VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 669/2015. IECH. 23 DE AGOSTO DE 2017. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE EN EL QUE SE APARTA DE LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA PRESENTE TESIS Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: ARTURO BÁRCENA ZUBIETA.
IV. Competencia
Esta Primera Sala es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 81, fracción II; y 96 de la Ley de Amparo vigente; 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo establecido en los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal el 13 de mayo de 2013. Lo anterior, toda vez que el presente recurso fue interpuesto en contra de una sentencia pronunciada por un Tribunal Colegiado en el marco de un juicio de amparo directo y el mismo corresponde a la materia penal.
V. Oportunidad del recurso
De las constancias de autos se advierte que la sentencia recurrida fue dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, el 8 de enero de 2015,(34) se terminó de engrosar el 15 de enero(35) y fue notificada por lista a las partes el viernes 16 de enero de 2015;(36) notificación que surtió sus efectos el día hábil siguiente, es decir, el lunes 19 de enero del mismo año.
Por tanto, el plazo de diez días para la interposición del recurso comenzó a correr a partir del martes 20 de enero de 2015 y concluyó el martes 3 de febrero del mismo año; descontando los días 24, 25, 31, 1 y 2 de enero y febrero, respectivamente, por ser días inhábiles, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo, el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 74 de la Ley Federal del Trabajo y el Acuerdo Número 2/2006, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En esas condiciones, si el recurso de revisión fue presentado el 3 de febrero de 2015,(37) resulta incuestionable que fue interpuesto dentro del término legal, previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente.
VI. Procedencia
Por corresponder a una cuestión de estudio preferente, esta Primera Sala se avocará a determinar la procedencia del presente recurso de revisión. En este sentido, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y tercero del Acuerdo General Plenario Número 9/2015, se deriva lo siguiente:
a) Por regla general, las sentencias que dicten los Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo directo son inatacables.
b) Por excepción, tales sentencias serán susceptibles de ser impugnadas mediante recurso de revisión, si:
I. El Tribunal Colegiado de Circuito se pronunció u omitió hacerlo sobre temas propiamente constitucionales, es decir:
i. Sobre la constitucionalidad de una norma general; o
ii. Sobre la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.
II. Sumado a lo anterior, el asunto en cuestión deberá cumplir con los requisitos de importancia y trascendencia, entendiéndose que será así cuando:
i. Se advierta que aquél dará lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional; o
ii. Se advierta que lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su aplicación.
c) El análisis definitivo de la procedencia del recurso es competencia, según sea el caso, del Pleno o las Salas de esta Suprema Corte. Es importante señalar que el hecho de que el presidente del Pleno, o de la Sala respectiva, admita a trámite el mismo no implica la procedencia definitiva del recurso.
Considerando lo anterior, se procede al estudio del presente recurso de revisión.
En primer lugar, es importante señalar que no serán materia de estudio de la presente sentencia aquellos agravios mediante los que se pretende impugnar cuestiones de mera legalidad, relativas a la valoración de los medios probatorios y su idoneidad para demostrar la existencia del delito de homicidio simple intencional y el grado de responsabilidad del recurrente en su comisión, pues como se señaló anteriormente, el amparo directo en revisión solamente puede ocuparse de cuestiones propiamente constitucionales, por lo que dichos agravios deben ser considerados como inoperantes.(38)
No obstante, este Alto Tribunal advierte que desde su demanda de amparo, el quejoso manifestó haber sido incomunicado y torturado de forma posterior a su detención; lo que –según manifiesta– tuvo como consecuencia que le fuera sembrada el arma con la que supuestamente privó de la vida a la víctima. Además, de las constancias de autos se desprende que el presente asunto deriva de un procedimiento penal acusatorio y que el quejoso decidió declarar durante la audiencia de juicio oral, aceptando haber disparado un arma en contra de la víctima.
En respuesta, como se relató en los antecedentes de la presente resolución, el Tribunal Colegiado determinó que la manifestación autoinculpatoria que el quejoso emitió ante el Juez de la causa cumplió con todos los requisitos constitucionales y legales, por lo que no se vería afectada por esta situación; mientras que en lo relativo a las pruebas relacionadas con el arma asegurada, afirmó que no se advertía que las mismas pudieran estar afectadas por alguna actuación ilegal de la autoridad y que, durante el procedimiento, ni el quejoso ni su defensa controvirtieron las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fue encontrada el arma de fuego en cuestión e incluso manifestaron su conformidad con el embalaje, por lo que concluyó que la alegación formulada por el quejoso no trascendía para restar validez a dichas pruebas de cargo. Inconforme con dicha determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión y alegó nuevamente que, –durante su detención–, se encontró incomunicado en todo momento y careció de representación legal.
Por tanto, esta Primera Sala considera que en el caso subsiste un planteamiento de constitucionalidad –que además resulta de importancia y trascendencia–, que hace procedente el presente medio de impugnación. En específico, si conforme a lo dispuesto en la Constitución y en la Ley de Amparo es posible ejercer revisión constitucional en sede de juicio de amparo directo y, consecuentemente, en el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia respectiva, en relación con violaciones a derechos fundamentales –en particular, ante la existencia de un alegato sobre posibles actos de tortura–, cuando se dice que éstas han ocurrido durante las etapas previas a la audiencia de juicio oral.
VII. Estudio de fondo
Como se adelantó, la cuestión a resolver en el presente asunto consiste, principalmente, en determinar si es posible impugnar vía juicio de amparo directo las violaciones a derechos fundamentales cometidas en etapas previas al inicio del juicio oral –en particular, el alegato del quejoso respecto de posibles actos de tortura–, así como su eventual impacto en la exclusión de determinado material probatorio. De esta manera, para poder resolver dicha cuestión, se deberá analizar lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución, así como en los artículos 170 y 173 de la Ley de Amparo vigente.
Efectivamente, debe recordarse que en el presente caso el quejoso planteó, desde su demanda de amparo directo, que fue incomunicado y torturado de forma posterior a su detención, lo que a su consideración debió tener como consecuencia que el arma, que le fue encontrada durante la misma, fuera excluida del material probatorio que debía valorar el tribunal de juicio oral. En este sentido, no debe pasar desapercibido que el quejoso declaró durante la audiencia de juicio oral y aceptó haber disparado un arma de fuego en contra de la víctima. Por tanto, para determinar si este Alto Tribunal puede entrar al análisis del alegato de tortura formulado por el recurrente, resulta necesario previamente analizar en específico, lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución, mismo que dispone lo siguiente:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:
"a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior.
"La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse.
"Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.
"Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado."
Lo anterior, en relación con lo dispuesto en el artículo 173, apartado B, fracciones VI y XIX, de la actual Ley de Amparo, mismo que en su redacción vigente establece lo siguiente:
"Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando:
"...
"Apartado B. Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral
"...
"VI. No se respete al imputado el derecho a declarar o guardar silencio, la declaración del imputado se obtenga mediante incomunicación, intimidación, tortura o sin presencia de su defensor, o cuando el ejercicio del derecho a guardar silencio se utilice en su perjuicio;
"...
"XIX. Se trate de casos análogos a las fracciones anteriores a juicio del órgano jurisdiccional de amparo."
Ahora bien, como se verá más adelante, es importante señalar que esta redacción proviene de la reforma de 17 de junio de 2016, mediante la que se buscó dividir las hipótesis en dos apartados: uno para el sistema de justicia penal mixto y otro para el sistema de justicia penal acusatorio. Al respecto, esta Primera Sala advierte que el juicio de amparo directo del que deriva el presente asunto fue promovido previo a la señalada reforma; sin embargo, como se podrá observar, las hipótesis en cuestión se encontraban anteriormente en las fracciones VIII y XXII del mismo artículo, exactamente en los mismos términos:
"Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando:
"...
"VIII. No se respete al imputado el derecho a declarar o guardar silencio, la declaración del imputado se obtenga mediante incomunicación, intimidación, tortura o sin presencia de su defensor, o cuando el ejercicio del derecho a guardar silencio se utilice en su perjuicio;
"...
"XXII. Se trate de casos análogos a las fracciones anteriores a juicio del órgano jurisdiccional de amparo."
Así las cosas, esta Primera Sala advierte que las citadas disposiciones admiten, en principio, dos interpretaciones distintas, a saber: a) por un lado, se podría realizar una interpretación literal para concluir que sí es posible analizar en el marco de un juicio de amparo directo las violaciones procedimentales cometidas durante cualquiera de las etapas del procedimiento penal acusatorio, adversarial y oral, pues la Ley de Amparo en ningún momento limita el examen de dichas violaciones a un momento en específico; o b) por otro lado, se podría realizar una interpretación para concluir que el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral.
Para determinar cuál de las dos interpretaciones expuestas resulta la más adecuada para lograr una armonización entre las disposiciones constitucionales que regulan el sistema acusatorio y el juicio de amparo, el estudio de fondo de la presente sentencia se estructurará de la siguiente manera: 1. en primer lugar, se expondrán las particularidades del nuevo sistema penal acusatorio, adversarial y oral a la luz de lo que dispone la Constitución y el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México (legislación aplicable al caso concreto); 2. partiendo de lo anterior, se explicará en específico la diferenciación de funciones que rige en un sistema penal de esta naturaleza, así como el cierre de etapas y la oportunidad de las partes para formular peticiones y alegatos; 3. posteriormente, se determinará cuál de las dos interpretaciones propuestas respecto de la Ley de Amparo resulta conforme a los principios constitucionales del sistema penal acusatorio y del juicio de amparo; y, 4. finalmente, se analizará el caso concreto a la luz de las consideraciones anteriormente expuestas.
1. El sistema penal acusatorio, adversarial y oral
El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron diversas disposiciones constitucionales,(39) con la finalidad de introducir un nuevo sistema de justicia penal y de seguridad pública en el país. En efecto, mediante dicha reforma constitucional se pretendió transformar el sistema de justicia penal tradicional o mixto a un sistema de corte acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.(40)
Al respecto, al resolver la contradicción de tesis 160/2010,(41) esta Primera Sala reconoció que la señalada reforma procesal penal tuvo como finalidad que, mediante la aplicación de dichos principios en los casos concretos, se cumpliera con los objetivos del sistema penal acusatorio: esclarecer la verdad real respecto de los hechos ocurridos, específicamente determinar la existencia de delito y en su caso identificar a su autor; resolver el conflicto suscitado entre las partes; procurar, efectivamente, la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido; aplicar, a favor de las partes e intervinientes, el debido proceso, reconociendo los principios y derechos procesales; dar celeridad al proceso con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las formas alternativas de solución de conflictos; y facilitar, con la admisión de cargos, el procedimiento abreviado.
Ahora bien, de una simple lectura a las disposiciones constitucionales pertinentes y al Código de Procedimientos Penales para el Estado de México –legislación aplicable al caso concreto–, se desprende que el sistema penal acusatorio se distingue por una clara separación de funciones, pues aquellas de acusar y juzgar quedan claramente separadas entre sí. En este sentido, dentro del procedimiento acusatorio en el Estado de México, se pueden distinguir al menos tres momentos distintos, a saber: a) la investigación conducida por el Ministerio Público y la policía a su mando, posteriormente supervisada por el Juez de control; b) la admisión y depuración probatoria por parte del Juez de control, con miras a la apertura de un juicio oral; y finalmente, c) la realización del juicio, donde un Juez o tribunal oral se pronuncia objetiva e imparcialmente sobre la culpabilidad del acusado.
a) Etapa preliminar o de investigación
La etapa de investigación tiene por objeto determinar si hay fundamento para iniciar un proceso penal, mediante la obtención de datos de prueba que permitan sustentar la acusación y garantizar la defensa del indiciado.(42) Esta etapa deberá iniciar con una denuncia o una querella y estará a cargo –en una primera fase– del Ministerio Público, así como de la policía actuando bajo su conducción y mando, como lo dispone el primer párrafo del artículo 21 constitucional.(43) Por tanto, cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, deberá promover y dirigir una investigación dentro de la que realizará las diligencias que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos, las cuales deberán quedar registradas en una carpeta de investigación que para el efecto se integre.
Ahora bien, cuando el Ministerio Público lo considere oportuno, o cuando estime necesaria la aplicación de medidas cautelares, podrá formalizar la investigación por medio de la intervención judicial. Para ello, conforme a lo que establece el artículo 16 constitucional,(44) si el indiciado fue detenido en flagrancia o en atención a una orden de caso urgente, deberá ser puesto a disposición del Juez de Control en un plazo no mayor a 48 horas, quien convocará a una audiencia para verificar la legalidad de la detención y, de ser el caso, formulará la imputación correspondiente.
Por su parte, cuando no medie detenido, bastará que el Ministerio Público solicite al Juez de Control la celebración de una audiencia para la formulación de la imputación, en la que se le hará saber al indiciado que se desarrolla una investigación en su contra. Si el indiciado no asiste o se trata de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, el Ministerio Público podrá solicitar orden de aprehensión para asegurar su comparecencia.
Dentro de esta audiencia, generalmente denominada como inicial, el Juez de Control se asegurará de que el imputado conoce sus derechos y concederá la palabra al Ministerio Público, quien deberá exponer verbalmente: el hecho delictivo imputado; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su comisión; la forma de intervención que se atribuye; y el nombre de su acusador. Posteriormente, el Juez se cerciorará de que el imputado comprendió la acusación y le otorgará la oportunidad de contestar, si es su deseo. Adicionalmente, como se desprende del artículo 19 constitucional,(45) a petición del Ministerio Público, el Juez de Control podrá imponer las medidas cautelares que considere pertinentes y resolverá sobre la vinculación a proceso dentro de la misma audiencia inicial o en su continuación; la cual se deberá celebrar dentro del plazo de 72 horas, a partir de que el imputado fue puesto a su disposición, el cual podrá duplicarse a petición de este último.
Así las cosas, el Juez de Control podrá decretar auto de vinculación a proceso si considera que existen datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, el cual podrá ser impugnado vía recurso de apelación y, en su caso, vía juicio de amparo indirecto.(46) Además, en este acto, el Juez de Control deberá fijar fecha para la audiencia de cierre de la investigación, tomando en consideración la naturaleza de los hechos atribuidos y la complejidad de la misma; la cual deberá celebrarse dentro de un plazo de dos a seis meses, dependiendo de si la pena máxima del delito excede o no de dos años de prisión.
En este orden de ideas, la audiencia de cierre de investigación concluye con la decisión del Ministerio Público de formular o no acusación en contra del imputado. De esta manera, existe la posibilidad de que esta etapa no concluya con una acusación, sino que el Ministerio Público solicite el sobreseimiento de la causa o la suspensión del proceso.
b) Etapa intermedia o de preparación de juicio oral
En caso de formularse la acusación, el Juez de Control deberá notificarla a las partes y citar a la audiencia intermedia; la cual tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral, para lo cual podrán solicitar al Juez de Control que dé por acreditados ciertos hechos, de forma que ya no sean materia de debate en el juicio oral.(47) En este sentido, durante el desarrollo de esta audiencia, el Juez de Control concederá el uso de la palabra a las partes para que realicen las solicitudes, observaciones y planteamientos que estimen relevantes respecto de la admisión o inadmisión de los medios probatorios ofrecidos.
Así las cosas, una vez que el Juez de Control analizó la admisibilidad de los medios de convicción ofrecidos y escuchó los argumentos de las partes que comparecieron en la audiencia intermedia, dictará la resolución o auto de apertura a juicio, en el cual deberá indicar: I. El juzgado o tribunal competente para celebrar la audiencia de juicio; II. La acusación que deberá ser objeto de juicio y las correcciones formales que se hubieren realizado en ella; III. la pretensión sobre el pago de la reparación del daño; IV. Los hechos que se tienen por acreditados; y finalmente, V. las pruebas que deberán desahogarse en juicio. Respecto de este último punto, el penúltimo párrafo del artículo 327 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México establece que el Juez de Control deberá inadmitir las pruebas obtenidas por "medios ilícitos".
En este orden de ideas, al tratarse de una fase diseñada específicamente para discutir los temas relacionados con la admisión o inadmisión de los medios de prueba que van a ser incorporados o desahogados en el juicio oral, puede decirse que una de las finalidades más importantes de la etapa intermedia es que el imputado pueda plantear, en caso de que lo estime pertinente, argumentos relacionados con vulneraciones a derechos fundamentales que hayan dado lugar a la obtención de elementos de prueba que pretendan ser utilizados por la acusación en el juicio oral. Al respecto, no hay que perder de vista que la fracción IX del apartado A del artículo 20 constitucional establece que las pruebas obtenidas mediante violación a derechos fundamentales son nulas.(48)
c) Etapa de juicio
Una vez dictada la resolución de apertura de juicio oral, el Juez de Control la hará llegar al Juez de juicio oral o al Juez que presida el tribunal de juicio oral competente, poniendo también a su disposición a las personas sometidas a prisión preventiva o a otro tipo de medidas personales. Hecho lo anterior, el Juez de juicio oral fijará fecha para la celebración de la audiencia correspondiente.(49) Es importante señalar que, tanto el artículo 20, apartado A, fracción IV, constitucional(50) como la legislación procesal penal aplicable en su artículo 330,(51) señalan una prohibición expresa en el sentido de que los Jueces que, en el mismo asunto hayan intervenido en las etapas anteriores a la de juicio oral, no podrán conocer en esta etapa.
Durante la audiencia de juicio oral, se debatirán las cuestiones esenciales del proceso penal, mediante el desahogo de las pruebas señaladas en la resolución de apertura de juicio oral y la exposición de los alegatos de las partes. Terminado el debate, si el Juez o tribunal de juicio oral consideran que existen elementos probatorios suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad penal del acusado más allá de toda duda razonable, procederá a dictar sentencia condenatoria en su contra, de conformidad con el derecho a la presunción de inocencia en su vertiente de estándar de prueba y lo dispuesto en la fracción VIII del apartado A del artículo 20 constitucional; de lo contrario, dictará sentencia en el sentido de absolver al acusado.(52) En cualquier caso, la autoridad judicial deberá explicar la sentencia durante la audiencia respectiva.
Respecto de este punto, es importante resaltar que, por disposición expresa del artículo 20, apartado A, fracción III, de la Constitución(53) –el cual fue recogido por el artículo 249 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México–,(54) las actuaciones que realice el Ministerio Público durante la investigación carecen de valor probatorio al momento del dictado de la sentencia definitiva, por lo que sólo podrán ser consideradas como pruebas de cargo susceptibles de enervar la presunción de inocencia aquellas desahogadas públicamente durante la audiencia de juicio oral ante el tribunal correspondiente, salvo que se autorice el anticipo de una prueba, o su incorporación por lectura o reproducción dentro de la audiencia de juicio oral.(55)
Efectivamente, como puede observarse de lo expuesto hasta el momento, la reforma al sistema de justicia penal trajo como cambio fundamental el hecho de que la formulación de la imputación debe realizarse con base en los datos obtenidos en la investigación; pero con la intervención de una autoridad jurisdiccional, con la finalidad de controlar las actuaciones que puedan derivar en la afectación de algún derecho fundamental del imputado y determinar los medios de prueba que deberán ser desahogadas en juicio oral. Por tanto, será exclusivamente a través del desahogo de esos medios de prueba, que el tribunal respectivo determinará la existencia de algún delito, la responsabilidad penal del imputado en su comisión y las consecuencias legales que deriven a esa determinación.(56)
2. Diferenciación de funciones en un sistema penal acusatorio, adversarial y oral: cierre de etapas y oportunidad para alegar
Una vez expuestas las generalidades del sistema de justicia penal acusatorio y oral conforme a lo que dispone la Constitución y el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, a continuación se procede a examinar si atendiendo a la naturaleza y finalidades del mencionado sistema de justicia penal, es posible retomar dentro de la audiencia de juicio oral el debate sobre la posible exclusión de medios probatorios derivado de la existencia de una violación a derechos fundamentales.
Como se desprende de lo expuesto en el apartado anterior, la etapa preliminar o de investigación tiene como finalidad la acumulación de datos de prueba suficientes, a partir de los cuales pueda determinarse en un primer momento si se sujeta o no a una persona a una investigación formalizada. En esta etapa, una vez que el Ministerio Público formaliza la investigación mediante la intervención judicial, el Juez de Control adquiere primordialmente atribuciones de garantía y resguardo de los derechos fundamentales del imputado, particularmente aquellos ligados con el debido proceso y la libertad personal.(57)
En este sentido, al conocer de la investigación, el Juez de Control deberá verificar que –de ser el caso– el indiciado hubiera sido detenido conforme a las exigencias constitucionales; que no hubiera existido una dilación injustificada entre su detención y su puesta a disposición ante la autoridad correspondiente; que no hubiere sido objeto de actos de incomunicación, tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; y que hubiere sido informado de los derechos con los que cuenta como imputado; entre otras cuestiones.
Ahora bien, como sucede en la mayoría de los sistemas de justicia penal acusatorio, al cierre de la investigación no le sigue inmediatamente la realización del juicio, sino una etapa intermedia que también se realiza ante el Juez de Control; la cual inicia con la formulación de la acusación por parte del Ministerio Público y tiene por objeto principal la preparación del juicio, fijándose de modo preciso su objeto, los sujetos intervinientes y los medios de prueba que deberán ser desahogados. Esta etapa se funda en la idea de que los juicios deben ser preparados convenientemente y se debe llegar a ellos luego de una actividad diligente.(58)
Al respecto, una de las principales responsabilidades del Juez de control durante esta etapa es asegurarse de que durante la investigación no se hubieran cometido transgresiones a los derechos fundamentales del imputado o que, en su caso, las consecuencias de éstas no se trasladen a la etapa de juicio oral, donde puedan generar mayores perjuicios o invalidar la totalidad del propio juicio. Así, al dictar el auto o resolución de apertura a juicio, el Juez de Control debe v
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28243-8ee6350a/violaciones-a-derechos-fundamentales-cometidas-en-un-procedimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- AMPARO DIRECTO. CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO, SÓLO DEBEN ANALIZARSE LO ACTUADO Y LAS VIOLACIONES PROCESALES (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- AUDIENCIA DE JUICIO ORAL. PARA QUE SE CONCEDA EL AMPARO POR NO REANUDARSE A MÁS TARDAR AL UNDÉCIMO DÍA DESPUÉS DE QUE SE ORDENÓ SU SUSPENSIÓN, ES NECESARIO QUE ESA VIOLACIÓN PROCES (AMPARO DIRECTO)
- PRUEBA DE CARGO. PUEDE SER DIRECTA O INDIRECTA. (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
- INTERESES DIFUSOS O COLECTIVOS. SU TUTELA MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. (AMPARO DIRECTO)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. SI SE PROMUEVE CONTRA LA SENTENCIA DE APELACIÓN INTERPUESTA ÚNICAMENTE RESPECTO DE LA DETERMINACIÓN EMITIDA EN LA AUDIENCIA QUE RESUELVE (II.3o.P.12 P (11a.))
- DESECHAMIENTO DE PRUEBAS EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. AL SER UN ACTO INTRAPROCESAL QUE NO TIENE UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, EL JUICIO DE AMPA (II.3o.P.57 P (10a.))
- AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL FALLO QUE RESUELVE EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 429 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS, AL TRATA (XVIII.2o.17 P (9a.))
- AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE SE CONCEDE, POR CONSIDERAR QUE CON LA LECTURA DE LAS CONSTANCIAS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, AL FORMULAR LA IMPUT (PC.XVIII. J/15 P (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis