CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO ENTRE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO, SUS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y SUS TRABAJADORES. SON INAPLICABLES A LAS RELACIONES LABORALES DE LOS EMPLEADOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO CON SEDE EN VILLAHERMOSA, TABASCO, Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DECIMOPRIMERA REGIÓN CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS, VERACRUZ. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ALFONSO GABRIEL GARCÍA LANZ, JAIME RAÚL OROPEZA GARCÍA Y VÍCTOR HUGO VELÁSQUEZ ROSAS. AUSENTE: CÁNDIDA HERNÁNDEZ OJEDA. PONENTE: VÍCTOR HUGO VELÁZQUEZ ROSAS. SECRETARIA: XOCHIL SÁNCHEZ MONTERO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Décimo Circuito, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 226, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor y el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, pues la disidencia de criterios jurídicos tuvo verificativo entre el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo de este Décimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, que apoyó al primero, por tanto, pertenece al Circuito del Tribunal Colegiado auxiliado; por ende, los Tribunales Colegiados contendientes corresponden a un mismo Circuito donde este Pleno de Circuito ejerce jurisdicción.
Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 3/2015 (10a.), de la Décima Época, registro digital 2008428, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de febrero de 2015 a las 9:00 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Tomo II, febrero de 2015, materias constitucional y común, páginas 1656, de título y subtítulo: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AUXILIAR, EN APOYO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE AQUÉLLA EL PLENO DE ESE CIRCUITO Y, SI NO EXISTE, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN."
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el presidente del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito; con sede en Villahermosa, Tabasco, en relación con las ejecutorias emitidas en los amparos directos de trabajo 850/2016 de su índice y el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera región con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, en el diverso 459/2016 (cuaderno auxiliar 536/2016); que contienen criterios discrepantes.
TERCERO.—Parámetros para determinar la existencia de la contradicción de tesis.
Para tener por configurada la contradicción de tesis es innecesario que los elementos fácticos analizados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sean idénticos, sino que lo trascendente es que el criterio establecido por ellos, respecto de un tema similar, sean esencialmente discordantes.
En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, localizable en la página 7, Tomo XXXII, agosto de 2010, materia común, con número de registro digital: 164120, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
Con base en ello, una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados de Circuito en este tipo de asuntos, consiste en pasar por una serie de reflexiones que abarquen desde la finalidad de la resolución del conflicto, hasta la justificación mínima que, en cada caso concreto, debe acreditarse.
Así, para establecer la finalidad que persigue la resolución de una contradicción de tesis denunciada ante los Plenos de Circuito, se impone una interpretación del contenido de los artículos 107, fracción XIII, párrafos primero y último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, párrafos penúltimo y último, de la Ley de Amparo, cuyos textos son los siguientes:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el fiscal general de la República, en asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito, las partes en los asuntos que los motivaron o el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del Gobierno, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"...
"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
"Artículo 226. Las contradicciones de tesis serán resueltas por:
"...
"III. Los Plenos de Circuito cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los Tribunales Colegiados del Circuito correspondiente.
"Al resolverse una contradicción de tesis, el órgano correspondiente podrá acoger uno de los criterios discrepantes, sustentar uno diverso, declararla inexistente, o sin materia. En todo caso, la decisión se determinará por la mayoría de los magistrados que los integran.
"La resolución que decida la contradicción de tesis no afectará las situaciones jurídicas concretas de los juicios en los cuales se hayan dictado las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias."
En ambos preceptos se contienen una norma que confiere poderes de ejercicio obligatorio para los Plenos de Circuito. Mediante el ejercicio de ese poder conferido, se busca, esencialmente, la unificación de los criterios interpretativos que dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en su caso, llegasen a adoptar a la hora de resolver algún conflicto.
Las normas citadas expresan como condición para la procedencia de la contradicción de tesis, que los criterios enfrentados sean antagónicos, esto es, contradictorios.
El sentido del concepto "contradictorio" sin embargo, ha de entenderse cuidadosamente en función no tanto del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad antes apuntada: la unificación de criterios como fuente generadora de seguridad jurídica. Es decir, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio.
La esencia de la contradicción de tesis, entonces, radica más en la necesidad de unificar criterios que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación; es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una antinomia de criterios, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –no tanto los resultados que ellos arrojen– con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas, no necesariamente contradictorias en términos lógicos, aunque legales.
Lo anterior, no es más que el reflejo natural de los procesos interpretativos. Como se sabe, los sistemas jurídicos no contienen "respuestas correctas únicas", esencialmente, porque las fuentes del derecho son sólo la materia prima del ejercicio jurisdiccional, mediante el cual se va creando el llamado derecho en acción.
La discrecionalidad o arbitrio judicial puede definirse como aquella facultad que tienen los órganos jurisdiccionales para aplicar el derecho a las circunstancias concretas del caso que han de resolver. Precisamente, se trata de una facultad que la ley concede a los juzgadores para que, dentro de límites más o menos amplios, la interpreten en relación con el supuesto concreto que han de solventar o completen algún extremo que la ley deja a su propio juicio.
Así, es normal que a la hora de ejercer este arbitrio existan diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, las contradicciones de tesis que los Plenos de Circuito están llamados a resolver, deben avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes.
Bajo ese parámetro, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y si el problema radica en los procesos de interpretación adoptados por los tribunales contendientes –no tanto en los resultados–, entonces, es posible afirmar que, para que una contradicción de tesis sea procedente, es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
1. Que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo, éste mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
2. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
3. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Estas condiciones se encuentran en las jurisprudencias identificadas con las nomenclaturas 1a./J. 22/2010 y 1a./J. 23/2010, de la Novena Época, que sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que aparecen publicadas en las páginas 122 y 123, Tomo XXXI, marzo de 2010, materia común, con números de registro digitales: 165077 y 165076, respectivamente, intituladas:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.—Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO.—El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’. Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto ‘contradictorio’ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen– con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes."
CUARTO.—Posturas contendientes. Con base en el estándar establecido en el considerando anterior, a fin de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar los antecedentes y las consideraciones en que basaron sus resoluciones los órganos colegiados contendientes.
I. Resolución de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, dictada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, actuando en el expediente auxiliar 536/2016, relativo al juicio de amparo directo 459/2016, del índice del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, con sede en Villahermosa, Tabasco.
• El asunto tiene su origen en el expediente laboral **********, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, en el que ********** demandó del ********** y otros, la reinstalación, pago de salarios caídos, reconocimiento de antigüedad y de tiempo efectivo laborado, vacaciones y prima vacacional, noventa días por concepto de aguinaldo, días de descanso obligatorio, séptimos días, días treinta y uno, reconocimiento de trabajadora de contrato por tiempo indeterminado, bono navideño, bono de puntualidad y asistencia, bono de canasta básica, bono de despensa, aportaciones ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco y salarios retenidos correspondientes al periodo del uno al quince de enero de dos mil diez.
• El tribunal responsable dictó laudo por el que dejó firme la reinstalación de la trabajadora (suscitada durante la tramitación del juicio); condenó al Ayuntamiento demandado al reconocimiento de antigüedad, reconocimiento como trabajador de tiempo indeterminado, el pago de la prima vacacional, 90 días de aguinaldo, horas extraordinarias, salarios retenidos y bono navideño; por otra parte, le absolvió del pago de salarios caídos, vacaciones, descansos obligatorios, séptimos días, días treinta y uno, bono de puntualidad y asistencia bono de despensa, bono del servidor público, dotación de uniforme, aportaciones, así como prima vacacional y aguinaldo durante el juicio. Asimismo, absolvió al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco de las prestaciones reclamadas por la actora.
• Contra esa determinación, la trabajadora promovió amparo directo y el Tribunal Colegiado de Circuito declaró fundados algunos de los conceptos de violación, en específico, por cuanto hace a las prestaciones consistentes en bono de puntualidad, bono de despensa, bono del servidor público y dotación de uniformes, consideró que las condiciones generales de trabajo del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco exhibidas por la actora para acreditar la procedencia del pago de los conceptos antes citados, son aplicables al Ayuntamiento demandado, en términos de la cláusula primera de dicho documento.
• Apoyó su determinación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 174/2012 (10a.),(1) para evidenciar que las condiciones generales de trabajo del Poder Ejecutivo del Estado, también aplican para los Ayuntamientos.
• Por ello, concedió el amparo a la quejosa para que el tribunal responsable, entre otras cosas, emitiera un nuevo laudo por el que analizara las prestaciones relativas al bono de puntualidad, bono de despensa, bono del servidor público y dotación de uniformes, tomando en cuenta lo que se advirtiera de las condiciones generales de trabajo entre el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, sus dependencias, organismos desconcentrados y sus trabajadores.
II. Resolución de uno de junio de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, con sede en Villahermosa, Tabasco, en el juicio de amparo directo 850/2016.
• El asunto tiene su origen en el expediente laboral **********, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, en el que ********** demandó del **********, y del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco: a) el reconocimiento de que es trabajador de base al servicio del demandado; b) el pago de la compensación quincenal; c) pago de quinquenio; d) el pago de doce días económicos por el último año laborado más los que se siguieran acumulando; e) el pago de vales de despensa; f) entrega de uniformes; g) otorgamiento de seguro de vida de amplia cobertura; h) pago de crédito al salario; i) pago de cinco días adicionales por ajuste de calendario; j) el pago de riesgo por el último año laborado; k) el pago de cantidad que corresponda por concepto de aumento salarial; l) pago anual de día del padre y apoyo escolar; m) pago de día del servidor público; n) El pago de cuotas obrero patronales al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco; ñ) del citado Instituto, que exigiera al Ayuntamiento demandado la entrega de las aportaciones correspondientes. Fundando las prestaciones identificadas en los incisos c), d), f), g) y l), se basan en las "condiciones generales de trabajo pactadas entre el Ejecutivo, entidades públicas y SUTSET".
• El tribunal responsable dictó laudo por el que entre otras cosas, absolvió al Ayuntamiento demandado del pago de las prestaciones que se indican en el párrafo anterior, bajo la consideración de que se trata de prestaciones extralegales, y aunque se tuvo al citado ente público por contestada la demanda en sentido afirmativo, pertenece al actor la carga probatoria, pero no logró acreditar que las hubiere recibido y bajo qué formalidad lo pactaron.
• Contra esa determinación, el trabajador promovió juicio de amparo directo y el Tribunal Colegiado de Circuito declaró fundado, pero inoperante el concepto de violación que se formuló en el sentido de que la responsable no tomó en consideración las copias fotostáticas de algunos artículos de las condiciones generales de trabajo, signadas por el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco y el Poder Ejecutivo del Estado de esa entidad, porque consideró que, aunque la autoridad responsable no hizo pronunciamiento sobre dicha documental, es patente que ésta fue suscrita por el sindicato y el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en el caso, la entidad demandada es un Municipio Libre, que conforme el artículo 115 de la Constitución Federal, tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, por tanto, tales condiciones no le son aplicables y por ende, el quejoso no demostró la procedencia de las prestaciones extralegales reclamadas.
QUINTO.—Existencia de contradicción de criterios. Corresponde ahora verificar si en el caso existe o no la contradicción denunciada entre los criterios sustentados por ambos Tribunales Colegiados de Circuito que han quedado transcritos.
Para dilucidar el problema referido, cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito, al analizar las prestaciones extralegales contenidas en las condiciones generales de trabajo pactadas entre el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, realizaron un ejercicio interpretativo de aquéllos, el cual dio lugar a posiciones contradictorias:
1. En el amparo directo cuaderno auxiliar 536/2016 (relativo al juicio de amparo directo 459/2016 del índice del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, con sede en Villahermosa, Tabasco), el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, residente en Coatzacoalcos, Veracruz, respecto al pago de las prestaciones desvinculadas con la acción principal, esto es, las extralegales denominadas bono de puntualidad, bono de despensa, bono del servidor público y dotación de uniformes, que la actora reclamó con apoyo en las condiciones generales de trabajo, declaró fundado el concepto de violación, bajo el argumento de que no era necesario que se acreditara que el Ayuntamiento hubiese formado parte de dichas condiciones, porque, en la cláusula primera de las citadas condiciones, se asentó que dicho ordenamiento tiene por objeto fijar las condiciones generales de trabajo, entre el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, entidades públicas y sus dependencias precisadas en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, órganos desconcentrados y organismos descentralizados en cuanto a sus relaciones con los trabajadores de base agremiados al sindicato.
Y, siendo el Ayuntamiento demandado una entidad pública, le eran aplicables tales condiciones; por tanto, al ser ofrecidas por la trabajadora para justificar la procedencia de esas prestaciones, el tribunal laboral responsable debió tomarlas en cuenta, por lo que le fue concedido el amparo, entre otros efectos, para que la responsable, al analizar aquellas prestaciones, tomara en cuenta lo que advirtiera en las condiciones generales de trabajo entre el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, sus dependencias, organismos desconcentrados y sus trabajadores, pronunciándose con libertad de jurisdicción al respecto.
2. En el juicio de amparo directo 850/2016, resuelto por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, en la parte que interesa para esta ejecutoria, se advierte que, respecto a las absoluciones a las prestaciones extralegales, consistentes en quinquenio, doce días económicos, entrega de cuatro uniformes, otorgamiento de seguro de vida de amplia cobertura y pago anual del día del padre y apoyo escolar; que fueron reclamadas con apoyo en diversas disposiciones de las condiciones generales del trabajo, signadas por el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco y el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, se declaró fundado, pero inoperante el concepto de violación, donde se esgrimió la falta de valoración de dichas condiciones por parte del tribunal responsable.
Lo anterior, porque, a pesar de que la responsable no tomó en consideración las copias fotostáticas simples de los artículos de las condiciones generales de trabajo signadas por el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco y el Poder Ejecutivo de esa entidad federativa, ofrecidas por la parte actora para justificar la procedencia de las prestaciones extralegales reclamadas, ningún caso tendría conceder el amparo para que la responsable se pronunciara al respecto; ello al considerar que las condiciones fueron firmadas entre el sindicato y el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; por tanto, inaplicables, ya que la entidad demandada era un Municipio Libre que conforme al artículo 115 de la Constitución Federal tenía personalidad jurídica y patrimonio.
Ahora bien, conforme a los datos anunciados, se determinan los aspectos jurídicos en los que los Tribunales Colegiados de Circuito adoptaron posturas contradictorias y, en su caso, a delimitar el punto jurídico que este Pleno de Circuito debe resolver.
Con esa finalidad, deben precisarse, primero, los elementos comunes en los juicios laborales:
a) Los accionantes de los juicios naturales, laboraron para los **********.
b) Reclamaron diversas prestaciones extralegales, con base en lo estipulado en las condiciones generales de trabajo entre el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, sus dependencias, organismos desconcentrados y sus trabajadores.
c) En ambos juicios, el tribunal laboral responsable sostuvo que esas condiciones de trabajo no le eran aplicables a los Ayuntamientos demandados, por no haber suscrito dicho documento.
Ahora, de las consideraciones que sustentan las ejecutorias de amparo, se advierte que los tribunales contendientes abordaron la aplicabilidad de las condiciones generales de trabajo entre el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, sus dependencias, organismos desconcentrados y sus trabajadores, en tratándose de los trabajadores de los Ayuntamientos de esa entidad federativa que no suscribieron dicho documento.
En ese ejercicio interpretativo, llegaron a conclusiones discrepantes, dado que el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28227-bbe22a2d/condiciones-generales-de-trabajo-entre-el-poder-ejecutivo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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