MEDIDA DE ASEGURAMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. LA IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA Y DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA NO CONSTITUYE UN REQUISITO PARA LA PROCEDENCIA DEL EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS COMO PROVIDENCIA PRECAUTORIA, Y PUEDE SOLICITARSE DE FORMA GENÉRICA AL JUEZ MERCANTIL PARA QUE LA OTORGUE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO SEGUNDO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 6 DE NOVIEMBRE DE 2018. MAYORÍA DE OCHO DE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS NEÓFITO LÓPEZ RAMOS (PRESIDENTE), LUZ DELFINA ABITIA GUTIÉRREZ, MAURO MIGUEL REYES ZAPATA, CARLOS MANUEL PADILLA PÉREZ VERTTI, JOSÉ JUAN BRACAMONTES CUEVAS, ANA MARÍA SERRANO OSEGUERA, J. JESÚS PÉREZ GRIMALDI Y CARLOS ARELLANO HOBERLSBERGER. DISIDENTES: JOSÉ RIGOBERTO DUEÑAS CALDERÓN, FRANCISCO JAVIER SANDOVAL LÓPEZ (VOTO PARTICULAR), EDITH E. ALARCÓN MEIXUEIRO (VOTO PARTICULAR), ELISA MACRINA ÁLVAREZ CASTRO, J. REFUGIO ORTEGA MARÍN Y MARÍA CONCEPCIÓN ALONSO FLORES (VOTO PARTICULAR). PONENTE: CARLOS MANUEL PADILLA PÉREZ VERTTI. SECRETARIO: ALBERTO MENDOZA MACÍAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno Civil es competente para conocer de la denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis, 41 Ter, fracción I, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, porque se refiere a la posible contradicción de criterios entre dos Tribunales Colegiados en Materia Civil de este Primer Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia proviene de parte legítima, al haberse formulado por un Magistrado integrante del Décimo Segundo Tribunal, de conformidad con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO.—Objeto concreto de la denuncia de contradicción de tesis. El objeto consiste en determinar, si en las providencias precautorias tramitadas antes de juicio, al solicitarse el aseguramiento de una cuenta bancaria sobre una cantidad determinada, se deben proporcionar los datos de identificación de las cuentas bancarias y de la institución en que se encuentran, o bien, si esa investigación se puede realizar dentro del procedimiento cautelar.
CUARTO.—Posturas contendientes de los Tribunales Colegiados de Circuito.
I. El Décimo Segundo Tribunal conoció del recurso de revisión civil 52/2018, interpuesto en contra de la resolución emitida por el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, el nueve de enero de dos mil dieciocho, en el juicio de amparo indirecto **********; medio de impugnación que fue resuelto en sesión de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, por unanimidad de votos, en el sentido de revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo para efectos.
Lo anterior, con base en las consideraciones siguientes:
"TERCERO.—El acto reclamado en el juicio de amparo en revisión tiene su origen en la solicitud de providencias precautorias con el fin de que se retuvieran los recursos existentes en las cuentas bancarias a nombre de **********, por la cantidad de $396,099.32 (trescientos noventa y seis mil noventa y nueve pesos 32/100 M.N.), por concepto de saldo total de adeudo a partir del diez de febrero de dos mil dieciséis, respecto de un crédito de cuenta corriente, que ha dispuesto mediante la utilización de una tarjeta de crédito número **********.
"Para tal efecto, solicitó se ordenara girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que por su conducto se hiciera del conocimiento de todas y cada una de las instituciones de crédito y/o financieras, la retención de las cuentas a nombre de **********.
"Bajo protesta de decir verdad, manifestó su temor fundado de que **********, en su carácter de acreditada, enajenara, ocultara o dilapidara sus bienes, a efecto de evitar la recuperación de las cantidades reclamadas; y citó como fundamento el artículo 1168, fracción II, inciso B, segundo párrafo, del Código de Comercio, al tratarse de un aseguramiento de bienes consistentes en dinero.
"Conoció de esa solicitud el Juez Décimo Primero de lo Civil de Proceso Oral, quien la desechó por considerar que el promovente no especificó de manera precisa cuáles son los bienes de los que se tenía conocimiento sobre los cuales se practicara la retención (foja 12 del cuaderno de amparo).
"En contra de esta resolución, la parte quejosa promovió el juicio de amparo hoy en revisión.
"El Juez de Distrito consideró, en esencia, lo siguiente:
"a) Que el acto reclamado está debidamente fundado y motivado, pues basta que quede claro el razonamiento sustancial, sin que pueda exigirse formalmente mayor amplitud o abundancia en la expresión de lo estrictamente necesario para que de manera sustancial se comprenda el argumento expresado.
"b) Que si bien es cierto que la autoridad responsable fue omisa en citar el precepto a que se refería, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, y en el caso, la resolución se basa en el artículo 1168 del Código de Comercio.
"c) Que es infundado el argumento relativo a que el numeral 1175 del Código de Comercio no exige, condiciona o delimita la solicitud de providencias precautorias al señalamiento de bienes o cuentas bancarias determinadas y específicas, porque el artículo 1168 del Código de Comercio prevé que podrán dictarse en los juicios mercantiles, las medidas cautelares o providencias, como lo son: la radicación de persona; y la retención de bienes, y en los artículos 1170, 1171, 1172, 1175 y 1176 del citado ordenamiento, las reglas para decretar dichas medidas.
"d) Que el artículo 1175 del Código de Comercio establece que podrá decretarse la retención de los bienes cuando se cumplan los requisitos siguientes: a) se pruebe la existencia de un crédito líquido y exigible; b) se exprese el valor de las prestaciones o el de la cosa que se reclama; c) se manifieste bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales tenga temor fundado de que los bienes consignados como garantía o de los cuales se vaya a ejercitar una acción real, sean ocultados, o enajenados; d) tratándose de acciones personales bajo protesta de decir verdad manifieste que el deudor no tiene otros bienes; y, e) garantice los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar con la medida al deudor.
"e) Que la naturaleza de las providencias precautorias es proteger que no se vulnere en forma alguna la situación fáctica en la que se ubique, en el caso, una cuenta, y fundó su consideración en el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, que señala que las instituciones de crédito deberán rendir información a las autoridades jurisdiccionales en virtud de providencias dictadas en juicio, lo que, en la especie, no se actualiza, ya que las providencias precautorias solicitadas son prejudiciales.
"f) Concluyó que el precepto citado no faculta a la autoridad el solicitar información a las instituciones bancarias en el acto prejudicial, porque se desnaturalizaría el carácter de urgente que amerita el dictado de dichas providencias.
"CUARTO.—Los agravios se analizan en forma conjunta atendiendo a la estrecha vinculación que guardan las cuestiones que comprenden, en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo, y se pueden establecer los temas siguientes:
"I. Identificación de las cuentas bancarias y la necesidad de la intervención judicial.
"La recurrente aduce que el Juez federal realizó una interpretación inexacta de lo dispuesto por los artículos 1168 y 1175 del Código de Comercio, pues el pretender señalar un bien o bienes determinados de forma previa, resulta contradictorio a las características propias e inherentes de las providencias precautorias, toda vez que las mismas permiten asegurar el resultado hipotético de una sentencia favorable, no la determinación del patrimonio del ejecutado, lo cual volvería rígidas las medidas precautorias al limitar el campo de acción del Juez a determinados bienes y no a la totalidad de los mismos.
"También señala que, contrariamente a lo que consideró el Juez de Distrito, ese requisito no fue exigido previamente por el legislador, pues las providencias precautorias pueden promoverse especificando previamente los bienes del deudor, o bien, sin conocer los mismos, pues no se excluyó ni una ni otra posibilidad, lo cual se evidencia del contenido del artículo 1168, fracción II, inciso b), del Código de Comercio, que dispone: ‘... no tuviere otros bienes que aquellos en que se ha de practicar la diligencia ...’, es decir, los bienes pueden o no precisarse, por no ser un requisito dispuesto en el artículo 1175 del referido ordenamiento legal.
"Aunado a ello, manifiesta la parte recurrente que existen bienes que pueden conocerse por el público en general, y otros, que por su naturaleza, se encuentran protegidos, como en el caso de las cuentas, por el secreto bancario. Por esa razón, no podía identificar las cuentas de la deudora, porque su resguardo se encuentra regulado por una ley especial; de ahí que sólo a través de los mecanismos judiciales pudiera tener acceso a las mismas.
"Además, precisa que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados es armónica con la indagación que se realice en actuaciones, porque en su numeral 22 dispone que el responsable no estará obligado a recabar el consentimiento del titular por el tratamiento de sus datos personales, cuando exista una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado de autoridad competente.—Las medidas cautelares o providencias precautorias están reguladas en los artículos 1168, fracción II, y 1175 del Código de Comercio, que en relación con la medida consistente en retención de bienes, disponen lo siguiente:
"En el texto de los preceptos transcritos se crea la medida consistente en retención de bienes cuando exista temor fundado de que los bienes que se hayan consignado como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar una acción real, se dispongan, oculten, dilapiden, enajenen o sean insuficientes.
"La medida de retención de bienes también procede cuando se trate de acciones personales, siempre que la persona contra la que se pida no tuviere otros bienes que aquellos en que se ha de practicar la diligencia, y exista temor fundado de que los disponga, oculte, dilapide o enajene.
"Los requisitos que han de cumplirse para que se decrete la retención de bienes, está regulada en el artículo 1175 de la legislación mercantil citada, y son los siguientes:
"1. Que se manifieste bajo protesta de decir verdad, que la persona contra quien se pida, no tuviere otros bienes conocidos que aquellos en que se ha de practicar la diligencia; y,
"2. Que exista temor fundado de que la presunta deudora oculte, dilapide o enajene los bienes.
"Si los bienes consisten en dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, u otros bienes fungibles, se presumirá el riesgo de que los mismos sean dispuestos, ocultados o dilapidados, salvo que el afectado con la medida garantice el monto del adeudo.
"En el caso a estudio, del escrito de solicitud de providencias precautorias se evidencia que la recurrente solicitó las medidas que a continuación se indican:
"‘I. Se solicita se concedan providencias precautorias respecto de **********, ello con la finalidad de que se ordene la retención de dinero que se encuentre depositado en cuentas bancarias, de inversión o cheques (moneda nacional y/o cualquier moneda extranjera), fideicomisos, incluso, productos de nómina que se encuentren en las instituciones bancarias integrantes del sistema financiero y bancario mexicano, con el fin de que se retengan los recursos existentes en las cuentas a nombre de **********, a fin de que no permitan el retiro de dichos recursos, sin embargo, sí se permita el depósito de dichas cuentas.
"‘II. Lo anterior hasta por la cantidad de $396,099.32 (trescientos noventa y seis mil noventa y nueve pesos 32/100 M.N.), por concepto de saldo total adeudado de ********** con mi representada, al día 31 de mayo de 2017, respecto del crédito en cuenta corriente del cual ha dispuesto mediante la utilización de una «tarjeta de plástico» identificada con el número **********, lo anterior se acredita con el estado de cuenta certificado (anexo 3), que para la fijación del saldo resultante a cargo del deudor da fe del mismo en términos del artículo 87-E de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, que se anexa al presente.
"‘III. En ese sentido y a efecto de perfeccionar las providencias precautorias para retener bienes que se promueven, se solicita a usted Juez se sirva girar atento oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ... para que por su conducto se haga del conocimiento de todas y cada una de las instituciones de crédito y/o financieras que forman parte del sistema financiero mexicano que están bajo su control y vigilancia, la retención de bienes que tenga a bien ordenar su Señoría, indicándoles a dichas instituciones que deberán consignar ante su Señoría los recursos existentes hasta por la cantidad antes indicada, apercibidas de doble pago para el caso de desobediencia. ...’ (Fojas 58 y 59 del cuaderno del amparo).
"En ese contexto, la petición de la recurrente se originó por un adeudo contraído por **********, derivado de un contrato de crédito en cuenta corriente. Se reclama la cantidad de $396,099.32 (trescientos noventa y seis mil noventa y nueve pesos 32/100 M.N.), por concepto de capital vencido, lo cual, constituye un derecho personal.
"Asimismo, la solicitante de las providencias aseveró, bajo protesta de decir verdad, que ********** no contaba con otros bienes conocidos que aquellos en que se habría de practicar la diligencia, lo cual realizó de la siguiente manera: ‘... se manifiesta bajo protesta de decir verdad, que mi mandante no tiene conocimiento de que ********** tenga otros bienes conocidos, sobre los cuales ha de practicarse la retención.’
"De igual forma, refirió que tenía temor fundado de que la acreditada enajenara, ocultara o dilapidara los bienes a su nombre, a efecto de evitar que recuperara las cantidades que le eran adeudadas, pues era evidente que, al contar con bienes que garanticen el adeudo, trataría de evadir su responsabilidad, máxime que incumplió con sus obligaciones de pago sin causa justificada.
"De manera que la institución bancaria solicitó las providencias precautorias para el efecto de que se retengan bienes de la presunta deudora existentes en instituciones de crédito, pero no podrá obligársele a precisar los datos necesarios para ubicar esas cuentas, como pudiera ser el número y la institución bancaria, porque tales datos están protegidos por el secreto bancario, los cuales solamente pudieran darse a conocer por requerimiento judicial de autoridad competente que lo funde y motive, en términos del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito.
"Por tanto, no se debió exigir que la promovente de la medida le informara al Juez el número de cuenta y la institución de crédito respectiva donde esté la cuenta de la presunta deudora, por lo cual existió una indebida interpretación y aplicación de los artículos 1168, fracción II y 1175 del Código de Comercio, en virtud de que la ahora quejosa promovió providencias precautorias, a fin de retener bienes de la presunta demandada, lo cual, como quedó expuesto, descansa en un derecho personal, previsto en la norma invocada.
"Por tanto, la recurrente no tiene la obligación de expresar las razones por las cuales tiene temor fundado de que los bienes se oculten, enajenen o dilapiden, porque conforme a lo establecido en el artículo 1175, en relación con el diverso 1168 del citado código, es suficiente con que se manifieste bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes que aquellos en los que se ha de practicar la diligencia, ya que si se trata de dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, u otros bienes fungibles, los referidos artículos únicamente exigen que la promovente manifieste, bajo protesta de decir verdad, que la persona contra la que se piden las providencias, no tuviere otros bienes que aquellos en los que se ha de practicar la diligencia, relevándola, incluso, de expresar las razones por las que exista temor fundado de que el deudor oculte, dilapide o enajene dichos bienes, pues en el supuesto que se analiza (depósito de dinero en instituciones de crédito) se presume tal riesgo.
"Además, cabe destacar que la información relativa a las cuentas bancarias no está a disposición de cualquier persona, por lo que si se pidió la investigación de éstas a nombre de la acreedora **********, esto es, sobre su información financiera, a fin de que se lleve a cabo la retención de las mismas por el monto adeudado, ello no es contrario a la ley, pues el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito dispone que: (se transcribe)
"En sentido literal del texto transcrito es claro en cuanto a que la información y documentación relativa a las operaciones y servicios que prestan las instituciones de crédito, tiene carácter confidencial, por lo que en protección del derecho de privacidad de sus clientes, las instituciones de crédito, no pueden dar noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios a terceros, esto es, solamente puede hacerlo al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomisario, fideicomitente, comitente o mandato a sus representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicios.
"La excepción a esa regla del secreto bancario, consiste en que las instituciones de crédito estarán obligadas a dar las noticias o información, de que se trata sobre depósitos, operaciones o servicios, cuando lo solicite la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular o, en su caso, el fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario sea parte o acusado.
"La autoridad judicial puede formular solicitud directamente a la institución de crédito, o a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
"En el asunto, la quejosa pretendió, como providencia precautoria, la retención de las cuentas que pudiera tener **********, en alguna institución de crédito y sobre un monto concreto.
"Por tanto, si la quejosa solicitó la providencia precautoria de retención de bienes propiedad de **********, depositados en todas las cuentas bancarias, de inversión o cheques (moneda nacional y/o cualquier moneda extranjera), fideicomisos, incluso, productos de nómina que se encuentren en las instituciones bancarias integrantes del sistema financiero y bancario mexicano, y para tal efecto, solicitó se girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de que hiciera del conocimiento de todas las instituciones de crédito, el proveído en que se ordenara la retención de las cantidades que reportaran las cuentas que tuviera la deudora. Aunado a que, bajo protesta de decir verdad, manifestó que la deudora no tiene otros bienes conocidos que aquellos sobre los cuales solicitaba se decretara la retención; entonces, resulta inconcuso, que la recurrente sí cumplió con el requisito que exige el artículo 1175, fracción IV, del Código de Comercio; de ahí lo fundado de su argumento.
"II. Manifestación del temor fundado.
"La quejosa aduce que el Juez federal interpretó equivocadamente el artículo 1175, fracción IV, del Código de Comercio, se exigen dos requisitos para solicitar las medidas precautorias, también lo es que se exceptúa uno de ellos, cuando se trate de dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito.
"Lo anterior es así, porque las providencias precautorias se solicitaron con la finalidad de que se ordenara la retención de dinero que se encuentre depositado en cuentas bancarias, de inversión, cheques, fideicomisos o, incluso, productos de nómina, y esa sola circunstancia constituye una excepción al referido numeral; lo cual es una cuestión que se hizo notar desde el escrito de solicitud de providencias precautorias, y se planteó en los conceptos de violación, razón por la cual, no era exigible la exposición de razones por las cuales el promovente de las obligaciones justificara el temor fundado para la procedencia de las medidas que solicitó.
"En consecuencia, se surte el supuesto de la fracción IV del artículo 1,175 del Código de Comercio, dispone que para decretar de plano la retención de bienes, entre otros requisitos, se deben expresar las razones por las que exista temor fundado de que el deudor oculte, dilapide o enajene dichos bienes, salvo que se trate de dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito.
"De manera que la recurrente no tenía la carga de justificar los motivos que tuviere para considerar que la presunta demandada pudiera ocultar, dilapidar o enajenar el numerario depositado en las cuentas de las diversas instituciones bancarias a las que se solicitó retenerlo, pues el segundo párrafo del inciso b) de la fracción II del diverso artículo 1,168 del Código de Comercio, contempla una presunción basada en que si los bienes consisten en dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, existe el riesgo de que los mismos sean dispuestos, ocultados o dilapidados, presunción que, en todo caso, debe ser desvirtuada por los futuros demandados garantizando el monto del adeudo.
"En tales condiciones, está demostrado que en el acto reclamado no se aplicaron debidamente los preceptos que regulan la procedencia de la medida preventiva y, por ende, se infringió en perjuicio de la quejosa la garantía de legalidad prevista en los artículos 14 y 16 constitucionales, por lo que procede conceder el amparo solicitado, para los siguientes efectos:
"a) Dentro de las veinticuatro horas siguientes deje insubsistente el acuerdo reclamado.
"b) Dentro de los tres días hábiles siguientes al en que sea notificado de esta ejecutoria, dicte uno nuevo en el que, con base en los lineamientos de esta ejecutoria, con libertad de jurisdicción, provea conforme a derecho y proceda sobre las providencias precautorias solicitadas."
II. El Décimo Tercer Tribunal resolvió el recurso de revisión civil 340/2017-13, interpuesto en contra de la resolución emitida por el Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, el doce de septiembre de dos mil diecisiete, en el juicio de amparo indirecto **********; medio de impugnación que fue resuelto en sesión de treinta de mayo de dos mil dieciocho, por mayoría de votos, en el sentido de confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo.
Con relación al tema que ahora se analiza, en dicha ejecutoria el Décimo Tercer Tribunal determinó lo siguiente:
"V. —Los argumentos transcritos resultan infundados.
"En los agravios la recurrente sostiene que es incorrecto que en la sentencia impugnada se haya considerado que en términos del acuerdo reclamado para la procedencia de la providencia precautoria (embargo de cuentas bancarias antes de juicio mercantil) la presunta actora debió precisar los bienes sobre los que pretende la retención, por lo siguiente:
"A) Que al pretenderse el aseguramiento de cuentas bancarias existe la presunción de que podrían dilapidarse los fondos de las cuentas bancarias de los presuntos demandados, en términos del artículo 1175, fracción IV, del Código de Comercio, por tanto, que no tuvo la obligación de precisar el motivo de la urgencia de tal aseguramiento y menos indicar las pruebas con que se demostraría ese hecho; con lo que añade, no se analizó el peligro en la demora y la apariencia del buen derecho, no obstante que se trata de un anticipo de la tutela jurisdiccional efectiva;
"B) Que en la demanda inicial sí indicó los bienes sobre los cuales procedía el aseguramiento que pretende; porque (1) indicó que se trataba del dinero depositado en todas las cuentas bancarias que tuvieran los presuntos demandados en el sistema bancario mexicano y (2) manifestó bajo protesta de decir verdad que eran los únicos bienes con que contaban los deudores; con lo que agregó, era innecesaria su individualización y, por tanto, que basta con que se indicara la cantidad adeudada en términos supletorios de los artículos 436 y 449 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 536 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México; porque tales preceptos legales permiten el embargo sin su previa singularización;
"C) Que en la demanda inicial no se solicitó al Juez natural indagara (como concepto de pesquisa) los números de cuentas bancarias de los presuntos enjuiciados; porque el embargo se realizará por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio; por tanto, que las instituciones de crédito le informaran, precisaran e identificaran sobre sus cuentas bancarias, para que se realizara su retención y disposición en billete de depósito en términos del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito; con lo que adicionan, dicha solicitud puede realizarse en forma genérica;
"D) Que contrario a lo estimado en la sentencia recurrida, sí precisó correctamente el monto sobre el cual solicitó el aseguramiento judicial, esto es, por doscientos quince mil veintiocho pesos con cuarenta y cuatro centavos; en tanto que el embargo es equiparable al aseguramiento de bienes;
"E) Que, en la especie, la promovente no pretende ejercitar una acción real, sino una personal derivada de un crédito.
"F) Que tal resolución carece de una debida fundamentación y motivación.
"En el caso a estudio, la litis consiste en establecer:
"A) Si conforme a la ley que regula el acto proceden o no las providencias precautorias de retención de bienes solicitadas por la presunta actora (antes del juicio mercantil) con el objeto de asegurar las cantidades que ésta afirma le adeudan las presuntas demandadas, sobre todas las cuentas bancarias indeterminadas que tengan éstos en el sistema bancario mexicano; y,
"B) Si en la especie a las providencias precautorias reguladas por el Código de Comercio le resulta aplicable o no, la normatividad que regula los embargos en juicio en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México o el Código Federal de Procedimientos Civiles.
"Los agravios resultan infundados, como se explica:
"Los artículos 1168 y 1175 del Código de Comercio establecen: (se transcriben).
"El primero de los preceptos indicados, en la parte que interesa, prevé que las medidas cautelares o providencias precautorias de retención de bienes en acciones personales, procede ‘... siempre que la persona contra quien se pida no tuviere otros bienes que aquellos en que se ha de practicar la diligencia ...’, y exista temor fundado de que los disponga, oculte, dilapide o enajene y que, tratándose de dinero en efectivo o cuentas bancarias, existe la presunción de que los mismos sean dispuestos, ocultados o dilapidados.
"El segundo de tales numerales dispone que para la retención de bienes se requiere: (1) Que se acredite la existencia de un crédito líquido y exigible; (2) Que se exprese el valor de las prestaciones o de las cosas que se reclama designándola con toda precisión; (3) Que tratando de acciones personales ‘... manifieste bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes conocidos que aquellos en que se ha de practicar la diligencia ...’ y exprese las razones por las que existe temor fundado de que los bienes vayan a ocultarse, dilapidarse o enajenarse, salvo que se trate de dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito; y, (4) Que garantice los daños y perjuicios que pudiera ocasionar su concesión.
"Luego, de la adminiculación de ambos preceptos legales, al establecer que tratándose de acciones personales las providencias precautorias deben solicitarse ‘... siempre que la persona contra quien se pida no tuviere otros bienes que aquellos en que se ha de practicar la diligencia ...’ y ‘... manifieste bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes conocidos que aquellos en que se ha de practicar la diligencia ...’; es de concluir que dichos preceptos legales parten de la existencia de bienes conocidos por la parte actora y, por tanto, que dicha medida cautelar únicamente procede tratándose de bienes conocidos del presunto deudor.
"Lo anterior se robustece con lo previsto en el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, que señala: (se transcribe)
"La norma transcrita regula el secreto bancario; estableciendo, al respecto, como excepción a éste, que las instituciones de crédito estarán obligadas a dar las noticias o información, cuando lo solicite la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular o, en su caso, el fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario sea parte en el juicio.
"Sin embargo, dicho precepto legal debe ser analizado atendiendo a su parte final, en cuanto establece que: ‘... la autoridad judicial podrá formular su solicitud directamente a la institución de crédito, o a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ...’; lo que implica que si dicha petición se puede solicitar directamente a la institución bancaria o a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es porque el promovente debe conocer plenamente la cuenta bancaria sobre la que pretende obtener información, por tanto, dicha petición no puede ser sobre cuentas indeterminadas.
"Lo anterior se robustece con la prohibición de la pesquisa que prevén los artículos 42, 43 y 44 del Código de Comercio, en cuanto disponen: (se transcribe)
"El primero de los preceptos transcritos, en estricto sentido, prevé que la autoridad judicial tiene prohibido realizar pesquisa para inquirir si los comerciantes llevan o no contabilidad.
"El segundo de tales numerales, adminiculado con el primero de ellos, dispone como regla general, que tampoco podrá decretarse pesquisa, entre otros casos, para inquir
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28252-5493b015/medida-de-aseguramiento-en-materia-mercantil-la-identificacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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