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CERTIFICADO DE DERECHOS EXPEDIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EN SU VALORACIÓN DEBE DISTINGUIRSE ENTRE UNA OBJECIÓN Y UN SIMPLE ALEGATO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 1631/2015. · Registro digital (IUS): 27766
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2018-04-27
Promovente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo III, Pág. 1708.

AMPARO DIRECTO 1631/2015. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 5 DE ENERO DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: OCTAVIO CHÁVEZ LÓPEZ. SECRETARIO: JAZAEL ADRIÁN PORTILLO SÁNCHEZ.

CONSIDERANDO:

DÉCIMO.-A. I. La Junta responsable, una vez que estableció los elementos de la acción, fijó las cargas probatorias de las partes y señaló los medios de convicción aportados por las mismas; abordó, en primer término, la excepción de oscuridad y defecto en el libelo, la cual declaró improcedente.

Enseguida, analizó si el actor reunía los requisitos establecidos en la ley para el otorgamiento de la pensión de cesantía en edad avanzada, para lo cual precisó que si bien el instituto demandado había ofrecido la hoja de certificación de vigencia de derechos de diecinueve de agosto de dos mil diez, con el objeto de acreditar que el actor no cumplía con las semanas necesarias para la obtención de dicha prestación, lo cierto es que dicha documental carecía de valor probatorio, por las razones siguientes:

a) De acuerdo con los artículos 251 de la Ley del Seguro Social y 1, 3, 14, 16, 45 y 57 de su Reglamento en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, la hoja de certificación de vigencia de derechos debe contener:

"...nombre, número de afiliación, sexo, fecha de nacimiento y estado civil del asegurado; los números de registro de cada patrón que inscribió al trabajador en el régimen obligatorio, su nombre, las fechas de alta y baja; el grupo de cotización y el número de semanas cotizadas con cada uno; datos que deberán estar ordenados en forma cronológica, asentando el total de semanas cotizadas y reconocidas hasta un periodo determinado."

b) De la documental aportada por el demandado se advierte que:

1. No contempla la fecha de nacimiento del actor ni su estado civil.

2. No le reconoce semana alguna de cotización.

3. El salario promedio a razón de $10.98 (diez pesos 98/100 moneda nacional) resulta inverosímil, pues se encuentra por debajo del salario mínimo vigente en el Distrito Federal durante el dos mil tres, ya que en ese año era de $41.53 (cuarenta y un pesos 53/100 moneda nacional).

4. Resulta ilógico que se reconozca al actor el número de seguridad social **********, cuando del segundo par de dígitos se desprende que fue dado de alta en el año de mil novecientos setenta y dos, mientras que el instituto demandado le reconoce cotizaciones sólo del año de dos mil tres.

c) Las anteriores omisiones y errores impiden conocer íntegramente los datos personales del actor, su número exacto de semanas cotizadas y el salario real con el que cotizó, aspectos que conllevan negar valor probatorio a la hoja de certificación de derechos, en términos del artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo.

d) No pasa inadvertido que, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 39/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, mayo de 2002, página 271, de rubro: "SEGURO SOCIAL. EL CERTIFICADO DE DERECHOS APORTADO COMO PRUEBA POR EL INSTITUTO RELATIVO, EN SU CARÁCTER DE DEMANDADO EN EL JUICIO LABORAL, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO PARA ACREDITAR LOS DATOS QUE EN EL MISMO SE CONTIENEN, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, POR LO QUE PARA SU VALIDEZ ES INNECESARIO QUE SE ACOMPAÑEN LOS AVISOS DE ALTA Y BAJA RELATIVOS O EL PAGO DE LAS CUOTAS RESPECTIVAS.", la citada hoja es el medio idóneo para demostrar los extremos que pretende probar el instituto demandado, sin que sea necesario adjuntar o exhibir los documentos de los que se obtuvo la información que describe; sin embargo, puede objetarse en cuanto a su contenido y cuando ello acontece, como sucedió en el presente caso, no adquiere valor probatorio.

Al restar valor probatorio a la hoja de certificación de vigencia de derechos ofrecida por el instituto demandado, la Junta concluyó que debería estarse a lo que el actor manifestó en el escrito inicial, en el sentido de que tiene reconocidas mil seiscientas cincuenta y dos semanas de cotización; asimismo, tuvo por acreditada la edad necesaria para el reclamo de la pensión de cesantía en edad avanzada, toda vez que el actor cumplió sesenta años el ********** de ********** de **********; además, determinó que gozaba de la presunción de estar privado de trabajo remunerado.

Por tanto, condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social al pago de una pensión de cesantía en edad avanzada, así como a otorgarle los incrementos respectivos, en términos del artículo 172 de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres, así como la asistencia médica y aguinaldo, conforme a lo dispuesto en los numerales 144 y 167 del mismo ordenamiento legal; y lo absolvió respecto de las prestaciones de ayuda asistencial y asignaciones familiares.

II. En una parte de su primer concepto de violación, el instituto quejoso refiere que la Junta responsable, bajo el argumento que la hoja de certificación de vigencia de derechos debía soportar su análisis de justipreciación, introdujo razones que no fueron expresadas por el accionante, pero con las cuales negó valor probatorio a dicha documental.

III. A efecto de dar respuesta a lo anterior, es necesario precisar que este órgano colegiado ya se ha pronunciado respecto de lo que constituye una objeción y un mero alegato; por lo que en sesión de siete de septiembre de dos mil diecisiete, aprobó la tesis aislada TC281.10LA 001.1, pendiente de publicarse en el Semanario Judicial de la Federación y, posteriormente, en diversa sesión de nueve de noviembre del mismo año, autorizó las modificaciones sugeridas por la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para quedar con el título, subtítulo y texto siguientes:

"CERTIFICADO DE DERECHOS EXPEDIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EN SU VALORACIÓN DEBE DISTINGUIRSE ENTRE UNA OBJECIÓN Y EL SIMPLE ALEGATO. De las tesis de jurisprudencia 2a./J. 13/2001, 2a./J. 39/2002, 2a./J. 176/2009, 2a./J. 21/2011 (10a.) y 2a./J. 12/2014 (10a.) y sus respectivas ejecutorias, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pueden obtener las siguientes conclusiones: 1. La Junta, al valorar en juicio el certificado de derechos expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, debe tener especial cuidado en distinguir entre una objeción propiamente dicha y un simple alegato o manifestación de valoración probatoria; pues en el primer supuesto las partes pueden cuestionar los documentos públicos y/o privados: a) por inexactitud, cuando se ponga en duda su contenido y se solicite la compulsa o cotejo con los originales para lograr su perfeccionamiento (artículos 797, 798, 799, 801, 807 y 810) o cuando se ponga en tela de juicio la autenticidad de la firma de un tercero en un documento y sea necesaria la ratificación de éste (artículos 797, 800, 802, primer párrafo y primera parte del segundo párrafo); y, b) por falsedad, al redargüidos de apócrifos, en cuyo caso es necesario que el promovente objetive el motivo de falsedad y acredite con prueba idónea tal objeción (artículo 802, segundo párrafo, última parte y 811); mientras que en el alegato o manifestación de valoración probatoria, las partes del juicio laboral formulan meros argumentos tendentes a orientar a la Junta con respecto al alcance demostrativo que puede tener una documental pública o privada; pero este último tipo de manifestaciones no obstan para que la Junta pueda discrecionalmente considerarlas, sin estar obligada a realizar un estudio destacado de su contenido. 2. El citado certificado, por regla general, tiene pleno valor probatorio para acreditar los datos que contiene, sin que, para su validez, requiera de que se acompañen los avisos de alta y baja relativos o el pago de las cuotas respectivas; pero esa regla no es absoluta, sino que admite una excepción cuando el asegurado la controvierte de manera explícita o implícita y la desvirtúa con prueba en contrario. 3. En el supuesto especial de que en el certificado aludido se asiente que el trabajador fue dado de alta para un determinado patrón, pero que cotizó cero semanas, sin precisar la fecha en que se le dio de baja, la Junta no debe calificar desde luego esa circunstancia como inverosímil, sino que debe evaluarla con base en los hechos alegados y el acervo probatorio, sin perjuicio de decretar providencias para mejor proveer u ordenar oficiosamente el desahogo de los medios de prueba necesarios. 4. Los registros de inscripción o altas exhibidos en un juicio laboral por el asegurado pueden llegar a desvirtuar el contenido del certificado de referencia cuando éste no contenga las afiliaciones o registros de esas altas; pues, en tal hipótesis, se pone en duda la fidelidad de la certificación, pero sólo en esa parte; lo cual debe valorarse como legalmente corresponda en cada caso concreto. 5. De las dos conclusiones que anteceden deriva otra, consistente en que el certificado en comento, de contener imprecisiones o errores, no debe ser desestimado a priori ni en su totalidad, sino que, en cada caso concreto, la Junta debe definir, primero, su trascendencia, esto es, determinar si queda desvirtuado por entero o sólo en una de sus partes; y, segundo, la posibilidad de decretar providencias para mejor proveer u ordenar oficiosamente el desahogo de las pruebas necesarias. De esa suerte, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País no ha abandonado el criterio sustentado en su tesis de jurisprudencia 2a./J. 39/2002, de rubro ‘SEGURO SOCIAL. EL CERTIFICADO DE DERECHOS APORTADO COMO PRUEBA POR EL INSTITUTO RELATIVO, EN SU CARÁCTER DE DEMANDADO EN EL JUICIO LABORAL, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO PARA ACREDITAR LOS DATOS QUE EN EL MISMO SE CONTIENEN, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, POR LO QUE PARA SU VALIDEZ ES INNECESARIO QUE SE ACOMPAÑEN LOS AVISOS DE ALTA Y BAJA RELATIVOS O EL PAGO DE LAS CUOTAS RESPECTIVAS.’; sino que, por el contrario, ha reafirmado tanto la regla general de que la hoja de certificación de derechos expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene pleno valor probatorio, como la excepción consistente en que el asegurado puede desvirtuarla, empero ha precisado que esto sólo puede hacerse mediante prueba en contrario. Esto es, sobre el alcance, valor y objeción de la citada hoja de certificación de derechos, los criterios sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han tenido una avanzada evolución jurisprudencial para complementarse entre sí; pues aunque han sostenido que el citado certificado tiene pleno valor probatorio para acreditar los datos que contiene, también ha reconocido que su valor convictivo puede controvertirse implícitamente a través de prueba en contrario; y explícitamente a través de objeciones que destaquen su incongruencia e inverosimilitud; sin embargo ha sido contundente al reiterar que el valor convictivo que acorde a su naturaleza le corresponde (pleno) sólo puede ser desvirtuado a través de prueba en contrario."

Asimismo, en la diversa ejecutoria dictada en el amparo directo **********, este órgano colegiado precisó que:

"...en el supuesto de que el asegurado rinda una prueba para desvirtuar total o parcialmente los datos contenidos en el certificado de derechos exhibido en el juicio por el Instituto Mexicano del Seguro Social, se está ante una objeción de documentos, por encontrarse orientada a plantear precisamente la falsedad de una parte o todo su contenido, con independencia de que la llame o no con ese nombre, pues no es su denominación lo que determina su naturaleza jurídica, sino sus características; tal y como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la que derivó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 13/2001, de rubro: ‘PRUEBA DOCUMENTAL EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. LAS MANIFESTACIONES EFECTUADAS POR LAS PARTES EN RELACIÓN CON SU ALCANCE PROBATORIO NO DEBEN TENERSE COMO OBJECIÓN.’, transcrita en párrafos precedentes; concretamente en la parte que señala:

"En efecto, no es el nombre que se le da a las cosas por las partes lo que determina su naturaleza jurídica, sino sus características; y como los simples razonamientos que controvierten la eficacia demostrativa de un documento no se colocan en alguna de las hipótesis de objeción descritas anteriormente, entonces tales argumentaciones no constituyen propiamente una objeción ni pueden generar las mismas consecuencias que ésta, lo que se traduce en una objeción no hecha."

IV. A partir de la distinción hecha entre una objeción de documentos y la simple manifestación o alegato sobre el valor de un documento, se puede determinar si lo expuesto por el actor, en este caso, contra la hoja de certificación de vigencia de derechos de cinco de octubre de dos mil doce, exhibida por el instituto demandado, aquí quejoso, constituye una objeción o un alegato de valoración.

Para ese fin, es necesario tener en cuenta que tales manifestaciones fueron planteadas en los siguientes términos:

"...en vía de objeción la parte actora, dijo: Que en este acto procedo a objetar las pruebas de mi contraparte por ser unilaterales y carentes de derecho, ya que las mismas no cumplen con los elementos de certeza, seguridad jurídica y objetividad que se requieren para darle valor probatorio, en especial se objeta la documental marcada con el número tres, misma que se hace consistir en la hoja de certificación de derechos, ya que ésta lo único cierto es el número de seguridad social que el mismo instituto le otorgó a mi representado, por lo que lo objeto en cuanto a su autenticidad de contenido solamente; asimismo se aprecia a simple vista que incluso el último salario de las últimas 250 semanas no corresponde al salario mínimo que se pagaba en ese entonces, por lo que el salario que menciona el instituto es absurdo e irrisorio, ya que como lo mencioné en mi escrito inicial de demanda, el salario de las últimas 250 semanas lo es de 285.63, por tanto se le debe restar valor probatorio a ésta, ya que es un instrumento prefabricado con el cual se deja en estado de indefensión a mi representado..." (foja 48 del expediente laboral)

Mediante las manifestaciones transcritas, el actor, aquí tercero interesado, cuestionó el alcance y valor probatorio de la hoja de certificación de vigencia de derechos exhibida por el instituto demandado, por considerar que contenía las siguientes incongruencias:

1) Lo único cierto es su número de seguridad social;

2) El salario de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización no corresponde al salario mínimo que se pagaba en ese entonces; y,

3) El salario que menciona el instituto es absurdo e irrisorio, ya que como lo mencionó en su escrito inicial de demanda, el salario de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización es de $285.63 (doscientos ochenta y cinco pesos 63/100 moneda nacional).

De lo anterior se desprende que, mediante las afirmaciones resumidas, el actor no formuló una objeción de documentos, pues no sostuvo su inexactitud por poner en duda su contenido ni solicitó su compulsa o cotejo con los originales para lograr su perfeccionamiento (artículos 797, 798, 799, 801, 807 y 810 de la Ley Federal del Trabajo).

Tampoco puso en tela de juicio la autenticidad de la firma de un tercero en el citado documento, ni sostuvo la necesidad de su ratificación (artículos 797, 800, y 802, primer párrafo y primera parte del segundo párrafo, ibídem).

De igual modo, no lo objetó por falsedad (redargüirlo de falso), pues no objetivó motivo alguno de falsedad ni ofreció en su contra prueba idónea del redargüimiento (artículo 802, segundo párrafo, última parte y 811, ibídem).

En esas condiciones, lo expuesto por el actor en contra de la hoja de certificación de vigencia de derechos exhibida por el instituto demandado no fue una objeción de documentos, pues tales manifestaciones no se ubican en alguno de los supuestos previstos en los artículos 797, 798, 799, 800, 801, 802, 807, 810 y 811 de la Ley Federal del Trabajo.

Más bien, lo que expuso es un alegato de valoración, pues formuló argumentos tendentes a orientar a la Junta con respecto al alcance demostrativo que puede tener la mencionada documental.

Definida la naturaleza de los planteamientos hechos por el actor en contra de la hoja de certificación de vigencia de derechos exhibida por el instituto demandado, debe tenerse en cuenta que la Junta desestimó la citada hoja conforme a las consideraciones sintetizadas en los incisos a) al d) del apartado A.I del presente considerando -páginas 38 a la 40 de esta ejecutoria-.

La transcripción que antecede permite corroborar que, efectivamente, tal como lo plantea el instituto quejoso, la Junta desestimó la hoja de certificación de derechos, en esencia, apegándose implícitamente a algunas de las razones expuestas en los alegatos de valoración (no objeciones) enderezados en su contra.

Para corroborarlo, basta con hacer un estudio comparativo entre las manifestaciones planteadas contra la citada documental y las consideraciones por las cuales la Junta la desestimó; lo cual se representa en el siguiente cuadro:

Ver cuadro

De lo anterior, se advierte que las consideraciones por las que la Junta desestimó la hoja de certificación de vigencia de derechos exhibida por el demandado, no coinciden con todas las razones dadas por el actor al cuestionar el valor de la misma documental.

Sin embargo, esa discordancia no constituye una violación de derechos en perjuicio del instituto demandado, aquí quejoso, porque como se ha explicado en párrafos precedentes, ante las manifestaciones hechas por una o ambas partes con respecto al alcance probatorio de un documento, el órgano jurisdiccional de trabajo puede discrecionalmente considerarlas sin estar obligada a realizar un estudio destacado de ello.

Esto es, la desestimación de la hoja de certificación de vigencia de derechos por motivos no expuestos por el actor en sus alegatos de valoración, no constituye una violación de derechos; pues, por un lado, el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo faculta a la responsable para valorar dicha documental a su libre arbitrio; y, por otro, cualquier ilegalidad de esa valoración, por no ajustarse a los límites fijados en la litis o por no descansar en la lógica y el raciocinio, puede ser controvertida mediante el juicio de amparo.

Es ilustrativa, por las razones que la informan, la tesis aislada 2a. LXXII/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro digital: 2004017, Libro XXII, Tomo 1, julio de 2013, materia constitucional, página 1116, que dice:

"LAUDO. EL ARTÍCULO 841 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012).-El citado precepto no viola los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no es dable analizarlo en forma restrictiva, porque la Ley Federal del Trabajo, en su conjunto, es la que prevé las normas que regulan el procedimiento. Así, bajo un análisis sistemático puede advertirse lo siguiente: a) no se autoriza a las Juntas de Conciliación y Arbitraje a pasar por alto el principio de objetividad que impera en la función jurisdiccional; b) si bien la valoración de pruebas debe realizarse a partir de un análisis a conciencia, a verdad sabida y buena fe guardada, ello no implica que pueda ser arbitraria, sino que deben considerarse todos aquellos elementos objetivos y subjetivos que contribuyan a formar convicción en el ánimo del juzgador; c) las Juntas pueden dictar el laudo sin sujetarse a las reglas utilizadas por los órganos judiciales, por no ser un tribunal de derecho sino de arbitraje; pero deben fallar con base en la verdad que resulte de las actuaciones del juicio, por lo que están constreñidas a examinar las actuaciones habidas y a hacer constar en autos ese análisis; d) la apreciación en conciencia de las pruebas sólo tiene aplicación dentro de los límites fijados en la litis y deben descansar en la lógica y el raciocinio; e) verdad sabida y buena fe guardada es una clásica expresión forense usada desde hace siglos para dar a entender que un pleito o una causa debe sentenciarse sin atender a las formalidades del derecho; f) se les permite recabar pruebas oficiosamente para conocer la verdad buscada en aplicación de una justicia objetiva, acorde con la realidad de los hechos debatidos en el conflicto; g) pueden preguntar a los testigos y a las personas que intervengan en audiencias; examinar documentos, objetos y lugares, así como hacerlos reconocer por peritos; y, en general, practicar cualquier diligencia que a su juicio sea necesaria para esclarecer la verdad. En consecuencia, se cumple con la finalidad perseguida por el legislador al fijar las normas del derecho procesal del trabajo, las cuales tienden a establecer el predominio que requiere la verdad frente al hecho social, a veces en contradicción con la constancia formal, para responder necesariamente al propósito de hacer justicia como concepto regulador de las actividades sociales."

En esas condiciones, devienen infundados los conceptos de violación en los que se afirma que la responsable se excedió en sus facultades al restarle valor probatorio a la hoja de certificación de vigencia de derechos, con argumentos no expuestos por la parte actora.

Lo infundado radica en que, como ya se explicó en párrafos precedentes, lo expuesto por el actor contra la documental en comento no constituye técnicamente una objeción de documentos, sino una simple manifestación de valoración; y, por ende, la Junta responsable quedó en libertad de considerar o valorar discrecionalmente la misma documental, sin estar obligada a realizar un estudio destacado de ello.

B. En otra parte de los motivos de disenso, el instituto quejoso refiere que la Junta responsable viola en su perjuicio los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, pues resolvió con base en el principio procesal de que en caso de duda debe estarse a lo más favorable al trabajador, el cual es inaplicable en relación con la valoración de las pruebas.

Dicho planteamiento resulta inoperante, pues el impetrante del amparo parte de una premisa falsa, toda vez que la responsable, para negarle valor probatorio a la hoja de certificación de vigencia de derechos, no aplicó el referido principio, sino que partió de las consideraciones sintetizadas en los incisos a) al d) del apartado A.I del presente considerando -páginas 38 a la 40 de esta ejecutoria-.

Es aplicable, por las razones que expone, la jurisprudencia 2a./J. 108/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1326, Libro XIII, Tomo 3, octubre de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente:

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS.-Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida."

C.I. En otra parte de sus conceptos de violación, el quejoso aduce que la hoja de certificación de vigencia de derechos que se aportó en el juicio tiene pleno valor probatorio, por tratarse de un documento que cuenta con la calidad señalada en el artículo 795(13) de la Ley Federal del Trabajo, por ser un documento elaborado por el propio instituto, en su calidad de órgano asegurador.

Asimismo, refiere que las incongruencias aludidas por la Junta para demeritar valor probatorio a la hoja de certificación de vigencia de derechos, son infundadas y absurdas; para demostrar lo anterior, controvirtió cada uno de los argumentos expuestos por la responsable en los términos siguientes:

1. No contempla la fecha de nacimiento del actor ni su estado civil.

a) El instituto sólo procesa información concerniente a las semanas de cotización, altas, bajas y vigencia de derechos de los trabajadores, en términos de los artículos 251 de la Ley del Seguro Social, 1, 3, 14, 16, 45 y 57 del Reglamento en Materia de Filiación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, por lo que los datos personales como edad, fecha de nacimiento, clave única del registro de población, estado civil, sexo o cualquier otro, no siempre puede ser del conocimiento del instituto quejoso.

b) No se puede exigir el conocimiento de datos de carácter personal del asegurado, por lo que la ausencia de dichos datos, no puede generar incongruencia de la citada documental, pues no guarda relación con los antecedentes afiliatorios.

c) La responsable actuó apartada de los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, pues emite un laudo prescindiendo de la verdad sabida y buena fe guardada, sin apreciar los hechos en conciencia, en virtud de los argumentos señalados.

2. No le reconoce semana alguna de cotización.

Se contraviene lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues resulta confuso el argumento de la Junta responsable, toda vez que de la referida documental sí se desprenden el registro patronal, nombre del patrón, fecha de alta, grupo de cotización, fecha de baja, total de días, semanas y periodos cotizados, por el tercero interesado, periodo de conservación de derechos y demás antecedentes afiliatorios que debieron generar certeza a la responsable.

3. El salario promedio a razón de $10.98 (diez pesos 98/100 moneda nacional) resulta inverosímil, pues se encuentra por debajo del salario mínimo vigente en el Distrito Federal durante el dos mil tres, ya que en ese año era de $41.53 (cuarenta y un pesos 53/100 moneda nacional).

a) Los salarios que se desprenden de dicha documental no son incongruentes, pues son reflejo de la realidad que ha imperado en el país y no deben ser comparados con los salarios y la capacidad adquisitiva del "presente año" -dos mil diez-.

b) La cantidad de $10.98 (diez pesos 98/100 moneda nacional) que se desprende de la citada documental no es precisamente el último salario que percibió el actor, pues se encuentra el apartado de grupo de cotización, el cual se determina a través del salario que percibía al momento de su inscripción, con fundamento en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social, situación que debe ser del conocimiento de la autoridad laboral por desprenderse de la propia ley.

4. Resulta ilógico que se reconozca al actor el número de seguridad social **********, cuando del segundo par de dígitos se desprende que fue dado de alta en el año de mil novecientos setenta y dos, mientras que el instituto demandado le reconoce cotizaciones sólo del año dos mil tres.

a) El demandado no pudo controvertir la fecha de alta del actor, porque éste no la mencionó en su escrito inicial de demanda, por lo que la fecha de alta no puede ser materia de la litis; por tanto, no debió ser tomada por la responsable como una incongruencia.

b) En ningún momento se reconoció de forma expresa que el tercero interesado haya sido dado de alta a partir de mil novecientos setenta y dos; al contrario, se precisó que ello aconteció el veinticuatro de marzo de dos mil tres.

c) No existe precepto legal que refiera que sea ilegal dar de alta al tercero interesado en una fecha posterior a la que se desprende del segundo par de dígitos.

d) La responsable no funda ni motiva adecuadamente su razonamiento, pues es omisa en precisar con base en qué ley, reglamento, norma, jurisprudencia, tratado o doctrina, se establece que con el segundo par de dígitos del número de seguridad social puede determinarse la fecha de alta de un asegurado.

e) Por lo anterior, el argumento de que el instituto quejoso dejó de reconocer treinta y un años de cotización, es infundado.

II. Atendiendo a la causa de pedir, este tribunal considera que asiste razón al inconforme, por lo siguiente:

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la ejecutoria en la que resolvió la contradicción de tesis 13/2002 -de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 39/2002 (citada por la Junta), de rubro: "SEGURO SOCIAL. EL CERTIFICADO DE DERECHOS APORTADO COMO PRUEBA POR EL INSTITUTO RELATIVO, EN SU CARÁCTER DE DEMANDADO EN EL JUICIO LABORAL, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO PARA ACREDITAR LOS DATOS QUE EN EL MISMO SE CONTIENEN, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, POR LO QUE PARA SU VALIDEZ ES INNECESARIO QUE SE ACOMPAÑEN LOS AVISOS DE ALTA Y BAJA RELATIVOS O EL PAGO DE LAS CUOTAS RESPECTIVAS.", en lo que interesa, expuso:

"...para efectuar el estudio correspondiente acerca del criterio que debe prevalecer, hay que tomar en consideración que el certificado de vigencia de derechos que elabora el Instituto Mexicano del Seguro Social es un documento de control e información, el cual sirve para la determinación de las semanas que un derechohabiente ha cotizado, tanto en el régimen obligatorio como en el voluntario, para conocer si tiene derecho o no a percibir las prestaciones en dinero o en especie que el instituto otorga.

"Los datos contenidos en los certificados de derechos elaborados por el Instituto Mexicano del Seguro Social consisten, entre otros, en el nombre, número de afiliación, sexo, fecha de nacimiento y estado civil del asegurado; los números de registro de cada patrón que inscribió al trabajador en el régimen obligatorio, su nombre, las fechas de alta y baja; el grupo de cotización y el número de semanas cotizadas con cada uno. Tales datos deben estar ordenados en forma cronológica, asentando el total de las semanas cotizadas y reconocidas hasta un periodo determinado. Asimismo, constan los datos del registro o continuación

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27766-fb483f91/certificado-de-derechos-expedido-por-el-instituto-mexicano · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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