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Modo: Corpus Pro

CONCESIÓN O ASIGNACIÓN DE AGUAS NACIONALES. LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE EN SU CASO, SE CONCEDA, SON PARA QUE SE VERIFIQUE LA EXISTENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN, SE INSCRIBA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE DERECHOS DE AGUA Y SE NOTIFIQUE AL INTERESADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2018. · Registro digital (IUS): 27986
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2018-08-17
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo II, Pág. 1428.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 12 DE JUNIO DE 2018. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARÍA DEL CARMEN CORDERO MARTÍNEZ, ROGELIO ALBERTO MONTOYA RODRÍGUEZ, JOSÉ RAYMUNDO CORNEJO OLVERA, JUAN CARLOS ZAMORA TEJEDA Y REFUGIO NOEL MONTOYA MORENO. DISIDENTES: MARÍA TERESA ZAMBRANO CALERO Y JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ RUIZ. PONENTE: ROGELIO ALBERTO MONTOYA RODRÍGUEZ. SECRETARIA: MARTHA CECILIA ZÚÑIGA ROSAS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia.

6. Competencia. Este Pleno de Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los Acuerdos Generales 8/2015 y 52/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero y quince de diciembre, ambos de dos mil quince; por tratarse de una posible discrepancia entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de este Circuito, y corresponde, exclusivamente a este órgano, dilucidarla y determinar, en su caso, cuál será el que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

SEGUNDO.—Legitimación.

7. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por una de las partes en los asuntos que la motivaron.

TERCERO.—Criterios contendientes.

8. Para determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se impone analizar las consideraciones y argumentos en que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes basaron sus resoluciones.

A. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito.

9. En sesión de trece de septiembre de dos mil dieciséis, el indicado Tribunal Colegiado de Circuito resolvió el amparo en revisión administrativo 218/2016, en el sentido de modificar la sentencia recurrida, concediendo el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para que: "El director local de la Comisión Nacional del Agua en Chihuahua, con residencia en esta ciudad, ordenara a quien competa notificar en forma personal al quejoso la constancia de inscripción de la nueva concesión de aguas subterráneas a su favor, a la que le fue asignado el número de expediente **********, autorizada electrónicamente el siete de enero de dos mil quince; inscripción que deberá realizar el director del Registro Público de Derechos de Agua del Organismo de Cuenca Río Bravo, dependiente de la Comisión Nacional del Agua, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con sede en Monterrey, Nuevo León, para dar por concluido el trámite administrativo."

10. Las consideraciones esenciales en que se apoyó el sentido del fallo, fueron las siguientes:

11. Resolvió los agravios fundados y suficientes para modificar la sentencia recurrida, únicamente por lo que se refiere a los efectos de la concesión del amparo.

12. Se razonó que para determinar si los efectos del amparo precisados por el Juez de Distrito en la sentencia reclamada eran o no correctos, debía analizarse, en primer lugar, las consideraciones que lo llevaron a concluir acerca de la inconstitucionalidad del precepto reclamado, para después confrontarlas con los alcances que señaló en relación con el amparo otorgado.

13. Asimismo, que como se advirtió de la sentencia de dos de febrero del año en curso, el Juez sostuvo que de la lectura integral de la demanda de amparo se advertía que el quejoso reclamó la omisión en que han incurrido las autoridades responsables en dar cumplimiento a la resolución administrativa con número de expediente **********, así como el no haber realizado la inscripción de la concesión que se autorizó en su favor.

14. Luego, se precisó que las autoridades responsables fueron omisas en rendir el informe justificado que se les solicitó, pese a obrar en autos los acuses de recibo de los oficios por medio de los cuales se les solicitó, por lo que, en términos del párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo, presumió ciertos los actos que se les atribuyeron.

15. En el considerando séptimo calificó como fundados y suficientes para conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal, los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, destacando que el acto reclamado consiste en la omisión, por parte de las autoridades responsables, en dar cumplimiento a la resolución emitida en el expediente administrativo **********; así como la omisión de la inscripción de la concesión que se autorizó en su favor, lo que se corroboró con las constancias que anexó el agraviado a su ocurso de garantías.

16. El Tribunal Colegiado de Circuito señaló que la parte agraviada adujo que se trastocan en su perjuicio las garantías individuales consagradas en los artículos 16, 17 y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al entorpecer el cumplimiento de la resolución emitida en el expediente **********, por no inscribir ante el Registro Público de Derechos de Agua, la concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas que se le concedió; refiriendo que lo anterior, se hizo del conocimiento de tal autoridad, de manera electrónica, además de que el agraviado lo hizo del conocimiento de las responsables mediante escrito presentado el veinticuatro de abril de dos mil quince, lo que se acreditó con uno de los anexos que exhibió, del que se advirtió el sello de recepción por parte de la Comisión Nacional del Agua Dirección Local Chihuahua; sin que se le haya notificado nada al respecto, vulnerando su derecho a tener por cumplida la resolución administrativa en comento.

17. Asimismo, se determinó que la conducta omisa de las autoridades, traducida en no dar cumplimiento a dicho precepto legal, era violatoria del derecho de petición en perjuicio del quejoso, pues la finalidad del derecho mismo es para que los servidores públicos –autoridades responsables– dieran contestación en breve término a la petición o solicitud que se les hace de manera pacífica y respetuosa, ya sea en sentido negativo o positivo a lo pretendido, y sin que lo hayan realizado, violando en perjuicio de la parte quejosa el numeral referido con antelación.

18. En ese contexto, se precisó que fue concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de su competencia, dieran respuesta al escrito de veinticuatro de abril de dos mil quince, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el término a que se refiere el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dieran respuesta al escrito en comento, y que le notificaran a éste; toda vez que el fallo que concede la protección constitucional tendrá el efecto, tratándose de actos de carácter negativo, como ocurrió en la especie, de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija.

19. Sin embargo, el juzgador debió resolver que se llevara a cabo la inscripción de la concesión otorgada, dado que las autoridades responsables estaban fuera del plazo y lo privaron de un derecho, ya que la nueva concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas fue aprobada por la autoridad del agua, por lo que procedía su inscripción; que dentro del escrito de demanda de amparo se señalaron las fechas, los plazos y los términos con el objetivo de que el Juzgado de Distrito advirtiera la inactividad procesal de las autoridades demandadas; sin embargo, sólo concedió el amparo para el efecto de que le contestaran el escrito presentado el veinticuatro de abril de dos mil quince, no para que culminaran el trámite conforme a los preceptos legales aplicables, que era la pretensión del recurrente.

20. Al respecto, en el recurso de revisión se resolvió que le asistía la razón al recurrente, toda vez que debido al principio de oficiosidad, previsto en el artículo 30, fracción X, párrafo tercero, de la Ley de Aguas Nacionales (sic), en el procedimiento iniciado por la solicitud del quejoso, las autoridades deben proceder a gestionar e inscribir de oficio sus etapas conducentes del mismo y cada una debe acreditar haberlo realizado, pues la ley no exige más actividad al gestionante. Además, la culminación del trámite se consigue con el otorgamiento de la constancia de registro al momento de resolver favorablemente la petición, como en la especie aconteció.

21. La trascendencia de dicha constancia se advirtió de lo dispuesto por el artículo 31 de la ley en cita (principio de facilidad probatoria), en el sentido de que: "Las constancias de la inscripción de los títulos en el Registro Público de Derechos de Agua constituyen medios de prueba de su existencia, titularidad y del estado que guardan. La inscripción será condición para que la transmisión de los títulos surta sus efectos legales ante terceros, ‘la autoridad del agua’ y cualquier otra autoridad."

22. De la demanda de amparo y de las pruebas aportadas por el promovente del amparo, se advirtió que el derecho de petición que reclamó, lo constituyó la solicitud de una "nueva concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas", ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del director local de la Comisión Nacional del Agua en Chihuahua, quien autorizó electrónicamente la nueva concesión a favor del peticionario de garantías **********, en el expediente **********, que le fue asignado el siete de enero de dos mil quince, a través del oficio número BOO.E.22.1/S.U..–0768, indicándole que continuaba en la etapa de inscripción ante el Registro Público de Derechos de Agua, siendo entonces que podría surtir efectos ante terceros; sin que se advirtiera de los autos (juicio de amparo 1599/2015), alguna constancia de notificación al solicitante **********, de que se realizó la inscripción y se expidió la constancia respectiva, que en tales casos se notifica.

23. En esta tesitura, se dijo, que si la petición origina un trámite, en donde intervienen varias autoridades y, en alguna de sus fases, una de ellas no cumple con las obligaciones que le competen en la etapa correspondiente, debe considerarse que todas las intervinientes son responsables de dicha irregularidad (omisión de contestar el derecho de petición), atento al principio de unidad del expediente administrativo.

24. Además, en atención al mencionado principio de oficialidad, previsto también en el artículo 18 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en el procedimiento iniciado por la solicitud del quejoso, las autoridades deben proceder de oficio a realizar las actuaciones y concluir las etapas de aquél, pues la ley no exige más actividad al gestionante.

25. Consecuentemente, se estimó que la petición del quejoso se resolvió, pues el director local de la Comisión Nacional del Agua en Chihuahua, realizó la autorización electrónica de la nueva concesión de aguas subterráneas, e informó al solicitante que el trámite continuaba en etapa de inscripción ante el Registro Público de Derechos de Agua, y culmina hasta la notificación de la constancia correspondiente, lo que compete al citado director local de la Comisión Nacional del Agua en Chihuahua, misma que acorde al derecho fundamental establecido en el artículo 8o. constitucional, debe hacer en breve término, una vez que reciba la constancia de inscripción correspondiente.

26. Se citaron como apoyo a la conclusión alcanzada, las siguientes tesis de jurisprudencia:

27. "PETICIÓN. MODALIDADES DE LOS ACTOS RECLAMADOS EN EL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVE POR VIOLACIÓN A ESE DERECHO.—El derecho de petición previsto en el artículo 8o. constitucional, como premisa normativa se traduce en que a toda solicitud de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, debe recaer una respuesta por escrito y en forma congruente, haciéndola del conocimiento de aquéllos en breve plazo, pero sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. De dicha premisa pueden advertirse distintos elementos o variables de los actos reclamados en un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, dependiendo de la actuación omisiva o positiva que asuma la autoridad ante quien se presente una solicitud en los términos señalados en el precepto antes referido. Las variables fundamentales a que se alude son enunciativamente las siguientes: 1. Si el quejoso reclama que la autoridad responsable no ha dado respuesta a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, el acto reclamado será de naturaleza omisiva, y la acción de amparo tendrá inicialmente como finalidad obligar a la responsable para que en breve término emita una respuesta congruente a lo que le fue solicitado, y la notifique legalmente al quejoso. En este supuesto, en el juicio de amparo pueden derivar al menos otras dos situaciones complementarias: 1.1. Que exista una solicitud presentada ante la responsable con la oportunidad debida y en la forma que prevé el artículo 8o. constitucional, sin que ésta haya sido respondida por dicha autoridad, situación en que el acto reclamado es en sí mismo inconstitucional y amerita la concesión del amparo al momento de la celebración de la audiencia constitucional. 1.2. Que se demuestre la existencia de la mencionada solicitud, en los términos ya descritos, pero que durante la tramitación del juicio de amparo la autoridad responsable exhiba la respuesta a dicha petición y su notificación, en cuyo caso, inclusive cuando la responsable aduzca que tales actuaciones son anteriores a la presentación de la demanda inicial, éstas podrán ser combatidas por el quejoso mediante la ampliación a la demanda de garantías, o con la promoción de un nuevo juicio de amparo. 2. Si el quejoso reclama que la respuesta emitida y notificada por la autoridad responsable a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, es incongruente a lo realmente solicitado, el acto reclamado será de naturaleza positiva, siendo la materia de litis en el juicio de garantías el contenido propio del acto de autoridad, en cuyo caso el juzgador de amparo deberá analizar y calificar la congruencia de la respuesta frente a lo solicitado por el quejoso, y en el supuesto de concluir que no se respondió lo realmente pedido, el amparo deberá concederse para el fin de que se responda congruentemente y se notifique la nueva contestación. 3. Si el quejoso reclama que la respuesta emitida por la autoridad responsable a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, no le ha sido notificada, el acto reclamado será de naturaleza omisiva, y la acción de amparo buscará obligar a la responsable para que notifique al quejoso la respuesta emitida a su solicitud, y que éste desconoce. En este último caso, dada la naturaleza omisiva del acto reclamado, pueden presentarse también en el juicio de amparo dos diversas situaciones complementarias: 3.1. Que aun cuando se demuestre la existencia de la respuesta, ésta no se haya notificado al quejoso, en cuyo caso la concesión del amparo tendrá como finalidad notificar tal contestación al impetrante. 3.2. Que durante la tramitación del juicio de amparo la autoridad responsable exhiba la respuesta a la solicitud y su notificación, supuesto en el que éstas podrán ser combatidas por el quejoso mediante la ampliación a la demanda de garantías, o con la promoción de un nuevo juicio de amparo. En consecuencia, el derecho de petición reviste características diversas que por su naturaleza práctica y casuista deberán ponderarse por el juzgador de amparo en cada caso concreto en que se promueva un juicio de garantías por violación al artículo 8o. constitucional, pues será atendiendo a ellas que surjan en aquél diversas cargas y oportunidades procesales para las partes, que influirán en el trámite y resolución del juicio, en congruencia con los principios contenidos en el artículo 17 constitucional y con la finalidad de garantizar una debida capacidad de defensa del quejoso." (consultable con el número de registro digital: 165204, en la versión electrónica del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época. Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, febrero de 2010, materia común, VI.1o.A. J/49, página 2689)

28. "PETICIÓN. PARA RESOLVER EN FORMA CONGRUENTE SOBRE LO SOLICITADO POR UN GOBERNADO LA AUTORIDAD RESPECTIVA DEBE CONSIDERAR, EN PRINCIPIO, SI TIENE COMPETENCIA.—Conforme a la interpretación jurisprudencial del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a toda petición de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, éste deberá responderla por escrito y en forma congruente, haciéndolo del conocimiento de aquéllos en breve plazo, sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. Ahora bien, en virtud de que las autoridades únicamente pueden resolver respecto de las cuestiones que sean de su competencia, en términos que fundada y motivadamente lo estimen conducente, la autoridad ante la que se haya instado deberá considerar, en principio, si dentro del cúmulo de facultades que le confiere el orden jurídico se encuentra la de resolver lo planteado y, de no ser así, para cumplir con el derecho de petición mediante una resolución congruente, deberá dictar y notificar un acuerdo donde precise que carece de competencia para pronunciarse sobre lo pedido." (localizable con el número de registro digital: 173716, en la versión electrónica del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, diciembre de 2006, materias constitucional y administrativa, 2a./J. 183/2006, página 207)

29. "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS.—El denominado ‘derecho de petición’, acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa." (consultable con el número de registro digital: 162603, en la versión digital del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época. Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, marzo de 2011, materia constitucional, XXI.1o.P.A. J/27, página 2167)

30. En tales condiciones, como se particularizó con anterioridad, los efectos de la concesión del amparo, acorde a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, fueron los siguientes: "El director local de la Comisión Nacional del Agua en Chihuahua, con residencia en esta ciudad, deberá ordenar a quien competa notificar en forma personal al quejoso la constancia de inscripción de la nueva concesión de aguas subterráneas a su favor, a la que le fue asignado el número de expediente **********, autorizada electrónicamente el siete de enero de dos mil quince; inscripción que deberá realizar el director del Registro Público de Derechos de Agua del Organismo de Cuenca Río Bravo, dependiente de la Comisión Nacional del Agua, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con sede en Monterrey, Nuevo León, para dar por concluido el trámite administrativo. Con lo cual se tendrá por cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo."

31. Lo anterior se estimó acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque satisface las exigencias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o., en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de petición, siempre que éste se formule por escrito, de manera pacífica, respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general.

32. Asimismo, se ponderó que la Ley de Amparo en vigor, en aras de una justicia pronta y completa, tratándose de este derecho, pretende evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, la insatisfacción total del derecho, lo incongruente, falso, equívoco o carente de fundamentos y motivos de ésta, o su incorrección en cuanto al fondo, para lo cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos humanos, a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para hacer posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio.

33. Por tanto, se analizó que el efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examina la transgresión al artículo 8o. constitucional, no puede quedar en la simple exigencia de respuesta parcial, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada, pues de otro modo existirá retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado.

B. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito.

34. En sesión de veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, el citado órgano colegiado resolvió el recurso de revisión administrativo 282/2017, confirmando la sentencia recurrida, en la que se concedió el amparo solicitado para el efecto de que la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua en Chihuahua, turnara la petición y/o resolución respectiva a la autoridad competente sobre la nueva concesión de aguas subterráneas, autorizada el siete de enero de dos mil quince, en el expediente **********.

35. Las consideraciones en que se apoyó el citado órgano colegiado, fueron las siguientes:

36. Estimó infundados los agravios planteados, toda vez que de las disposiciones aplicables se advertía que ninguna de ellas exime a la autoridad registral de llevar a cabo el análisis correspondiente, a fin de determinar la procedencia de la inscripción de los actos que por disposición legal debe realizarse de oficio, pues al respecto era de precisarse que el principio de oficialidad previsto en el último párrafo del artículo 30 de la Ley de Aguas Nacionales y artículo 7 de las Reglas de Organización y Operación del Registro Público de Derechos de Agua, respecto a la inscripción de los actos que efectúe "la autoridad del agua", no conlleva a obligar al Registro Público de Derechos de Agua a que realice la inscripción de dicho acto indiscriminadamente, pues lo que ello implica es que en el procedimiento iniciado por la solicitud del particular, una vez concedida la nueva concesión, las autoridades deben gestionar, y en su caso inscribirla, lo que se traduce en que en la etapa de inscripción no existe necesidad de actividad de parte interesada, esto es, el actuar de la autoridad administrativa no es a instancia de parte.

37. Se agregó que, por otra parte, las razones que expone el recurrente con el propósito de justificar el argumento en el que aduce que es incorrecto que se le permita a la autoridad decidir sobre la procedencia de la inscripción de la concesión que le fue otorgada resultan infundadas, ya que no puede estimarse que se encuentre impedida para ello, por no ser parte de sus atribuciones.

38. Esto, porque aun cuando para el otorgamiento de una concesión de aguas subterráneas la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua, debe analizar el cumplimiento de las exigencias que en términos de los artículos 21 y 22 de la Ley de Aguas Nacionales, tienen que ser observadas para que la petición del gobernado le resulte favorable, lo cierto es que dicho otorgamiento no obliga a la autoridad registral a realizar su inscripción, puesto que por disposición de los artículos 15 y 17, fracciones ll y III, de las Reglas de Organización y Operación del Registro Público de Derechos de Agua, el registrador debe examinar la factibilidad de la inscripción, pues tiene a su cargo el análisis de la procedencia de los documentos registrables; realizar el estudio de los documentos que le sean turnados para determinar la procedencia de su inscripción, según resulte de su forma y contenido, en función de los asientos registrales preexistentes y de los ordenamientos legales aplicables y revisar que se hayan cubierto los derechos que correspondan por los servicios que presta el Registro, pues los referidos preceptos establecen:

39. "Artículo 15. El registrador tendrá a su cargo el análisis de la procedencia de los documentos registrables."

40. "Artículo 17. El registro tendrá las siguientes atribuciones: ... II. Realizar el estudio de los documentos que le sean turnados para determinar la procedencia de su inscripción, según resulte de su forma y contenido, en función de los asientos registrales preexistentes y de los ordenamientos legales aplicables; III. Revisar que se hayan cubierto los derechos que correspondan por los servicios que presta el Registro."

41. Consecuentemente, aun cuando el director local de la Comisión Nacional del Agua en Chihuahua, realizó la autorización electrónica de la nueva concesión de aguas subterráneas y le informó al solicitante que el trámite continuaba en etapa de inscripción ante el Registro Público de Derechos de Agua, ello no implicó que este último no pueda hacer uso de las atribuciones referidas y emitir la determinación correspondiente, lo que deberá hacer en cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo, actuando desde luego tanto esta autoridad, como la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua, dentro de los plazos legales que las legislaciones aplicables establezcan; de ahí que no existe la incertidumbre que refiere el recurrente ni la paralización del procedimiento de inscripción que alega.

42. Además de impedir a la autoridad que lleve a cabo la revisión correspondiente para determinar la factibilidad de la inscripción de la concesión y, en su caso, la expedición del título de la misma implicaría limitarle el cumplimiento de las obligaciones y el ejercicio de las facultades que legalmente le corresponden y, en consecuencia, constituir en favor del quejoso, un derecho que no tenía al momento de presentar su demanda de amparo, pues lo cierto es que el control constitucional desplegado por el juzgador de amparo fue realizado con base en la pretensión que planteó en su demanda, esto es, ante la omisión de la responsable de actuar con prontitud, eficacia y expeditez, tal como lo exige el artículo 17 de la Constitución Federal, cuyo derecho fundamental que regula debe entenderse como una especie del derecho de petición que se actualiza cuando ésta se dirige a las autoridades de manera pacífica y respetuosa, motivando a que se pronuncien por escrito y en forma congruente con la solicitud planteada, haciéndolo del conocimiento del gobernado, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del referido derecho no constriñe a la autoridad ante quien se formuló la solicitud, a que provea favorable a lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso.

43. Por último, se resolvió que, contrario a lo alegado por el recurrente, no es verdad que en la sentencia recurrida se haya transgredido el artículo 189 de la Ley de Amparo, mismo que en dicha ley se encuentra en la sección correspondiente a la sustanciación del juicio de amparo directo, pero en razón del diseño normativo que regula (mayor beneficio jurídico), pudiera ser aplicable al resolver el juicio de amparo indirecto y en el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia pronunciada por un Juez de Distrito; sin embargo, en la demanda de amparo no existen conceptos de violación cuyo estudio deba privilegiarse para provocar un mayor beneficio para el quejoso al alcanzado en la sentencia recurrida, aten

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27986-9e61a360/concesion-o-asignacion-de-aguas-nacionales-los-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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