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Modo: Corpus Pro

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 81/2018. · Registro digital (IUS): 28045
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2018-09-07
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO Y EL PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, Pág. 989.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 81/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO Y EL PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 11 DE JULIO DE 2018. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y EDUARDO MEDINA MORA I. AUSENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. DISIDENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: ROBERTO FRAGA JIMÉNEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, por tratarse de criterios sostenidos por un Tribunal Colegiado y un Pleno de Circuito en Materia de Trabajo, sin que se estime necesaria la intervención del Tribunal Pleno.(2)

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Sonora.

TERCERO.—Antecedentes y criterios contendientes. Con el fin de verificar la posible existencia de la contradicción de criterios denunciada, es menester reseñar los antecedentes de los casos concretos, así como las consideraciones sustentadas por el Tribunal Colegiado y el Pleno de Circuito en las resoluciones respectivas.

I. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito (recurso de queja 147/2017)

1. Juicio de amparo

El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, una persona física promovió juicio de amparo indirecto en contra del director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de quien reclamó lo siguiente:

Acto reclamado: De la autoridad señalada como responsable; en su doble aspecto de autoridad ordenadora y ejecutora, vengo a reclamar la violación e incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 24 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; por lo que hace a la omisión de emitir y notificar una resolución o respuesta fundada, motivada y congruente, a una petición que le formulé, en forma pacífica y respetuosa, mediante escrito presentado en fecha 6 de junio de 2017, ante dicha autoridad.

Al respecto, en los hechos de la demanda refirió que mediante escrito de seis de junio de dos mil diecisiete, solicitó la cancelación del crédito hipotecario 26000118631 que tiene con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la devolución del importe generado con motivo de los pagos realizados por concepto de aportaciones y amortizaciones, sin que hubiera recibido respuesta alguna por parte del instituto.

Por acuerdo de esa misma fecha, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Sonora desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo, al considerar que la relación jurídica entre el trabajador y/o sus beneficiarios frente al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, respecto del crédito contratado, se da bajo el plano de coordinación, por lo cual no puede considerarse a dicho instituto como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, con base en lo dispuesto en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción segunda, todos de la Ley de Amparo.

En contra de esa determinación el quejoso presentó recurso de queja, por escrito de veinte de septiembre de dos mil diecisiete, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito.

2. Recurso de queja

El Tribunal Colegiado de Circuito declaró fundados los agravios y concluyó que en el caso no se actualizaba la causa de improcedencia invocada por el Juez de Distrito.

Sostuvo que la omisión de dar respuesta a un escrito formulado en términos del derecho de petición debe considerarse como de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues aun cuando es cierto que entre la parte quejosa y la autoridad responsable pudiera existir una relación de coordinación y no de supra a subordinación, de cualquier manera ello no conlleva que, tratándose del derecho aludido, la autoridad no se encuentre obligada a dar una respuesta cuando tal planteamiento se hace en el marco del ejercicio de las atribuciones que tiene conferidas en cumplimiento del objeto para el que fue creada.

Al respecto, señaló que la petición se elevó al instituto como ente administrador de los recursos del fondo de vivienda de los trabajadores, quien puede llegar a tener el carácter de acreditante en los contratos de crédito para el financiamiento de vivienda que celebre con sus beneficiarios y, por tanto, actuar en un plano de coordinación en relación con éstos, tales atribuciones las ejerce en cumplimiento del objeto para el que fue creado en los términos de la legislación respectiva y, por tanto, debe estimarse que puede realizar actos, ya sea positivos o por omisión, que pueden afectar la esfera jurídica de los particulares con quienes celebra actos jurídicos para el cumplimiento de sus fines.

Estableció que con base en los artículos 2o. y 3o. de la Ley del Instituto del Fondo de Vivienda para los Trabajadores, el instituto tiene el carácter de ente público y sus atribuciones están determinadas por una ley, conforme a las cuales lleva a cabo la función de administrar los recursos destinados al fondo de vivienda de los trabajadores, para dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales aplicables en esas materias, lo que conlleva que celebre actos jurídicos para el cumplimiento de sus fines.

Precisó que lo anterior no impide que aun en un plano de coordinación, el instituto pierda el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo (sic), pues como en este caso, con motivo de las funciones que lleva a cabo puede afectar unilateralmente la esfera jurídica de los particulares.

Sustentó su resolución con la transcripción de las consideraciones emitidas por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 341/2015, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), cuyos título, subtítulo y texto, son los siguientes.

"INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo."(3)

Concluyó que el anterior criterio resulta aplicable al caso concreto, en cuanto se aborda el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo desde la perspectiva del ejercicio del derecho de petición, siendo que en el caso en estudio existe un ente u organismo del Estado, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que emite actos jurídicos derivados de las facultades de una ley que rige la materia de su objeto, por la cual crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria.

Manifestó que compartía la tesis aislada emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de título y subtítulo: "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN, QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ENCARGADO DE ADMINISTRAR LAS APORTACIONES ACUMULADAS EN EL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 9/2013 (10a.)]."(4)

Precisó que no pasaba inadvertido que el Juez de Distrito hubiera hecho alusión a lo dispuesto por los artículos 52, 53 y 54 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que señalan que las controversias derivadas de adeudos de créditos entre trabajadores se ventilarán primero en recurso de inconformidad y de persistir la controversia, ante los tribunales competentes; sin embargo, consideró que se determina la procedencia del amparo únicamente respecto del derecho de petición que estima la quejosa infringido, sin prejuzgar sobre el recurso o juicio procedente en contra de la respuesta.

En consecuencia, revocó el auto recurrido, a fin de que el Juez de Distrito, de no advertir causa diversa manifiesta e indudable a aquella que produjo el desechamiento de la demanda de amparo, o motivo de prevención alguno, la admita y continúe el procedimiento por todos sus trámites.

II. Pleno en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito (contradicción de tesis 2/2016)

1. Criterios contendientes

a) Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito (amparo en revisión 69/2014)

Una persona física presentó demanda de amparo indirecto en contra del delegado regional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en León, Guanajuato, de quién reclamó la omisión de responder a la petición formulada relacionada con la solicitud de detener los descuentos a su salario y la devolución de lo cubierto.(5) Al respecto, sostuvo que no había contraído un crédito hipotecario con el instituto por lo que las retenciones no tenían justificación.

En ampliación de demanda, el quejoso reclamó el oficio mediante el cual la encargada del área de Servicios Jurídicos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con sede en León, Guanajuato, dio contestación a la petición realizada por el quejoso.

El Juez de Distrito determinó sobreseer en juicio al considerar que la petición realizada al instituto por la que se solicitó la devolución de las cantidades retenidas por concepto de pagos parciales de un crédito de vivienda y su bonificación a la subcuenta de vivienda, así como el oficio en que se dio respuesta a tal solicitud, son actos que derivaron de la calidad de administrador de fondos del instituto dentro de una relación de coordinación, por lo que no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, en el recurso de revisión respectivo, confirmó el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito y sostuvo que de los hechos de la demanda se desprendía que en el caso el instituto de vivienda no actuó como un órgano fiscal autónomo, ni con potestad de autoridad, sino, en virtud de un crédito, como administrador del fondo de vivienda, en un plano de coordinación regulada, por lo que el juicio de amparo resultaba improcedente.

Para sustentar lo anterior, hizo referencia a la contradicción de tesis 348/2012, que dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/2013 (10a.), de rubro: "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE LE RECLAMA LA OMISIÓN DE RESPONDER LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LOS FONDOS ACUMULADOS EN LA SUBCUENTA DE VIVIENDA, Y NO SE APLIQUE ALGÚN PRECEPTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN."(6)

Al respecto señaló que la autoridad competente para decidir sobre la legalidad del descuento salarial era la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o los tribunales competentes, según lo dispone el artículo 53 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

b) Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Décimo Sexto Circuito (amparo en revisión 28/2015)

Una persona física presentó demanda de amparo en la que señaló como autoridad responsable al delegado regional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en León, Guanajuato, y al gerente senior de Fiscalización y Cobranza Fiscal de la Delegación, y como acto reclamado la omisión de responder al escrito mediante el cual se solicitó al instituto informar a su patrón la cancelación de las retenciones salariales que se le estaban realizado, así como la devolución de lo cubierto indebidamente. El quejoso amplió la demanda y señaló como acto reclamado el oficio mediante el cual el gerente del área jurídica de la Delegación Regional del instituto dio contestación al escrito referido.

El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio respecto del acto reclamado consistente en la falta de contestación a la petición que formuló por escrito, al considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que con posterioridad a la presentación de la demanda la autoridad responsable dio respuesta a la petición de la trabajadora, por lo que cesaron los efectos de la omisión reclamada.

Por otra parte, en relación con el acto consistente en la determinación contenida en el oficio reclamado, el Juez Federal consideró actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 1o. y 5o., fracción II, del mismo ordenamiento, al estimar que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no podía ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo.

Al resolver el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Décimo Sexto Circuito confirmó el sobreseimiento respecto del acto reclamado consistente en la omisión de responder a la petición que formuló al instituto, toda vez que consideró que ésta se vio subsanada con la respuesta contenida en el oficio respecto del cual se amplió la demanda.

Por otra parte, consideró fundados los agravios del quejoso relacionados con la contestación referida, para lo cual estimó aplicable la jurisprudencia 2a./J. 149/2013 (10a.) de título y subtítulo: "FOVISSSTE. ACTÚA COMO AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO ORDENA A UNA DEPENDENCIA O ENTIDAD REALIZAR DESCUENTOS ATRASADOS EN EL SALARIO DE LOS TRABAJADORES, POR CONCEPTO DE CRÉDITO DE VIVIENDA."(7)

Con base en la tesis referida, concluyó que, por analogía, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores sí es autoridad responsable cuando se le reclama la falta de respuesta a una petición de información relacionada con un crédito de vivienda que otorgó al peticionario, y cuando emite la respectiva contestación, porque en ambos supuestos actúa en cumplimiento a un mandato constitucional y en ejercicio de facultades que le otorga la ley que lo rige, modificando una situación jurídica de manera unilateral, porque propicia que el salario del trabajador se afecte sin previo aviso y sin necesidad de acudir a las instancias jurisdiccionales.

2. Contradicción de tesis 2/2016

Por escrito presentado el ocho de julio de dos mil dieciséis, los quejosos en los juicios de amparo relatados denunciaron la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, al resolver los amparos en revisión 28/2015 y 69/2014, respectivamente.

En resolución de once de noviembre de dos mil dieciséis, el Pleno en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito consideró existente la contradicción de tesis planteada para resolver sobre el punto siguiente:

"... el punto de contradicción consiste en determinar si el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando se le reclama la omisión de dar respuesta a una solicitud de un trabajador para que informe a su patrón que resulta improcedente realizar descuentos a sus salarios para cubrir un crédito al señalado organismo, reintegre las sumas retenidas indebidamente y bonifique los montos relativos con sus respectivos intereses en la subcuenta de vivienda del operario, así como la contestación que emita a esa petición."

Para resolver la cuestión planteada, distinguió entre las facultades que el instituto tiene conferidas en la ley como órgano administrador del Fondo Nacional de Vivienda frente a los trabajadores –con base en el artículo 43 de la Ley del Instituto del Fondo de Vivienda para los Trabajadores– y las que tiene como organismo fiscal autónomo, en el cobro de las cuotas y cumplimiento de los patrones y sujetos obligados a realizar las aportaciones de vivienda derivadas de lo previsto artículo 30 de la misma ley.

Con base en lo anterior sostuvo que cuando un trabajador solicita al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores un crédito o alguna información relacionada con éste, dicho organismo se encuentra en la relación jurídica con el particular como un ente administrador, porque, al resolver cualquier petición sobre ese particular, no hace sino cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la vivienda de los trabajadores, de forma distinta al papel que asume como organismo fiscal autónomo frente a los patrones y sujetos obligados.

En este sentido, estimó que la petición que le dirige el trabajador acreditado para que le proporcione información relacionada con el crédito que le fue otorgado, los descuentos que le efectúa el patrón a fin de cubrir ese adeudo, o cualquier otro aspecto que involucre los recursos respecto de los cuales el instituto figura como administrador, envuelve una relación de coordinación con el particular porque la respuesta que en su caso pudiera llegar a emitir no tiene el alcance de vincular por sí y ante sí la situación jurídica del gobernado, modificando o extinguiendo el derecho a disponer de tales fondos, dado que dicho organismo público únicamente actúa como ente administrador de fondos de vivienda.

Por tanto, concluyó que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no puede decidir en definitiva, imperativa y coercitivamente respecto de los señalados recursos en perjuicio del trabajador, pues la determinación que en ese sentido adopte es susceptible de ser impugnada mediante el recurso de inconformidad ante el propio instituto, o en un juicio laboral ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, como lo prevén los artículos 52 y 53 de la legislación que lo rige.

Esto es, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no puede tener el carácter de autoridad cuando el acto reclamado tiene origen en su calidad de ente encargado de la administración de los recursos de vivienda, sin que esté de por medio el despliegue de una potestad administrativa, bajo la que se creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los particulares, y ello se dé sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales o supeditarse a éstos, ni del consenso de la voluntad del afectado.

Por otra parte, el Pleno de Circuito estableció que no resultaba aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 149/2013 (10a.), de título y subtítulo: "FOVISSSTE. ACTÚA COMO AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO ORDENA A UNA DEPENDENCIA O ENTIDAD REALIZAR DESCUENTOS ATRASADOS EN EL SALARIO DE LOS TRABAJADORES, POR CONCEPTO DE CRÉDITO DE VIVIENDA."(8)

Al respecto, señaló que el antecedente que dio origen a la contradicción de tesis que resolvió la Segunda Sala fue la orden del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que se realicen descuentos a los salarios de los trabajadores acreditados, que no se hicieron desde que se otorgó el crédito para vivienda, con fundamento en la facultad que expresamente y para ese supuesto (descuentos atrasados) le otorga el artículo 20 de la ley que rige al citado organismo,(9) cuyo cumplimiento le resulta inexcusable, sin necesidad de acudir a las instancias jurisdiccionales y sin comunicación previa al afectado; en tanto que el tema a dilucidar por el Pleno de Circuito se refería a la actuación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, como órgano administrador, al que se le solicitó que ordenara la suspensión de los descuentos que ordinariamente se venían realizando a los salarios de los trabajadores a quienes otorgó un crédito de vivienda, destacándose que la respuesta que al respecto llegue a emitir el citado organismo no tiene el carácter de terminal ni definitiva.

Consideró entonces que las razones expuestas en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia carecían de aplicación en esa contradicción de tesis, dado que se refieren a un punto de derecho (orden de realizar descuentos a los salarios de los trabajadores acreditados que no se hicieron desde que se otorgó el crédito para vivienda) distinto al examinado por el Pleno de Circuito (solicitud de los trabajadores acreditados para que se ordene la cancelación de los descuentos que de manera ordinaria se han venido efectuando a sus percepciones a fin de cubrir el crédito de vivienda que les fue otorgado).

Con motivo de las anteriores consideraciones, el Pleno de Circuito emitió la tesis PC. XVI.T. J/1 L (10a.):

"INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA LA OMISIÓN EN QUE INCURRE AL NO RESPONDER LAS SOLICITUDES FORMULADAS POR EL TRABAJADOR, RELACIONADAS CON EL CRÉDITO QUE LE HAYA OTORGADO, NI CUANDO SE RECLAMA LA CONTESTACIÓN RELATIVA. Conforme a los artículos 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., 2o., 3o., 34 y 43, párrafo primero, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el citado organismo es un ente de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene por objeto administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda y establecer y operar un sistema de financiamiento para que los trabajadores puedan obtener un crédito de vivienda, respecto del que los acreditados pueden solicitarle y obtener información relativa al monto de los descuentos, con inclusión de las aportaciones aplicadas y el saldo pendiente de cubrir, supuesto en el que el instituto referido se encuentra en la relación jurídica como administrador, de forma distinta a la función que desempeña como organismo fiscal autónomo frente a los patrones y demás sujetos obligados. Ahora bien, ante la omisión en que incurre, al no responder la solicitud de información respectiva formulada por un trabajador acreditado, no tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo y, en consecuencia, la contestación mediante la que atiende esa petición respecto del crédito otorgado al trabajador tampoco tiene la calidad de acto de autoridad, por lo que no es jurídicamente factible reclamar su inconstitucionalidad en el juicio de amparo, toda vez que la respuesta emitida no vincula por sí y ante sí la situación jurídica del peticionario, modificando o extinguiendo algún derecho relacionado o derivado del otorgamiento del crédito, ya que el instituto no decide de manera terminal ni definitiva sobre lo pedido, además, porque la determinación correspondiente puede impugnarse mediante el recurso de inconformidad que se tramite y resuelva por el propio organismo o, en su caso, a través del juicio laboral del conocimiento de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o los Tribunales competentes, como lo disponen los artículos 52 y 53 de la Ley mencionada."(10)

CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. A fin de verificar si en la especie existe la contradicción de tesis denunciada, se debe tomar en cuenta el criterio del Tribunal Pleno surgido por el sistema de reiteración, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(11)

Conforme al criterio anterior, la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.

De la lectura de los criterios contendientes se advierte que ambos órganos atendieron la misma cuestión jurídica relativa a analizar si el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores puede considerarse autoridad para efectos del juicio de amparo cuando una persona le reclame la omisión de dar contestación a un escrito o solicitud de información, en ejercicio del derecho de petición, relacionada con recursos respecto de los cuales el instituto figura como ente administrador.

En este punto, conviene precisar que si bien el Pleno de Circuito en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito no analizó las omisiones reclamadas directamente bajo el derecho de petición previsto en el artículo 8o. de la Constitución Federal, ambos órganos partieron de situaciones similares relacionadas con "peticiones" de información y la omisión del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de darles respuesta y arribaron a conclusiones jurídicas diversas.

En efecto, el Pleno de Circuito consideró que el instituto no tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo cuando omite dar contestación a la petición que le dirige el trabajador acreditado para que le proporcione información relacionada con el crédito que le fue otorgado, los descuentos que le efectúa el patrón a fin de cubrir ese adeudo, o cualquier otro aspecto que involucre los recursos respecto de los cuales el instituto figura como administrador, en tanto que dicha solicitud envuelve una relación de coordinación con el particular, al no tener el alcance de vincular por sí y ante sí la situación jurídica del gobernado, modificando o extinguiendo el derecho a disponer de tales fondos, toda vez que serán la Juntas de Conciliación y Arbitraje las que resolverán en definitiva sobre el destino de dichos recursos, de conformidad con la ley de la materia.

En contraste, al resolver el recurso de queja 147/2017, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito determinó que el carácter con el que actúa el instituto como ente administrador de fondos en un plano de coordinación con los trabajadores acreditados, no impide que pueda considerarse autoridad para efectos del juicio de amparo cuando lo que se reclama es la omisión de dar contestación a un escrito formulado bajo el derecho de petición previsto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para sustentar lo anterior, se basó en lo resuelto por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 348/2012, que dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/2013 (10a.), de rubro: "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE LE RECLAMA LA OMISIÓN DE RESPONDER LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LOS FONDOS ACUMULADOS EN LA SUBCUENTA DE VIVIENDA, Y NO SE APLIQUE ALGÚN PRECEPTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN."(12)

En ese sentido, del análisis comparativo de las resoluciones reseñadas, se llega a la conclusión de que sí existe la contradicción de criterios denunciada, ya que los órganos involucrados arribaron a conclusiones divergentes, a pesar de que analizaron los mismos elementos; a saber:

- Una persona presentó demanda de amparo en contra de la omisión del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores –a través del director general o del delegado regional– de dar contestación a un escrito por medio del cual se le solicitaban cuestiones relacionadas con un crédito hipotecario contratado con el instituto, como son la cancelación del crédito, la suspensión de las retenciones y/o la devolución del importe generado con motivo de los pagos realizados por concepto de aportaciones y amortizaciones.

Por tanto, aun cuando el Pleno de Circuito no se hubiera pronunciado sobre las omisiones reclamadas directamente a la luz el derecho de petición, al negar la posibilidad de reconocerle el carácter de autoridad al instituto cuando se le atribuya la falta d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28045-301a83b6/instituto-del-fondo-nacional-de-la-vivienda-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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