EXTRAVÍO O RETENCIÓN DE CORRESPONDENCIA AL INTERIOR DE UN CENTRO PENITENCIARIO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE ESOS ACTOS SE SURTE A FAVOR DE LOS TRIBUNALES DE AMPARO EN MATERIA PENAL PORQUE ESTÁN RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD.
CONFLICTO COMPETENCIAL 17/2022. SUSCITADO ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 23 DE MARZO DE 2022. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: MINISTRA PRESIDENTA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: SAÚL ARMANDO PATIÑO LARA Y JONATHAN SANTACRUZ MORALES.
ÍNDICE TEMÁTICO
I. Hechos: El señor ********** se encuentra privado de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número **********, con sede en **********, Veracruz.
Durante su internamiento entregó cuatro piezas postales para el Servicio Postal Mexicano: i) en octubre de dos mil veinte, destinada al Juez de Ejecución Penal de Xalapa, Veracruz; ii) en enero de dos mil veintiuno, al Juez de Distrito en turno de la Ciudad de Xalapa, Veracruz; iii) en febrero de dos mil veintiuno, dirigida al Juez de Ejecución del Centro de Justicia (sic); y, iv) en mayo de dos mil veintiuno, para la señora **********.
Sin embargo, al no recibir respuesta, sostiene que las autoridades que señala como director general y encargado de la Oficina de Correspondencia, ambos de dicho centro penitenciario, así como administrador de correos del Servicio Postal Mexicano y el gerente postal Estatal en Veracruz, extraviaron o retuvieron su correspondencia, tanto la que envía como la que debería recibir.
Por ello, el señor ********** promovió amparo indirecto, el cual fue desechado por la Jueza de Distrito debido a que no agotó los recursos ordinarios previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Inconforme, interpuso recurso de queja respecto del cual el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, se declararon legalmente incompetentes, lo que originó el presente conflicto competencial.
Ver índice temático
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintitrés de marzo de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el conflicto competencial 17/2022, suscitado entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito para conocer de un recurso de queja interpuesto por el señor **********, en contra de un acuerdo dictado el dieciséis de julio de dos mil veintiuno por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, en el juicio de amparo indirecto **********.
La cuestión que debe resolver esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar cuál es el tribunal competente, por razón de materia, para conocer del recurso de queja promovido por el señor ********** en contra del acuerdo por el que se desechó de plano la demanda de amparo, al considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo.(1)
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Primero. Hechos. El señor ********** se encuentra privado de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número **********, con sede en **********, Veracruz.
2. Durante su internamiento entregó cuatro piezas postales para el Servicio Postal Mexicano: i) en octubre de dos mil veinte, destinada al Juez de Ejecución Penal de Xalapa, Veracruz; ii) en enero de dos mil veintiuno, al Juez de Distrito en turno de la Ciudad de Xalapa, Veracruz; iii) en febrero de dos mil veintiuno, dirigida al Juez de Ejecución del Centro de Justicia (sic); y, iv) en mayo de dos mil veintiuno, para la señora **********.
3. Sin embargo, al no recibir respuesta, sostiene que las autoridades que señala como director general y encargado de la Oficina de Correspondencia, ambos de dicho centro penitenciario, así como el administrador de correos del Servicio Postal Mexicano y el gerente postal Estatal en Veracruz, extraviaron o retuvieron su correspondencia, tanto la que envía como la que debería recibir.
4. Segundo. Demanda de amparo indirecto. El quince de julio de dos mil veintiuno el señor ********** presentó demanda de amparo indirecto en la que reclamó lo siguiente:
De las autoridades señaladas como responsables reclamo el extravío o retención de mi correspondencia que envío y que ingresa, pues he enviado cartas a diferentes autoridades locales y federales con la finalidad de defenderme por mi propio derecho, pero hasta el momento no he recibido contestación alguna debido a que no llega correspondencia ni tampoco me entregaron ésta, tal como lo comprobaré en el apartado de pruebas. ...
5. Ese acto lo atribuye a las autoridades que denominó de la siguiente manera:
C. Director general del Centro Federal de Readaptación Social No. **********.
C. Encargado (a) de la Oficina de Correspondencia del Cefereso No. **********.
C. Administrador de correos, Servicio Postal Mexicano, con domicilio en Francisco I. Madero Núm. 19 Zona Centro. C.P. 91271, Perote, Veracruz.
Gerente postal Estatal en Veracruz, con domicilio en Avenida Montesinos número trescientos cuarenta y siete. Colonia Centro, en la Ciudad de Veracruz, Veracruz. C.P. 91702 (del Servicio Postal Mexicano).
6. Tercero. Desechamiento de la demanda. Del asunto conoció el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, donde se registró con el número **********. El dieciséis de julio de dos mil veintiuno, la Jueza de Distrito desechó de plano la demanda de amparo, bajo los argumentos siguientes:
a) El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juzgado de Distrito examinará la demanda, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, lo procedente es desecharla de plano.(2)
b) Señaló que del contenido de la demanda se advierte que el señor ********** reclama el extravío o retención de la correspondencia que envía e ingresa al centro penitenciario en donde se encuentra recluido.
c) Por ello consideró que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que los preceptos 107, 108 y 109 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevén el mecanismo de protección denominado "petición administrativa", el cual puede ser promovido por personas privadas de la libertad, para impugnar hechos, actos u omisiones sobre las condiciones de internamiento.(3)
d) Al respecto, la autoridad penitenciaria puede pronunciarse sobre si ha existido o no afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad, y de ser así, subsanar alguna transgresión a sus derechos.
e) El artículo 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal dispone que en caso de que la petición administrativa sea resuelta en sentido contrario a los intereses del promovente o si ésta no fue resuelta dentro del término legal, éste puede formular controversia ante el Juez de Ejecución, con el requisito de que se hubiera agotado la petición administrativa.(4)
f) Tal controversia judicial en términos de los artículos 116 y 117 del ordenamiento invocado, procede respecto de las condiciones de internamiento y aspectos relacionados con el mismo, además el señor ********** en su calidad de interno del centro penitenciario está legitimado para promoverla.(5)
g) Cabe destacar que, si el reclamo se relaciona con hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, la persona legitimada puede acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición.
En ese supuesto la autoridad judicial suspenderá de oficio y de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere hasta tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, se determinarán las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria.
h) Por ello, el señor **********, debió formular la petición administrativa ante el centro penitenciario en el que está recluido o, en su caso, la controversia ante el Juez de Ejecución, la cual se encuentra prevista en el artículo 166 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de acudir al juicio de amparo.
i) Lo anterior, puesto que se trata de la autoridad encargada de conocer y tramitar las controversias formuladas en relación con las condiciones de internamiento en los centros carcelarios, como lo son los actos que aquí se reclaman.
j) En consecuencia, desechó de plano la demanda de amparo con fundamento en el artículo 113, en relación con el 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo.(6)
7. Cuarto. Recurso de queja. Inconforme con lo resuelto, al momento de la notificación del acuerdo de desechamiento realizada el veintiocho de julio de dos mil veintiuno, el señor ********** interpuso recurso de queja, sin exponer agravios.
8. Quinto. Declina competencia en el recurso de queja **********. Correspondió conocer del recurso al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, donde se registró bajo el número de expediente **********.
9. En sesión de treinta de septiembre de dos mil veintiuno resolvió declararse legalmente incompetente por razón de materia, pues consideró que por la naturaleza del acto reclamado correspondía conocer del asunto a un Tribunal Colegiado en materia administrativa.
10. Las razones del citado tribunal, esencialmente, se sostuvieron en lo siguiente:
a) En la contradicción de tesis 81/2019, el Pleno de la Suprema Corte consideró que para poder definir a qué Tribunal Colegiado de Circuito corresponde conocer de los recursos de queja o de revisión interpuestos en contra de un auto de desechamiento o sentencia de sobreseimiento dictados por un Juez de Distrito en materia mixta, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado.
b) En casos en los que no basta con atender a la naturaleza de los actos reclamados, podrá atenderse a la naturaleza de las autoridades consideradas como responsables respecto de las cuales no se hubiera desechado la demanda.
c) Al respecto, invocó la jurisprudencia P./J. 13/2020 (10a.) del Pleno de esta Suprema Corte, que lleva por título: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO DE DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA O DE UN RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO, DICTADOS POR UN JUEZ DE DISTRITO CON COMPETENCIA MIXTA POR ESTIMAR QUE LA RESPONSABLE NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESPECIALIZADO EN LA MATERIA EN LA QUE INCIDE EL ACTO RECLAMADO Y, EN SU CASO, A LA NATURALEZA DE LAS AUTORIDADES CONSIDERADAS COMO RESPONSABLES."(7)
d) Atendiendo a los actos reclamados, los artículos 25 y 28 de la Constitución Política del País, regulan el servicio de correos que es una función estatal que consiste en la prestación de un servicio público de competencia federal que se ejerce por conducto de un organismo público descentralizado denominado Servicio Postal Mexicano, el cual se encuentra regulado por la Ley del Servicio Postal Mexicano y su Estatuto.
e) Si lo que define la competencia del órgano jurisdiccional es la naturaleza del acto reclamado, partiendo de que éste proviene de la aplicación de una ley administrativa, será el Tribunal Colegiado con competencia en esa materia el que deberá conocer del recurso.
f) Si bien el señor ********** se encuentra privado de la libertad, lo cierto es que de la demanda de amparo no se advierte que el acto reclamado incida directamente en ésta o que lo deje en estado de indefensión.
g) En consecuencia, con fundamento en el artículo 46 de la Ley de Amparo, se declina competencia en favor del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito.(8)
11. Sexto. No se acepta la competencia declinada. Correspondió conocer del recurso de queja al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, en donde se registró bajo el número de expediente **********.
12. En sesión de quince de diciembre de dos mil veintiuno dicho Tribunal Colegiado no aceptó la competencia declinada por razón de materia, pues consideró que aun cuando las autoridades responsables realizan actividades materialmente administrativas, conforme a la reforma constitucional de dos mil ocho, cualquier acto inherente a las condiciones de internamiento en un centro de reclusión corresponde a la materia penal.
13. Las razones del citado Tribunal Colegiado principalmente se sustentaron en lo siguiente:
a) De la interpretación de los artículos 37, fracción III, 38, 51, fracciones I a IV, y 52, fracciones II, III y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se desprende que los Tribunales Colegiados en materia administrativa conocerán de los recursos de queja que se interpongan en contra de autos o resoluciones dictadas en los juicios de amparo indirecto en esa materia y los Tribunales Colegiados en materia penal de los recursos inherentes a la materia penal.(9)
b) En la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, la Segunda Sala de la Suprema Corte estableció que para determinar la competencia de los Tribunales Colegiados debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado.(10)
c) El Pleno de la Suprema Corte, al resolver los amparos en revisión 151/2011, 197/2011, 199/2011, 205/2011 y 198/2011, determinó que con la reforma constitucional de junio de dos mil dieciocho se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social, así como la judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, con lo que se confirió exclusivamente a los Jueces de Ejecución de sentencias la tarea de ejecutar lo juzgado.(11)
d) Dicha reforma, tenía por objeto acabar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas respecto a la ejecución de las sanciones, de manera que todos los eventos de trascendencia ocurridos durante la ejecución quedaron bajo la supervisión de la autoridad jurisdiccional en materia penal, entre otros, los problemas relacionados con el trato que reciben los sentenciados.(12)
e) En consecuencia, de acuerdo con lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte en relación con que corresponde a los Jueces penales conocer de todos los actos relativos a la ejecución de las penas, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito no es legalmente competente para conocer del recurso de queja planteado por el señor **********.
f) No pasa inadvertido que el Juez de Distrito que dictó el desechamiento impugnado no está especializado, esto es, que conoce de asuntos de todas las materias, sin embargo, una controversia vinculada con las condiciones de internamiento en el centro en donde se encuentra recluido el señor **********, son actos comprendidos dentro del ámbito penal.
g) Además, aunque las autoridades responsables realicen actividades materialmente administrativas, cualquier orden relacionada con la disciplina, seguridad, organización y permanencia de las personas internas en centros penitenciarios, durante la instrucción o compurgación de las penas, se traduce en la restricción de la libertad personal dentro del contexto inherente a condición de interno dentro de un centro de reclusión.
h) Es por ello que el acto reclamado es una cuestión estrechamente relacionada con la pena que actualmente cumple el señor **********, al respecto, citó la tesis aislada 2a. CLVII/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de esta Suprema Corte, de tema: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS ACTOS RECLAMADOS A LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS DURANTE LA PRISIÓN PREVENTIVA Y EN LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS. CORRESPONDE AL ÓRGANO ESPECIALIZADO EN MATERIA PENAL."(13)
i) Por lo anterior, determinó que corresponde conocer del recurso de queja al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito.
14. Séptimo. Denuncia del conflicto competencial. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 106 de la Constitución Política del País, 46, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el punto tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de esta Suprema Corte, remitió a este Alto Tribunal los autos del recurso de queja para que determine a qué órgano jurisdiccional compete conocer del asunto.
15. Octavo. Trámite del conflicto competencial. El ocho de febrero de dos mil veintidós, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió el conflicto competencial; ordenó su registro con el número de expediente 17/2022 y turnó los autos a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
16. Noveno. Avocamiento. Finalmente, el veintitrés de febrero de dos mil veintidós esta Primera Sala se avocó al conocimiento del presente asunto.
II. COMPETENCIA
17. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente conflicto competencial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 106 de la Constitución Política del País; 46, de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que el asunto involucra la materia penal que es especialidad de esta Sala.
III. EXISTENCIA DEL CONFLICTO COMPETENCIAL
18. Esta Primera Sala ha sustentado que para considerar actualizado un conflicto competencial deben concurrir los siguientes requisitos:
a) Primero, que un Tribunal Colegiado de Circuito se declare legalmente incompetente para conocer del asunto y remita los autos al que considere competente.
b) Segundo, que este último no acepte la competencia declinada en su favor y ordene comunicar dicha determinación al Tribunal Colegiado de Circuito que se declaró incompetente y remita los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.(14)
19. En el presente caso se actualizan ambos requisitos, puesto que como ya fue reseñado, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, se declaró legalmente incompetente por razón de materia para resolver el recurso de queja y ordenó remitir el expediente a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del mismo Circuito.
20. Sin embargo, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, no aceptó la competencia declinada, al considerar que el Tribunal Colegiado competente para resolver el recurso de queja era precisamente el declinante por razón de materia, lo cual comunicó al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito y planteó el conflicto competencial ante esta Suprema Corte.
21. De este modo, no cabe duda de que sí existe el conflicto competencial al concurrir los requisitos que para tal efecto prevén los artículos 106, de la Constitución Política del País y 46, párrafo tercero, de la Ley de Amparo.(15)
IV. ESTUDIO DE FONDO
22. La problemática por resolver consiste en determinar qué órgano jurisdiccional debe conocer del recurso de queja interpuesto en contra del acuerdo dictado el dieciséis de julio de dos mil veintiuno por la Jueza Primera de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, en el amparo indirecto **********.
23. Lo anterior, bajo la consideración de que en ese acuerdo desechó la demanda de amparo promovida por el señor ********** en contra del acto consistente en el extravío o retención de la correspondencia que envió y que debió recibir al interior del centro penitenciario en el que se encuentra privado de la libertad, el cual atribuyó a autoridades penitenciarias del centro de su reclusión como a otra externa que es el administrador de correos en Veracruz. 24. Las razones por las cuales los Tribunales Colegiados se negaron a conocer del recurso de queja radican en que, por un lado, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito consideró que no es legalmente competente para conocer y resolver del asunto, debido a que la naturaleza del acto reclamado es administrativa y a que las autoridades señaladas como responsables tienen funciones administrativas, por tanto su conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado especializado en esa materia.
25. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, considera que cualquier acto relativo a las condiciones de internamiento de la persona privada de la libertad corresponde a la materia penal, de manera que el recurso de queja debe ser resuelto por el Tribunal Colegiado en materia penal declinante.
26. Para resolver esta controversia, en principio, conviene precisar que la competencia es la facultad que tienen los órganos judiciales para ejercer su jurisdicción en determinados asuntos y dentro de determinado territorio. Un tribunal es competente para conocer de un asunto cuando el caso se encuentra dentro de su ámbito de jurisdicción y la ley le reserva su conocimiento por encima de los demás órganos. Dicha facultad se atribuye a partir de distintos criterios, como son: materia, territorio o grado.
27. La materia es un factor que determina la competencia, atendiendo a la naturaleza jurídica de las controversias, que se enfoca a la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de los conflictos relacionados con una rama específica del derecho (civil, familiar, laboral, penal, agraria, fiscal, constitucional, entre otras).
28. El Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 58/2009 y el conflicto competencial 150/2009, precisó que la competencia por materia se define a partir de la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio, de modo que es la que se atribuye de acuerdo con las diferentes ramas del derecho sustantivo.(16)
29. En ese sentido, atendiendo a la naturaleza del conflicto y a la especialización, se permite que los órganos judiciales tengan un mayor conocimiento sobre la materia correspondiente y, en consecuencia, puedan resolver con mayor pertinencia los asuntos que son sometidos a su facultad decisoria en estricto cumplimiento del derecho a la justicia pronta, completa e imparcial, establecido en el artículo 17 de la Constitución Política del País.(17)
30. Ahora bien, para definir la competencia por razón de materia en el juicio de amparo indirecto respecto de juzgadores constitucionales especializados, también esta Suprema Corte ha considerado como criterio preponderante la naturaleza del conflicto materia de la controversia.
31. Ello, desde luego, tomando en cuenta que, tratándose de Jueces de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito, así como de Tribunales Colegiados de Circuito especializados, precisamente es el criterio material del que parte la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para establecer su competencia.
32. En lo que interesa, en relación con la competencia material de los Tribunales Colegiados de Circuito, los artículos 38, fracción III, y 39 del último ordenamiento citado, establecen lo siguiente:
"Artículo 38. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer: ...
"III. Del recurso de queja en los casos y condiciones establecidas en la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;"
"Artículo 39. Podrán establecerse Tribunales Colegiados de Circuito especializados, los cuales conocerán de los asuntos que establece el artículo anterior en la materia de su especialidad."
33. En ese sentido, la misma regla de la naturaleza del acto reclamado que define la competencia de juzgadores de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito especializados para conocer de demandas de amparo debe servir para fincar la competencia por razón de materia respecto a los recursos verticales emanados de juicios de amparo indirecto de los que deba ocuparse un Tribunal Colegiado de Circuito que ejerza jurisdicción sobre el juzgador constitucional que hubiere emitido la resolución impugnada.
34. La regla de que se habla, desde luego, también es punto de partida para fijar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, respecto de resoluciones emitidas en los juicios de amparo indirecto por juzgadores constitucionales con competencia mixta o semi-especializados,(18) siendo factible que sea en el recurso queja o revisión que se establezca la naturaleza de los actos reclamados y de las autoridades responsables, cuando la materia del amparo no se observa definida claramente por la especialización del Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito.
35. Precisamente, corresponde a esta Primera Sala dilucidar si el acuerdo de desechamiento emitido por la Jueza Primera de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, corresponde a la materia penal o administrativa, pues se trata de un órgano jurisdiccional que cuenta con competencia mixta.
36. En el caso, el criterio relativo a la naturaleza del acto se vuelve relevante, en la inteligencia de que la delimitación de la materia del amparo no se encuentra plenamente definida debido a que la competencia material de Juzgado de Distrito que conoció del asunto puede coexistir con actos de diversas especializaciones.
37. Pues bien, tal como se destacó previamente, el acto reclamado en el juicio de amparo que se desechó de plano, respecto del cual se interpuso el recurso de queja que constituye la materia de estudio en el presente conflicto competencial, versa en el extravío o retención de la correspondencia que envió, así como de la que debió recibir el señor ********** en el interior del centro penitenciario en el que se encuentra privado de la libertad.
38. En consideración de esta Primera Sala, ese acto es de naturaleza penal y por ello, quien resulta competente para conocer del recurso de queja es un Tribunal Colegiado en esa especialidad.
39. En efecto, pues al acto reclamado por el quejoso se identifica como un acto relacionado con sus condiciones de internamiento, del cual corresponde conocer a un Juez especializado en materia penal.
40. Precisamente su situación como persona privada de la libertad en un centro penitenciario se relaciona con la afectación reclamada, ya que corresponde a las autoridades penitenciarias el desarrollo de las condiciones de vida digna y segura en reclusión de las personas que se encuentran internas en su interior.
41. Precisamente la materia de estudio en el recurso de queja planteado es sobre si el señor **********, debió o no agotar los medios de impugnación a que se refiere la Ley Nacional de Ejecución Penal sobre sus condiciones de internamiento relacionadas con su correspondencia, en forma previa a acudir al juicio de amparo, y si por ello se actualizaba o no la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, relativa al principio de definitividad.
42. Para arribar a dicha conclusión es importante desarrollar brevemente los siguientes temas: a) reforma constitucional en materia de reinserción social y creación de la Ley Nacional de Ejecución Penal; y b) naturaleza del acto reclamado consistente en el extravío o retención de la correspondencia que envió y que debió recibir una persona privada de la libertad al interior de un centro penitenciario.
a) Reforma constitucional en materia de reinserción social y creación de la Ley Nacional de Ejecución Penal
43. Al resolver la contradicción de tesis 57/2018,(19) esta Primera Sala precisó que con la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho de los artículos 18 y 21 de la Constitución Política del País y con la reforma de diez de junio de dos mil once a los artículos 1o. y 18 de la Constitución Política del País, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y la judicialización de la etapa de ejecución de las penas.(20)
44. Dichas reformas transformaron el sistema penitenciario nacional para circunscribir únicamente la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo, y conferir al Poder Judicial la potestad de ejecutar lo juzgado, a través de la creación de la figura de los "Jueces de Ejecución de sentencias".
45. El Pleno de esta Suprema Corte destacó que con motivo de las citadas reformas y con el propósito de lograr la unificación de procedimientos y criterios, así como de dotar de certeza y seguridad jurídica a los justiciables, el legislador federal otorgó facultades al Congreso de la Unión para crear una legislación única en materia de ejecución penal.
46. Con base en lo anterior, el ocho de octubre de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política del País para establecer en el inciso c) de dicho precepto la facultad del Congreso de la Unión para expedir, entre otros ordenamientos legales, la legislación única en materia de ejecución de penas que debía regir en la República Mexicana, tanto en el orden federal como en el orden común.(21)
47. Se indicó que mediante la ley de ejecución penal única se busca que el Estado asuma una serie de responsabilidades particulares, a fin de que las personas privadas de la libertad tuvieran las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que no se suspenden ni se restringen por estar cumpliendo una resolución judicial penal privativa de la libertad, siendo obligación del Estado velar por su respeto y garantía, mientras se encuentren bajo su custodia directa.
48. De igua
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31367-2a999889/extravio-o-retencion-de-correspondencia-al-interior-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN RECURSO DE REVISIÓN CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE ENTREGAR COPIAS CERTIFICADAS DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A UNA PERSONA IMPUTADA. SE SURTE EN (CONFLICTO COMPETENCIAL)
- COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE JUZGADOS FEDERALES DE DIVERSA JURISDICCIÓN, DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL. SE SURTE EN FAVOR DEL TRIBUNAL C (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA PENAL. SE SURTE CUANDO EN UN AMPARO DIRECTO SE RECLAMA LA SENTENCIA DICTADA POR UNA SALA PENAL EN UN JUICIO DE RESPO (CONFLICTO COMPETENCIAL)
- COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE JUECES DE DISTRITO DE DISTINTA JURISDICCIÓN, DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL. SE SURTE A FAVOR DEL TRIBUNAL U (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONFLICTO COMPETENCIAL SUSCITADO ENTRE ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE EJECUCIÓN PENAL CON COMPETENCIA LOCAL, PERTENECIENTES A DISTINTAS ENTIDADES FEDERATIVAS. CORRESPONDE SU CONOCIMIE (PR.P.CS.2 P (11a.))
- COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE JUECES DE DISTRITO DE DISTINTA JURISDICCIÓN, DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL. SE SURTE A FAVOR DEL TRIBUNAL U (1a./J. 60/2014 (10a.))
- CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA CONOCER DEL RECURSO DE QUEJA CONTRA EL ACUERDO QUE ADMITE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PARA EFECTOS DE FIJAR E (2a./J. 85/2024 (11a.))
- COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE UN JUEZ DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES Y UNO DEL FUERO COMÚN DE LA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA, PARA CONOCER DE (III.2o.P.118 P (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis