VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y DE ACCESO A LA JUSTICIA, TIENE DERECHO A INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA NEGATIVA DE LIBRAR LA ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA EL INDICIADO O EL AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR, AUN CUANDO EL ARTÍCULO 5 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE GUERRERO ABROGADO, NO LE OTORGUE EL CARÁCTER DE PARTE EN EL PROCESO PENAL.
AMPARO EN REVISIÓN 217/2016. 12 DE ENERO DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GUILLERMO NÚÑEZ LOYO. SECRETARIO: MOISÉS ALEJANDRO VÁSQUEZ ESCALERA.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Estudio. Este Tribunal Colegiado advierte de manera oficiosa una violación procesal, ya que de las constancias que obran en autos, relativas a la causa penal **********, se observa que no se le notificó de manera legal a la víctima u ofendido (que recae en ********** y la menor de edad **********) la resolución de dieciséis de julio de dos mil catorce, dictada por la Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Abasolo, residente en Ometepec, Guerrero, que negó librar la orden de aprehensión en favor de ********** por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, solicitada por la representación social, sin darle oportunidad de inconformarse mediante el recurso de apelación, cuestión que no fue observada por el Juez Federal.
En el caso, se significa que la parte ofendida ********** y la menor de edad **********, son quienes promovieron el juicio de amparo indirecto susceptible de revisión, en el que solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra del acto de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, consistente en la resolución de fecha ocho de octubre de dos mil quince, dictada en el toca de apelación **********, en la que se confirmó la negativa de librar la orden de aprehensión solicitada por el representante social.
Resulta oportuno citar los artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, relativos al recurso de apelación, que a la letra dicen:
"Artículo 131. La apelación tiene como efecto confirmar, revocar o modificar la resolución recurridos (sic) del juzgador de primera instancia. En aquélla se examina si la resolución impugnada se fundó y motivó correctamente, y si en ella se aplicó exactamente la ley correspondiente, se observaron las normas sobre admisión, eficacia y valoración de la prueba, y se apreciaron fielmente los hechos.
"La apelación se interpondrá ante el órgano que dictó la resolución impugnada, en el acto mismo de notificación de ésta, o dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que la notificación surta sus efectos, por escrito o en comparecencia. Podrá promoverla la parte a la que se cause agravio, precisamente para la consideración de éste, pero el juzgador deberá suplir en todo caso la deficiencia de la queja por el inculpado y su defensa, inclusive la falta de expresión de agravios. Éstos se harán valer al apelar o en la vista del asunto.
"Son apelables en ambos efectos las sentencias condenatorias. Lo son en efecto devolutivo las demás resoluciones."
"Artículo 132. Son apelables:
"I. Las sentencias definitivas, salvo cuando la ley determine expresamente lo contrario;
"II. Los autos que nieguen la orden de aprehensión o la orden de comparecencia;
"III. Los autos de formal prisión o de sujeción a proceso, y los que concedan o nieguen la libertad del inculpado;
"IV. Los autos que resuelvan excepciones fundadas en causas que extinguen la acción o excluyen la responsabilidad, los que declaren no haber delito que perseguir, y en general los que concedan o nieguen el sobreseimiento;
"V. Los autos en que se resuelvan cuestiones concernientes a la prueba;
"VI. Los autos que se pronuncien sobre cuestiones de jurisdicción o competencia e impedimentos; los que conceden o nieguen la acumulación, la separación del proceso; los que manden suspender o continuar el procedimiento, y los que resuelvan incidentes no especificados; y
"VII. Las demás resoluciones contra las que este código conceda expresamente el recurso.
"Son apelables solamente por el Ministerio Público los autos en que se nieguen la orden de aprehensión o la comparecencia, así como los que nieguen el cateo o cualesquiera medidas precautorias solicitadas por la representación social."
De los preceptos transcritos, en lo que interesa, se advierte que establecen exclusivamente la legitimación del Ministerio Público para apelar las resoluciones en que se niegue una orden de aprehensión.
Asimismo, para una mayor comprensión del asunto es necesario citar los diversos artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que disponen:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
"Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
"En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata.
"En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho."
"Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales..."
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
"Artículo 8. Garantías Judiciales
"...
"2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
"a) ...
"h) derecho de recurrir del fallo ante Juez o tribunal superior (lo subrayado es propio)."
De los preceptos referidos, se aprecia que protegen los derechos fundamentales al debido proceso y acceso efectivo a la justicia, así como las garantías judiciales que todo gobernado debe tener.
Ahora, del análisis de los artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, se advierte que contravienen los derechos fundamentales al debido proceso y acceso efectivo a la justicia que reconocen los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que específicamente prevé como garantías judiciales el artículo 8, numeral 2, inciso h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Lo anterior es así, debido a que los citados artículos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, proscriben el recurso de apelación para la víctima u ofendido, en contra de la resolución de primer grado en la que niega librar una orden de aprehensión.
Lo que trae como consecuencia que se viole en su perjuicio su derecho a la segunda instancia en un procedimiento penal, el cual, conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es una garantía primordial judicial que debe respetarse en el marco del debido proceso, en aras de permitir que una resolución adversa pueda ser revisada por un tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica.
Ello es así, porque la resolución que niega librar una orden de aprehensión emitida en primera instancia, sin posibilidad de que el ofendido la pueda controvertir, afecta el derecho fundamental de éste al debido proceso previsto en el reproducido precepto 14 constitucional, pues la doble conformidad judicial, expresada mediante la íntegra revisión de la resolución de mérito, confirma el fundamento y otorga mayor credibilidad al acto jurisdiccional del Estado y, al mismo tiempo, brinda mayor seguridad y tutela a los derechos de las partes, dado que les otorga una nueva oportunidad para ejercer su defensa, y refuerza la protección en contra del error judicial.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XIV.P.A.6 P(10a.),(20) que este órgano jurisdiccional comparte, emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, cuyos título, subtítulo y texto son los siguientes:
"RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA LA ORDEN DE APREHENSIÓN. LOS ARTÍCULOS 383, FRACCIÓN IV Y 386, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA PENAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, QUE PROSCRIBEN AL OFENDIDO SU DERECHO A PROMOVERLO, SON CONTRARIOS AL ARTÍCULO 8, NUMERAL 2, INCISO H), DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y, POR TANTO, DEBEN INAPLICARSE. Los artículos 383, fracción IV y 386, fracción III, del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado de Yucatán, que proscriben al ofendido su derecho a promover el recurso de apelación contra la resolución que niega una orden de aprehensión, son inconvencionales y, por tanto, deben inaplicarse, pues afectan y restringen el derecho de los justiciables a la segunda instancia en un proceso penal, en contravención al artículo 8, numeral 2, inciso h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prevé la doble conformidad judicial como una garantía primordial que debe respetarse en aras de permitir que una resolución adversa pueda ser revisada íntegramente por un tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, otorgando mayor credibilidad al acto jurisdiccional del Estado. Sin que sea óbice, que esa resolución pueda ser apelada por el Ministerio Público, pues el derecho del ofendido no puede ser desplazado por la facultad que tiene la representación social para recurrirla, ni a la voluntad de ésta de instar el recurso, además de que el análisis que haga la ad quem de esa resolución, será técnicamente a la luz de un estricto derecho, a diferencia de si el recurso lo interpone el ofendido, respecto del cual procede la suplencia de la queja deficiente."
De lo anterior se advierte que los artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero restringen los derechos del ofendido, al vedarle la oportunidad de interponer el recurso de apelación contra la resolución que niega una orden de aprehensión, a fin de que dicho recurso sea revisado por un órgano superior, sin sujetarlo a la voluntad del Ministerio Público, para el caso de que quiera apelar, y a la precisión técnica de los agravios que éste haga valer.
En consecuencia, deben desaplicarse dichos preceptos respecto del recurso de apelación en contra de la resolución que niega la orden de aprehensión solicitada por el representante social, a fin de que la víctima u ofendido (parte en el proceso penal) pueda hacer valer sus derechos de debido proceso y acceso efectivo a la justicia que reconocen los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la garantía judicial que prevé el artículo 8, numeral, 2, inciso h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Lo anterior, en la inteligencia de que la inaplicación es un deber de la autoridad judicial ordinaria, por virtud de lo ordenado en los artículos 1o. y 133 de la Constitución Federal.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. LXVII/2011(9a.),(21) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son los siguientes:
"CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.-De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los Jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los Jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia."
De igual forma, apoya a lo anterior la tesis P. LXIX/2011(9a.),(22) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son los siguientes:
"PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.-La posibilidad de inaplicación de leyes por los Jueces del país, en ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, parte de esta presunción al permitir hacer el contraste previo a su aplicación. En ese orden de ideas, el Poder Judicial al ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, deberá realizar los siguientes pasos: a) Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que los Jueces del país -al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano-, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea Parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia; b) Interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los Jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea Parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y, c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Lo anterior no afecta o rompe con la lógica de los principios de división de poderes y de federalismo, sino que fortalece el papel de los Jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es Parte."
Una vez precisado lo anterior, es necesario establecer que de las constancias que integran la causa penal número **********, del índice de la Primera Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y de la causa penal **********, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Abasolo, con sede en Ometepec, Guerrero, se aprecia lo siguiente:
1. En proveído de veinticinco de junio de dos mil catorce, la Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Abasolo, con residencia en Ometepec, Guerrero, tuvo por recibido el pedimento penal número **********, de fecha veintiocho de mayo de dos mil catorce, signado por el agente del Ministerio Público del fuero común del referido distrito, en el que remitió la averiguación previa número **********, en la que ejercitó acción penal y de reparación del daño en contra de **********, por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, en agravio de ********** y la menor **********, solicitando la correspondiente orden de aprehensión en contra de dicho inculpado, radicando la causa penal bajo el número **********.
En dicho proveído, con fundamento en el artículo 10, fracción V, de la Ley de Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del Delito para el Estado de Guerrero, número 368 se instruyó al secretario actuario adscrito al juzgado a efecto de que se le notificara a la agraviada ********** en el domicilio señalado, a fin de que tuviera conocimiento de la respectiva radicación y, en su caso, señalara domicilio en esa ciudad para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones. (foja 181 de la causa penal)
2. Con fecha dieciséis de julio de dos mil catorce, la Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Abasolo, con residencia en Ometepec, Guerrero, dictó un auto en el que negó la orden de aprehensión que la representación social solicitó en contra de **********, como probable responsable en la comisión del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 188 del Código Penal del Estado de Guerrero, en agravio de ********** y la menor **********, pues a criterio de dicha juzgadora, no se acreditó la materialidad del cuerpo del ilícito penal; sin que haya ordenado notificar la citada resolución a la víctima. (fojas 184 a 202 de la causa penal)
La anterior resolución le fue notificada al agente del Ministerio Público (foja 202 de la causa penal), así como a la parte agraviada (sin que a esta última mediara mandato judicial que así lo ordenara), como se advierte de la diligencia de once de septiembre de dos mil catorce, misma que a continuación se transcribe:
"...Razón: En la ciudad de Ometepec, Guerrero, Distrito Judicial de Abasolo, siendo las dieciséis horas con veinticinco minutos del día once de septiembre de dos mil catorce; el suscrito licenciado **********, secretario actuario del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Abasolo, hago constar que en fecha y hora antes mencionada me constituí de manera legal al domicilio ubicado en calle **********, colonia **********, de esta ciudad en busca de **********, por lo que una vez constituido a la citada colonia y al preguntar con vecinos de la misma por el domicilio de la persona que busco, me indicaron su ubicación, siendo dicho domicilio una casa construida, al parecer, de material de concreto de un solo nivel, con techo de lámina de asbesto; domicilio que se encuentra a un costado de un negocio denominado servicio de aire acondicionado y mofles **********, como a cien metros de distancia de la unidad deportiva el pescadillo; por lo que al acudir al domicilio indicado y preguntar por la persona buscada, me atendió una persona del sexo femenino, quien dijo llamarse **********, y dijo ser la persona buscada, por lo que le hice saber el motivo de mi visita, persona a quien le solicité se identificara con credencial oficial con fotografía, no sin antes identificarme como es debido; persona que se identificó con su credencial de elector número de folio **********, en cuyo frente se aprecia una fotografía a color que coincide con los rasgos físicos de su presentante, identificación que devuelvo por ser de su uso personal; debido a lo anterior y cerciorado el suscrito de ser la persona antes citada, le hago saber de manera personal a la señora **********, el contenido del auto de fecha dieciséis de julio del año en curso, dictado por el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal de la ciudad de Ometepec, Guerrero, en la causa penal citada al rubro, instruida en contra de **********, por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, cometido en agravio de **********, auto mediante el cual se negó la correspondiente orden de aprehensión en favor (sic) del inculpado **********, por el delito y agraviada en comento; asimismo, le hago saber a la citada agraviada que el auto que le notifico es apelable y que dispone de cinco días hábiles posteriores a la presente notificación para recurrirlo en caso de inconformidad, transcribiéndole los puntos resolutivos del referido auto; lo anterior para su debido conocimiento y efectos legales conducentes, así mismo (sic) le notifico a la citada agraviada el auto de fecha veintisiete de agosto del año en curso, dictado por este juzgado en los autos de la causa penal que se cita al rubro, auto mediante el cual se admite el recurso de apelación que interpuso el agente del Ministerio Público adscrito, en contra del referido auto, por lo que se ordena remitir el citado expediente a la Sala Penal para la sustanciación del referido recurso de apelación, manifestándome la persona con quien entiendo la diligencia, darse por enterada, a quien entrego la cédula de notificación, misma que recibe y no firma de recibido por creerlo innecesario, con lo anterior y no habiendo más que hacer constar, el suscrito procede a levantar la presente para los efectos legales. Doy fe."
3. En providencia de veintisiete de agosto de dos mil catorce, se admitió el recurso de apelación que interpuso la representación social. (foja 203 de la causa penal)
4. Previos los trámites legales correspondientes, el dieciocho de noviembre de dos mil catorce, la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, dictó resolución de segunda instancia en la que confirmó en sus términos la de primer grado. (fojas 209 a 291 de la causa penal)
5. Inconforme la parte agraviada con dicha determinación, promovió el juicio de amparo indirecto del que conoció el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, en el juicio número **********, quien en sentencia de diez de septiembre de dos mil quince, determinó conceder la protección constitucional, puesto que la Sala Penal responsable no había dado respuesta a cada uno de los agravios planteados por el agente del Ministerio Público, al interponer el recurso de apelación (resolución que se obtuvo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo).
6. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, con fecha ocho de octubre de dos mil quince, dictó diversa resolución en la que de nueva cuenta determinó confirmar el auto de fecha dieciséis de julio de dos mil catorce, que niega la orden de aprehensión dictada por la Juez de la causa instruida en favor de **********, por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar en agravio de ********** y la menor **********. (fojas 114 a 264 del cuaderno relativo al toca penal **********)
7. En desacuerdo, la parte ofendida ********** y la menor **********, con tal determinación promovieron juicio de amparo indirecto, conociendo del mismo el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, bajo el número **********, quien en sentencia de seis de mayo de dos mil dieciséis, determinó conceder la protección federal, toda vez que la responsable no advirtió que a quien le correspondía la carga de la prueba para demostrar que cumplió con la obligación de proporcionar alimentos era al inculpado -dicha determinación es motivo de estudio en el presente recurso de revisión-. (fojas 79 a 94 del juicio de amparo número **********)
Ahora, ya señalados los antecedentes del acto reclamado, cabe destacar que en la especie, la víctima u ofendido ********** y la menor **********, no interpusieron el recurso de apelación contra la resolución de dieciséis de julio de dos mil catorce (sentencia que negó librar la orden de captura en contra del indiciado), debido a que la Jueza responsable no emitió acuerdo alguno que ordenara notificar a la víctima tal determinación, sino que, de motu proprio, lo hizo el actuario adscrito al juzgado penal sin mediar mandato judicial, lo que se traduce en que indebidamente no hizo del conocimiento a la víctima el derecho que tiene para apelar la determinación antes referida, lo cual no permitió que en segunda instancia se consideraran, en su caso, los argumentos que pudiera haber hecho valer la parte ofendida, y que eventualmente pudieran lograr la revocación de la negativa de la orden de aprehensión.
En consecuencia, el actuar del Juez y la Sala responsable vulneraron los derechos de debido proceso y acceso efectivo a la justicia que reconocen los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la garantía judicial que prevé el artículo 8, numeral, 2, inciso h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues el hecho de que no se le hiciera del conocimiento a la víctima al momento de realizar la notificación de la resolución de origen de dieciséis de julio de dos mil catorce, la dejó en estado de indefensión, en razón de que le impidió estar en condiciones de hacer valer el recurso de apelación que procedía en su contra, en términos del artículo 132, fracción II, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero.
Asimismo, puede decirse que la Sala responsable, al contar con las constancias que integran la causa penal **********, con motivo del recurso de apelación antes referido, debió advertir que la Juez responsable no inaplicó los preceptos mencionados, pues al momento de notificarle la resolución de dieciséis de julio de dos mil catorce, no le hizo del conocimiento el derecho que tenía de apelar tal determinación y, por ende, debió devolver la causa de origen al Juez responsable a fin de que subsanara tal omisión, y no dejar en estado de indefensión a la víctima u ofendido.
Sin que lo anterior soslaye el contenido del artículo 132, último párrafo, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, que dispone que tratándose de la negativa de la orden de aprehensión, solamente puede apelar el Ministerio Público; sin embargo, de una interpretación armónica respecto de las diversas disposiciones legales, tanto constitucionales como locales, relacionadas con el tema, se concluye que el señalado artículo debe interpretarse en el sentido de que no limita el derecho de éstas a interponer el recurso de apelación en contra del auto que le restringe su derecho a que se le pague la reparación del daño.
Esto es así, en virtud de que del artículo 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho), relacionado con los numerales 131 y 132 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, se desprenden las siguientes premisas:
-Que en todo proceso penal, la víctima o el ofendido por algún delito tiene, entre otros derechos, a que se repare el daño que se le haya ocasionado con motivo del delito.
-Que tienen derecho a apelar, el Ministerio Público, el inculpado y su defensor, así como el ofendido o sus legítimos representantes cuando hayan sido reconocidos por el Juez de primera instancia como coadyuvantes del Ministerio Público, para efectos de la reparación de daños y perjuicios.
-Que deben notificarse personalmente al Ministerio Público, al procesado, a la víctima u ofendido del delito, o al coadyuvante o a cualquiera de los defensores, si hubiere varios, las resoluciones contra las cuales proceda el recurso de apelación.
En esos términos, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo en revisión 502/2010, en sesión de veinticuatro de noviembre de dos mil diez, e interpretó el artículo 20 de la Constitución Federal (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho), en el sentido de que la intención de los órganos que participaron en el proceso legislativo, es de reconocer a la víctima u ofendido el carácter de parte en el proceso penal, aunque de la literalidad del apartado B de dicho precepto constitucional no se desprenda expresamente tal carácter.
La ejecutoria a que se alude dio origen a la tesis aislada 1a. LXXXIX/2011,(23) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente:
"VÍCTIMA U OFENDIDO. TIENE CARÁCTER DE PARTE EN EL PROCESO PENAL.-La reforma al artículo 20 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de septiembre de 2000, debe interpretarse atendiendo a la intención de los órganos que participaron en el proceso legislativo, en el sentido de reconocerle a la víctima u ofendido el carácter de parte en el proceso penal, aunque de la literalidad del apartado B de dicho artículo no se desprenda expresamente tal carácter."
Sin que sea obstáculo para concluir en la forma señalada, que en la causa penal de origen se le haya reconocido a la quejosa como coadyuvante del Ministerio Público; sin embargo, no obstante lo anterior, no se ordenó notificar a la víctima la sentencia de dieciséis de julio de dos mil catorce, que negó librar la orden de aprehensión en contra del inculpado.
Lo anterior se destaca, en virtud de que la legitimación del ofendido para interponer el recurso de apelación contra una resolución que niega librar la orden de aprehensión a la indiciada, no debe limitarse a la interpretación literal de dicho precept
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27404-88b3211c/victima-u-ofendido-del-delito-atento-a-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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