una vida digna es su fuerza de trabajo, y al limitar los derechos humanos nulifica en su integridad los derechos humanos. Invoca las tesis aisladas de rubros: "DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES." y "DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL MEXICANO."

Abunda en que el protocolo adicional citado impone a los Estados miembros la obligación de garantizar que toda persona goce del derecho al trabajo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, incluyendo una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosas para ellos y sus familias y un salario equitativo, sin distinción; deber que no acató la responsable y atentó contra el principio de estabilidad en el empleo, que comprende el derecho a ser reinstalado y -conforme al protocolo- a cualquier otra prestación prevista por la legislación nacional, y sobre la que emite opiniones personales e históricas.

Transcribe los artículos 1o., 5o., 14, 16, 17, 123, apartado A, fracciones XX y XXVII; apartado B, fracciones IX y XIV, de la Constitución Federal; 2o., 3o., 4o., 5o., 6o. de la Ley Federal del Trabajo; 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1o., 11, 23 y 45 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

Que la autoridad, al emitir el laudo, extinguió indirectamente el derecho a la estabilidad en el empleo, pues bastará que el patrón nuevamente lo despida y refugiándose en una conducta maliciosa que provoque la dilación del juicio, para pagar nuevamente seis meses de salarios y, con ello, el derecho humano a trabajar como empleado público, al privarle del pago íntegro de los salarios vencidos, sólo por compartir un criterio aislado de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de los derechos humanos de acceder a la justicia, el de legalidad (sic) y seguridad jurídica.

Además de que, contrario a lo aseverado por la autoridad, el legislador estatal está obligado a respetar los parámetros constitucionales y

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27756-b984aec7/juicio-laboral-burocratico-que-se-resuelve-en-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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