COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE EL ACTO RECLAMADO SE RELACIONE CON LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS MÁXIMOS AL PÚBLICO DE LAS GASOLINAS Y EL DIÉSEL. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
CONFLICTO COMPETENCIAL 455/2018. SUSCITADO ENTRE EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. 28 DE NOVIEMBRE DE 2018. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y EDUARDO MEDINA MORA I.; JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS VOTÓ CON RESERVA DE CRITERIO. AUSENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIO: JUVENAL CARBAJAL DÍAZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente conflicto competencial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 46 de la Ley de Amparo vigente y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo, tercero y cuarto del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que el Tribunal Colegiado que previno en el conocimiento del asunto se encuentra especializado en materia administrativa, especialidad de esta Segunda Sala.
SEGUNDO.—Para estar en condiciones de resolver el presente asunto, es menester determinar sobre la existencia de un conflicto competencial, para lo cual, es necesario tener presentes los antecedentes del presente caso, los cuales se hacen consistir en los siguientes:
1. Eduardo Ponce Martínez promovió juicio de amparo indirecto que, por razón de turno, fue radicado en el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla (**********), órgano jurisdiccional que, mediante acuerdo de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, se declaró legalmente incompetente, para conocer de la demanda, por considerar que era competencia de un Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República.
2. Es necesario precisar que el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 2/2017, que determinó que los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, conocerían del trámite, resolución y cumplimiento de las sentencias de los juicios de amparo en los que se señale como acto reclamado, entre otros, la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017; la Ley de Hidrocarburos; el Acuerdo que establece el precio máximo de la gasolina, y el Acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel, previsto en el artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos en mención.
3. Así, el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, a quien le fue turnado el asunto, determinó no aceptar la competencia declinada.
Derivado de lo anterior y ante la insistencia de incompetencia del Juzgado de origen, se tramitó el conflicto competencial **********, del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, quien en sesión de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, resolvió en el sentido de que el Juzgado de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región en turno, con sede en la Ciudad de México, era competente para conocer del juicio.
4. Por diverso escrito presentado el dieciocho de enero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil y de Trabajo y Juicios Federales, en San Andrés Cholula, Puebla, la empresa M.R.C. Construcciones, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal, Salvador Ismael Morales Martínez, quien también acudió por derecho propio, y Melchor Rodríguez Caballero, promovieron juicio de amparo indirecto, que por razón de turno, fue radicado en el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla (**********), órgano jurisdiccional que se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto y determinó remitirlo a un Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno.
Del asunto correspondió conocer al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, quien lo radicó con el número de expediente **********, pero no aceptó la competencia para conocer del asunto.
5. Por diverso escrito presentado el trece de enero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Lizbeth Beatriz Adriana Figueroa Navarro promovió juicio de amparo indirecto que, por razón de turno, fue radicado en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco (**********), quien no aceptó la competencia para conocer del juicio y lo remitió a un Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México.
Así, correspondió conocer del asunto al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, quien radicó el juicio con el número de expediente ********** y no aceptó la competencia para conocer del asunto.
Con motivo de esa determinación y ante la insistencia de incompetencia del Juzgado Federal de origen, se tramitó el conflicto competencial **********, del que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quien en sesión de dos de marzo de dos mil diecisiete, resolvió en el sentido de que un Juzgado de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región en turno, con sede en la Ciudad de México, era competente para conocer del asunto.
6. En atención a lo anterior, mediante proveído de quince de mayo de dos mil diecisiete, el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, tuvo por recibidos los expediente relativos al juicio de amparo indirecto **********, del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, así como los conflictos competenciales ********** y **********, previamente aludidos, a su vez, admitió a trámite las demandas de amparo y acordó la acumulación de los juicios de amparo.
7. En acuerdo de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, en cumplimiento al punto segundo del Acuerdo General 2/2017, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ordenó remitir el asunto a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en turno.
8. En las demandas de amparo se señalaron como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes:
Autoridades responsables
1. Presidente de la República
2. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
3. Secretaría de Hacienda y Crédito Público
4. Comisión Reguladora de Energía
5. Director general de Petróleos Mexicanos
6. Secretario de Gobernación
Actos reclamados
• La iniciativa, discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del dos mil diecisiete, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de noviembre del dos mil dieciséis.
• El Acuerdo A/059/2016, que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel previsto en el artículo transitorio décimo segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del dos mil diecisiete, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de diciembre del dos mil dieciséis.
• El Acuerdo 98/2016, por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre del dos mil dieciséis.
• La ejecución de las disposiciones reclamadas, traducida en la venta de las gasolinas, a través de las estaciones de servicio a precios exorbitantes y el cobro excesivo por la compraventa de gasolina.
9. Seguidos los trámites del juicio, el dos de agosto de dos mil diecisiete (fojas 980 y 981 del juicio de amparo **********), tuvo verificativo la audiencia constitucional donde dictó sentencia terminada de engrosar el veinte de febrero de dos mil dieciocho, en el sentido de sobreseer en el juicio de amparo (fojas 1006 a 1015 del juicio de amparo antes aludido).
10. Inconformes con la sentencia anterior, mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, ambos el ocho de marzo de dos mil dieciocho, la empresa M.R.C. Construcciones, Sociedad Anónima de Capital Variable, Salvador Ismael Morales Martínez y Melchor Rodríguez Caballero, interpusieron recurso de revisión, del que conoció primeramente el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien por acuerdo de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, registró el asunto con el número **********, y admitió a trámite el mismo (fojas 3 a 9 del amparo en revisión **********).
Posteriormente, el Tribunal Colegiado antes aludido, en sesión plenaria de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, determinó carecer de competencia legal por razón de materia para conocer de los medios de impugnación, por lo que declinó la misma al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República (fojas 258 a 271 del amparo en revisión **********).
11. El Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, en acuerdo plenario de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, registró los asuntos con el número **********; y, determinó que dicho órgano jurisdiccional no aceptaba la competencia declinada a su favor (fojas 272 a 278 del recurso de revisión antes aludido).
TERCERO.—Precisado lo anterior y previo análisis de las determinaciones emitidas por los Tribunales Colegiados indicados, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte la existencia de un conflicto competencial, en términos de lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Amparo, pues ambos órganos jurisdiccionales se niegan a conocer del recurso de revisión interpuesto por la empresa M.R.C. Construcciones, Sociedad Anónima de Capital Variable, Salvador Ismael Morales Martínez y Melchor Rodríguez Caballero, en contra de la sentencia dictada el dos de agosto de dos mil diecisiete, terminada de engrosar el veinte de febrero de dos mil dieciocho, por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, dentro del juicio de amparo ********** y sus acumulados ********** y **********.
Cabe señalar que para la integración de una controversia de esta índole, con base en el dispositivo aludido, sólo se exige que un Tribunal Colegiado de Circuito se declare legalmente incompetente para conocer de un juicio, de un recurso o cualquier otra clase de asunto sometido a su consideración, y que un diverso Tribunal Colegiado no acepte la competencia declinada, comunicando esa determinación al tribunal declinante y ordenando la remisión de los autos a este Supremo Tribunal para su avocamiento y posterior resolución, en términos de lo así planteado.
Por lo tanto, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que existe un conflicto competencial entre Tribunales Colegiados que se debe dilucidar.
CUARTO.—Efectivamente, de las resoluciones de los Tribunales Federales, se advierte la existencia de un conflicto competencial susceptible de ser examinado por este Alto Tribunal, porque se satisfacen los requisitos exigidos por el artículo 46 de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente:
"Artículo 46. Cuando un Tribunal Colegiado de Circuito tenga información de que otro conoce de un asunto que a aquél le corresponda, lo requerirá para que le remita los autos. Si el requerido estima no ser competente deberá remitir los autos, dentro de los tres días siguientes a la recepción del requerimiento. Si considera que lo es, en igual plazo hará saber su resolución al requirente, suspenderá el procedimiento y remitirá los autos al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien lo turnará a la Sala que corresponda, para que dentro del plazo de ocho días resuelva lo que proceda.
"Cuando el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de un juicio o recurso estime carecer de competencia para conocer de ellos, lo declarará así y enviará dentro de los tres días siguientes los autos al órgano jurisdiccional que en su concepto lo sea.
"Si éste acepta la competencia, se avocará al conocimiento; en caso contrario, dentro de los tres días siguientes comunicará su resolución al órgano que declinó la competencia y remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que dentro del plazo de ocho días resuelva lo que proceda."
Lo anterior es así, en virtud de que los Tribunales Colegiados contendientes declararon su incompetencia legal, por razón de la materia, para conocer del recurso de revisión interpuesto por la empresa M.R.C. Construcciones, Sociedad Anónima de Capital Variable, Salvador Ismael Morales Martínez y Melchor Rodríguez Caballero, en contra de la sentencia dictada el dos de agosto de dos mil diecisiete, terminada de engrosar el veinte de febrero de dos mil dieciocho, por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, dentro del juicio de amparo ********** y sus acumulados ********** y **********.
Así, mientras el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en esencia, sostiene que carece de competencia legal por razón de materia para conocer del asunto, por las consideraciones siguientes:
• El Tribunal Colegiado carece de competencia legal para conocer y resolver el recurso de revisión, en atención a que se ubica en la hipótesis de la jurisprudencia 2a./J. 68/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO O SUS RECURSOS CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS TENGAN COMO OBJETIVO CREAR CONDICIONES DE LIBRE COMPETENCIA Y CONCURRENCIA EN EL MERCADO DE LOS PETROLÍFEROS, COMO LO SON LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS GASOLINAS Y EL DIÉSEL."
• Es claro que los actos que se reclamaron en los juicios de amparo acumulados, de los que deriva el recurso, son esencialmente los mismos que fueron objeto de análisis en la ejecutoria de la contradicción de tesis 113/2017, del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que corresponde, por criterio de especialidad, resolver el recurso de revisión a los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, pues, como lo estableció nuestro Máximo Tribunal de Justicia, el Poder Reformador, al establecer el nuevo orden jurídico en materia de energía, hizo especial énfasis en la necesidad de fomentar la libre competencia y concurrencia en los mercados de comercialización de productos petrolíferos, como lo son las gasolinas y el diésel; y, en este sentido, una de las formas en que ello se puede lograr es a través de los precios.
• Por ende, los actos reclamados en los juicios de amparo en consulta se enmarcan en ese objetivo de la reforma constitucional de fomentar la libre competencia y concurrencia en el mercado de los petrolíferos, de donde se advierte la repercusión indirecta en un tema que es propio de la competencia económica, tomando en cuenta la estrecha relación entre precios y competencia.
• Así, debe destacarse que en la referida ejecutoria se estableció que lo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 2/2017, solamente era una política judicial que obedeció al cúmulo de trabajo concentrado en ciertos órganos jurisdiccionales, la cual no perdía vigencia; sin embargo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que en esa clase de asuntos debe regir un criterio de especialidad, por lo que dicha política no puede superar a una cuestión constitucionalmente establecida.
• En esa medida, aun cuando el punto de acuerdo quinto del citado acuerdo general disponga que corresponde a los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito conocer de los recursos que se interpongan en los juicios de amparo en los que se señalen como actos reclamados la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete; la Ley de Hidrocarburos; el Acuerdo que establece el precio máximo de la gasolina, y el Acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel, previsto en el artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos en mención, ello debe interpretarse en concomitancia con el criterio de especialidad que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la temática.
• Lo anterior cobra especial relevancia, porque en atención el principio de especialidad de los órganos jurisdiccionales, debe preferirse, para la resolución de los asuntos, un tribunal con conocimientos técnicos sobre la competencia económica, lo que es concordante con la reforma constitucional de once de junio de dos mil trece, de la que derivaron los tribunales especializados, y en la que claramente el objetivo del Poder Reformador consistió en crear éstos con la finalidad de que existan órganos judiciales con conocimientos técnicos especializados que le permitan aplicar de manera eficaz y técnicamente informada, los marcos normativos que regulan actividades y litigios sobre competencia económica.
• En esas condiciones, no incide de alguna manera que en el Acuerdo General 2/2017, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el punto de acuerdo quinto, segundo párrafo, se haya establecido que "... Los recursos interpuestos, que a la fecha de aprobación del presente acuerdo se encuentren turnados a los Tribunales Colegiados de Circuito correspondientes al lugar donde se haya promovido la demanda de amparo, serán resueltos por éstos", pues como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este acuerdo solamente es una política judicial que no debe sobrepasar los principios erigidos en la Constitución, por lo que este Tribunal estima que, en este caso, el criterio de especialidad de los órganos jurisdiccionales debe prevalecer en beneficio del justiciable.
En tanto, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, estimó que carece de competencia legal para conocer del recurso de revisión de mérito, toralmente por las razones siguientes:
• El Tribunal Colegiado carece de competencia legal para conocer y resolver el recurso de revisión, en atención al Acuerdo General 2/2017, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, puesto que en el mismo se señala que se emite considerando las cargas de trabajo que ocasionan la gran cantidad de demandas de amparo que se presentaron en contra de "La Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017; la Ley de Hidrocarburos; el acuerdo que establece el precio máximo de la gasolina, y el acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel, previsto en el artículo décimo segundo transitorio de la ley de ingresos en mención.", por lo que, para repartir esa carga, se dispuso que "los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito" deben conocer de los recursos que se interpongan en contra de las determinaciones dictadas en los juicios de amparo materia de ese acuerdo.
• En el caso, el recurso de revisión que se interpuso estaba referido a la demanda de amparo promovido por la parte quejosa contra los actos siguientes: a) La iniciativa, discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del dos mil diecisiete, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de noviembre del dos mil dieciséis; actos que se atribuyen a las Cámaras de Diputados y Senadores, ambas del Congreso de la Unión, al presidente de la República, al secretario de Gobernación y al director general adjunto del Diario Oficial de la Federación; b) El Acuerdo A/059/2016, que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel previsto en el artículo transitorio décimo segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del dos mil diecisiete, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de diciembre del dos mil dieciséis; acto que se atribuye a la Comisión Reguladora de Energía; c) El Acuerdo 98/2016, por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre del dos mil dieciséis; acto que se atribuye al secretario de Hacienda y Crédito Público; y, d) La ejecución de las disposiciones reclamadas, traducida en la venta de las gasolinas, a través de las estaciones de servicio a precios exorbitantes y el cobro excesivo por la compraventa de gasolina; actos que se atribuyen al director general de Petróleos Mexicanos y a la estación de servicio denominada: **********.
• Por tanto, en términos del Acuerdo General 2/2017, contrariamente a lo afirmado por el tribunal declinante, ese Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Subespecializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, no debía conocer del asunto, dado que se relacionaba con la impugnación de los actos mencionados; respecto de la cual, para equilibrar la carga de trabajo, el Consejo de la Judicatura Federal dispuso que debían conocer de ella los "Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito".
• De esa forma, es el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito el que debía seguir conociendo del asunto, por tratarse de un Tribunal Especializado en Materia Administrativa del Primer Circuito y porque el recurso tiene relación con una demanda de amparo presentada contra actos que se ubicaban en los supuestos establecidos en el Acuerdo General 2/2017.
• No es obstáculo que la quejosa reclamó otros actos, además de los establecidos en el Acuerdo General 2/2017, en virtud de que, conforme el principio de indivisibilidad de la continencia de la causa, era el mismo órgano jurisdiccional el que debía conocer de la impugnación de todos esos actos vinculados.
• No pasaba inadvertido que la Segunda Sala emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 68/2018 (10a.), en la que si bien es cierto que definió de los juicios de amparo o sus recursos en los que se reclamen actos de autoridad relativos a la determinación de precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, deberán conocer los órganos jurisdiccionales especializados en competencia económica, ya que esos actos tienen como finalidad fomentar la libre competencia y concurrencia en ese sector, con independencia del carácter formal de la autoridad administrativa que los haya emitido, en virtud de que forman parte de toda una política de competencia tendente a lograr una mayor participación de los agentes económicos en ese mercado.
• También lo era que la citada Sala estableció de manera categórica que el criterio señalado en el párrafo que antecede, no implicaba que dejara de tener aplicación el Acuerdo General 2/2017, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al trámite, resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que se señalara como actos reclamados la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017; la Ley de Hidrocarburos; el Acuerdo que establece el precio máximo de la gasolina, y el Acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel, previsto en el artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos en mención, por parte de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete.
• Incluso, en la ejecutoria que dio origen a la referida tesis de jurisprudencia la Segunda Sala estableció que el Acuerdo General 2/2017, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se emitió como una política judicial, cuyo objetivo es el de distribuir asuntos en atención al volumen de demandas de amparo en las que se reclamaron actos de autoridad relativos a la determinación de precios máximos al público de las gasolinas y el diésel. Por ello, el criterio que fijó la Segunda Sala no implicaba que se dejara de aplicar lo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal en ese acuerdo general, es decir, éste sigue rigiendo, pero en la resolución de los juicios de amparo se debe tomar en cuenta que los actos reclamados se ubican en el derecho de la competencia económica.
• Luego, es el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito quien debe seguir conociendo del asunto, por tratarse de un tribunal especializado en materia administrativa del Primer Circuito y porque el recurso interpuesto tienen relación con una demanda de amparo presentada en contra de actos que se ubicaban en los supuestos establecidos en el Acuerdo General 2/2017 citado, que como había señalado se dispuso que "los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito" deben conocer de los recursos que se interpongan en contra de las sentencias dictadas en los juicios de amparo en los que se hayan analizado los actos que son materia de ese acuerdo.
• Por último, expresó que se estaba en presencia de un conflicto competencial híbrido, en virtud de que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, planteó su incompetencia por una cuestión competencial por razón de materia, y ese Tribunal Colegiado planteó su incompetencia por una cuestión de asignación, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General 2/2017, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
QUINTO.—Para la resolución del presente asunto, es menester precisar que la competencia por materia está encaminada a procurar que, dentro de un órgano jurisdiccional especializado, se radiquen asuntos de una misma rama del derecho, lo que permita, en última instancia, que los juzgadores que lo integran tengan un mayor conocimiento sobre la materia correspondiente y, en consecuencia, puedan resolver mejor y con mayor prontitud los asuntos sometidos a su conocimiento, a efecto de cumplir con la garantía de justicia pronta, completa e imparcial establecida en el artículo 17 de la Constitución Federal.
En el caso a estudio, debe partirse de la idea de que de interponerse un recurso de revisión en contra de una resolución que dicte un Juez de Distrito, dicho asunto debe remitirse a su superior jerárquico, en el caso, al Tribunal Colegiado con jurisdicción sobre el Juez federal que hubiese dictado dicha resolución, y cuando en el Circuito correspondiente existan dos o más tribunales, se enviará al especializado en la materia del juicio.
Lo anterior se deriva de lo dispuesto en los artículos 37, fracción II y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a precisar:
"Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer:
"...
"II. Del recurso de revisión en los casos a que se refiere el artículo 81 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
"Artículo 38. Podrán establecerse Tribunales Colegiados de Circuito Especializados, los cuales conocer
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28340-693fd643/competencia-para-conocer-de-los-recursos-interpuestos-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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