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Modo: Corpus Pro

DIVORCIO NECESARIO. PARA LA PROCEDENCIA DE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 253 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO RELATIVA A LA NEGATIVA DE ALGUNO DE LOS CÓNYUGES A MINISTRAR ALIMENTOS, ADEMÁS DE DEMOSTRAR TAL NEGATIVA, DEBE PROBARSE LA IMPOSIBILIDAD DEL CÓNYUGE ACTOR PARA HACER EFECTIVOS LOS DERECHOS QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 151 DEL PROPIO CÓDIGO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 58/2000-PS. · Registro digital (IUS): 2816
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de 2001, , Pág. 95.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 58/2000-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.-El Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del propio circuito, al resolver el juicio de amparo directo número 1593/92, promovido por Alicia Elena Castillo Arteaga, el dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y dos, sustentó la tesis cuyos datos de identificación, rubro y texto, se transcriben a continuación:

"Octava Época

"Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: XI, mayo de 1993

"Página: 323

"DIVORCIO. ALIMENTOS. REQUISITOS PARA QUE SE ACREDITE LA CAUSAL DE DARLOS.-Para acreditar la causal de divorcio, prevista en la fracción XII, del artículo 253, del Código Civil del Estado de México, es necesario que exista, la negativa del demandado de proporcionar los alimentos y la imposibilidad para hacer efectivo ese derecho, pues es insuficiente sólo alegar el incumplimiento de la obligación y el señalamiento de los acreedores alimentarios, porque en todo caso, el acreedor está en aptitud de exigirlos en cualquier momento.

"PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

"Amparo directo 1593/92. Alicia Elena Castillo Arteaga. 18 de noviembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador Bravo Gómez. Secretaria: Elizabeth Serrato Guisa."

En lo conducente, las consideraciones contenidas en la ejecutoria pronunciada por dicho órgano jurisdiccional en el juicio de garantías antes precisado, son las siguientes:

"CUARTO.-Es improcedente el concepto de violación II, vinculado con la falta de valoración de las pruebas en primera instancia, porque el acto impugnado es el fallo de segundo grado, el cual sustituyó a aquélla y, en esas condiciones, no ha lugar a su análisis. Además, ni siquiera precisó los elementos de convicción que, según su decir, se omitió valorar.-Contra lo manifestado en el argumento número I, no es cierto que la responsable considerara sus agravios presentados fuera de término, pues al contrario, los tomó en cuenta y analizó, pero los estimó infundados.-Es inexacto que no se tomara en consideración su agravio respecto al establecimiento de su domicilio conyugal en la casa de sus padres, porque la responsable estimó que en su escrito inicial de demanda, en el hecho ‘c’, narró el asalto de que fue objeto y, según dijo, a consecuencia de ello e insistencia del demandado, se quedó en la casa de sus padres para recuperarse; sin embargo, no significa, como ahora pretende considerarlo como su domicilio conyugal, pues como bien determinó la Sala, éste constituye el que de común acuerdo establece la pareja para llevar una vida en común, formando un núcleo familiar independiente y ambos pueden tener autoridad e iguales consideraciones, organizando su matrimonio como lo estimen más adecuado, a fin de cumplir con los fines propios del mismo y debe reunir un mínimo de condiciones materiales para tal objeto, debiendo existir un ambiente de dignidad y decoro y atento la situación socioeconómica y cultural para el desenvolvimiento de la pareja, pero fundamentalmente el que pueda ser autónomo; en cuyas condiciones, no podría serlo la casa de sus padres. Además, no fue un aspecto planteado en la demanda, pues en ésta manifestó como su domicilio conyugal, Paseo de Virreyes número 206, lote 5, manzana 90, Segunda Sección del Fraccionamiento Parque Residencial Coacalco, en el Estado de México, y donde está viviendo es el de sus padres, ubicado en Jilgueros número 187 del propio fraccionamiento.-Contra lo manifestado en el apartado IV, no está acreditada la causal de divorcio prevista en la fracción XII del artículo 253 del Código Civil del Estado, porque como bien determinó la responsable, no sólo es necesario manifestar la negativa del reo de proporcionar alimentos, sino que debe demostrarse la imposibilidad para hacer efectivo ese derecho, o sea, que no tenga bienes o ingresos donde se pueda hacer efectivo el cumplimiento de esa obligación y es insuficiente la sola circunstancia en cuanto a alegar falta de cumplimiento del demandado con la obligación de proporcionarlos, pues los acreedores alimentarios en todo momento tienen expedito su derecho para hacerlo valer en la vía legal y se presume urgencia de ellos cuando lo solicitan judicialmente.-En las circunstancias apuntadas, la resolución combatida no es violatoria de garantías y procede negar a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, sin advertirse la existencia de una violación manifiesta de la ley que la dejara sin defensa y, consecuentemente, la posibilidad de suplir la deficiencia de la queja, según lo dispuesto en la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo."

Dicho criterio fue reiterado por el actual Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver los juicios de amparo directo 255/99 y 1255/99, en los que, en lo que interesa, se sostuvo lo siguiente:

En el juicio de amparo directo 255/99, promovido por Francisco Juan Alonso Brañas Niño y resuelto el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y nueve:

"SEXTO.-Es infundado el concepto de violación consistente en que la Sala debió dejar intocado lo relativo a la pensión alimenticia y el monto fijado para ello, porque la tercera perjudicada no lo planteó como agravio.-En efecto, porque contrario a lo que refiere el quejoso, la tercero perjudicada se manifestó inconforme con el monto fijado como pensión, como se advierte a fojas 11 del cuaderno de apelación, en donde en el agravio tercero se expuso que la pensión fijada por el Juez no era suficiente para sufragar los gastos usuales de manutención de ella y de la menor.-Con lo anterior, se aprecia que la Sala no se excedió en sus funciones al determinar, con base en que se le hizo la solicitud, que el monto de la pensión se fijara en ejecución de sentencia.-De igual forma, es infundado el concepto de violación vertido en relación a que la tercera perjudicada no combatió lo resuelto por el Juez, referente a la causal de divorcio por falta de ministración de alimentos y la Sala se excedió en sus funciones.-En efecto, porque la tercera perjudicada manifestó como agravio, contenido a fojas once del cuaderno de apelación, que no era correcto que le obligara a ella a probar que el quejoso se abstuvo de ministrar alimentos para acreditar el divorcio, pues se trataba de un hecho negativo que debió probarlo el aquí inconforme.-Por ello, la alzada dio respuesta a la situación contenida en el agravio referido y no se excede en sus funciones; no obstante, es fundado y suficiente para la concesión de la protección solicitada, el concepto de violación vertido en relación a que la Sala no observó el numeral 253, fracción XII, en relación con el 150, ambos del Código Civil del Estado, porque la tercera perjudicada debió acudir, previo a solicitar el divorcio por la causal en comento, a pedir alimentos en juicio diverso.-Efectivamente, la Sala consideró acreditada la causal relativa a la negativa de los cónyuges a darse alimentos, sin considerar que en ella la ley civil del Estado, determina: ‘Artículo 253.’ (se transcribe).-‘Artículo 151.’ (se transcribe).-De la transcripción anterior se aprecia que para que prospere la causal de divorcio a que se refiere la fracción XII del numeral 253 del Código Civil del Estado de México, no basta demostrar la falta de ministración de alimentos, sino que es necesario también justificar que el derecho a éstos no pudo hacerse efectivo de acuerdo a los numerales citados, por lo que incorrectamente la alzada tuvo por acreditada la causal de divorcio en comento, pues el segundo supuesto no esta actualizado y, por ello, se transgredieron en perjuicio del quejoso los artículos transcritos y, con ello, el diverso 14 constitucional.-Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se aplica por analogía y que se puede consultar en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, página 474, con el siguiente texto: ‘ALIMENTOS, FALTA DE MINISTRACIÓN DE LOS, COMO CAUSA DE DIVORCIO.’ (se transcribe).-La jurisprudencia anterior es aplicable no obstante que perdió vigor en el Distrito Federal en el año de 1974, por entrar en vigencia la reforma realizada a la fracción II del numeral 267 del Código Civil del Distrito Federal; sin embargo, no lo perdió en el Estado de México, pues en esta entidad, la fracción II del artículo 253 del Código Civil del Estado contiene todavía la necesidad de cubrir las dos hipótesis para acreditar el divorcio por la falta de ministración de alimentos entre cónyuges.-Por lo anterior, toda vez que la alzada pasó por alto tal consideración legal al estimar acreditada la causal en comento, no obstante que la tercera perjudicada no acudió al juicio previo para obtener los alimentos, lo que procede es conceder la protección solicitada.-Por otra parte, si la responsable por la misma circunstancia de falta de ministración de alimentos en que sustentó la procedencia de la acción de divorcio, en vía de consecuencia declaró probada la diversa acción de pérdida de la patria potestad de la menor hija de los contendientes, es evidente que tampoco procede ésta última acción, máxime que la menor no quedó desprotegida al grado de correr riesgo su integridad, porque la madre percibe ingresos y, por ende, no se actualiza la hipótesis a que alude la fracción III del artículo 426 del Código Civil del Estado; y si la responsable no lo estimó de esta forma, infringe tales preceptos, lo que deviene en violatorio del artículo 14 constitucional, por lo que también en este aspecto procede otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión.-Lo anterior, con apoyo en la tesis jurisprudencial que con el número 307 se puede consultar en el Tomo IV del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente texto: ‘PATRIA POTESTAD. PÉRDIDA DE LA MISMA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO AL DEBER DE ALIMENTOS.’ (se transcribe).-Por ende, dado que la acción de divorcio por falta de ministración de alimentos es improcedente y de igual manera la diversa acción de pérdida de la patria potestad, lo que procede es otorgar en forma lisa y llana el amparo y protección de la Justicia Federal.-La determinación adoptada se hace extensiva a los actos de ejecución no impugnados por vicios propios."

En el juicio de amparo directo 1255/99, promovido por Benjamín Gerardo Weiser Gorodezky, fallado el doce de mayo de dos mil:

"QUINTO.-Es fundado y suficiente para la concesión de la protección solicitada el concepto de violación consistente en que la Sala transgrede en perjuicio del quejoso la fracción XII del artículo 253 del Código Civil del Estado de México, al estimar que es una facultad potestativa para quien demanda el divorcio por falta de ministración de alimentos, el acudir, previo al juicio de divorcio, al de alimentos, cuando en esta entidad federativa dicha situación permanece vigente como una circunstancia imperativa para la posibilidad de acreditar la causal invocada y obtener el divorcio.-Efectivamente, el numeral 253 del Código Civil del Estado de México, en su fracción XII, textualmente dispone: ‘Artículo 253.’ (se transcribe).-Por su parte, los artículos 150 y 151 del mismo cuerpo legal, vigentes en esta entidad federativa, textualmente determinan: ‘Artículo 150.’ (se transcribe).-‘Artículo 151.’ (se transcribe).-De lo transcrito, se advierte que para considerar acreditada la causal de divorcio por falta de ministración de alimentos, de acuerdo con la legislación civil vigente en esta entidad federativa, de forma imperativa, de conformidad con el numeral 151 transcrito, los alimentos deben haberse requerido en un juicio previo sin haberse obtenido; circunstancia que con miras a lograr el divorcio pretendido debe presentarse como presupuesto para la efectiva disolución del vínculo matrimonial.-De manera que si la Sala no observó el artículo 253 del código sustantivo de este Estado, al tener por acreditada la causal de divorcio por la negativa de los cónyuges a darse alimentos, sin el ofrecimiento del juicio previo en el que se hubiere solicitado el pago de éstos, sin haberse obtenido, infringió con ello en perjuicio del quejoso los diversos numerales 14 y 16 constitucionales, y procede otorgar el amparo solicitado, para el efecto de que la alzada deje insubsistente la resolución por ella emitida en la parte relativa al estudio de la causal de divorcio en comento y dicte otra en la que estime que en el Estado de México es exigencia para que prospere el divorcio por falta de ministración de alimentos, de acuerdo con la fracción XII del artículo referido, la previa solicitud sin logro alguno del pago de los mismos.-Lo dicho tiene apoyo en el criterio sostenido por este tribunal y que se puede consultar en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI-mayo, página 323, con el siguiente texto: ‘DIVORCIO. ALIMENTOS. REQUISITOS PARA QUE SE ACREDITE LA CAUSAL DE DARLOS.’ (se transcribe).-Lo anterior hace innecesario el estudio de los restantes conceptos de violación.-Criterio semejante que puede consultarse en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX-marzo, página 89, con el siguiente texto: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.’ (se transcribe)."

Cabe mencionar que el mencionado juicio de amparo directo 1255/99 se falló por mayoría de votos de los Magistrados José Librado Fuerte Chávez y Enrique Pérez González, en contra del voto expresado por el Magistrado José María Mendoza Mendoza, quien originalmente fue ponente en este asunto y al no aprobarse el proyecto original, se designó por la mayoría al Magistrado Pérez González como redactor de la sentencia, quedando como voto particular el quinto considerando del proyecto no aprobado, que a la letra expresa:

"QUINTO.-Los anteriores conceptos de violación resultan infundados en una parte e inoperantes en otra. En el primero, se aduce que el resolutivo tercero de la sentencia definitiva reclamada es violatorio del artículo 253, fracción XII, del Código Civil del Estado de México, porque no es verdad que para la procedencia de la acción de divorcio fundada en dicha causal, sea suficiente que la actora señale que el demandado no le proporciona alimentos y no se requiera que previamente acuda a un procedimiento diverso para reclamarlos, pues esta última circunstancia sí se requiere para la procedencia de la acción, según se desprende de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘DIVORCIO, FALTA DE MINISTRACIÓN DE ALIMENTOS COMO CAUSAL DE.’. Dicho argumento resulta infundado. Ello es así, porque para la procedencia de la causal de divorcio consistente en la negativa de uno de los cónyuges a dar alimentos al otro, prevista en el artículo 253, fracción XII, del Código Civil del Estado de México, de cuya lectura pudiera estimarse que sí es necesario que quien ejercite la acción de divorcio fundada en esa causal, previamente en un procedimiento judicial, trate de obtener los alimentos y, sólo si no lo logra, instaurar la citada acción de divorcio por esa causal cuando en su parte relativa establece: ‘... siempre que no puedan hacer efectivos los derechos que les conceden los artículos 151 y 152.’; sin embargo, ello no es así, porque dicho precepto no se puede interpretar en forma aislada sino en forma armónica con los dispositivos a que se remite. Así, la interpretación de los artículos 253, fracción XII, 151 y 152 del código señalado, revela que no es necesario que previamente al ejercicio de la acción señalada se promueva un juicio de alimentos en contra del cónyuge que se niega a proporcionarlos, porque una correcta interpretación del artículo 151 a que se refiere dicha fracción, revela que el legislador local estableció una facultad potestativa a favor de la acreedora alimentaria al establecer que ‘podrá’ demandar el aseguramiento de los ingresos y bienes de quien tenga a su cargo el sostenimiento económico de la familia para hacer efectivos tales derechos; sin que sea de tenerse en consideración el artículo 152 mencionado, ya que está derogado. Por tanto, la procedencia de la acción de divorcio fundada en dicha causal, no está supeditada a que previamente se acuda a un procedimiento diverso con el fin de asegurar los alimentos, sobre todo porque el artículo 153, fracción XII, del código señalado, no establece que para su procedencia sea necesario agotar previamente el procedimiento tendente a obtener los alimentos y sólo en caso de no lograrse, ejercitar la acción de divorcio; considerar lo contrario implicaría que se cometiera una grave injusticia al obligar a quien ejercita la acción de divorcio por esa causal, a instaurar un doble procedimiento judicial, con la necesidad de pagar dos veces honorarios, y ello, cuando evidentemente carece de lo indispensable para sobrevivir, puesto que la actora argumenta que el demandado se niega a proporcionar los alimentos, lo cual resulta injusto y poco conveniente para la parte débil de la relación matrimonial. Las condiciones relatadas demuestran que la intención del legislador del Estado de México fue la de que al promoverse el juicio de divorcio, con apoyo en dicha causal, no es necesario que previamente se agote algún procedimiento judicial para hacer efectivos los alimentos, pues el artículo 151 a que se refiere la fracción XII del artículo 153 del citado código, señala una facultad potestativa a favor del acreedor alimentario; por tanto, la jurisprudencia que invoca el quejoso, en la que se establece el cumplimiento de tal requisito previamente al ejercicio de la acción de divorcio fundada en la causal de análisis, no es aplicable tratándose de la legislación de esta entidad como indebidamente lo argumenta el peticionario de garantías. El quejoso expresa en el segundo concepto de violación, que la Sala responsable no apreció debidamente los hechos al considerar que incurrió en abandono total de las obligaciones conyugales y paternas, al negarse a suministrar alimentos, en virtud de que es omisa y no valora que él y la actora viven en el mismo domicilio, usan los mismos utensilios del hogar, los alimentos se elaboran en la misma casa, y que la única diferencia que existe es el horario en que se consumen los alimentos; por tales causas, en opinión del quejoso, no se puede sostener el abandono de tales obligaciones, como lo considera la ad quem y, por ende, ésta infringe el artículo 404 del Código de Procedimientos Civiles.-Es infundado dicho concepto de violación, pues esa circunstancia no formó parte de la litis, en virtud de que el demandado, hoy quejoso, confesó los hechos al contestar la demanda, es decir, que se ha negado a suministrar alimentos a su esposa; de ahí que la Sala responsable no tenía por qué apreciar tales hechos; además, la circunstancia de que los esposos viven en el domicilio conyugal, según se desprende de la confesión expresa emitida por las partes en la demanda y su contestación, no significa que el quejoso cumple con la obligación de suministrar alimentos, sino únicamente que ambos cónyuges habitan ese domicilio. El quejoso aduce, en el tercer concepto de violación, que la Sala responsable infringió el artículo 604 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, el cual señala que aun cuando se le declare confeso de los hechos, quedan a salvo sus derechos para probar en contra, ya que las pruebas que ofreció demuestran que la actora en ningún momento probó la causal de divorcio contenida en el artículo 253, fracción XII, del Código Civil. Dicho argumento resulta inoperante, porque el quejoso hace afirmaciones dogmáticas en el sentido de que las pruebas que ofreció demuestran que la actora no probó la acción del divorcio fundada en la causal que prevé la fracción y artículo que invoca; sin embargo, omite expresar razonamientos jurídicos concretos que demuestren cuáles son esas pruebas, cómo debieron haber sido valoradas, su alcance probatorio y cómo trascienden al resultado del fallo; además, no combate los motivos y fundamentos en que se sustenta la sentencia definitiva reclamada, para declarar acreditada la causal de divorcio prevista por el artículo 253, fracción XII, del Código Civil del Estado de México; en consecuencia, esas consideraciones se mantienen firmes y continúan rigiendo el sentido del fallo, mientras que el concepto de violación referido resulta inoperante, pues no conduce a conceder el amparo.-Por otra parte, no le asiste razón al peticionario de garantías cuando, en el concepto de violación en estudio, aduce que la Sala responsable, al conceder valor probatorio pleno a la confesión ficta emitida en la contestación de la demanda, omite aplicar la jurisprudencia de rubro: ‘CONFESIÓN FICTA.’, conforme a la cual dicho medio de convicción sólo constituye presunción que admite prueba en contrario. Ello es así, porque el quejoso al contestar la demanda confesó los hechos; circunstancia que de ninguna manera constituye una confesión ficta como incorrectamente lo argumenta el quejoso, sino que se trata de una confesión expresa de los hechos en que se fundó la demanda, en términos del artículo 283 del Código de Procedimientos Civiles; por tanto, no es aplicable la jurisprudencia que invoca.-Finalmente, en el cuarto concepto de violación, el quejoso argumenta que el resolutivo tercero de la sentencia reclamada viola los artículos 267, 269, 273 y 276 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, porque la Sala responsable omite tomar en cuenta la confesión de las partes, en el sentido de que ambos cónyuges contribuyen al sostenimiento de la familia, esto es, que dicha prueba demuestra que en ningún momento se ha negado a proporcionar alimentos a la actora y a sus menores hijos.-No le asiste razón al peticionario de garantías, porque la Sala responsable no puede tomar en cuenta una confesión inexistente, si se toma en cuenta que la actora señaló en la demanda, precisamente en el hecho siete, que el demandado, hoy quejoso, le ha negado la suministración de alimentos; hecho que éste confesó al contestar la demanda, según se desprende del escrito presentado el quince de febrero de mil novecientos noventa y nueve, visible a foja ciento treinta y ocho del expediente natural; por tanto, no se infringen los preceptos que invoca el peticionario de garantías. En consecuencia, al resultar infundados en una parte e inoperantes en otra los conceptos de violación expresados, se concluye que la sentencia definitiva reclamada no es violatoria de garantías, lo cual autoriza a negar el amparo."

TERCERO.-El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito al resolver, entre otros, el juicio de amparo directo número 1368/97, promovido por Ernesto Anaya García, fallado el 4 de marzo de 1998, sostuvo el criterio siguiente:

"QUINTO.-Para una debida comprensión del asunto planteado, conviene reseñar lo siguiente: 1. Ernesto Anaya García demandó en la vía ordinaria civil de Lilia Josefina Cabrera Ramírez, las siguientes prestaciones: a) La disolución del vínculo matrimonial; b) La disolución de la sociedad conyugal; c) La guarda y custodia de la menor Aline Azucena Anaya Cabrera; d) La pérdida de la patria potestad sobre dicha menor; e) El pago y aseguramiento de una pensión alimenticia, así como el pago de gastos y costas.-Se expusieron fundamentalmente como hechos: Que el once de mayo de mil novecientos noventa y dos, el actor contrajo matrimonio con la demandada bajo el régimen de sociedad conyugal; de ese matrimonio procrearon a la menor Aline Azucena Anaya Cabrera estableciendo como domicilio conyugal el departamento 102 del edificio ‘M’, ubicado en Paseo del Ferrocarril número 109, Los Reyes Iztacala en Tlalnepantla de Baz, Estado de México.-Que desde el inicio de su matrimonio tuvieron problemas porque la demandada no cumplía con las obligaciones en el hogar, pues aludía que era profesionista e, incluso, cuando nació la menor citada no se ocupó de sus necesidades alimentarias; que el veinte de enero de mil novecientos noventa y cinco su hija se enfermó y la internaron en el Hospital Central Militar, porque la demandada presta sus servicios para el Ejército Nacional Mexicano, sin embargo, en ningún momento se ocupó de ministrarle alimento a la niña; que el diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y cinco, a las veinte horas aproximadamente, en presencia de familiares su cónyuge le manifestó: ‘que ya no quería hacer vida con el suscrito porque ya no le servía como hombre y que si había seguido a mi lado era sólo por el qué dirán de sus amistades ... y me manifestó que ahí me dejaba a mi hija, que después pasaría por ella, olvidándose desde ese momento de sus obligaciones para con el suscrito y la menor, y dado que ella trabaja, siempre se ha abstenido de procurar alimentos a la menor ...’.-Que el veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y seis, a las veintiuna treinta horas, la enjuiciada se constituyó en el domicilio que actualmente ocupa el actor para pedirle que le regresara a la niña, a lo cual el demandante se negó, pues su consorte siempre está ocupada.-2. Lilia Josefina Cabrera Ramírez negó las prestaciones reclamadas, y aun cuando aceptó que contrajo matrimonio con el actor en la fecha mencionada, que procrearon a la menor Aline Azucena Anaya Cabrera y que establecieron su domicilio conyugal en el lugar precisado en la demanda, sin embargo, aclaró que los problemas surgieron porque él es un ebrio consuetudinario y en ningún momento cumplió con sus obligaciones ni se percataba de las atenciones que la enjuiciada brindó a su hija; que el veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro acordaron separarse voluntariamente y cuando la menor fue internada en el Hospital Central Militar, él no se presentó a visitar a la menor.-Que su esposo, desde el inicio del matrimonio, ha sido desempleado debido a sus malos hábitos; que quienes tienen a la menor son los padres de él y se niegan a entregarla. Se opusieron como excepciones y defensas: la de falta de acción para demandar la disolución del vínculo matrimonial y la de falta de acción para demandar el pago de una pensión alimenticia.-3. Lilia Josefina Cabrera reconvino en forma ad cautelam de Ernesto Anaya García, lo siguiente: a) La disolución del vínculo matrimonial, de conformidad con las fracciones XII, XV y XVIII del artículo 253 del Código Civil; b) La disolución de la sociedad conyugal; c) El pago de pensión alimenticia, así como pensiones caídas; y, d) La pérdida de la patria potestad sobre la menor.-Lo anterior se reclamó en virtud de que su esposo tiene el hábito de ingerir bebidas embriagantes, por lo cual no se ha responsabilizado de sus obligaciones laborales, familiares ni alimenticias.-Que el veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro las partes decidieron separarse, por lo que él personalmente llevó a la reconventora y a su hija al domicilio ubicado en el edificio 14, departamento 101, de la Avenida Ferrocarril Central, número 594, en la colonia habitacional Hogares Ferrocarrileros, delegación Azcapotzalco, por lo que a la fecha tienen más de dos años de vivir separados y ello es suficiente para la procedencia del divorcio en términos de la fracción XVIII del artículo 253 del Código Civil.-4. Ernesto Anaya García negó las prestaciones de la reconvención. Adujo que la reconventora expuso acusaciones infundadas que no tienen más objeto que el de pretender arrebatarle a su hija. Opuso como defensas y excepciones: La de oscuridad de la demanda reconvencional; la de falta de acción y de derecho; y la de sine actione agis.-5. El cinco de junio de mil novecientos noventa y siete, la Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla resolvió que Ernesto Anaya García no probó su acción, por lo que absolvió a Lilia Josefina Cabrera Ramírez de lo reclamado, quien demostró la procedencia de su acción reconvencional sobre divorcio necesario, en cuya virtud declaró disuelto el vínculo matrimonial, así como la sociedad conyugal. Decretó la custodia definitiva de la menor Aline Azucena Anaya Cabrera a favor de su madre Lilia Josefina Cabrera Ramírez, estableciéndose el régimen de visita y convivencia de Ernesto Anaya con la menor citada. Se condenó al demandado en la reconvención al otorgamiento de una pensión alimenticia definitiva en favor de la menor Anaya Cabrera.-6. Contra dicha sentencia Ernesto Anaya interpuso recurso de apelación, del cual correspondió conocer a la Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, quien al resolver en el toca número 393/97, en resolución de veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y siete, confirmó la impugnada, en cuya virtud el hoy inconforme promovió demanda de amparo. Ahí expuso fundamentalmente como conceptos de violación: Que se infringían los artículos 14 y 16 constitucionales, porque se omitía tomar en cuenta que el impetrante del amparo desde el escrito inicial de demanda de divorcio necesario solicitó el aseguramiento de una pensión alimenticia a favor de su menor hija.-Que la Sala únicamente analizó la testimonial ofrecida por el demandante así como las documentales, para demostrar que el actor constitucional sí suministró alimentos.-Que la testimonial ofrecida por la tercera perjudicada lejos de beneficiarle le perjudicaba, pues su dicho se contraponía con las notas de compras de víveres, que aunque fueron objetadas, ello se hizo en forma extemporánea.-Los anteriores conceptos de violación son inoperantes por insuficientes, pues no se dirigieron a poner de manifiesto que la totalidad de las consideraciones del fallo reclamado fueren contrarias a derecho en lo concerniente a la causal de divorcio relativa a las injurias.-La responsable aludió a que las causales de divorcio deben probarse plenamente, y que sólo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2816-052208bf/divorcio-necesario-para-la-procedencia-de-la-causal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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