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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE SER DESESTIMADA. II. HACIENDA MUNICIPAL. LA DEROGACIÓN DE LA NORMA QUE PREVÉ EL DERECHO POR SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO 1768, DE OCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISIETE). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA QUE DECLARA LA INVALIDEZ DE UNA NORMA DEROGATORIA (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO 1768, DE OCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISIETE). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO 1768, DE OCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISIETE). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE RECAE SOBRE DISPOSICIONES GENERALES DE VIGENCIA ANUAL Y VINCULA A UN CONGRESO LOCAL PARA QUE NO INCURRA EN EL MISMO VICIO DE CONSTITUCIONALIDAD EL PRÓXIMO AÑO FISCAL (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO 1768, DE OCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISIETE).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 134/2017. · Registro digital (IUS): 27936
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2018-07-06
Promovente: MUNICIPIO DE CUERNAVACA, ESTADO DE MORELOS.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 56, Julio de 2018, Tomo I, Pág. 77.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 134/2017. MUNICIPIO DE CUERNAVACA, ESTADO DE MORELOS. 4 DE DICIEMBRE DE 2017. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: ROBERTO NIEMBRO ORTEGA.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al cuatro de diciembre de dos mil diecisiete.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación de la demanda, autoridades demandadas y acto impugnado. Por escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Denisse Arizmendi Villegas, quien se ostentó como síndica municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, todos del Estado de Morelos. Impugnó la aprobación, promulgación y publicación del Decreto Número 1768, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el ocho de marzo de dos mil diecisiete, por el que se reforma el artículo 14 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, para el ejercicio fiscal 2017.

SEGUNDO.—Antecedentes expuestos en la demanda. El actor señaló diversos antecedentes del decreto impugnado, los cuales consisten en lo siguiente:

1. Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal 2017, presentada por el referido Municipio ante el Congreso Local el día veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis. El actor destaca que en el artículo 14 de tal iniciativa se contemplaron los derechos por los servicios públicos municipales de recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos.

2. Aprobación el veintiocho de noviembre, y publicación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal 2017. El actor señala que en el artículo 14 de la referida ley se incluyeron los derechos por los servicios públicos municipales de recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos.

3. Aprobación del Decreto 1768 en la sesión ordinaria del Congreso Local, celebrada el primero de marzo de dos mil diecisiete, decreto que fue publicado el ocho del mismo mes y año. El actor precisa que en el artículo 14 de dicho decreto se eliminaron los derechos por los servicios públicos municipales de limpia, recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos.

TERCERO.—Conceptos de invalidez. El Municipio actor impugnó el Decreto Número 1768, publicado el ocho de marzo de dos mil diecisiete, al estimar que transgrede el inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En su primer concepto de invalidez aduce que en términos del inciso c) de la fracción III del artículo 115 de la Constitución General, el servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos está a cargo del Municipio actor, así como el cobro por la prestación de dicho servicio. Considera que el hecho de que el Congreso del Estado de Morelos haya eliminado la posibilidad de recaudar ingresos por tal servicio transgrede la hacienda pública del Municipio de Cuernavaca, al privarlo de recaudar ingresos. Además, menciona que el Congreso Local no cumplió con la debida fundamentación y motivación al emitir el decreto impugnado.

Además, estimó violado el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales previsto en la fracción IV del artículo 115 constitucional, pues, con el decreto impugnado, el Municipio actor se ve privado para acceder a esa fuente de recursos para solventar los servicios públicos municipales de limpia, traslado y disposición final de residuos sólidos.

Asimismo, consideró transgredido el principio de libre administración hacendaria, pues se eliminó la posibilidad de que el Municipio actor cobre los derechos por los servicios de limpia, traslado y disposición final de residuos sólidos, lo cual le resta autonomía y autosuficiencia económica. Lo anterior se acentúa con el artículo cuarto transitorio del decreto impugnado, que ordena al Municipio la devolución de las cantidades que los contribuyentes hayan pagado por concepto de servicios públicos de limpia, recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos. Estima que se afecta el acceso a la integridad de los recursos que le corresponden al Municipio.

En su segundo concepto de invalidez argumenta que el decreto impugnado viola el artículo 16 constitucional en tanto que el Congreso Local no señaló fundamentos jurídicos para sostener su determinación, ni tampoco expresó razonamientos lógico-jurídicos que motivaran su resolución. Además, cuestiona los pronunciamientos hechos en el procedimiento legislativo del decreto impugnado, en los que se aborda una sentencia del Tribunal Supremo de España.

Por otra parte, hace referencia a los artículos 114 Bis, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Morelos y 123, fracción III, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos en los que se reconoce el servicio de limpia, recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos a cargo del Municipio. Concluye diciendo que el Congreso del Estado de Morelos no está facultado para eliminar tributos que los Municipios tienen derecho a cobrar, según la Constitución General.

Finalmente, señaló que el Congreso del Estado ha implementado una campaña de difusión para que los contribuyentes del Municipio de Cuernavaca soliciten la devolución de las cantidades pagadas por la prestación del referido servicio, ya que es el único Municipio de la entidad federativa que se le ha privado de dicho cobro. Hace referencia al precedente controversia constitucional 1/2015, en la que se estudió una problemática relacionada al presente asunto, y se declaró la invalidez de diversos preceptos de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca para el ejercicio fiscal 2015.

CUARTO.—Artículos constitucionales que el actor aduce violados. El actor estima violados los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO.—Radicación y turno. Por acuerdo de veinte de abril de dos mil diecisiete, el Ministro presidente Luis María Aguilar Morales, se formó y registró el asunto con el número de expediente 134/2017 y se turnó al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como instructor del procedimiento.

SEXTO.—Acuerdo de admisión. Por acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete el Ministro instructor admitió a trámite la demanda y se tuvieron como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos. Asimismo, se le requirió al Congreso del Estado los documentos respectivos del procedimiento legislativo que dio origen al decreto impugnado, así como un ejemplar del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" Número 5346 al que hace referencia el artículo cuarto transitorio del Decreto 1768. Además se le requirió al Poder Ejecutivo que remitiera un ejemplar de la publicación del Decreto 1768. Por último, se le dio vista a la Procuraduría General de la República para que realizara manifestaciones.

SÉPTIMO.—Certificación. El veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, la secretaria de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad certificó que el plazo de treinta días hábiles señalado en el párrafo anterior, transcurrió del martes dieciséis de mayo al lunes veintisiete de junio de dos mil diecisiete.

OCTAVO.—Recurso de reclamación. Por escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el Poder Legislativo del Estado de Morelos interpuso recurso de reclamación en contra del acuerdo admisorio de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecisiete. Dicho recurso fue admitido y registrado bajo el número de expediente 69/2017-CA, el cual fue resuelto como infundado por unanimidad de cuatro votos en la sesión de la Primera Sala de once de noviembre de dos mil diecisiete.

NOVENO.—Contestación de demanda por parte del Poder Ejecutivo. Por escrito presentado el veintiséis de junio de dos mil diecisiete, José Anuar González Cianci Pérez, ostentándose como consejero jurídico y representante legal del Poder Ejecutivo de Morelos, dio contestación a la demanda. En primer lugar, hizo valer las causales de improcedencia que a continuación se exponen.

En primer lugar señaló que el Municipio actor carece de interés legítimo, ya que no cuenta con la titularidad del derecho que pretende hacer valer, es así en virtud de que el Poder Ejecutivo no ha realizado acto alguno que invada o afecte su órbita competencial.

Asimismo, consideró que se actualizaba la causa de improcedencia por falta de legitimación pasiva del Poder Ejecutivo al no haber realizado acto alguno que constituya una invasión o afectación a la esfera competencial del Municipio actor.

Adicionalmente, argumentó que el actor no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, sino que su pretensión de invalidez resulta ser inoperante e inatendible, ya que no logra construir y proponer la causa de pedir, y no menciona el fundamento, razones o argumentos de su reclamación.

Por otra parte, menciona que el Poder Ejecutivo Local llevó a cabo la promulgación y publicación del decreto impugnado, actos para los cuales está facultado conforme al artículo 70, fracciones XVI y XVII, incisos a) y c), 74 y 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 10, 11, fracción II y 21, fracción XXXIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, así como los artículos 1, 10 y 11, fracción XXVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno; por lo que al no haber sido impugnados tales actos por vicios propios, no existe violación constitucional alguna.

Posteriormente, luego de haberse pronunciado sobre los hechos narrados en la demanda, el Poder Ejecutivo adujo que el decreto impugnado deviene de la iniciativa de reforma presentada por un diputado del Congreso Local con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la Constitución Local, y 18, fracción IV, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. De igual forma se pronuncia sobre las atribuciones de los Poderes Ejecutivos y Legislativos en materia de leyes de ingresos, al respecto cita los artículos 115, fracción IV, cuarto párrafo, de la Constitución General y 115, tercer párrafo, de la Constitución Local, en relación con el principio de libertad configurativa.

Por otra parte, menciona que el Congreso Local justificó la norma impugnada con el argumento de que el derecho prevista en el artículo 14 de la Ley de Ingresos en cuestión afecta la economía de las familias de los cuernavacenses, por lo que debe existir un equilibrio entre los ingresos y los gastos, de ahí que con la derogación de dicho concepto tributario se pretendió un beneficio social.

Más adelante reitera su pronunciamiento sobre la facultad del Congreso para expedir decretos, y cita los artículos 32, primer párrafo, 40, fracción II y 115, cuarto párrafo, de la Constitución Local.

Finalmente, señala que el precedente controversia constitucional 1/2015 deriva de la modificación que realizó el Congreso del Estado a la iniciativa presentada por el Municipio de Cuernavaca, Morelos.

DÉCIMO.—Contestación de la demanda por parte del Poder Legislativo del Estado de Morelos. Por escrito depositado en la Oficina de Correos de la localidad el cuatro de agosto de dos mil diecisiete, y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, el Poder Legislativo dio contestación a la demanda, argumentando lo que a continuación se reseña:

En primer lugar, planteó como causa de improcedencia la falta de interés legítimo del Municipio actor, pues el Congreso Local actuó dentro de sus facultades constitucionales al expedir el decreto impugnado, el cual no invade la esfera competencial del Municipio ni vulnera su autonomía municipal prevista en el artículo 115, fracción IV de la Constitución General.

Posteriormente, adujo que con fundamento en el artículo 32 de la Constitución Local, el Congreso Local está facultado para realizar modificaciones a las iniciativas que presenten los Municipios de sus leyes de ingresos. Que conforme al artículo 115, fracción IV, de la Constitución General, el proceso legislativo por el cual se aprueban las leyes de ingresos debe desenvolverse como un diálogo y un ejercicio alternativo de facultades tanto del Estado como del Municipio.

En ese sentido, refirió que en la sesión del Congreso Local celebrada el catorce de febrero de dos mil diecisiete se dio cuenta de la iniciativa de reforma al artículo 14 de la Ley de Ingresos en cuestión, misma que fue presentada por el diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo. Menciona que dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.

En virtud de lo anterior, considera que el decreto impugnado no violó los artículos 16 y 73, de la Constitución General, y 32 de la Constitución Local, pues el Congreso lo expidió en ejercicio de sus facultades, además de que lo fundamentó y motivó en diversos preceptos legales y reglamentarios, así como en un hecho de impacto social.

El Poder Legislativo diferencia las facultades de administrar ingresos, y de establecer en la ley de ingresos conceptos que habrán de proveer los recursos. Mencionó que en el decreto impugnado se dijo que aumentar la carga tributaria afecta la productividad y el consumo, por lo que al final los ingresos del sector productivo se ven disminuidos, y, más impuestos sobre una base gravable menor, no implica incrementar ingresos.

Por otra parte, cita el artículo 40, fracción II, de la Constitución Local que faculta al Congreso para expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y Administración Interior del Estado. Con ello argumenta que reformó el artículo 14 la Ley de Ingresos impugnado, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el referido artículo, con lo que, además, se satisfizo el principio de fundamentación y motivación.

DÉCIMO PRIMERO.—Audiencia y cierre de la instrucción. Agotado el trámite respectivo, el doce de septiembre de dos mil dieciséis, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la ley reglamentaria de la materia, y se acordó que con fundamento en los artículos 31 y 32, párrafo primero, del mismo ordenamiento, se admitían las pruebas ofrecidas, se hizo constar que no se formularon alegatos, y se cerró la instrucción.

DÉCIMO SEGUNDO.—Escrito del Poder Legislativo. Mediante escrito depositado el cinco de octubre de dos mil diecisiete, el Poder Legislativo manifestó que la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca para el ejercicio fiscal 2017, se expidió en el Periódico Oficial Número 5461, de treinta de diciembre de dos mil dieciséis, del cual remitió copias certificadas.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, emitido el trece de mayo de dos mil trece, por tratarse de una controversia constitucional entre un Municipio y el Estado de Morelos, en la que se combaten normas de carácter general.

SEGUNDO.—Fijación de los actos impugnados y determinación de su existencia. En términos del artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos,(1) se procede a la fijación de los actos objeto de la controversia y a la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados.

El Municipio actor únicamente impugnó el Decreto Número 1768, por el cual se reforma el artículo 14 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, para el ejercicio fiscal 2017, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el ocho de marzo de dos mil diecisiete.

TERCERO.—Oportunidad. El artículo 21, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia(2) señala que, tratándose de normas generales, el plazo para la promoción de la demanda será de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.

En el caso, se impugna el Decreto Número 1768, el cual fue publicado el ocho de marzo de dos mil diecisiete, por lo que el plazo de treinta días para promover la controversia constitucional transcurrió del jueves nueve de marzo al lunes veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, debiéndose descontar los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinte, veinticinco y veintiséis de marzo, así como el primero, dos, ocho, nueve, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de abril de dos mil diecisiete, por corresponder a sábados, domingos y días inhábiles. De ahí que, al haberse presentado el diecinueve de abril de dos mil diecisiete,(3) la demanda resulta oportuna.

CUARTO.—Legitimación activa. Conforme al artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución General,(4) los Municipios tienen legitimación para promover controversia constitucional en contra de un Estado con motivo de actos o disposiciones generales. De acuerdo con el artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia,(5) el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo.

Por su parte, de acuerdo con el artículo 45, fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos,(6) el síndico ostenta la representación jurídica del Municipio actor. En el caso que nos ocupa, la demanda que dio origen al presente asunto fue presentada por Denisse Arizmendi Villegas, quien se ostentó como síndico municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca. Cabe precisar que, para acreditar su carácter de síndica municipal, la actora ofreció copia certificada de la constancia de Mayoría de la Elección de Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca, expedida por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana el veintiuno de junio de dos mil quince.

De la referida documental, se advierte que Denisse Arizmendi Villegas obtuvo mayoría de votos en la elección ordinaria de siete de junio de dos mil quince, por lo que se le acredita como síndica propietaria del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

Consecuentemente, el Municipio actor tiene legitimación procesal activa, y comparece por conducto de la persona legalmente facultada para representarle.

QUINTO.—Legitimación pasiva. En la presente controversia constitucional se tuvieron como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, quienes tienen legitimación pasiva de acuerdo con el artículo 10 de la ley reglamentaria en la materia,(7) pues se trata de las autoridades que emitieron y promulgaron el decreto impugnado.

El Poder Ejecutivo compareció por conducto de José Anuar González Cianci Pérez, quien se ostentó como consejero jurídico y representante legal del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. En términos del artículo 38, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos,(8) y el Acuerdo por el que se delega y autoriza a la persona titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal para ejercer las facultades y atribuciones, que requieran del previo acuerdo del gobernador Libre y Soberano de Morelos tiene facultades para representar al gobernador del Estado en la presente controversia constitucional.(9) Por otra parte, dicho funcionario acreditó su carácter mediante el nombramiento de fecha diecisiete de abril de dos mil diecisiete, expedido por el gobernador del Estado de Morelos.(10)

Por su parte, el Poder Legislativo del Estado de Morelos también tiene legitimación pasiva, pues se le tuvo como autoridad demandada en la presente controversia constitucional conforme al artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución general.

El Poder Legislativo Local compareció por conducto de Beatriz Vicera Alatriste, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, quien, en términos del artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,(11) tiene facultades para representar al Congreso en cualquier asunto en que sea parte y acreditó dicha personalidad mediante copia certificada del acta de la sesión ordinaria de doce de octubre de dos mil dieciséis, en la cual se le declara presidenta de la mesa directiva para el segundo año de ejercicio constitucional desde el día doce de octubre de dos mil dieciséis, y hasta el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete.(12)

En consecuencia, las autoridades demandadas cuentan con legitimación pasiva en el presente asunto.

SEXTO.—Causas de improcedencia. Por tratarse de un estudio preferente, se procede a analizar las causas de improcedencia hechas valer por las partes y, en su caso, aquellas que se adviertan de oficio.

En primer lugar, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, ambos del Estado de Morelos, estiman que debe sobreseerse en el presente asunto al considerar que el Municipio actor carece de legitimación activa e interés legítimo, ya que no cuenta con la titularidad del derecho que pretende hacer valer, pues ambos poderes no han realizado acto alguno que invada o afecte su órbita competencial. Adicionalmente, el Poder Ejecutivo consideró que se actualizaba la causa de improcedencia por falta de legitimación pasiva del Poder Ejecutivo, al no haber realizado acto alguno que constituya una invasión o afectación a la esfera competencial del Municipio actor.

Este Tribunal Pleno desestima las causales de improcedencia referidas, en virtud de que involucra un estudio de fondo de la problemática planteada en el presente asunto, es decir, determinar si el decreto impugnado constituye una invasión en la esfera competencial del Municipio actor. Al respecto, resulta aplicable la tesis número P./J. 92/99, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE."(13)

Por otra parte, el Poder Ejecutivo, argumentó que el actor no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, sino que su pretensión de invalidez resulta ser inoperante e inatendible, ya que no logra construir y proponer la causa de pedir, y no menciona el fundamento, razones o argumentos de su reclamación.

Se desestima dicho argumento, pues de la lectura de la demanda se advierte que el Municipio esgrime argumentos en contra de la eliminación del cobro de derechos por la prestación del servicio público de limpia, recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos, a cargo del Municipio, previsto en el Decreto 1768, por el que se reforma el artículo 14 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca para el ejercicio fiscal 2017. Al respecto, se advierten diversos argumentos formulados por parte del Municipio actor, con los que cuestiona la constitucionalidad de la norma impugnada. De ahí que también se desestime la referida causal de improcedencia, pues contrario a lo aducido por el Poder Ejecutivo, el actor sí expone una causa de pedir, y menciona tanto los fundamentos como los argumentos de su reclamación.

Finalmente, el Poder Ejecutivo local reconoce que llevó a cabo la promulgación y publicación del decreto impugnado, actos para los cuales está facultado conforme a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos y el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno; sin embargo, argumenta que, al no haberse impugnado por vicios propios, no existe violación constitucional alguna.

De igual forma, se desestima dicho argumento, toda vez que no constituye una causa de improcedencia en términos del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resulta aplicable por analogía la jurisprudencia de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES."(14)

SÉPTIMO.—Estudio de fondo. El Municipio actor impugna el Decreto 1768 por el cual se reformó el artículo 14 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca Morelos para el ejercicio fiscal 2017, mediante el cual se derogó el inciso 4.3.4.5 que preveía el monto de 0.01515 de un día de salario mínimo general vigente, calculado al año, por el servicio de limpia, recolección, traslado y disposición final de residuos en el Municipio.(15) El Municipio argumenta que, con la reforma, se viola el artículo 115, base IV, de la Constitución General,(16) que prevé que la hacienda municipal se conforma por los ingresos derivados de la prestación de servicios a su cargo, la libre administración hacendaria y la integridad de los recursos económicos, siendo que el artículo 115, base III, inciso c), atribuye a los Municipios el servicio de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. De hecho, es facultad del Ayuntamiento presentar la iniciativa de Ley de Ingresos que debe ser aprobada por el Congreso.(17)

Es fundado el argumento del Municipio actor, pues la derogación del derecho por el servicio de limpia, recolección, traslado y disposición final de residuos en el Municipio, viola el artículo 115, fracción IV, de la Constitución que prevé la libre administración hacendaria y el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, conforme al cual los Municipios tienen garantizadas ciertas fuentes de ingresos para atender el cumplimiento de sus necesidades y responsabilidades públicas,(18) prohibiéndose específicamente a la Federación y a las entidades federativas establecer exenciones o subsidios respecto de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, y respecto de las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles, así como sobre los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo, con la única excepción establecida para los bienes de dominio público de la Federación, de las entidades federativas o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. Esto es, la prohibición constitucional es de carácter absoluto, de suerte tal que ninguna ley federal o estatal podrá contemplar previsiones que se traduzcan en la falta de percepción de los derechos que corresponden a los Municipios, por los servicios que proporcionen, sin resultar contraria al numeral 115, fracción IV, de la Constitución.(19) Por esta razón, la derogación del derecho por el servicio de limpia, recolección, traslado y disposición final de residuos en el Municipio es inconstitucional.

OCTAVO.—Efectos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45, en relación con el 73, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación está facultada para determinar la fecha en la que producirán sus efectos las sentencias que dicte en este medio de control constitucional.

En consecuencia, se establece que la declaratoria de invalidez del Decreto 1768, surtirá efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos del presente fallo al Congreso del Estado de Morelos.(20)

Finalmente, tomando en cuenta que la declaratoria de invalidez recae sobre disposiciones generales de vigencia anual, en lo futuro el Poder Legislativo del Estado de Morelos deberá abstenerse de derogar el derecho por el servicio de limpia, recolección, traslado y disposición final de residuos.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.—Es procedente y fundada la presente controversia constitucional.

SEGUNDO.—Se declara la invalidez del Decreto Número 1768, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Morelos el ocho de marzo de dos mil diecisiete; la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Morelos, conforme a los efectos vinculatorios hacia el futuro a ese órgano legislativo, precisados en el último considerando de este fallo.

TERCERO.—Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Morelos y en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta.

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes, y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

En relación con el punto resolutivo primero:

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y presidente Aguilar Morales, respecto de los considerandos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto relativos, respectivamente, a la competencia, a la fijación de los actos impugnados y determinación de su existencia, a la oportunidad, a la legitimación activa y a la legitimación pasiva. El Ministro Pardo Rebolledo estuvo ausente durante esta votación.

Se aprobó por unanimidad de once votos de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27936-dddc51ea/i-controversia-constitucional-si-se-hace-valer-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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