COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DE OMISIONES LEGISLATIVAS ATRIBUIDAS A LA LEY DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO Y DISPOSICIONES RELACIONADAS, POR NO ESTABLECER EL REGISTRO DE CORRESPONDENCIA QUE SE RECOGE EN LOS BUZONES PENITENCIARIOS Y BRINDAR OTROS SERVICIOS POSTALES A LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CORRESPONDE AL ÓRGANO ESPECIALIZADO EN MATERIA PENAL.
CONFLICTO COMPETENCIAL 183/2022. SUSCITADO ENTRE EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 5 DE OCTUBRE DE 2022. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ALEJANDRO CASTAÑÓN RAMÍREZ.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día cinco de octubre de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el conflicto competencial 183/2022, suscitado entre los Tribunales Colegiados Segundo en Materia Penal y Primero en Materia Administrativa, ambos del Séptimo Circuito.
El problema jurídico a resolver por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si corresponde conocer a un Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa o a uno en materia penal del recurso de revisión derivado de un juicio de amparo indirecto promovido en contra de la omisión de establecer en la Ley del Servicio Postal Mexicano y el Estatuto Orgánico del Servicio Postal Mexicano el registro de correspondencia que recoge en los buzones penitenciarios y brindar otros servicios postales a las personas privadas de la libertad, así como su acto de ejecución.
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Antecedentes. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, ********** y **********, promovieron juicio de amparo indirecto por la violación a sus derechos fundamentales consagrados en los numerales 1o., 14, 16, 103, 107 y 133 de la Constitución Federal, contra las autoridades siguientes:
A) Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos;
B) Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión;
C) Secretaría de Comunicaciones y Transportes;
D) Servicio Postal Mexicano;
E) Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social;
F) Director general del Centro Federal de Readaptación Social número cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz; y
G) Gerente postal estatal en Veracruz del Servicio Postal Mexicano, con sede en Veracruz, Veracruz.
2. Asimismo, señalaron como actos reclamados: a) el proceso legislativo que dio origen a la Ley del Servicio Postal Mexicano; b) el Estatuto Orgánico del Servicio Postal Mexicano; c) como primer acto de aplicación, la omisión de establecer el registro de correspondencia que recoge en los buzones penitenciarios y brindar otros servicios postales a las personas privadas de la libertad; y, d) la ejecución del acto de aplicación.
3. Por razón de turno, de dicha demanda tuvo conocimiento el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz con residencia en Xalapa, quien la radicó bajo el número **********, la admitió a trámite y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Seguida la secuela procesal, mediante sentencia de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, en el sentido de sobreseer en el juicio de amparo ante la inexistencia de los actos reclamados y al estimar que éstos no han ocasionado un agravio en la esfera jurídica de los quejosos al tener naturaleza heteroaplicativa y necesitar la existencia de un acto concreto de aplicación.
4. Recurso de revisión. Inconformes con la resolución anterior, los quejosos y defensor público federal interpusieron recurso de revisión, respectivamente, los cuales fueron radicados y admitidos por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, y fue registrado con el número **********.
5. Posteriormente, mediante sentencia de veintiocho de abril de dos mil veintidós el referido órgano colegiado dictó sentencia determinando jurídicamente inviable abordar el análisis de la resolución recurrida, al estimarse legalmente incompetente por razón de materia, para conocer y resolver el recurso de revisión, por lo que ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del mismo circuito, en turno.
6. Denuncia del conflicto competencial. Por razón de turno, el recurso de revisión fue turnado al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, registró el recurso bajo el número de expediente ********** y quien mediante sentencia dictada el siete de junio de dos mil veintidós, determinó no compartir las razones expuestas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del propio Circuito y, por tanto, no aceptó la competencia declinada. Por lo que planteó el presente conflicto competencial, ordenando remitir los autos del asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
7. SEGUNDO.—Trámite del conflicto competencial. Por auto de veintiocho de junio de dos mil veintidós, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite el expediente relativo al conflicto competencial 183/2022, y ordenó que la misma fuera turnada a la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
8. TERCERO.—Avocamiento. Posteriormente, por acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintidós, la presidenta de esta Primera Sala del Alto Tribunal se avocó al conocimiento del asunto.
CONSIDERANDO:
9. PRIMERO.—Competencia. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos quinto y noveno; y 106 de la Constitución Federal; 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 46 de la Ley de Amparo vigente, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de un conflicto competencial suscitado entre Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de un recurso de revisión.
10. SEGUNDO.—Elementos necesarios para resolver. Para estar en posibilidad de resolver el conflicto competencial es necesario destacar los argumentos expuestos por los Tribunales Colegiados en conflicto para no aceptar la competencia del asunto.
11. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, al resolver el recurso de revisión **********, se declaró incompetente, por razón de materia, bajo los siguientes argumentos:
a) Del análisis de lo reclamado en la demanda de amparo de origen se advierte que lo reclamado por los quejosos no configura ninguno de los supuestos de competencia en la materia penal.
b) Por lo contrario, de acuerdo con las fracciones III y IV del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, corresponde a un Tribunal Colegiado Especializado en Materia Administrativa, si se toma en consideración que los actos reclamados están estrechamente vinculados con la prestación del servicio público de correos que está a cargo del organismo público descentralizado de la administración pública federal, denominado Servicio Postal Mexicano.
12. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver el recurso de revisión **********, determinó no aceptar la competencia planteada, atento a los siguientes argumentos:
a) De conformidad con los artículos 37, fracción II, 38, 51, fracciones I a la IV y 52, fracciones II, III y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, resulta evidente que el recurso de revisión debe ser conocido y resuelto por un tribunal especializado en materia penal ya que es innegable que los actos reclamados en la demanda de amparo consisten en: el proceso legislativo de la Ley del Servicio Postal Mexicano, el Estatuto del Servicio Postal Mexicano, y como primer acto de aplicación, la omisión de establecer un registro de correspondencia que se recoge en los buzones penitenciarios y brindar otros servicios postales a las personas privadas de su libertad. De ahí que, el estudio de los actos reclamados debe realizarse de manera integral y de ello deriva que éstos tienen una connotación de naturaleza penal.
b) Adicionalmente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 151/2011, 197/2011, 199/2011, 205/2011 y 198/2011, determinó que corresponde conocer a los Jueces penales de todos los actos relacionados con la ejecución de las penas, tales como la aplicación de penas alternativas a la prisión, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde deba cumplirse una pena, así como todos los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los reclusos y situaciones conexas.
c) Sentadas dichas premisas, se advierte que el Tribunal Colegiado es legalmente incompetente, por razón de materia, para conocer del recurso de revisión, porque si bien el Juez Décimo Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz, no tiene jurisdicción especial en ninguna materia, también es cierto que conoce de asuntos de todas las materias a las que se refiere el título cuarto de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y, en el caso, conoció de un juicio de amparo en el que la controversia se encuentra vinculada con las condiciones de internamiento de los quejosos en un centro de reclusión como sentenciados o procesados, por lo que la naturaleza de los actos está comprendida en el ámbito penal.
d) Se afirma lo anterior, debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado en diversos criterios jurisprudenciales que la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privar al gobernado de la libertad personal que en ese momento disfrute, sino que la afectación surge también con actos que determinen, de alguna manera, la permanencia del gobernado en su situación actual o modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse. Lo anterior, derivado del nuevo modelo penitenciario de reinserción social de dos mil ocho, reforma que fue materia de diversos asuntos de los que resolvió el Máximo Tribunal.
e) De ahí que se llegue a la conclusión de que los actos reclamados se traducen en una afectación derivada de la privación de la libertad personal de que son objeto en el centro penitenciario y, por ende, no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para, en su caso, lograr la reinserción del procesado o sentenciado a la sociedad ni de los eventos acontecidos durante la privación de la libertad del mismo. Sin perjuicio que los quejosos reclamen la omisión de establecer el registro de correspondencia que se recoge en los buzones penitenciarios en el centro de reclusión donde se encuentran internos a la autoridad de su centro de reclusión como del Servicio Postal Mexicano, y tratándose de este último su existencia legal y facultades están previstas en leyes y reglamentos administrativos. Sin embargo, tales actos emanan de la calidad de internos del centro de reclusión, lo cual es de naturaleza penal, al ser actos equivalentes a una incomunicación de ellos, a través de la vía postal.
13. TERCERO.—Existencia del conflicto competencial. De conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo 46 de la Ley de Amparo, para que un conflicto competencial entre Tribunales Colegiados de Circuito se estime actualizado y de él deba conocer esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es necesario que se surtan los siguientes requisitos:
A. Que exista una regla competencial prevista en la ley, es decir, que uno de los Tribunales Colegiados contendientes, al conocer de un juicio o recurso sometido a su jurisdicción, estime que no es competente para conocer de ellos;
B. Que un Tribunal Colegiado se declare legalmente incompetente para conocer del asunto, mediante la emisión de una determinación en que así lo declare y remita los autos al que, en su concepto, lo sea; y,
C. Que este último no acepte la competencia declinada a su favor, por lo que comunicará dicha determinación al Tribunal Colegiado que se hubiere declarado incompetente y remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva lo que proceda.
14. En ese sentido, se tiene que el primer requisito se satisface en el presente asunto, porque el artículo 38, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, prevé la regla competencial que rige el caso concreto.
15. Asimismo, se actualiza el requisito referido en el inciso B pues el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito se declaró incompetente, por razón de materia, para resolver el recurso de revisión, en atención a que consideró que los actos reclamados eran de naturaleza administrativa, así como las autoridades señaladas como responsables.
16. Finalmente, también se cumple con el último requisito toda vez que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito no aceptó la competencia declinada pues, desde su perspectiva, los actos reclamados en el juicio de amparo de origen son de naturaleza penal.
17. De este modo, esta Primera Sala llega a la conclusión de que, en el caso, existe un conflicto competencial por razón de materia, al concurrir los requisitos que para tal efecto prevén los artículos 106 de la Constitución Federal y 46, párrafo tercero, de la Ley de Amparo.
18. CUARTO.—Estudio de fondo. Esta Primera Sala considera que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito es el legalmente competente, por razón de materia, para conocer del recurso de revisión interpuesto en el juicio de amparo indirecto **********, en atención a lo que se expone a continuación.
19. A fin de que esta Primera Sala determine a qué órgano jurisdiccional corresponde conocer del recurso de revisión interpuesto contra el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo, es necesario hacer las siguientes precisiones.
20. La materia es uno de los criterios generales para definir la competencia, la cual consiste en la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho, la cual tiene como ventaja que los juzgadores adscritos a un tribunal especializado únicamente conozcan de asuntos de esa materia, lo que permite enfocar su atención, repercute en la formación de su especialización y lo encausa hacia una mayor profundización del conocimiento del juicio de amparo en la materia de que se trate.
21. La competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales o juzgados, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, administrativos, penales y del trabajo, entre otros, y a cada uno de ellos le corresponde conocer de los asuntos relacionados con dicha especialidad.
22. Tratándose del juicio de amparo, los artículos 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente,(1) prevén la competencia por materia de los Juzgados de Distrito y establecen los lineamientos que el legislador tomó en consideración para delimitar la competencia por materia.
23. Como regla general, al interponerse un recurso de revisión en contra de la decisión del Juez de Distrito, dichos asuntos deben remitirse al Tribunal Colegiado con jurisdicción sobre el Juez federal que hubiese dictado dicha resolución y, cuando en el circuito correspondiente existan dos o más tribunales, se enviará al especializado en la materia del juicio, de conformidad con lo establecido en los artículos 38, fracción II, y 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que disponen:
"Artículo 38. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer:
"...
"II. Del recurso de revisión en los casos a que se refiere el artículo 81 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
"Artículo 39. Podrán establecerse Tribunales Colegiados de Circuito especializados, los cuales conocerán de los asuntos que establece el artículo anterior en la materia de su especialidad."
24. Ahora, en relación con este tipo de conflictos en los que se discute sobre la competencia por razón de materia para conocer de un recurso de revisión en amparo indirecto, esta Primera Sala al resolver el conflicto competencial 62/2021, refirió que el Tribunal Colegiado que conocerá del asunto será, en primer lugar, aquel que tenga la especialización del Juez de Distrito que previno el conocimiento del asunto, de acuerdo con lo establecido en la jurisprudencia de la Segunda Sala, 2a./J. 23/2012 (10a.), que esta Sala comparte, de rubro y texto siguientes:
"REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA COMPETENCIA POR MATERIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOCE DEL RECURSO RELATIVO, SE DETERMINA POR LA ESPECIALIZACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO EN EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. Del contenido de las normas procesales deriva que el derecho del demandado de provocar la incompetencia del Juez se extingue al dictarse la sentencia definitiva, porque hasta entonces se agota la jurisdicción del Juez estimado incompetente. Por su parte, de la interpretación armónica de los artículos 37, fracción IV y 38, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que tratándose de Tribunales Colegiados de Circuito especializados, la competencia para conocer del recurso de revisión interpuesto contra una sentencia pronunciada en la audiencia constitucional por un Juez de Distrito especializado por materia, debe fincarse en su superior jerárquico, es decir, en el Tribunal que sea de la misma materia del Juez que dictó la sentencia a revisar."(2)
25. Sin embargo, como en el caso concreto el Juez de Distrito del conocimiento tiene competencia mixta, entonces no puede atenderse al referido criterio, sino que es necesario, para establecer la competencia, que se atienda sustancialmente a la naturaleza del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad responsable.
26. Lo anterior, con independencia de los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, pues se llegaría a que la competencia por materia estuviese fijada a razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado.
27. Para ello es menester retomar las consideraciones contenidas en la contradicción de tesis 81/2019,(3) en las que se determinó lo siguiente:
• Naturaleza del acto reclamado. Para poder definir qué Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de los recursos de queja o de revisión interpuestos contra el auto de desechamiento o sentencia de sobreseimiento dictados por un Juzgado de Distrito con competencia mixta, respectivamente, por estimar que las autoridades señaladas como responsables no tienen ese carácter para efectos del juicio de amparo, en principio, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado, lo que permite que los juzgadores cuenten con un mejor conocimiento al momento de resolver y favorece la eficacia en la impartición de justicia.
• Naturaleza de las autoridades señaladas como responsables. De manera complementaria, para determinar la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, también podrá atenderse a la naturaleza de las autoridades consideradas como responsables respecto de las cuales no se hubiera desechado la demanda de amparo o sobreseído en el juicio, ello porque puede haber casos concretos en los que no bastaría atender a la naturaleza de los actos reclamados. 28. Como puede advertirse, en aquella ocasión se determinó que el Tribunal Colegiado de Circuito que se estime competente estará facultado para determinar si el acto reclamado puede o no considerarse de autoridad para efectos del juicio de amparo; lo que derivó en la jurisprudencia P./J. 13/2020 (10a.), de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO DE DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA O DE UN RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO, DICTADOS POR UN JUEZ DE DISTRITO CON COMPETENCIA MIXTA POR ESTIMAR QUE LA RESPONSABLE NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESPECIALIZADO EN LA MATERIA EN LA QUE INCIDE EL ACTO RECLAMADO Y, EN SU CASO, A LA NATURALEZA DE LAS AUTORIDADES CONSIDERADAS COMO RESPONSABLES."
29. Aunado a ello, cabe destacar que, en el fallo correspondiente, se invocaron de manera destacada las jurisprudencias 2a./J. 24/2009 y 2a./J. 145/2015 (10a.), cuyos rubros son:
"COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS."(4)
"COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR UN JUEZ DE DISTRITO CON COMPETENCIA MIXTA. SE DETERMINA ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE."(5)
30. De los referidos criterios se desprende que, los principios rectores –la naturaleza del acto reclamado y de las autoridades señaladas como responsables–, rigen la solución de conflictos competenciales en los que, como en el caso, debe dirimirse quién debe conocer de un recurso de revisión contra el sobreseimiento decretado por un Juez de Distrito en competencia mixta.
31. En la especie, la parte quejosa promovió juicio de amparo reclamando del presidente de la República, las Cámaras del Congreso de la Unión y el Servicio Postal Mexicano, las omisiones de tipo legislativa y reglamentaria, respectivamente, de establecer en dichos ordenamientos el registro de correspondencia que recoge en los buzones penitenciarios y brindar otros servicios postales a quienes se encuentran privados de su libertad.
32. Asimismo, se señaló a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Servicio Postal Mexicano, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, el director general del Centro Federal de Readaptación Social número cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz y del gerente postal estatal en Veracruz del Servicio Postal Mexicano, con sede en Veracruz, Veracruz; como autoridades ejecutoras de las omisiones atribuidas, por ser las encargadas de prestar el servicio público de correos en los centros penitenciarios, particularmente en el que se encuentran los quejosos.
33. Al respecto el Juez de Distrito determinó sobreseer en el juicio, al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, al ser inexistentes los actos reclamados de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y el director general del Centro Federal de Readaptación Social número 5 "Oriente", esto es, el acto de ejecución de la omisión de tipo legislativa y reglamentaria, al haberlo manifestado así en su informe justificado y no existiendo ningún elemento de prueba aportado por la parte quejosa que lo desvirtuara.
34. Asimismo, respecto a los actos atribuidos a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, al presidente de la República y al Servicio Postal Mexicano, los cuales constituyen las omisiones de tipo legislativa y reglamentaria sobre la Ley del Servicio Postal Mexicano, sobreseyó en el juicio, de conformidad con el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al estimar que estos actos no ocasionan un agravio en la esfera jurídica de los quejosos al tener naturaleza heteroaplicativa y necesitar la existencia de un acto concreto de aplicación. Así, el Juez de Distrito estimó que, si las autoridades ejecutorias negaron la existencia del acto concreto de aplicación y los quejosos no exhibieron prueba en contrario, es inconcuso que no se acreditó la aplicación de la ley y el estatuto reclamado.
35. Luego entonces, se tiene que la materia del amparo indirecto tiene que ver con la omisión atribuida a las Cámaras del Congreso de la Unión, al presidente de la República y al Servicio Postal Mexicano de establecer el registro de correspondencia que recoge en los buzones penitenciarios y brindar otros servicios postales a quienes se encuentran privados de su libertad, así como el acto de aplicación atribuido a las restantes autoridades administrativas consistente en la ejecución y cumplimiento a los ordenamientos jurídicos reclamados.
36. En ese contexto, es importante retomar las razones que motivaron a los órganos contendientes a declararse incompetentes para conocer del recurso de revisión.
37. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, a quien correspondió conocer del asunto en un primer término, consideró que no era legalmente competente para conocer y resolver el recurso de revisión debido a que la naturaleza de los actos reclamados y de las autoridades responsables señaladas en la demanda de amparo era administrativa, por tanto, su conocimiento correspondía a un Tribunal Colegiado especializado en esa materia.
38. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito consideró que los actos reclamados se encontraban estrechamente relacionados con las condiciones de internamiento de los quejosos, privados de su libertad, lo que corresponde a la materia penal.
39. Pues bien, para resolver esta controversia debe señalarse que el criterio relativo a la naturaleza del acto reclamado, señalado en párrafos anteriores, se vuelve relevante en la inteligencia de que la delimitación de la materia del amparo no se encuentra plenamente definida debido a que la competencia material del Juzgado de Distrito que conoció del asunto puede coexistir con actos de diversas especializaciones.
40. A consideración de esta Sala, los actos reclamados en el juicio de amparo de origen son de naturaleza penal y, por ello, quien resulta competente para conocer del recurso de revisión interpuesto en contra del sobreseimiento decretado es un Tribunal Colegiado en esa especialidad.
41. Para arribar a dicha conclusión, se estima necesario retomar las consideraciones expresadas en los conflictos competenciales 17/2022(6) y 120/2022(7) en los que se estimó que la competencia para conocer de actos reclamados consistentes en la retención y extravío de la correspondencia de personas privadas de la libertad al interior de un centro penitenciario, atribuidos al Servicio Postal Mexicano, corresponde a la materia penal.
42. La Primera Sala estableció que dicha afirmación atiende a la reforma constitucional en materia de reinserción social de dos mil once y a la creación de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Al respecto, se desarrolló el marco jurisprudencial mediante el cual esta Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó el contenido de dichos trabajos legislativos y la finalidad que éstos persiguieron, concluyendo que su finalidad radica en implementar los mecanismos necesarios a través de los cuales, en cumplimiento a los derechos humanos, se resuelvan las controversias que surjan con motivo de la prisión preventiva, la ejecución de la sentencia penal o de la sujeción a medidas de seguridad.
43. Asimismo, se afirmó que, conforme a su artículo primero transitorio y a los artículos 1o. y 2o.(8) de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis los actos suscitados en relación con las cuestiones de internamiento o de ejecución de sentencias de las personas privadas de su libertad, sean procesadas o sentenciadas, se ciñen a las disposiciones de la aludida Ley Nacional de Ejecución Penal, bajo las reglas temporales previstas en su artículo segundo transitorio.
44. En otro apartado, se determinó que, de conformidad con los parámetros establecidos por esta Suprema Corte y lo manifestado por los quejosos en la demanda de amparo, se advierte que el acto de retención y extravió de su correspondencia no se refiere a una cuestión sustantiva de la pena de prisión impuesta, pues no repercute en la modificación, duración o extinción de las penas, ni tampoco en las razones por las cuales la persona se encuentra privada de la libertad; sino que éste es de carácter adjetivo y se relaciona de manera inmediata con las condiciones administrativas internas que el centro de reclusión debe brindar, específicamente sobre la garantía de las comunicaciones escritas de las personas internas relacionadas con el exterior a que se refiere el artículo 60 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
45. Ello, a partir de la conclusión alcanzada por esta Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 57/2018, en la que se definió a las condiciones de internamiento de las personas privadas de la libertad en centros de reinserción social. De ahí que, se estimó que la comunicación escrita al exterior por parte de los internos es una cuestión inherente a las funciones administrativas del centro penitenciario en el cual se encuentran recluidos los quejosos y que se relacionan indivisiblemente con sus condiciones de internamiento.
46. Bajo esa línea argumentativa se reiteró que esta Primera Sala se ha pronunciado sobre las condiciones de internamiento que vulneran los derechos de internamiento en general, que si bien, no se trata de actos que directamente afecten la libertad de las personas recluid
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31274-06832f75/competencia-por-materia-para-conocer-de-omisiones-legislativas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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