IMPEDIMENTOS DE LOS JUZGADORES DE AMPARO. LAS CAUSAS QUE LOS ACTUALIZAN PUEDEN HACERSE VALER AUN DESPUÉS DE DICTADO EL AUTO QUE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 35/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y SÉPTIMO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 27 DE JUNIO DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIO: ETIENNE MAXIMILIEN LUQUET FARÍAS.
CONSIDERANDO:
8. PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del citado año, toda vez que se no es (sic) estima necesaria la intervención del Tribunal Pleno en atención al punto jurídico a resolver.
9. En ese sentido, resulta aplicable la tesis aislada del Pleno de este Alto Tribunal, con datos de identificación,(1) rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011).—De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo Circuito, y si bien en el texto constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes Circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso Circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo Circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes Circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo Circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un Circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente Circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente Circuito."
10. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 227, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al ser uno de los órganos que emitió uno de los criterios en contradicción.
11. TERCERO.—Posturas de los Tribunales Colegiados de Circuito. Ahora, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, ya que constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál postura debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia.
12. Para que exista contradicción de tesis, se requiere que los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos materia de la denuncia, hayan:
a) Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,
b) Llegado a conclusiones encontradas respecto a la resolución de la controversia planteada.
13. Entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo a su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que lo rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.
14. En ese sentido se ha pronunciado el Tribunal Pleno en la jurisprudencia que a continuación se cita:(2)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
15. Conviene insertar las consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito ahora contendientes, dentro de las ejecutorias que dieron origen a la presente contradicción de tesis.
16. Impedimento 22/2017, del índice del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, en el que se determinó lo siguiente:
17. Antecedentes procesales. Por escrito presentado ante la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, Prestomatic, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, entidad no regulada, por conducto de Carlos Daniel Hermosillo Reséndiz, promovió demanda de amparo indirecto contra actos del Congreso del Estado de Jalisco y otras autoridades, dentro de las que se encuentra señalado el Encargado de la Hacienda Municipal (Tesorería) del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, por razón del turno, le correspondió conocer al Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco quien lo registró bajo el número 2978/2016.
18. Realizados los trámites de ley, el veintiséis de enero del dos mil diecisiete, se dictó sentencia definitiva en la que, por una parte, sobreseyó y, por otra, concedió el amparo a efecto de cuantificar la obligación del pago del impuesto predial con una tasa bimestral al millar más benéfica y en la hipótesis de que resulte cantidad favorable, deberá efectuarse su devolución al contribuyente. Posteriormente, por auto de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió a la autoridad responsable para realizar su cumplimiento; mediante diversos requerimientos, finalmente, el veintisiete de marzo último, se declaró cumplida.
19. Mediante acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, se hizo del conocimiento a las partes que, a partir de dicha fecha, la licenciada Hortencia María Emilia Molina de la Puente, funge como titular del órgano jurisdiccional, para los efectos legales consiguientes.(3)
20. Posteriormente, la Juez Primero de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco presentó un oficio ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Administrativa y de Trabajo del Tercer Circuito, con sede en Zapopan, Jalisco, en el que manifestó estar impedida para conocer de la denuncia de repetición del acto reclamado derivada del juicio de amparo indirecto 2978/2016, por encontrarse en el supuesto previsto en el artículo 51, fracción VII, de la Ley de Amparo.(4)
21. Por razón del turno, correspondió conocer del asunto al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quien lo admitió bajo el número 22/2017, y en sesión de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, dictó sentencia definitiva en el sentido de calificar de legal el impedimento propuesto por la Juez Primero de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan.
22. Argumentación de la sentencia. El Tribunal Colegiado determinó que el ejercicio de la función jurisdiccional se ve limitado, inicialmente, por la competencia propia del órgano y por lo que a la persona del juzgador se refiere, circunscribiéndose objetivamente, a los requisitos legales colmados para ser designados Ministros, Magistrados o Jueces y subjetivamente, por la delimitación de diversas relaciones personales que conllevan a presumir parcialidad si se tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones a las cuales se encuentra vinculado por diversos factores.
23. Sobre tales puntos, el Tribunal Colegiado estimó que del artículo 17 constitucional se deriva un principio mínimo de "presunción de imparcialidad" que obliga a los juzgadores a emitir sus determinaciones en forma ecuánime respecto de las partes y a conocer del asunto en "pro" de la administración de justicia de forma pronta y expedita; en la que tales situaciones sólo pueden verse mermadas de manera excepcional, ante la actualización de las causas de impedimento previstas en el artículo 51 de la Ley de Amparo.
24. En ese contexto, sostuvo que es legal el impedimento planteado por la Juez de Distrito Hortencia María Emilia Molina de la Puente, dado que en efecto se actualiza la hipótesis de impedimento a que alude la fracción VII del artículo 51 de la Ley de Amparo, ya que la manifestación de la juzgadora es idónea y suficiente para acreditar elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad en la medida en que considera que existe un vínculo de aprecio o afecto con José Luis Tostado Bastidas, mismo que en su carácter de síndico municipal del Ayuntamiento de Zapopan, representa a una de las autoridades responsables del juicio de amparo indirecto 2978/2016, al ser su compadre.
25. Las circunstancias narradas por la juzgadora comprenden un aspecto subjetivo en el ámbito de sus sentimientos, los que, en todo caso, se encuentran afectados por una razón que le impide resolver con objetividad e imparcialidad el asunto que se trata, sustentando lo anterior por la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "IMPEDIMENTO POR CAUSA DE AMISTAD ESTRECHA. PARA CALIFICARLO DE LEGAL ES SUFICIENTE LA MANIFESTACIÓN QUE EN ESE SENTIDO HACE EL FUNCIONARIO JUDICIAL RESPECTIVO."
26. El Tribunal Colegiado no desatendió que en el juicio de amparo de origen ya se había dictado el fallo definitivo por otro funcionario judicial, estimó que lo cierto es que las causales de impedimento no se limitan a la resolución del asunto, sino que expresamente señala que aplican para el conocimiento del juicio, lo que es extensivo a todas las etapas del sumario constitucional.
27. Pensar que ello aplica únicamente para el dictado de la sentencia definitiva, estima que sería soslayar el hecho de que después de concluido el sumario constitucional, el Juez de amparo tiene que velar por el fallo protector y pueden presentarse diversas clases de incidencias, como lo es, en el caso concreto que se está denunciando, una repetición del acto reclamado y que amerita el dictado de una resolución, para lo cual, no debe actualizarse alguna de las causales previstas en el numeral 51 de la Ley de Amparo.
28. Por su parte, los antecedentes del impedimento civil 8/2014, resuelto por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, corresponden de manera general a los siguientes:
29. Antecedentes procesales. Ramón González Reguera promovió demanda de amparo directo contra la sentencia definitiva de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal dictada dentro de los autos del toca de apelación 2291/2008, derivado del juicio ordinario mercantil 58/2008, tramitado ante el Juzgado Quincuagésimo Primero Civil del Distrito Federal.
30. Por razón del turno, correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien lo admitió bajo el número de expediente DC-722/2008 y, en sesión de veintiséis de marzo de dos mil nueve, resolvió conceder el amparo y protección al quejoso por violación al principio de congruencia, para efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente el fallo recurrido y emitiera otro en donde estudiara todos los agravios formulados por el apelante, tomando en cuenta las pruebas que tenían relación con la litis.
31. En cumplimiento a dicha ejecutoria, la Sala responsable emitió una nueva resolución el veintiuno de abril de dos mil nueve, en la que determinó modificar la sentencia recurrida de primera instancia para decretar que la parte actora había acreditado parcialmente su acción y la demandada parcialmente sus excepciones y defensas. Con dicho cumplimiento, por auto del veintitrés de abril de dos mil nueve, el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito dio vista al quejoso para que manifestara lo que a su derecho correspondiera.
32. Por escrito de veinticuatro de abril de dos mil nueve, el quejoso expresó su inconformidad con la sentencia que en cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictó la autoridad responsable, por lo que solicitaba que los autos del juicio de garantías fueran remitidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resolviera lo conducente. A este escrito, le recayó el auto de veintiocho de abril de dos mil nueve, en donde se le indicó que no era procedente remitir el asunto al Máximo Tribunal del País, en virtud de que para ello era necesario que existiera pronunciamiento del Pleno del Tribunal Colegiado respecto a si la ejecutoria de amparo se encontraba o no cumplida.
33. Por acuerdo del siete de mayo de dos mil nueve, el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió declarar cumplida la ejecutoria de amparo. Contra tal acuerdo, el quejoso interpuso recurso de reclamación que, por auto del trece de mayo de dos mil nueve, fue desechado.
34. Posteriormente, mediante escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil nueve, el quejoso interpuso recurso de inconformidad en contra de la resolución del siete de mayo de dos mil nueve, a través de la cual, se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin embargo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó, por acuerdo de tres de junio de dos mil nueve, este medio de impugnación, el cual fue recurrido por medio de recurso de reclamación que, a su vez, fue declarado infundado por la Primera Sala de la Suprema Corte.
35. Pese a lo anterior, el quejoso continuó promoviendo en el juicio de amparo de referencia diversos escritos en donde solicitaba que se hiciera cumplir de inmediato la ejecutoria de amparo dictada, requiriendo a la autoridad responsable para que la cumpliera en sus términos. A tales escritos le recayeron diversos acuerdos en los que se le indicó que ya se había declarado cumplida la ejecutoria de amparo, además de que las cuestiones que señalaba respecto al pago de las cantidades que solicitaba, eran propias de la ejecución de la sentencia dictada en el juicio natural y no del cumplimiento de amparo.
36. Por escrito presentado el veintitrés de septiembre de dos mil catorce ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil de Primer Circuito, los Magistrados Neófito López Ramos y Víctor Francisco Mota Cienfuegos, adscritos al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, plantearon impedimento para seguir conociendo de las promociones planteadas por Ramón González Reguera, quejoso en el juicio de amparo directo 722/2008, así como para conocer del diverso amparo directo 527/2014, promovido por el mismo quejoso, sustentando su solicitud en la causal de impedimento prevista en la fracción VII del artículo 51 de la Ley de Amparo.
37. Por razón del turno, le correspondió conocer del asunto al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien lo admitió a trámite y lo registró bajo el número de expediente 8/2014. Por oficio 4665, la Presidencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito solicitó al tribunal del conocimiento que se avocara únicamente al impedimento planteado respecto al juicio de amparo directo 722/2008, dado que había un diverso impedimento respecto del amparo 527/2014.
38. En sesión de seis de noviembre de dos mil catorce, el Tribunal Colegiado del conocimiento dictó sentencia definitiva, en el sentido de calificar de infundado el impedimento formulado por los Magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
39. De dicha determinación, los argumentos relevantes para la presente contradicción son los siguientes:
40. Argumentación de la sentencia. El ejercicio de la función jurisdiccional se ve limitado inicialmente por la competencia propia del órgano y por lo que a la persona del juzgador se refiere. Esta segunda forma se circunscribe a su vez objetivamente, por los requisitos legales que deben colmarse para ser designados: Ministros, Magistrados o Jueces; y, subjetivamente, por la delimitación de diversas relaciones personales que conllevan a presumir parcialidad si se tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones, las cuales se encuentra vinculado por diversos factores, entre los que se encuentra la enemistad manifiesta que prevé la disposición normativa invocada por los Magistrados Neófito López Ramos y Víctor Francisco Mota Cienfuegos.
41. Sobre esa causa de impedimento, específicamente, enemistad manifiesta por el juzgador con alguna de las partes o sus abogados o representantes, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió la jurisprudencia, de rubro: "IMPEDIMENTO POR CAUSA DE ENEMISTAD MANIFIESTA. PARA CALIFICARLO DE LEGAL BASTA LA MANIFESTACIÓN DEL JUZGADOR EN EL SENTIDO DE UBICARSE EN TAL SUPUESTO, CON INDEPENDENCIA DE QUE EXISTA UNA DENUNCIA PENAL O QUERELLA EN SU CONTRA POR UNA DE LAS PARTES, SU ABOGADO O REPRESENTANTE EN EL JUICIO DE AMPARO."
42. Por lo que para calificar de legal el impedimento, basta con que así lo manifieste el servidor público. Sobre esa base, el Tribunal Colegiado advierte que, mediante escrito presentado el veintitrés de septiembre de dos mil catorce, los Magistrados Neófito López Ramos y Víctor Francisco Mota Cienfuegos, adscritos al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, manifestaron tener una profunda animadversión en contra de Ramón González Reguera, quejoso en el juicio de amparo directo 722/2008.
43. El Tribunal Colegiado señaló que, por lo que respecta al Magistrado Víctor Francisco Mota Cienfuegos, ya no podía realizarse pronunciamiento alguno, dado que en el diverso impedimento 7/2008, ya había sido declarado impedido para conocer del juicio de amparo; de ahí que el órgano jurisdiccional ya no podía resolver nada al respecto.
44. Por lo que respecta al diverso Magistrado Neófito López Ramos, el Tribunal Colegiado estimó que su solicitud de impedimento era infundada de acuerdo a que, aun cuando no escapa de la consideración del tribunal del conocimiento que los impedimentos son todas aquellas situaciones personales de los juzgadores de amparo que la ley contempla como causas suficientes para que se abstengan de administrar justicia en un caso determinado, por considerar que en un supuesto concreto puede verse afectada su imparcialidad. El impedimento conlleva una incompetencia subjetiva del sumario constitucional a quien afecta para conocer y resolver de un asunto en particular, y su separación es una garantía de la imparcialidad indispensable para que la sociedad y las partes tengan confianza en sus Jueces.
45. Por otra parte, el artículo 17 constitucional consagra el derecho fundamental de acceso a la justicia, el cual se traduce en la posibilidad real y efectiva que tienen a su favor los gobernados de acudir ante los tribunales a dilucidar sus pretensiones, y el correlativo deber jurídico de éstos de tramitarlas y resolverlas en los términos fijados por las leyes relativas.
46. Asimismo, el precepto invocado hace referencia a cuatro principios que deberán observar los órganos respectivos al momento de resolver las controversias planteadas, a saber: 1) justicia pronta; 2) justicia completa; 3) justicia imparcial; y, 4) justicia gratuita.
47. Específicamente, y por lo que aquí nos interesa, la justicia imparcial significa que el juzgador emita una resolución no sólo apegada a derecho, sino, primordialmente, que no dé lugar a considerar que existió una inclinación o emulación respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido.
48. Desde esa perspectiva jurídica, el Tribunal Colegiado estima que las leyes establecen diversos medios y mecanismos a los que los gobernados pueden acudir en aras de garantizar que sea imparcial el fallo que dirima la contienda, pero, igualmente, esa legislación permite que los titulares encargados de impartir justicia puedan hacer patente su posible parcialidad en el fallo que dicten, lo que los inhibe de su conocimiento con el fin de cumplir con el citado artículo 17 constitucional.
49. No obstante en lo anterior, estima que, tomando en cuenta que el derecho a la justicia imparcial constituye una condición esencial de la función jurisdiccional, por la cual se busca garantizar que las resoluciones obedezcan solamente a criterios jurídicos y no a la inclinación subjetiva del juzgador de favorecer a alguna de las partes por cualquier razón, a cuya observancia obedece la previsión de causas de impedimento; pero en el caso, tal función jurisdiccional concluyó al haberse dictado la sentencia definitiva que puso fin a la controversia suscitada, dado que con tal acto se agotó la jurisdicción del juzgador en el asunto en concreto; entonces, en la especie, se concluye que es infundado el impedimento planteado por el Magistrado Neófito López Ramos.
50. Lo anterior lo justifica, al desprender de los antecedentes que el juicio de amparo 722/2008, ya se encuentra totalmente concluido, dado que, en sesión de veintiséis de marzo de dos mil nueve, el propio Tribunal Colegiado resolvió el juicio de amparo, en donde se determinó conceder el amparo y protección al quejoso; mientras que por acuerdo de siete de mayo de dos mil nueve, el Pleno del citado tribunal declaro cumplida la ejecutoria de amparo descrita, resolución que quedó firme al desecharse el recurso de inconformidad interpuesto en su contra, mediante auto dictado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el tres de junio de dos mil nueve, determinación que, de igual forma, quedó firme al declararse infundado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el recurso de reclamación interpuso en su contra, mediante resolución del doce de agosto de dos mil nueve.
51. Por tanto, y toda vez que la función jurisdiccional de los Magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito para tramitar y resolver el juicio de amparo 722/2008 de su índice ya se agotó, al quedar totalmente concluido el asunto de referencia; no resulta procedente calificar como fundado el impedimento que promueve el Magistrado Neófito López Ramos, dado que el tribunal considera que su imparcialidad ya no se ve comprometida, en virtud, precisamente, de que el asunto ya se encuentra totalmente resuelto.
52. CUARTO.—Materia de la contradicción. De acuerdo con lo expuesto, el tema de la presente contradicción de tesis consiste en determinar si se puede hacer valer un impedimento después de que se tiene por cumplida la sentencia en un juicio de amparo.
53. QUINTO.—Existencia de la contradicción de tesis. De los antecedentes y consideraciones descritos en párrafos precedentes, esta Segunda Sala estima que sí existe la contradicción de tesis denunciada entre el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el impedimento civil 8/2014, y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el impedimento 22/2017, puesto que:
54. A. Ambos tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas ante su jurisdicción, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo y desarrollaron argumentos para desentrañar aspectos relacionados con la aplicación del artículo 51 de la Ley de Amparo, en cuanto a la actualización de una causa de impedimento para que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, debieran excusarse de conocer un asunto si tuvieran amistad estrecha o enemistad mani
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27999-93583988/impedimentos-de-los-juzgadores-de-amparo-las-causas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- PETICIÓN. CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO SE ALEGUE VIOLACIÓN A ESE DERECHO, EL JUZGADOR NO ESTÁ OBLIGADO A SEGUIR EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE L (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓ (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- QUEJA. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO DEL JUEZ DE DISTRITO QUE MANDO REMITIR A LA CORTE EL EXPEDIENTE EN REVISION, Y POR NO HABER DECLARADO EJECUTORIADA LA SENTENCIA RESPECTO DE LA (s/clave)
- AMPARO. PROCEDE CONTRA LA SENTENCIA DE REENVIO, POR SURGIR HASTA SU PRONUNCIAMIENTO LA FACULTAD DE LA QUEJOSA PARA ADUCIR VIOLACIONES PROCESALES. (s/clave)
- ORDEN DE APREHENSION, IMPROCEDENCIA DEL JUICIO CONTRA LA, QUE FUE MATERIA DE OTRO AMPARO PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y EL PROPIO ACTO RECLAMADO. (s/clave)
- CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE ACORDAR DIVERSAS P (XV.3o.5 P)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis