ACCIÓN PENAL EJERCIDA POR PARTICULARES. CASOS EN QUE SE ACTUALIZAN SUS DOS HIPÓTESIS DE PROCEDENCIA (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 426 Y 428 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES).
AMPARO EN REVISIÓN 256/2017. 30 DE NOVIEMBRE DE 2017. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ALFONSO GAZCA COSSÍO. PONENTE: JOSÉ MANUEL TORRES PÉREZ. SECRETARIA: HILDA TAME FLORES.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Son infundados los agravios que se plantean, sin que este cuerpo colegiado advierta motivo para suplir la deficiencia de la queja, en términos de lo previsto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.
Para un mejor entendimiento del asunto, debe precisarse que **********, en representación de su menor hija **********, reclamó del Juez de Control de la Región Judicial Centro con sede en la ciudad de Puebla, la resolución de dieciséis de enero de dos mil diecisiete, pronunciada en la carpeta judicial administrativa número **********, mediante la cual, se determinó que no se admitía a trámite el ejercicio de la acción penal por particulares intentado por la citada quejosa, en contra de **********, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de abandono de personas, previsto y sancionado por el artículo 347 del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de la referida menor.
El veintiuno de julio de dos mil diecisiete, el Juez Federal dictó sentencia negándole a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, por considerar que la resolución reclamada fue legalmente emitida, toda vez que si bien es cierto que el artículo 426 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la acción penal que corresponde al Ministerio Público, podrá ser ejercida por los particulares que tengan la calidad de víctima u ofendido, tal excepción a la regla general únicamente es procedente cuando se reúnan los requisitos concretos previstos en el artículo 428 del cuerpo normativo en cita; extremos que no se acreditaron en el presente caso, toda vez que el delito de abandono de personas por el que se pretendió ejercitar la acción penal, aunque se persigue por querella de parte interesada, es sancionado con pena alternativa, que comprende una privativa de libertad, cuya punibilidad máxima excede de tres años de prisión.
Inconforme **********, en representación de la menor **********, con dicho fallo interpuso el presente recurso de revisión.
Ahora bien, este órgano colegiado advierte que, contrariamente a lo que alega la recurrente, fue correcto que el Juez Federal le negara el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, toda vez que el acto reclamado del Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, consistente en la resolución de dieciséis de enero de dos mil diecisiete, pronunciada en la carpeta judicial administrativa número **********, mediante la cual, se determinó que no se admitía a trámite el ejercicio de la acción penal por particulares intentado por la citada quejosa, en contra de **********, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de abandono de personas, previsto y sancionado por el artículo 347 del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de la menor **********, fue constitucionalmente emitida.
En efecto, la autoridad responsable determinó que no era procedente el ejercicio de la acción penal ejercitado por **********, en representación de su menor hija, fundándose en las siguientes consideraciones: "I. Visto lo manifestado por **********, en representación de la menor de edad **********, en el sentido de que se le tenga ejerciendo acción penal privada en contra de **********, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de abandono de personas, previsto y sancionado por el numeral 347 del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de la menor de edad en cita; debe decirse que no ha lugar a acordar de conformidad lo que solicitan en atención a lo que dispone el numeral 428 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual a la letra establece: ‘La víctima u ofendido podrá ejercer la acción penal únicamente en los delitos perseguibles por querella, cuya penalidad sea alternativa, distinta a la privativa de libertad o cuya punibilidad máxima no exceda de tres años de prisión...’. Y tomando en consideración que los hechos presumiblemente constitutivos de delito a que hace referencia la solicitante en su escrito de cuenta, corresponden al delito de abandono de personas, previsto en el numeral 347 de la ley sustantiva penal, que en lo conducente dispone: ‘Al que, sin motivo justificado, abandonare a quien tiene derecho de recibir alimentos de éste, sin recursos para atender sus necesidades de subsistencia, se le impondrán de seis meses a cuatro años de prisión o de noventa a trescientos sesenta días de salario mínimo y suspensión o pérdida de los derechos de familia...’. Adminiculado con el diverso 348 del mismo ordenamiento legal, del contenido siguiente: ‘El delito de abandono de personas se perseguirá a petición del ofendido salvo que se trate de menores o incapaces sin representación, en cuyo caso el Ministerio Público actuará de oficio.’. Atento a lo anterior, si bien es cierto, el ilícito que nos ocupa es perseguible por querella, también lo es que, contemplando pena alternativa, tiene señalada pena privativa de libertad y ésta de tres años no es aplicable en el artículo 428 del código adjetivo aplicable (sic); de ahí que al no colmarse las exigencias a que se refiere el citado ordenamiento legal se reitera lo esgrimido en el cuerpo de este proveído. II. Consecuentemente, se ordena devolver a la promovente los anexos que acompaña, los que serán entregados cualquier día y hora hábil de oficina, previa identificación a satisfacción de esta autoridad y razón que de su entrega se asienta en autos."
Por su parte, los artículos 426, 428 y 431 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a la letra respectivamente dicen:
"Artículo 426. Acción penal por particulares. El ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público, pero podrá ser ejercida por los particulares que tengan la calidad de víctima u ofendido en los casos y conforme a lo dispuesto en este código."
"Artículo 428. Supuestos y condiciones en los que procede la acción penal por particulares.-La víctima u ofendido podrá ejercer la acción penal únicamente en los delitos perseguibles por querella, cuya penalidad sea alternativa, distinta a la privativa de la libertad o cuya punibilidad máxima no exceda de tres años de prisión.-La víctima u ofendido podrá acudir directamente ante el Juez de control, ejerciendo acción penal por particulares en caso (sic) que cuente con datos que permitan establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y exista probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En tal caso deberá aportar para ello los datos de prueba que sustenten su acción, sin necesidad de acudir al Ministerio Público."
"Artículo 431. Admisión.-En la audiencia, el Juez de control constatará que se cumplan los requisitos formales y materiales para el ejercicio de la acción penal particular.-De no cumplirse con alguno de los requisitos formales exigidos, el Juez de control prevendrá al particular para su cumplimiento dentro de la misma audiencia y de no ser posible, dentro de los tres días siguientes. De no subsanarse o de ser improcedente su pretensión, se tendrá por no interpuesta la acción penal y no podrá volver a ejercerse por parte del particular por esos mismos hechos. ..."
De lo dispuesto en el referido artículo 428 del Código Nacional de Procedimientos Penales, claramente se desprende que la víctima u ofendido podrá ejercer la acción penal, únicamente en los delitos perseguibles por querella, en los siguientes casos:
a) En aquellos cuya penalidad sea alternativa, distinta a la privativa de libertad; o,
b) En aquellos cuya punibilidad máxima no exceda de tres años de prisión.
Asimismo, los numerales 347 y 348 del Código Penal del Estado de Puebla, respectivamente, señalan: "Artículo 347. Al que, sin motivo justificado, abandonare a quien tiene derecho de recibir alimentos de éste, sin recursos para atender sus necesidades de subsistencia, se le impondrán de seis meses a cuatro años de prisión o de noventa a trescientos sesenta días de salario mínimo y suspensión o pérdida de los derechos de familia.-Para los efectos de este artículo, se tendrá por consumado el delito aun cuando el o los acreedores alimentarios se dejen al cuidado o reciban ayuda de un tercero." y "Artículo 348. El delito de abandono de personas se perseguirá a petición del ofendido salvo que se trate de menores o incapaces sin representación, en cuyo caso el Ministerio Público actuará de oficio."
Ahora bien, este órgano colegiado advierte que **********, en representación de la menor **********, acudió ante la autoridad responsable para ejercer acción penal por particulares, en contra de **********, por el delito de abandono de personas, previsto y sancionado por el artículo 347 del Código Penal del Estado de Puebla, por estimar que contaba con datos que permitían establecer que se había cometido un hecho que la ley señala como delito y existía la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; sin embargo, como acertadamente lo consideró el a quo, fue correcto que el Juez de control responsable determinara que no era procedente su pretensión, toda vez que, si bien es cierto que el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé en su artículo 426, la posibilidad de que de manera excepcional los particulares que tengan la calidad de víctima u ofendido puedan realizar el ejercicio de la acción penal directamente, tal excepción a la regla general únicamente se actualiza cuando se reúnen los supuestos y condiciones expresamente señalados en el numeral 428 del cuerpo normativo en cita, consistentes en que el delito atribuido sea perseguible por querella de parte ofendida, sancionado con pena alternativa distinta a la privativa de libertad y, en el caso de que la referida pena alternativa comprenda sanción de cárcel, la punibilidad máxima no exceda de tres años.
Sin embargo, como correctamente lo consideró el Juez Federal, en el presente caso no se actualizan dichos supuestos, ya que **********, en representación de su menor hija, ejercitó acción penal en contra de **********, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de abandono de personas, previsto en el artículo 347 del Código Penal del Estado de Puebla, el cual, si bien es cierto que se persigue por querella de parte ofendida, y puede ser sancionado con pena alternativa; también es verdad que comprende una pena privativa de libertad cuya punibilidad máxima excede de tres años, puesto que expresamente se establece que al responsable del referido ilícito se le impondrán "de seis meses a cuatro años de prisión o de noventa a trescientos sesenta días de salario mínimo"; de lo que se hace evidente que, como legalmente lo determinó la autoridad responsable, en el presente caso no se actualizan los supuestos previstos en el artículo 428 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que fuera procedente el ejercicio de la acción penal por particulares; por lo que fue legal que no se acordara favorablemente la petición de la ahora recurrente, y se ordenara en la resolución reclamada devolverle a la promovente los anexos que acompañó al presentar el ocurso respectivo.
En ese contexto legal, tomando en cuenta que el delito de que se trata es el de abandono de persona, previsto y sancionado por el artículo 347 del Código Penal del Estado de Puebla, cuya penalidad máxima es de cuatro años de prisión, es claro que la víctima u ofendido por dicho ilícito no puede acudir directamente ante el Juez de control ejerciendo acción penal, aun cuando dicho injusto sea perseguible por querella, porque su penalidad máxima excede de tres años de prisión.
Por otro lado, señala la inconforme en los agravios de manera reiterada, que fue interpretado incorrectamente el artículo 428 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por estimar la recurrente que atendiendo a la forma en la que está redactado el mismo, correspondía a un listado de situaciones que al estar unidas por una coma, no era necesario que se reunieran todos los requisitos previstos, sino que bastaba con que se reuniera cualquiera de ellos para que fuera procedente el ejercicio de la acción penal por particulares, ya que se trataba de una conjunción coordinada disyuntiva "o", lo que implicaba que al haberse separado los presupuestos establecidos en el precepto en comento, consistentes en lo siguiente: "la víctima u ofendido podrá ejercer la acción penal únicamente en los delitos perseguibles por querella cuya penalidad sea alternativa, distinta a la pena privativa de libertad...", con una coma, implicaba que bastaba con que se cumpliera una de estas hipótesis para que válidamente pudiera un particular ejercitar la multicitada acción penal.
Los anteriores agravios son infundados pues, se reitera, de lo dispuesto en el citado artículo 428 del Código Nacional de Procedimientos Penales, claramente se desprende que atendiendo a su redacción se trata de una conjunción coordinante disyuntiva "o", cuya función sintáctica es unir palabras, sintagmas u oraciones independientes, indicando opción o elección entre sus componentes; por lo que, atendiendo a los términos de dicho precepto legal, se advierte que el mismo establece dos hipótesis de procedencia del ejercicio de la acción penal por parte de particulares, en los delitos que se persiguen por querella:
a) En aquellos cuya penalidad sea alternativa, distinta a la privativa de libertad; o,
b) En aquellos cuya punibilidad máxima no exceda de tres años de prisión.
Consecuentemente, como ya se dijo, tomando en cuenta que el delito en cuestión es el de abandono de personas, definido y castigado por el numeral 347 del Código Penal del Estado de Puebla, cuya penalidad máxima es de cuatro años de prisión, es manifiesto que la víctima u ofendido por dicho ilícito no puede acudir directamente ante el Juez de control, ejerciendo acción penal, aun cuando dicho injusto sea perseguible por querella, porque su penalidad máxima excede de tres años de prisión, como correctamente se determinó en la resolución reclamada.
Ahora bien, este órgano colegiado considera que, contrariamente a lo que alega la recurrente, la sentencia recurrida no infringe el artículo 74 de la Ley de Amparo, pues al respecto debe decirse que dicho numeral establece los requisitos que deben contener las sentencias que resuelvan los juicios de amparo, y al analizar el fallo recurrido se aprecia que el a quo fijó de manera clara y precisa el acto reclamado por la quejosa, efectuó un análisis sistemático de los conceptos de violación planteados, y de las pruebas desahogadas en la carpeta respectiva, estableció las consideraciones y fundamentos legales en que se apoyó para negar la protección federal solicitada; razón por la cual, fue acatado por el a quo el numeral invocado.
Por último, en relación con los criterios doctrinarios que la hoy recurrente invoca en el ocurso mediante el cual interpuso su recurso de revisión, debe señalarse que si bien los mismos pueden revestir interés académico, no es de observancia para esta potestad federal, dado que este órgano solamente se encuentra obligado a acatar la Constitución General de la República, las leyes que de ella emanen y la jurisprudencia en el momento de emitir sus ejecutorias; por ende, como la resolución que constituye el acto reclamado no es violatoria de los derechos humanos, ni de las garantías individuales reconocidas en la Carta Magna, ni contraviene las leyes secundarias que rigen al mismo, este Tribunal Colegiado no se encuentra constreñido a analizar la doctrina invocada por la quejosa.
Lo anterior encuentra apoyo en la tesis aislada sin número, sustentada sobre el particular por el entonces Tercer Tribunal Colegiado de este Circuito, cuyo criterio comparte esta potestad federal, el cual aparece publicado en el página 295, Tomo III, materia común, Segunda Parte-1, correspondiente a los meses de enero a junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyos rubro y texto dicen: "DOCTRINA. NO ES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA.-Las opiniones doctrinarias que se citan en una demanda de garantías, si bien puede (sic) revestir interés académico, no son de observancia obligatoria para los tribunales de control constitucional, ni para ningún otro. En efecto, para emitir una sentencia de amparo sólo es obligatorio acatar la Constitución, las leyes que de ésta emanen, la jurisprudencia y, cuando aquélla lo prevé, los principios generales del derecho; de modo que, mientras la aplicación de la ley no sea violatoria de garantías, o contraria a la jurisprudencia o en su caso, a los citados principios, carecen de eficacia jurídica esas doctrinas, pues el valor de éstas estriba en que den contenido a una norma de carácter legal."
En las condiciones relatadas, lo que en la especie procede es confirmar la sentencia sujeta a revisión y negarle a **********, en representación de la menor **********, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados.
Por lo antes expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma el fallo recurrido.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, en representación de la menor **********, en contra del acto que reclama del Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, que hizo consistir en la resolución de dieciséis de enero de dos mil diecisiete, pronunciada en la carpeta judicial administrativa número **********, mediante la cual se determinó que no se admitía a trámite el ejercicio de la acción penal por particulares intentado por la citada quejosa, en contra de **********, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de abandono de personas, previsto y sancionado por el artículo 347 del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de la referida menor.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvieron y firman por mayoría de votos de los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, Magistrados José Manuel Torres Pérez, presidente y ponente y José Manuel Vélez Barajas; y, en términos del artículo 186 de la Ley de Amparo, el Magistrado Alfonso Gazca Cossío formula su voto particular.
En términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27771-a9002b54/accion-penal-ejercida-por-particulares-casos-en-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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