VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA.
VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 204/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y TERCERO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 9 DE FEBRERO DE 2017. UNANIMIDAD DE DIEZ VOTOS DE LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS, ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. AUSENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: LUIS MAURICIO RANGEL ARGÜELLES.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al nueve de febrero de dos mil diecisiete.
SENTENCIA:
En la que se resuelve la denuncia de contradicción de tesis 204/2016, suscitada entre el Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo directo 237/2015 y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 288/2014.
I. Antecedentes
1. Mediante escrito recibido el tres de junio de dos mil dieciséis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, **********, en su calidad de administrador único parte tercero interesada **********, en el amparo directo 237/2015, del índice del Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, denunció la posible contradicción de criterios entre los sustentados por el aludido órgano colegiado y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 288/2014.(1)
2. Por auto de nueve de junio de dos mil dieciséis,(2) el presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente relativo a la contradicción de tesis denunciada y requirió a la presidencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, para que remitiera la versión digitalizada del original o, en su caso, la copia certificada de la ejecutoria relativa al amparo en revisión 288/2014, que dio origen a la tesis aislada I.3o.C.87 K (10a), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 21, Tomo III, agosto de dos mil quince, página 2645.
3. Asimismo, solicitó a los Tribunales Colegiados contendientes que informaran si el criterio sustentado en los asuntos con los que se denunció la contradicción de tesis se encontraba vigente; o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado, remitiendo, al respecto, la ejecutoria en que se sustentara el nuevo criterio.
4. En el mismo proveído se ordenó turnar los autos a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, para su estudio, y enviarlos a la Primera Sala, en la que se encuentra adscrita, a fin de que su presidente proveyera lo conducente.
5. En acuerdo de veintiocho de junio de dos mil dieciséis,(3) el presidente de la Primera Sala determinó se avocara al conocimiento del asunto. Y el envío de los autos a la Ministra Ponente en mención, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
6. Asimismo, se tuvo al Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, informando que el criterio sustentado por dicho órgano jurisdiccional, referido al tema en posible contradicción, no había sido superado ni abandonado, y que este criterio se veía reflejado en la aclaración de la sentencia emitida en el amparo directo 237/2015.
7. De igual forma, en proveído de siete de julio de dos mil dieciséis,(4) se tuvo al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer, haciendo del conocimiento de este Alto Tribunal, que el criterio sustentado por dicho órgano colegiado se encontraba vigente, siendo este criterio el sustentado en el amparo en revisión 288/2014.
8. En ese mismo auto, el presidente de esta Primera Sala consideró debidamente integrado el expediente de la contradicción de tesis, y ordenó el envío de los autos a la ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, para la elaboración del proyecto respectivo.
9. Por acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis,(5) y en cumplimiento a lo acordado por los Ministros integrantes de la Primera Sala en sesión del veintiocho del mismo mes y año, el presidente de la Sala ordenó la remisión del asunto al Tribunal Pleno.
10. Finalmente, por auto de seis de octubre de dos mil dieciséis,(6) el Ministro p residente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la devolución de los autos a la ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, a fin de que formulara el proyecto de resolución respectivo.
II. Competencia
11. Este Tribunal Pleno es competente para resolver la presente contradicción de tesis, según los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y, 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Número 5/2013 emitido por el Pleno de este Alto Tribunal,(7) pues los Tribunales Colegiados contendientes pertenecen a diferentes Circuitos.(8)
III. Legitimación
12. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por el artículo 227, fracción II, en relación con el 226, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, pues la denuncia fue formulada por una de las partes en los asuntos que participan en la presente contradicción, es decir, la parte tercero interesada en el amparo directo 237/2015, del índice del Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito.
IV. Existencia de la contradicción
13. Es existente la contradicción de tesis, por los motivos siguientes:
14. La existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas.
15. Lo que es congruente con la finalidad establecida, tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo, para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas, que es el de unificar criterios, sin que deban buscarse diferencias de detalle que impidan su resolución.(9)
16. En la especie, los criterios contendientes derivan de las ejecutorias dictadas en los asuntos siguientes:
• Amparo directo 237/2015,(10) del Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito.
• Amparo en revisión 288/2014,(11) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
17. Criterio del Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo directo 237/2015, en específico, al resolver en sesión de veintiocho de abril de dos mil dieciséis la aclaración de la sentencia emitida en el aludido juicio de amparo.(12)
Antecedentes
18. Mediante escrito presentado el veintisiete de noviembre de dos mil catorce **********, por derecho propio, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la sentencia de tres de octubre de dos mil ocho, emitida por la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, en el toca penal **********.(13)
19. Por auto de catorce de mayo de dos mil quince, previo requerimiento, el Presidente del Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al que correspondió conocer de la demanda de amparo directo, la admitió y registró bajo el expediente 237/2015.
20. Mediante escrito presentado el veintiuno de mayo de dos mil quince, las tercero interesadas ********** y **********, promovieron demanda de amparo adhesivo, la cual fue admitida por auto de veintidós siguiente.
21. Por escrito recibido el veintisiete de mayo de dos mil quince, las tercero interesadas en comento promovieron incidente de falsedad de firma, relativo al escrito de demanda de amparo directo, el cual fue admitido el veintiocho de mayo de dos mil quince.
22. En sesión de diez de marzo de dos mil dieciséis, se resolvió el juicio de amparo directo, en el sentido de sobreseerlo por haber resultado fundado el aludido incidente de falsedad de firma y, por ende, sin materia el amparo adhesivo promovido por las tercero interesadas.
23. Asimismo, mediante escrito presentado el seis de abril de dos mil dieciséis, las tercero interesadas solicitaron aclaración de la sentencia de amparo.
24. En sesión de veintiocho de abril de dos mil dieciséis, se resolvió la aclaración de sentencia en el sentido de declararla improcedente.
25. El citado Tribunal Colegiado apoyó su decisión en la circunstancia de que la solicitud de la tercero interesada de que se diera vista a la Procuraduría General de la República, por la presunta comisión del delito de falsedad de documentos ante la autoridad judicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 261, fracción II, de la Ley de Amparo, no constituía materia para la aclaración de sentencia.
26. Agregando que la Procuraduría General de la República no era ajena a las constancias que integraban el juicio, toda vez que, de conformidad con el artículo 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo, ésta se encontraba representada en autos por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, el cual, por disposición de la ley, figuraba como parte y, por ende, tenía conocimiento de las constancias que integraban los autos del juicio de amparo.
27. En la parte conducente, la sentencia dice lo siguiente:
"... las sentencias emitidas por el Tribunal Colegiado, sólo pueden aclararse con el único fin de corregir los posibles errores que se adviertan en el documento que contiene el acto jurídico decisorio, sin alterar las consideraciones esenciales de la misma.
"Por lo tanto, debe destacarse que, dada la finalidad de dicha institución procesal, la solicitud de referencia no puede constituirse en un recurso, ni una instancia que otorgue a las partes la potestad para acudir a modificar la resolución; ya que, como se dijo, su razón de ser obedece a la necesidad de corregir y suplir los errores u omisiones en la sentencia ejecutoriada a fin de que no se vea impedido su debido cumplimiento.
"Ahora bien, toda vez que, el motivo de la presente solicitud, los terceros interesados lo hacen consistir en que se dé vista a la Procuraduría General de la República, con el delito de falsedad de documentos ante autoridad judicial, de conformidad con el artículo 261, fracción II de la Ley de Amparo, se concluye que dicha cuestión no constituye materia de aclaración.
"Lo anterior, dado que no tiene por objeto el corregir alguna irregularidad, precisar algún punto ambiguo o la aclaración de algún tópico oscuro, dado que su pretensión es que se modifique la ejecutoria en el presente juicio constitucional, con la finalidad de que se ordene dar vista a la Procuraduría General de la República, con las constancias de autos, en los términos que precisa.
"Es por ello, que no es dable atender a su solicitud; máxime, que la Procuraduría General de la República, no es ajena a las constancias que integran este juicio, toda vez que, de conformidad con el artículo 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo, ésta se encuentra representada en autos por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, el cual, por disposición de ley, figura como parte, y por ende, tiene conocimiento de las constancias que integran los presentes autos.
"Luego, resulta claro que lo solicitado por las morales terceras interesadas no es materia de aclaración de sentencia, por lo que, dicha petición, deberá declararse improcedente. ..."
28. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión R.C. 288/2014.(14)
Antecedentes
29. A **********, se le condenó en segunda instancia en el juicio de controversia del arrendamiento inmobiliario, seguido ante el Juez Quincuagésimo Tercero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, bajo el expediente ********** a, entre otras prestaciones, la entrega del bien que arrendaba y al pago de las rentas adeudadas.
30. El veintiocho de agosto de dos mil trece, ********** promovió demanda de amparo indirecto en contra de todo lo actuado, alegando falta de emplazamiento a dicho juicio.
31. De la demanda de amparo conoció la Juez Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, quien la admitió a trámite y registró bajo el expediente 731/2013; agotado el procedimiento, dictó la sentencia correspondiente el diecinueve de septiembre de dos mil catorce, en la que determinó sobreseer en el juicio de amparo, al considerar, esencialmente, que el quejoso no podía considerarse tercero extraño a juicio, al haber comparecido al mismo en su carácter de demandado, haciéndose sabedor del proceso seguido en su contra.
32. Inconforme con tal sentencia, el quejoso interpuso recurso de revisión, del que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito en el Distrito Federal, bajo el expediente R.C. 288/2014.
33. En sesión de quince de enero de dos mil quince, el Tribunal Colegiado en comento emitió la ejecutoria correspondiente, en la que determinó confirmar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo, pues estimó no controvertidas las consideraciones por las que la juzgadora tuvo por actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la Ley de Amparo abrogada, consistente en que el quejoso no tenía el carácter de tercero extraño a juicio, por haber comparecido al mismo.
34. Aunado a lo anterior, y en lo que es materia de la presente contradicción, el Tribunal Colegiado estimó que se presumía hubo una conducta maliciosa del quejoso, y posiblemente, de su abogado, desde la formulación de la demanda y durante la tramitación del juicio.
35. Lo anterior, al haber afirmado el quejoso hechos que no probó, pues se ostentó como tercero extraño al juicio natural reclamado, aseverando no haber comparecido al mismo, y que eran falsas las firmas que aparecían como suyas en las promociones presentadas en dicho juicio; pero desistiéndose de la prueba pericial, idónea para desvirtuar la autenticidad de las firmas.
36. Además –adujo el Tribunal Colegiado– que fue dolosa la actitud del recurrente, al haber ofrecido diversas testimoniales con la finalidad de retrasar el juicio pues, al no haber proporcionado los domicilios correctos de los deponentes, había impedido la celebración de la audiencia constitucional y el dictado de la sentencia correspondiente.
37. Por lo que se ordenó dar vista al agente del Ministerio Público Federal, para que estableciera si se actualizaba el artículo 261, fracciones I y II, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el artículo 17 constitucional, por el probable delito de afirmar hechos falsos en la demanda, con el objeto de retrasar la impartición de justicia.
38. En la parte conducente, la sentencia señala lo siguiente:
"SÉPTIMO. Vista al Ministerio Público Federal por la constitución de un probable delito.
"En criterio de este Tribunal Colegiado en una integración anterior, se determinó que, ante la evidencia de que un juicio de garantías se promoviera en contravención de alguno de los principios previstos en el artículo 81 de la Ley de Amparo abrogada, el juzgador de amparo estaba obligado a pronunciarse sobre la aplicación de multa.
"Asimismo, se sostuvo que el artículo 17, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Federal, consagra diversos principios que regulan la administración de justicia a favor de los gobernados, entre los que se encuentran los consistentes en que la justicia debe impartirse de manera pronta, completa e imparcial, y que ha de garantizarse la plena ejecución de las resoluciones de los tribunales. Principios cuyo cumplimiento también es imperativo para el Poder Judicial de la Federación, por lo que es inconcuso que debe garantizarse, en todo momento e instancia, que la administración de justicia se ajuste a esas notas fundamentales, en salvaguarda de las cuales no puede permitirse que el juicio de amparo se promueva con el propósito de entorpecer la pronta solución de los juicios o la ejecución de las resoluciones respectivas.
"El criterio en comento es del tenor siguiente:
"‘MULTA. ANTE LA EVIDENCIA DE QUE EL JUICIO DE GARANTÍAS SE PROMOVIÓ EN CONTRAVENCIÓN A ALGUNO DE LOS PRINCIPIOS QUE SALVAGUARDA EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY DE AMPARO, EL JUZGADOR DE GARANTÍAS NO TIENE LA FACULTAD, SINO QUE ESTÁ OBLIGADO A PRONUNCIARSE SOBRE SU APLICACIÓN. ...’
"El texto del artículo 81 de la Ley de Amparo que se interpretó se encuentra abrogado, sin embargo, la Ley de Amparo en vigor, en el capítulo III, artículo 261 dispone lo siguiente:
"‘Artículo 261. ...
"‘I. ...
"‘II. ... .’
"En la especie, del análisis del presente asunto puede presumirse, porque es evidente, que hubo una conducta maliciosa del quejoso, y posiblemente, de su abogado, desde la formulación de la demanda de amparo y durante su tramitación.
"Es así, porque ofreció la prueba pericial, pero se desistió expresamente de la misma, aunque era idónea para desvirtuar la autenticidad de las firmas; por lo que está firme la consideración de que tuvo conocimiento del juicio de controversia de arrendamiento inmobiliario ********** seguido por **********, en su contra, como así estimó la Juez de Distrito, para sobreseer en el juicio de amparo; porque, de las constancias remitidas, se observa que, mediante escrito presentado el cinco de marzo de dos mil trece, ********** dio contestación a la demanda instaurada en su contra, en el que hizo valer excepciones y defensas que estimó procedentes que, asimismo, en fecha veintiuno de marzo de dos mil trece, el Juez del conocimiento dictó sentencia definitiva, la cual fue impugnada a través del recurso de apelación por la propia parte demandada, hoy recurrente, la cual fue confirmada por la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, por resolución de ocho de agosto de dos mil trece.
"El veintiocho de agosto de dos mil trece, ********** presentó demanda de amparo indirecto, mediante la cual reclamó la sentencia de veintiuno de marzo de dos mil trece y todo lo actuado en el juicio de controversia de arrendamiento inmobiliario, expediente **********, seguido por ********** en contra del quejoso, ahora recurrente, ostentándose con el carácter de tercero extraño por equiparación.
"Sin embargo, mediante sentencia firmada el diecinueve de septiembre de dos mil catorce, la Juez Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal sobreseyó en el juicio de amparo al estimarlo improcedente, fundamentalmente, porque no es persona extraña a juicio, al haber comparecido el quejoso en su carácter de demandado en el juicio de origen, haciéndose sabedor de los actos reclamados y del proceso seguido en su contra. Sin que el ahora recurrente hubiese demostrado lo contrario. Y todo ello pone de manifiesto que fundó su demanda en una afirmación que no probó, porque se desistió de la prueba idónea.
"Por otra parte, también debe destacarse la actitud dolosa del recurrente al haber ofrecido diversas testimoniales durante el proceso constitucional, retrasando el mismo, al no haber proporcionado los domicilios correctos de sus testigos, consideración que compartió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver la Q.C. **********, quien, en su sentencia, argumentó que todas las actuaciones ponían de manifiesto los diversos domicilios que el oferente había proporcionado en relación con el testigo **********, con lo cual había impedido la celebración de la audiencia constitucional y el dictado de la sentencia correspondiente, ocasionando un retraso en la impartición de justicia, en términos del artículo 17 constitucional. Ese tribunal conoció de los tres recursos de queja (Q.C. **********, Q.C. ********** y Q.C. **********) en contra de los autos, mediante los cuales, tuvo por desiertas las testimoniales del recurrente.
"En este contexto, corresponderá a la autoridad federal ministerial establecer si, en la especie, se actualiza el artículo 261, fracción (sic) I y II de la Ley de Amparo vigente, en relación con el precepto 17 constitucional; por lo tanto, se ordena dar vista al agente del Ministerio Público Federal por el probable delito de afirmar hechos falsos en la demanda, con el objeto de retrasar la impartición de justicia. ..."
39. Así, tenemos que el Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en la parte conducente de la aclaración de la sentencia, correspondiente al amparo directo 237/2015, determinó improcedente tal aclaración, sobre la base de que, la solicitud de la tercero interesada de que se diera vista a la Procuraduría General de la República, por la presunta comisión del delito de falsedad de documentos ante la autoridad judicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 261, fracción II, de la Ley de Amparo, no constituía materia para la aclaración de sentencia.
40. Agregando que la Procuraduría General de la República no era ajena a las constancias que integraban el juicio, toda vez que, de conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, ésta se encontraba representada en autos por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, el cual, por disposición de la ley, figuraba como parte y, por ende, tenía conocimiento de las constancias que integraban los autos del juicio de amparo.
41. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 288/2014, respecto a lo que es materia de la presente contradicción, adujo que se presumía hubo una conducta maliciosa del quejoso y posiblemente de su abogado, desde la formulación de la demanda de amparo y durante la tramitación del juicio.
42. Lo anterior, al haber afirmado el quejoso hechos que no probó pues se ostentó como tercero extraño al juicio natural reclamado, aseverando no haber comparecido al mismo y que eran falsas las firmas que aparecían como suyas en las promociones presentadas en dicho juicio; pero desistiéndose de la prueba pericial, idónea para desvirtuar la autenticidad de las firmas.
43. Además –adujo el Tribunal Colegiado– que fue dolosa la actitud del recurrente al haber ofrecido diversas testimoniales con la finalidad de retrasar el juicio pues, al no haber proporcionado los domicilios correctos de los deponentes, había impedido la celebración de la audiencia constitucional y el dictado de la sentencia correspondiente.
44. Por lo que, se ordenó dar vista al agente del Ministerio Público Federal, para que estableciera si se actualizaba el supuesto establecido en el artículo 261, fracciones I y II, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el artículo 17 constitucional, por el probable delito de afirmar hechos falsos en la demanda, con el objeto de retrasar la impartición de justicia.
45. Con base en ese contexto, se advierte que, se actualizan los requisitos que configuran una contradicción de tesis, entre el criterio sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, que difiere del criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, pues mientras este último sostuvo que: al haber afirmado el quejoso hechos que no probó y ante su actitud dolosa al haber ofrecido diversas testimoniales, proporcionando domicilios incorrectos con la finalidad de retrasar el juicio y, por ende, el dictado de la sentencia respectiva; correspondía dar vista al agente del Ministerio Público Federal, para que estableciera si se actualizaba el artículo 261, fracciones I y II, de la Ley de Amparo vigente en relación con el artículo 17 constitucional, por el probable delito de afirmar hechos falsos en la demanda, con el objeto de retrasar la impartición de justicia; mientras que el Tribunal Colegiado enunciado en primer lugar, determinó no acordar de conformidad la solicitud de dar vista a la Procuraduría General de la República, por la presunta comisión del delito de falsedad de documentos ante la autoridad judicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 261, fracción II, de la Ley de Amparo, entre otros aspectos, porque tal procuraduría no era ajena a las constancias que integraban el juicio, toda vez que, de conformidad con el artículo 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo, ésta se encontraba representada en autos por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, el cual, por disposición de la ley, figuraba como parte y, por ende, tenía conocimiento de las constancias que integraban los autos del juicio de amparo.
46. Sin que pase inadvertido para este Tribunal Pleno, que si bien el Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito declaró improcedente la aclaración de sentencia; lo cierto es que, sí emitió un pronunciamiento de fondo en el sentido de que no resultaba necesario dar vista a la Procuraduría General de la República por la presunta comisión del delito de falsedad de documentos ante la autoridad judicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 261, fracción II, de la Ley de Amparo, porque tal Procuraduría no era ajena a las constancias que integraban el juicio, al estar representada en el juicio de amparo por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, el cual, por disposición de la ley, figuraba como parte y, por ende, tenía conocimiento de las constancias que integraban los autos del juicio de amparo.
47. En los términos apuntados existe la divergencia de criterios denunciados y el punto a dilucidar consiste en determinar si ante la probable comisión de uno de los delitos especiales que prevé el artículo 261, de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional de amparo debe dar vista al agente del Ministerio Público Federal.
48. No es obstáculo para declarar existente la presente contradicción de tesis, que los casos que se analizan correspondan a distintos tipos de medios de impugnación –amparo directo y recurso de revisión en amparo indirecto– pues, además de que ambos son de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, convergen en un mismo punto jurídico que puede ser dilucidado a través de una contradicción de tesis; encuadrando el asunto en el criterio contenido en la tesis aislada 2a. LXXXVII/2009,(15) emitida por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, mismo que resulta aplicable, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor y es del rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE ORIGINARSE ENTRE CRITERIOS SUSTENTADOS UNO EN AMPARO DIRECTO Y OTRO EN INDIRECTO EN REVISIÓN.—La circunstancia de que una contradicción de tesis tenga su origen en criterios sustentados en sentencias dictadas por Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo de distinta naturaleza, no es razón suficiente para estimarla inexistente, pues acorde con los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, los criterios contradictorios pueden provenir de juicios de amparo competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, a quienes corresponde conocer tanto de amparo directo como de amparo indirecto en revisión, en cuyas sentencias puede surgir divergencia de criterios sobre un mismo punto o tema jurídico, susceptible de configurar contradicción de tesis."
49. De igual manera, el hecho de que los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes no constituyan jurisprudencia no es requisito para que se actualice la contradicción, ello atento al criterio contenido en la tesis aislada P. L/94, sustentada por este Tribunal en Pleno, con el rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(16)
50. Consecuentemente, al haberse evidenciado que sobre un mismo punto de derecho, existe disenso entre los criterios contendientes; entonces –como se anticipó– resulta existente la presente contradicción de tesis.
V. Problemática jurídica a resolver
51. Ésta radica en dilucidar si basta que el Ministerio Público Federal sea parte en el juicio constitucional, para que los juzgadores de amparo no deban ordenar darle vista, durante la tramitación de un juicio de amparo, ante el conocimiento de actos que podrían resultar comisivos de los delitos especiales tipificados en el artículo 261 de la Ley de Amparo.
VI. Estudio de fondo
52. Este Tribunal Pleno considera que, a pesar de que el Ministerio Público de la Federación sea parte en los juicios de amparo, los Jueces de la materia sí están obligados a ordenar se dé vista a aquél, ante la posible comisión de alguno de los delitos especiales tipificados en el artículo 261, de la Ley de Amparo. De manera que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia la que concluye el presente estudio.
53. Dado que el punto jurídico a resolver está relacionado con el tópico de los delitos especiales previstos en el Capítulo III, del Título Quinto, de la Ley de Amparo, y la obligación de los juzgadores de amparo ante su posible comisión; entonces, como cuestión previa a su análisis, conviene hacer referencia a la forma en que se encuentran tipificados tales delitos y describir las demás disposiciones que se encuentran relacionadas con ese aspecto.
54. Así tenemos que, en el aludido Capítulo III, del Título Quinto de la Ley de Amparo, se encuentran comprendidos los numerales 261 a 271, cuyo tenor es el siguiente:
"Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días:
"I. Al quejoso, a su abogado autorizado o
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28100-65df1cc0/vista-al-ministerio-publico-federal-los-juzgadores-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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