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Modo: Corpus Pro

PENSIÓN ALIMENTICIA COMPENSATORIA. NO PUEDE SER MATERIA DE ANÁLISIS EN EL INCIDENTE DE CANCELACIÓN PROMOVIDO EN EL JUICIO DONDE SE DECRETARON ALIMENTOS DEFINITIVOS DERIVADOS DEL VÍNCULO MATRIMONIAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 384/2017 (CUADERNO AUXILIAR 860/2017) DEL ÍNDICE DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO, CON APOYO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CI · Registro digital (IUS): 27815
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2018-05-11
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, Pág. 2641.

AMPARO EN REVISIÓN 384/2017 (CUADERNO AUXILIAR 860/2017) DEL ÍNDICE DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO, CON APOYO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CULIACÁN, SINALOA. 9 DE FEBRERO DE 2018. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE Y PONENTE: PABLO ENRÍQUEZ ROSAS. RELATOR DE LA MAYORÍA: GUSTAVO SAAVEDRA TORRES, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO POR LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 40, FRACCIÓN V, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR EL QUE SE EXPIDE EL SIMILAR QUE REGLAMENTA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROPIO CONSEJO; Y REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE OTROS ACUERDOS GENERALES. SECRETARIO: JORGE ROSILLO FLORES.

CONSIDERANDO:

QUINTO.—Estudio de los conceptos de agravio respecto al sobreseimiento decretado.

El recurrente aduce que el Juez Federal aplicó en forma indebida lo previsto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque el tema de la cesación de los efectos del acto reclamado fue resuelto por el Alto Tribunal del País en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, bajo el rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL."

Señala que si el acto reclamado consistió en la interlocutoria de once de febrero de dos mil dieciséis, dictada por el Juez itinerante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, en apoyo temporal del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, en el incidente de cancelación de pensión alimenticia, en el cual declaró improcedente la citada cancelación que promovió el ahora inconforme en contra de su ex cónyuge, **********, no obstante dice: "a pesar de haber demostrado que el matrimonio por la causal contenida en la fracción XIX del artículo 279 del Código Civil del Estado de Oaxaca"; y mientras no se resuelva sobre la legalidad del acto de autoridad, los efectos de los mismos persistirán y, por ello, –dice– se trata de un acto de tracto sucesivo que se está prolongando en el tiempo, mientras tanto no se resuelva la legalidad.

Son infundados los citados argumentos porque, contrario a lo alegado por el inconforme, el Juez Federal interpretó en forma correcta lo previsto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que la interlocutoria de once de febrero de dos mil dieciséis, que dictó el Juez itinerante en el incidente de cancelación de pensión alimenticia, derivado del juicio de alimentos **********, se sustituyó con la resolución de veintisiete de septiembre del citado año que emitió la Sala responsable, en el toca familiar **********, la que confirmó en sus términos; por lo que la primera cesó en sus efectos.

En efecto, en materia administrativa, la cesación de efectos se da cuando el acto queda destruido en su totalidad, porque la autoridad administrativa, en forma unilateral, lo revocó y la situación jurídica del particular se restablece como si ese acto jamás hubiera existido, porque los efectos que pudo haber provocado en la esfera jurídica del gobernado quedaron destruidos.

En cambio, la destrucción de los efectos en materia jurisdiccional no se da en la misma forma, es decir, para que exista cesación de efectos en materia jurisdiccional civil, no es posible pretender que el acto quede revocado de manera que ya no exista, porque los actos jurisdiccionales se encuentran estrechamente ligados, de manera que cada uno depende del otro y todos juntos son el sustento de la sentencia.

De ese modo, sólo puede obtenerse la revocación o la modificación de un acto jurisdiccional a través de la interposición del recurso procedente, y aun cuando el perjuicio causado al particular siga existiendo debido a que el superior confirme los efectos del auto recurrido, cesan al haber sido sustituido por una nueva resolución, que es la que resolvió el recurso y rige a la determinación.

Cobra aplicación la tesis I.9o.C.28 K, que se comparte, sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1528, Tomo XIX, marzo de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo epígrafe dice:

"CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL. SUS DIFERENCIAS.—En materia administrativa la cesación de efectos se da cuando el acto queda destruido en su totalidad, porque la autoridad administrativa en forma unilateral lo revocó y la situación jurídica del particular se restablece como si ese acto jamás hubiera existido, porque los efectos que pudo haber provocado en la esfera jurídica del gobernado quedaron destruidos. En cambio, la destrucción de los efectos en materia jurisdiccional no se da en la misma forma; es decir, para que exista cesación de efectos en materia jurisdiccional civil, no es posible pretender que el acto quede revocado de manera tal que ya no exista, porque los actos jurisdiccionales se encuentran estrechamente ligados, de manera tal que cada uno depende del otro y todos juntos son el sustento de la sentencia. De ese modo, sólo puede obtenerse la revocación o la modificación de un acto jurisdiccional a través de la interposición del recurso procedente, como por ejemplo el artículo 688 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que dispone que la interposición del recurso de apelación tiene el efecto de que el tribunal de alzada revoque, modifique o confirme el auto recurrido, y aun cuando el perjuicio causado al particular siga existiendo debido a que el superior confirme, los efectos del auto recurrido cesan al haber sido sustituido por una nueva resolución, que es la que resolvió el recurso y rige a la determinación."

Entonces, si en un amparo se impugna la sentencia de primer grado, respecto de la cual se pronunció otra que la sustituye procesalmente (la resolución que recayó al recurso de apelación), debe considerarse que han cesado los efectos de aquélla y, por ende, el juicio de amparo promovido en contra de la resolución de primer grado resulta improcedente.

Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia VII.4o. J/1, que se comparte, del Cuarto Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, visible a foja 115, Tomo VIII, octubre de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyos rubro y texto dicen:

"SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. CASO DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO EN CONTRA DE.—Si en un amparo directo se impugna la sentencia de primer grado, respecto de la cual se pronunció otra que la sustituye procesalmente (la resolución que recayó al recurso de apelación), debe considerarse que han cesado los efectos de aquélla, y, por ende, el juicio de garantías interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia resulta improcedente y debe sobreseerse, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo."

En el caso a estudio, se advierte que la interlocutoria de once de febrero de dos mil dieciséis, que dictó el Juez de primera instancia, en el incidente de cancelación de pensión alimenticia, del que deriva el juicio de alimentos **********, en donde declaró improcedente la cesación de pensión alimenticia que promovió **********, en contra de **********, quedó sustituida por la resolución definitiva de apelación de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, dictada por la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en el toca familiar **********, que confirmó la citada interlocutoria apelada; por lo que cesaron en sus efectos y, por ende, el juicio de amparo es improcedente con fundamento en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo.(25)

Ello es así, porque en la segunda resolución reclamada se calificarán los aspectos que dieron origen al incidente de cancelación de pensión alimenticia, así como el estudio que realizó el Juez de primera instancia, respecto del material probatorio; por ende, es la que rige la situación jurídica del quejoso y la que, en todo caso, podría causarle perjuicio.

Entonces, para efectos del juicio de amparo, ningún fin práctico tendría estudiar la primera resolución dictada por ser susceptible de subsanarse por la autoridad revisora, al emitir la resolución correspondiente en la apelación interpuesta.

Cobra aplicación, la tesis que se comparte, sustentada por el Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 255, Volúmenes 145-150, Sexta Parte, enero a junio de 1981, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyos rubro y texto dicen:

"SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. CASO DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO EN CONTRA DE.—Si en un amparo directo se impugna la sentencia de primer grado, respecto de la cual se pronunció otra que la sustituye procesalmente (la resolución que recayó al recurso de apelación), debe considerarse que han cesado los efectos de aquélla, y, por ende, el juicio de garantías interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia resulta improcedente y debe sobreseerse, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo."

Por esas razones, son infundadas las manifestaciones del inconforme, porque el Juez Federal auxiliar interpretó correctamente lo previsto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo.

En otra parte, aduce el recurrente que el Juez Federal auxiliar no se sujetó a la tramitación y resolución del juicio de amparo, en términos de los artículos 64, párrafo segundo y 65 de la Ley de Amparo, porque en lugar de darle intervención, analizó la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado.

Son infundados los citados argumentos, porque el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo prevé que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga.

Entonces, la vista a la que se refiere el citado numeral debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierta de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiera conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo.

Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 24, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas», cuyos título, subtítulo y texto dicen:

"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: ‘Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga’, se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia."

De ahí que, de la exégesis del párrafo segundo del citado numeral, se advierta que la obligación de dar vista al quejoso con la causal de improcedencia, corresponde únicamente a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de autoridad inferior (Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito).

Por tanto, el Juez Federal no está obligado a cumplir con la referida vista no obstante que el motivo de improcedencia lo advierta de oficio, o bien, lo haga saber cualquiera de las partes.

Ilustra a la anterior determinación, la jurisprudencia VI.1o.T. J/1 (10a.), que se comparte, del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, visible en la página 2421 del Libro 11, octubre de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de octubre de 2014 a las 9:30 horas», cuyos título, subtítulo y texto dicen:

"IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO TIENE OBLIGACIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LAS CAUSALES QUE ADVIERTA DE OFICIO O QUE LE HAGAN SABER LAS PARTES (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De la exégesis del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de ‘autoridad inferior’ (Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito); por tal razón, el Juez Federal no está obligado a cumplir con la referida vista, no obstante que el motivo de improcedencia lo advierta de oficio, o bien, lo haga saber cualquiera de las partes."

Por tanto, si el Juez de Distrito advirtió, de oficio, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque cesaron los efectos del acto reclamado, ya que la interlocutoria de primer grado, en donde se declaró improcedente el incidente de cancelación de pensión, quedó sustituida por la resolución de segundo grado en la que la Sala responsable confirmó la de primera instancia; en este caso, no estaba obligado a dar vista al quejoso con la causal de improcedencia, porque corresponde únicamente a los Tribunales Colegiados de Circuito.

Ilustra a la anterior afirmación, la jurisprudencia P./J. 5/2015 (10a.), sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 8, Libro 17, abril de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas», cuyo epígrafe dice:

"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN. El párrafo citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque así se presentó o propuso en ese momento por alguno de los Magistrados, aprecia la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la decisión adoptada para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la oportunidad de exponer en relación con esa causa de improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad."

SEXTO.—Estudio de los conceptos de agravio respecto de la negativa de la protección constitucional.

El recurrente argumenta que la autoridad responsable realizó una incorrecta interpretación del artículo 300 del Código Civil para el Estado de Oaxaca, ya que el último párrafo prevé que tratándose del divorcio por mutuo consentimiento, el cónyuge que esté imposibilitado para trabajar o careciera de bienes propios, tendrá derecho a recibir alimentos; lo que –dice– es una excepción y no una regla general; y que la fracción XIX del artículo 279 del Código Civil para el Estado de Oaxaca, que declara disuelto el matrimonio, no se ubica en la que se contempla la de divorcio voluntario.

Que el Juez de Distrito transgredió el principio de congruencia, ya que declaró infundados los agravios formulados, no obstante que demostró que se disolvió el matrimonio, al actualizarse la causa de divorcio prevista en la fracción XIX del artículo 279 del Código Civil para el Estado de Oaxaca; con lo que –agrega– la obligación de alimentos se extinguió.

Que en términos de la jurisprudencia 1a./J. 4/2006, bajo el rubro: "ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. NO SUBSISTE LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS EN LOS CASOS DE DIVORCIO FUNDADO EN LA CAUSAL ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 141, FRACCIÓN XVII, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ.", el Alto Tribunal del País resolvió la laguna jurídica, porque determinó que el derecho y la obligación que existe entre los cónyuges de proporcionarse alimentos tienen su fundamento u origen en el matrimonio, que es la relación jurídica que la ley prevé como generadora de aquéllos y que, en algunas ocasiones, subsiste la obligación de pagar alimentos, aun en el caso de divorcio; que los cónyuges, mientras dure el matrimonio, siempre tienen la obligación recíproca de proporcionarse alimentos, y que, cuando el vínculo matrimonial queda disuelto por divorcio, dicha obligación, como regla general, desaparece, subsistiendo de manera excepcional únicamente cuando la ley así lo determina expresamente.

Que si no existe la relación jurídica que la ley considera como generadora de la obligación alimentaria, era inconcuso que tampoco existe el derecho ni la obligación para suministrar alimentos; invocó la jurisprudencia PC.I.C. J/14 C (10a.), bajo el título y subtítulo: "ACCIÓN DE PAGO DE ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. SI DURANTE SU TRAMITACIÓN SE DISUELVE EL MATRIMONIO, NO SERÁ JURÍDICAMENTE POSIBLE CONSIDERARLA FUNDADA."

Que por lo anterior, la interpretación que realizó el Juez Federal del artículo 300 del Código Civil para el Estado de Oaxaca es incorrecta.

Son esencialmente fundados los agravios antes reseñados y, por ende, aptos para modificar la recurrida y conceder el amparo en contra de la resolución de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, dictada por la Sala responsable en el toca familiar **********.

En efecto, le asiste la razón al recurrente cuando afirma que la obligación de dar alimentos derivada de su relación de matrimonio con **********, desapareció al momento en que se declaró disuelto el vínculo matrimonial.

De esta manera, al margen de que la ruptura del vínculo matrimonial pudiera haber originado una nueva y distinta obligación –pensión compensatoria–; lo cierto y definitivo es que tal circunstancia es ajena al incidente de cancelación de pensión alimenticia que dio lugar a la resolución que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional.

En consecuencia, resulta fundado lo alegado por el aquí recurrente en el incidente de cancelación de pensión alimenticia que fuera constituida a favor de su ex cónyuge, habida cuenta que la razón por la cual se otorgaron alimentos a esta última, desapareció con motivo de la disolución del vínculo matrimonial.

Así es, la institución jurídica de los alimentos descansa en las relaciones de familia y surge como consecuencia del estado de necesidad en que se encuentran determinadas personas a las que la ley les reconoce la posibilidad de solicitar lo necesario para su subsistencia.

En este sentido, no se desconoce que el estado de necesidad del acreedor alimentario constituye el origen y fundamento de la obligación de alimentos; sin embargo, quien deberá dar cumplimiento a esa obligación de alimentos, depende de la relación de familia existente entre acreedor y deudor.

Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 41/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título, subtítulo y texto:

"ALIMENTOS. EL ESTADO DE NECESIDAD DEL ACREEDOR DE LOS MISMOS CONSTITUYE EL ORIGEN Y FUNDAMENTO DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS. La institución jurídica de los alimentos descansa en las relaciones de familia y surge como consecuencia del estado de necesidad en que se encuentran determinadas personas a las que la ley les reconoce la posibilidad de solicitar lo necesario para su subsistencia. En consecuencia, podemos concluir que para que nazca la obligación de alimentos es necesario que concurran tres presupuestos: (i) el estado de necesidad del acreedor alimentario; (ii) un determinado vínculo familiar entre acreedor y deudor; y (iii) la capacidad económica del obligado a prestarlos. En este sentido, es claro que el estado de necesidad del acreedor alimentario constituye el origen y fundamento de la obligación de alimentos, entendiendo por éste aquella situación en la que pueda encontrarse una persona que no puede mantenerse por sí misma, pese a que haya empleado una normal diligencia para solventarla y con independencia de las causas que puedan haberla originado. Sin embargo, las cuestiones relativas a quién y en qué cantidad se deberá dar cumplimiento a esta obligación de alimentos, dependerán directamente de la relación de familia existente entre acreedor y deudor; el nivel de necesidad del primero y la capacidad económica de este último, de acuerdo con las circunstancias particulares del caso concreto."(26)

Así, la obligación de dar alimentos surge de la necesidad de un sujeto con el que se tiene un vínculo familiar, por ende, el contenido, regulación y alcances de dicha obligación variará dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto, pero particularmente del tipo de relación familiar en cuestión.

Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 36/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título, subtítulo y texto:

"ALIMENTOS. EL CONTENIDO, REGULACIÓN Y ALCANCES DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS DEPENDERÁ DEL TIPO DE RELACIÓN FAMILIAR DE QUE SE TRATE. Esta Primera Sala ya ha establecido que la obligación de dar alimentos surge de la necesidad de un sujeto con el que se tiene un vínculo familiar; sin embargo, es importante precisar que el contenido, regulación y alcances de dicha obligación variará dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto, pero particularmente del tipo de relación familiar en cuestión. En este sentido, la legislación civil o familiar en nuestro país reconoce una serie de relaciones familiares de las que puede surgir la obligación de dar alimentos, entre las que destacan: las relaciones paterno-filiales, el parentesco, el matrimonio, el concubinato y la pensión compensatoria en casos de divorcio."(27)

En ese orden de ideas, tratándose de los cónyuges en el caso de matrimonio, la legislación establece una obligación de dar alimentos como parte de los deberes de solidaridad y asistencia mutuos. Así, en condiciones normales, la pareja guarda una obligación recíproca de proporcionarse todos los medios y recursos necesarios para cubrir las necesidades de la vida en común y establecer las bases para la consecución de los fines del matrimonio, de forma que la pretensión del cobro de alimentos que tengan ese sustento es de carácter declarativo.

Sin embargo, es importante destacar que si bien esta obligación de alimentos entre cónyuges se mantiene, incluso, en los casos de separación, una vez decretada la disolución del matrimonio, esta obligación termina y, en su caso, da lugar a una pensión compensatoria, la cual goza de una naturaleza distinta a la obligación derivada de las relaciones de matrimonio, pues encuentra su razón de ser en un deber tanto asistencial como resarcitorio derivado del desequilibrio económico que suele presentarse entre los cónyuges al momento de disolverse el vínculo matrimonial.

Al respecto, es aplicable la tesis aislada 1a. CCCLXXXVII/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título, subtítulo y texto:

"PENSIÓN COMPENSATORIA. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLA ES DE NATURALEZA DISTINTA A LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA QUE SURGE DE LAS RELACIONES DE MATRIMONIO, PUES EL PRESUPUESTO BÁSICO PARA SU PROCEDENCIA CONSISTE EN LA EXISTENCIA DE UN DESEQUILIBRIO ECONÓMICO. Esta Primera Sala advierte que en el caso del matrimonio, la legislación civil o familiar en nuestro país establece una obligación de dar alimentos como parte de los deberes de solidaridad y asistencia mutuos. Así, en condiciones normales, la pareja guarda una obligación recíproca de proporcionarse todos los medios y recursos necesarios para cubrir las necesidades de la vida en común y establecer las bases para la consecución de los fines del matrimonio. Sin embargo, una vez decretada la disolución del matrimonio esta obligación termina y podría, en un momento dado, dar lugar a una nueva que responde a presupuestos y fundamentos distintos, la cual doctrinariamente ha recibido el nombre de ‘pensión compensatoria’, aunque en la legislación de nuestro país se le refiera genéricamente como pensión alimenticia. En efecto, se advierte que a diferencia de la obligación de alimentos con motivo de una relación matrimonial o de concubinato, la pensión compensatoria encuentra su razón de ser en un deber tanto asistencial como resarcitorio derivado del desequilibrio económico que suele presentarse entre los cónyuges al momento de disolverse el vínculo matrimonial. En este sentido, esta Primera Sala considera que el presupuesto básico para que surja la obligación de pagar una pensión compensatoria consiste en que, derivado de las circunstancias particulares de cada caso concreto, la disolución del vínculo matrimonial coloque a uno de los cónyuges en una situación de desventaja económica que en última instancia incida en su capacidad para hacerse de los medios suficientes para sufragar sus necesidades y, consecuentemente, le impida el acceso a un nivel de vida adecuado. Por tanto, podemos concluir que la imposición de una pensión compensatoria en estos casos no se constriñe sencillamente a un deber de ayuda mutua, sino que además tiene como objetivo compensar al cónyuge que durante el matrimonio se vio imposibilitado para hacerse de una independencia económica, dotándolo de un ingreso suficiente hasta en tanto esta persona se encuentre en posibilidades de proporcionarse a sí misma los medios necesarios para su subsistencia."(28)

De modo que, en estos casos, la obligación alimenticia compensatoria es de carácter constitutivo.

Bajo este contexto normativo, en el caso concreto, mediante resolución de once de diciembre de dos mil ocho, dictada en el toca **********, del índice de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, el aquí recurrente **********, fue condenado al pago de alimentos a favor de **********, partiendo de la base de que ambas partes se encontraban unidas por un vínculo matrimonial.(29)

Por otro lado, quedó disuelto el vínculo matrimonial entre el deudor alimentista ********** y la acreedora alimentista **********, mediante sentencia definitiva de dieciséis de enero de dos mil trece, dictada en el juicio de divorcio necesario **********, del índice del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, quien estimó que se actualizó la causal de divorcio prevista en la fracción XIX del artículo 279 de la legislación civil de la entidad, relativa a: "La separación de los cónyuges por más de dos años independientemente del motivo que haya originado la separación."(30)

Atento a lo anterior, el aquí recurrente promovió incidente de cancelación de pensión alimentici

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27815-be7cd101/pension-alimenticia-compensatoria-no-puede-ser-materia-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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