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INTERESES. EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE A LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, CUANDO LA AUTORIDAD LABORAL TARDA MÁS DE 6 MESES EN EL DICTADO DEL LAUDO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2018. · Registro digital (IUS): 28068
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2018-09-21
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo II, Pág. 1597.

INTERESES. EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE A LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, CUANDO LA AUTORIDAD LABORAL TARDA MÁS DE 6 MESES EN EL DICTADO DEL LAUDO.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. 3 DE JULIO DE 2018. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS RICARDO RAMÍREZ ALVARADO, NICOLÁS NAZAR SEVILLA Y ENRIQUE MAGAÑA DÍAZ, CON EL VOTO DE CALIDAD DEL PRESIDENTE DEL PLENO RICARDO RAMÍREZ ALVARADO, CONFORME A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 41 BIS 2 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y 42 DEL ACUERDO GENERAL 8/2015 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PLENOS DE CIRCUITO. DISIDENTES: EVERARDO ORBE DE LA O, JUAN GUILLERMO SILVA RODRÍGUEZ Y EDGAR GENARO CEDILLO VELÁZQUEZ. PONENTE: NICOLÁS NAZAR SEVILLA. SECRETARIO: JOSÉ LUIS CASTILLO ROMERO.

Cuernavaca, Morelos. Acuerdo del Pleno en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, correspondiente a la sesión del día 3 de julio de dos mil 2018.

VISTOS, para resolver los autos de la contradicción de tesis número 1/2018; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Mediante escrito de once de abril de dos mil dieciocho, el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito denunció ante el Pleno en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, la posible contradicción de tesis suscitadas entre el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo, ambos del Décimo Octavo Circuito, informando, en principio, que al dirimirse la problemática referente a la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, los mencionados tribunales siguieron los lineamientos establecidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 2a./J. 34/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 2, marzo de 2013, página 1065, de título y subtítulo: "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE."

Agregándose en el escrito de denuncia, que en sesión de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito resolvió el juicio de amparo directo 1301/2016, promovido por **********, en donde se resolvió que la Ley Federal del Trabajo es supletoria de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y, al efecto, emitió la tesis XVIII.1o.T.5 L (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 19 de mayo de 2017 a las 10:24 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 42, Tomo III, mayo de 2017, página 1998, de título y subtítulo: "JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO QUE SE RESUELVE EN UN TÉRMINO MAYOR A 6 MESES. AL NO PREVER LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS UNA SANCIÓN PARA ESTE CASO, DEBE APLICARSE SUPLETORIAMENTE EL ARTÍCULO 48, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO E INDEMNIZAR AL TRABAJADOR POR DICHA TARDANZA."

Denunciando, además, el Magistrado presidente, que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito resolvió el juicio de amparo directo 56/2018, promovido por **********, en los siguientes argumentos:

a) Que el artículo 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado prevé que en los casos no previstos en esa ley o en sus reglamentos, serán resueltos esos casos de acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado "B" del artículo 123 constitucional y, en su defecto, por lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, las leyes de orden común, la costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la equidad.

b) Que si en el artículo 52 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, sólo se estableció como sanción que los salarios caídos se pagarían sin exceder de seis meses y, a su vez, el diverso 119 del propio ordenamiento, al establecer que el tribunal burocrático estatal está facultado y obligado a adoptar todas las medidas necesarias para resolver los juicios en un término máximo de seis meses a partir de la presentación de la demanda, fue voluntad del legislador local no imponer como sanción el pago de intereses, sin que conlleve a establecer que se trata de una deficiencia o una omisión o vacío en la legislación que permitiera acudir a la supletoriedad de leyes, concretamente a lo dispuesto en el artículo 48, tercer párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, que sí prevé esa prerrogativa laboral únicamente en las relaciones laborales regidas en el apartado "A" del artículo 123 constitucional.

c) Que lo anterior discrepa –finaliza el Magistrado denunciante– con el criterio establecido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, quien sostiene que el tercer párrafo del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo es aplicable supletoriamente a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

Luego de esas precisiones, el mencionado presidente adujo que si bien los mencionados criterios aún no integraban jurisprudencia, su denuncia de contradicción resultaba procedente, porque la finalidad de ella era dar certidumbre y seguridad jurídica a los gobernados al momento de resolverse los casos jurisdiccionales. Acompañó a su escrito copia certificada de la ejecutoria dictada en el amparo directo 56/2018 y disco compacto.

SEGUNDO.—En auto de trece de abril de dos mil dieciocho, el Magistrado presidente de este Pleno en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito admitió a trámite la posible contradicción de tesis denunciada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, y solicitó a la presidencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del propio Circuito, que informara si el criterio consistente en "es procedente la aplicación del tercer párrafo del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, en suplencia al artículo 56 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos", se encontraba vigente, o bien, la causa para tenerlo por superado o abandonado.

El diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se tuvo al Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este Circuito, informando que el criterio sostenido en el juicio de amparo directo 1301/2016, no ha sido superado o abandonado y se encuentra vigente; agregando, además, que fue reiterado al fallar los amparos directos 993/2017, 997/2017, 1073/2017 y 1027/2017.

El quince de mayo de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el oficio CCST-X-162-05-2018, mediante el cual, la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó a este Pleno de Circuito que la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del oficio SGA/GVP/264/2017, le hizo del conocimiento que la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País se pronunció al resolver la contradicción de tesis 41/2017, de rubro: "SALARIOS VENCIDOS. EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE A LA LEY LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS (VIGENTE EN 2013).", respecto a un tema que considera estrechamente relacionado con el asunto que dio origen a esta contradicción.

En el mismo acuerdo se ordenó turnar los autos al Magistrado Nicolás Nazar Servilla, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, suscitada entre Tribunales Colegiados del Décimo Octavo Circuito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el artículo quinto transitorio del Acuerdo General 1/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, quien está facultado para ello, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

TERCERO.—Criterios materia de la contradicción de tesis. Para determinar la existencia de la contradicción de tesis denunciada es conveniente transcribir, en orden cronológico, las consideraciones de las ejecutorias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que informaron haber emitido su pronunciamiento en torno al tema que es motivo de dicha contradicción de tesis.

I. El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, al resolver, por unanimidad de votos, el amparo directo 1301/2016, en sesión de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, en la parte que interesa, sostuvo:

"QUINTO.—Análisis de los conceptos de violación. Son infundados, por un lado, y fundados y suficientes para otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal, por el otro, los conceptos de violación que hizo valer la quejosa.

"...

"Quinto concepto de violación. Incorrecta absolución de las prestaciones consistentes en gastos de ejecución e intereses por incumplimiento del laudo.

"La quejosa sostiene que la absolución de las prestaciones reclamadas consistentes en pago de ... intereses por incumplimiento del laudo, bajo el argumento de que no se encuentran contempladas en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, es violatoria de sus derechos humanos, pues debe aplicarse de manera supletoria la Ley Federal del Trabajo.

"Añade que la afirmación de la responsable, consistente en que la supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos opera únicamente cuando la institución jurídica de que se trate, esté contemplada en la ley que se suple de manera deficiente o con lagunas, no es acertada, pues la supletoriedad de leyes puede actualizarse cuando el ordenamiento legal a suplir, manifiesta expresamente tal posibilidad, especificando la ley que puede suplir; que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o que, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; y que no haya contradicción a la finalidad con la ley que se suple, sino que vaya acorde con los principios de ésta, logrando un mayor entendimiento y que se abunden los derechos favorables hacia el trabajador, con base en el principio in dubio pro operario.

"Es por ello que la quejosa refiere que la autoridad debió resolver la procedencia de las prestaciones que reclamó, utilizando de manera supletoria la Ley Federal del Trabajo, pues aplica la supletoriedad, aun cuando los conceptos reclamados no estén precisados en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Lo anterior con base en la jurisprudencia 2a./J. 34/2013 (10a.), registro «digital» 2003161, cuyo rubro es el siguiente: ‘SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE.’

"...

"Sin embargo, en suplencia de queja, por ser el trabajador quien acude a esta vía, y de conformidad con el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, debe sostenerse lo siguiente:

"La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia emitió la jurisprudencia de rubro: ‘SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE.’, en la que determinó que para que las figuras jurídicas puedan aplicarse supletoriamente, cuando no estén previstas expresamente en la ley a suplir, es necesario que se satisfagan cuatro supuestos, a saber:

"a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos;

"b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente;

"c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y,

"d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate.

"Del citado criterio se desprende que, por regla general, para que proceda la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo, tratándose de normas burocráticas locales, es necesario que éstas prevean la institución respecto de la cual se pretende tal aplicación y que aquélla no esté reglamentada, o bien, que su reglamentación sea deficiente.

"En el caso concreto, el artículo 52 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos establece que cuando el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje califique como injusta la causa del cese, el trabajador de base será reinstalado inmediatamente en su puesto, pagándosele los salarios caídos que no excederán del importe de seis meses.

"De lo anterior se advierte que existe una situación no prevista por el legislador, y es la que se presenta cuando el tiempo de resolución del juicio excede no sólo esos seis meses, sino que se tramita durante una duración mucho mayor, incluso, al año de duración, como sucede con el presente asunto en el que entre la fecha de presentación de la demanda y el dictado del laudo, han transcurrido más de dos años, ello sin contar la posible tardanza en su ejecución, que no es infrecuente que suceda en periodos tan prolongados como los acabados de indicar.

"Por otro lado, el artículo 119 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos señala que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje está facultado y obligado a adoptar todas las medidas necesarias para el efecto de resolver los juicios en un término máximo de seis meses a partir de la presentación de la demanda, no obstante lo anterior, tampoco señala lo que debe pasar cuando el laudo no se dicta en ese tiempo.

"Resulta cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la condena a los seis meses no es inconstitucional, como en esta resolución se ha hecho notar, sin embargo, esos criterios no han tratado explícitamente el problema relativo a la solución jurídica para aquellos asuntos resueltos en periodos muy prolongados que rebasan no sólo en una ocasión el periodo legal, sino varias veces.

"Podría pensarse que el pago de los seis meses de salario también constituye una solución para estos últimos casos, sin embargo, lo cierto es que eso atenta contra un principio básico judicial: si nadie puede beneficiarse de lo ilícito de sus actos, por el otro lado, nadie puede ser perjudicado por los actos indebidos de terceros y, en ese sentido, el actor o trabajador no es quien debe sufrir los perjuicios de la tardanza judicial, sino que, por el contrario, al tenor de lo demandado, los medios de subsistencia, como el salario, deben ser indemnizados. Bajo este principio, el incumplimiento de una obligación comúnmente genera responsabilidades que se traducen, cuando se trata de cuestiones que pueden fijarse patrimonialmente, en la imposición de indemnizaciones. Ésa es, precisamente, la naturaleza de los salarios caídos.

"Éste es un factor que debe considerarse frente al hecho de que también tienen que tomarse en cuenta los recursos de la responsable; de tal manera que la indemnización tiene que graduarse considerando ambos factores, además, la indemnización es correlativa a un trabajo no efectuado, de manera que si bien, en principio, la condena a seis meses de salarios no es inconstitucional en casos comunes, es decir, cuando la duración del juicio no excede más de un año, como no podría ser otra la perspectiva del legislador, sin embargo, parece ser que no es posible asumir que consideró que, aun para asuntos con tres o cuatro años de duración, la condena a seis meses de salarios, era la única procedente; de ahí que en los casos que no son como los anteriores, se presenta un vacío legal a suplir, tanto porque no está prevista respuesta alguna por parte de la legislación, como porque la que existe no es posible aceptarla.

"Lo anterior, debe reiterarse si se recuerda que si bien el Poder Legislativo tiene libertad de configuración en el tratamiento de una indemnización por responsabilidad laboral, con la limitación constitucional de la indemnización y la reinstalación que establece el artículo 123 constitucional, esa libertad no puede ser tan diferenciada ni desproporcional en el tratamiento a todos los trabajadores, es decir, es posible que haya diferencias en el trato, pero no a un extremo que surja una iniquidad y, como consecuencia de ello, tampoco las indemnizaciones deben ser tan diferenciadas, pues basta recordar que otros empleados públicos, como los policías, tienen derecho al pago íntegro de sus salarios hasta que se cumpla con la sentencia, no obstante que también son integrantes de los poderes de este Estado.

"Estas situaciones ya han sido motivo de criterios judiciales, como el que a continuación se cita:

"Tesis aislada XXI.2o.C.T.3 L (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Tomo IV, octubre de 2016, página 3089, Décima Época, materia laboral, registro «digital»: 2012866, cuyos rubro y texto son los siguientes:

"‘SALARIOS CAÍDOS DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, MUNICIPIOS, ORGANISMOS PÚBLICOS COORDINADOS Y DESCENTRALIZADOS DE GUERRERO. AL NO PREVER LA LEY RELATIVA EL PERIODO NI LA FORMA EN LA QUE DEBERÁ CALCULARSE SU MONTO PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE, ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. De acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 34/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 2, marzo de 2013, página 1065, de rubro: ‘SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE.’, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se cumplen todos los requisitos para la aplicación supletoria del artículo 48, párrafo segundo, de la Ley Federal del Trabajo, vigente a partir del 1 de diciembre de 2012, a la Ley Número 51. Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, dado que por cuanto al primer requisito, el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en el artículo 123 constitucional y sus disposiciones reglamentarias (Ley Federal del Trabajo y Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado). Respecto al segundo, la referida Ley Número 51 no regula claramente el pago de salarios caídos, y el artículo 43, fracción III, de la citada ley federal burocrática sólo establece que cuando existe condena por laudo ejecutoriado a reinstalar a un trabajador, se prevé la figura de los salarios caídos, al ordenar su pago; sin embargo, se advierte que está deficientemente regulada, porque no se precisa el periodo ni la forma en que aquéllos se pagarán. Por lo que hace al tercer requisito, en la especie, se necesita precisar el periodo de pago y su forma, para cuantificar el monto de los salarios caídos, toda vez que la aludida Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado adolece del mismo vacío legal, motivo por el que procede aplicar, supletoriamente, el diverso artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo. En torno al cuarto requisito, el referido artículo 48 no contraría el numeral 33 de la ley a suplir, sino que es congruente con los principios que rigen dicha institución. Por tanto, tratándose del pago de salarios caídos a los trabajadores burocráticos, es aplicable supletoriamente el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, a la referida Ley Número 51, dado que, como se expuso, ésta no prevé el periodo ni la forma en la que deberá calcularse su monto para el pago correspondiente. Además, el propósito de la reforma al artículo 48 trae como objetivo evitar el cierre de micro, pequeñas y medianas empresas como fuentes de empleo a consecuencia de condenas estratosféricas por concepto de salarios caídos, objetivo que también es legítimo para aplicar al Estado cuando es demandado por sus empleados, ya que el tope del pago al trabajador de los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 12 meses, busca equilibrar los derechos humanos del trabajador y del patrón -en el caso el Estado- incluso de otros empleados; permitiendo que el trabajador afectado ejerza la acción de reinstalación o de indemnización y que goce del pago de los salarios vencidos y, a su vez, garantiza el servicio público que el Estado presta, con lo que también protege el empleo de otros servidores públicos.’

"Así, debe asumirse que existe un vacío legal en el tratamiento de asuntos laborales que se extiendan por un periodo mayor a un año, es decir, que dupliquen el periodo legal que se contempla para su estudio y, bajo esas condiciones, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos es susceptible de ser objeto de supletoriedad, de acuerdo con las bases arriba señaladas, como se advierte a continuación:

"a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos.

"Esta hipótesis sí se cumple, puesto que la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos admite expresamente la supletoriedad y señala a la Ley Federal del Trabajo como uno de los ordenamientos a los que hay que acudir en los casos no previstos.

"Lo anterior se puede advertir del artículo 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, pues señala que ‘Los casos no previstos en esta ley o en sus reglamentos, se resolverán de acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, aplicada supletoriamente y, en su defecto, por lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, las leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la equidad.’

"b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente.

"En el caso concreto esta hipótesis sí se surte, pues la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos sí prevé la figura de la indemnización en caso de cese injustificado; sin embargo, lo hace de modo deficiente para su aplicación a la situación concreta presentada, por carencia parcial de la reglamentación necesaria, pues la Ley del Servicio Civil del Estado no establece qué tratamiento debe darse a los asuntos laborales que se extiendan por un periodo mayor a un año.

"c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir.

"También se materializa ese extremo, toda vez que, como ya se dijo, resulta necesaria la aplicación supletoria, a fin de que al trabajador se le indemnice por la tardanza de más de un año en la conclusión del juicio por parte del órgano de justicia de trabajo, sobre la base de que no es aquél quien debe sufrir los perjuicios que le depara esa dilación tan prolongada.

"Cabe decir que no se atiende a un aspecto que los congresistas locales no hayan querido contemplar en la legislación burocrática estatal, toda vez que fueron ellos quienes impusieron a los órganos laborales como lapso máximo para decidir los asuntos de su competencia el de seis meses y, además, para tal efecto los vinculó a que adoptaran todas las medidas necesarias, en términos del citado artículo 119. De ahí que resultó palmario para los creadores de esta norma la celeridad con la que debían tramitarse y resolverse esas contiendas, a fin de respetar las garantías de impartición de justicia pronta y expedita previstas en el artículo 17 de la Carta Magna. Así, el desacato de ese lapso legal, necesariamente trae aparejado que deba repararse mediante la condena de un monto resarcitorio a favor del operario, el cual está previsto en el mencionado artículo 48, tercer párrafo, de la Ley Federal del Trabajo.

"d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate.

"Finalmente, esta hipótesis también opera, puesto que, al existir un vacío legal en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, respecto a la indemnización en caso de tardanza en el dictado del laudo, luego entonces, no cabe contradicción entre este ordenamiento y la Ley Federal del Trabajo, pues ambos coinciden en que no debe existir dilación, pero sólo es este último ordenamiento el que señala una sanción para tal supuesto.

"Por jurisprudencia expresa, en cuanto a este tema, no es supletoria la ley federal burocrática; al respecto, existe el criterio 2a./J. 20/2014 (10a.), emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, página 843, Décima Época, materia constitucional, registro «digital»: 2005822, cuyos rubro y texto (sic) es el siguiente:

"‘REINSTALACIÓN EN CASO DE CESE INJUSTIFICADO. EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, NO VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE ESE ESTADO. El indicado precepto, al prever que cuando el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje califique como injusta la causa del cese, el trabajador de base será reinstalado inmediatamente en su puesto pagándosele los salarios caídos que no excederán del importe de 6 meses, no viola los derechos humanos de los trabajadores al servicio del Estado de Morelos, porque el legislador local no tiene la obligación de apegarse a los lineamientos establecidos en la legislación federal para integrar el pago de los salarios vencidos, los cuales equivalen al salario dejado de percibir por el trabajador durante el trámite del juicio laboral, como una forma de resarcir las cantidades dejadas de obtener con motivo del cese; entonces, si conforme al artículo 119 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, los juicios deben resolverse en un término máximo de 6 meses, a partir de la presentación de la demanda, es razonable y proporcional que el legislador local limite el pago de los salarios vencidos a este periodo.’

"En consecuencia, debe ser aplicable el artículo 48, tercer párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, en términos del artículo 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

"En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional considera que la Ley Federal del Trabajo es supletoria de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en cuanto al tema tratado, puesto que el trabajador no debe ser sancionado por los actos indebidos o ilícitos de terceros, por lo tanto, la tardanza en la resolución de su asunto no puede pararle perjuicio, hasta el extremo de pretender que no se le pague indemnización alguna por tal atraso.

"De esa forma, si se considera que los salarios caídos también pueden ser establecidos mediante el pago de intereses, es procedente acudir a lo establecido en Ley Federal del Trabajo, que en su artículo 48, tercer párrafo, que dispone que si, al concluir el término de doce meses (límite para el pago de los salarios caídos), no se ha dictado el laudo o no se le ha dado cumplimiento, se pagarán los intereses sobre el importe de quince meses de salario, a razón del dos por ciento mensual, capitalizable al momento de su pago.

"Lo anterior, porque la finalidad de los intereses es la de sustituir la generación de los salarios vencidos por un lapso prolongado, para enfrentar la práctica de extender indebidamente la duración de los procedimientos laborales. De lo anterior, se infiere que, como prestación, el referido interés mensual tiene la misma naturaleza que los salarios caídos, pues al igual que éstos, constituye una responsabilidad ineludible para el patrón que despidió injustificadamente al trabajador.

"Al respecto, se comparte la tesis aislada XXVII.3o.24 L (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Tomo III, febrero de 2016, Décima Época, materia laboral, registro «digital»: 2011069, página 2083, que a continuación se transcribe:

"‘INTERÉS PREVISTO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. AL TENER LA MISMA NATURALEZA DE LOS SALARIOS CAÍDOS, PARA SU CONDENA NO SE REQUIERE RECLAMARLO EXPRESAMENTE EN LA DEMANDA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PART

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28068-a7c4ba54/intereses-el-articulo-48-de-la-ley-federal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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