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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMEN, POR SÍ MISMOS, LOS ARTÍCULOS 235, ÚLTIMO PÁRRAFO Y 247, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL DE SALUD. CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 17/2018. · Registro digital (IUS): 28350
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2019-02-22
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, Pág. 1344.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 17/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 27 DE NOVIEMBRE DE 2018. MAYORÍA DE DIECINUEVE VOTOS, POR LO QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA. DISIDENTES: CARLOS RONZON SEVILLA Y ROLANDO GONZÁLEZ LICONA. UNANIMIDAD DE VEINTIÚN VOTOS DE LOS MAGISTRADOS CARLOS RONZON SEVILLA, ROLANDO GONZÁLEZ LICONA, MIGUEL DE JESÚS ALVARADO ESQUIVEL, GUILLERMO ARTURO MEDEL GARCÍA, PABLO DOMÍNGUEZ PEREGRINA, SALVADOR GONZÁLEZ BALTIERRA, FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL, MARÍA GUADALUPE SAUCEDO ZAVALA, SERGIO URZÚA HERNÁNDEZ, JORGE ARTURO CAMERO OCAMPO, URBANO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO GARCÍA GUILLÉN, MARCO ANTONIO CEPEDA ANAYA, GASPAR PAULÍN CARMONA, IRMA LETICIA FLORES DÍAZ, MARÍA GUADALUPE MOLINA COVARRUBIAS, GERMÁN EDUARDO BALTAZAR ROBLES, ARMANDO CRUZ ESPINOSA, JOSÉ EDUARDO ALVARADO RAMÍREZ, GUADALUPE RAMÍREZ CHÁVEZ Y GUILLERMINA COUTIÑO MATA, EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: JOSÉ EDUARDO ALVARADO RAMÍREZ. SECRETARIA: ANAID LÓPEZ VERGARA.

Ciudad de México. Sentencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Denuncia de contradicción de tesis. Mediante escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, ante el secretario de Acuerdos del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Magistrado Miguel de Jesús Alvarado Esquivel, integrante del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios sostenidos por ese mismo órgano jurisdiccional y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver, el primero, el amparo en revisión RA. 568/2017 y, el segundo, el diverso RA. 19/2014.

Denuncia basada en el planteamiento que se reproduce a continuación:

"Determinar si el estudio sobre la constitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I y 247 de la Ley General de Salud, debe ser de la competencia de un Juez de Distrito en Materia Administrativa o si debe ser competencia de un Juez de Distrito en Materia Penal, partiendo de la base de que dichos preceptos se refieren a cuestiones vinculadas con aspectos del derecho penal, específicamente con la negativa de la culpabilidad, y la excusa absolutoria para el caso de la posesión de estupefacientes."

SEGUNDO.—Radicación. El presidente de este Pleno de Circuito, mediante acuerdo de treinta de mayo de dos mil dieciocho, registró el asunto en el expediente PC01.I.A.17/2018.C y admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis, solicitó a los Tribunales Colegiados contendientes copia certificada de las resoluciones respectivas y que informaran si el criterio contenido en tales fallos se encontraba vigente o, en su defecto, la causa que habían tenido para superarlo o abandonarlo.

TERCERO.—Informes. Mediante oficio 5783, de cuatro de junio de dos mil dieciocho, la presidenta del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito expuso que el asunto del cual se pedía el informe había sido resuelto (en el fondo) por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el toca del amparo en revisión 237/2014, mediante ejecutoria de cuatro de noviembre de dos mil quince.

Además, remitió los archivos, tanto de dicha ejecutoria del Alto Tribunal, como de la previa resolución de doce de abril de dos mil dieciocho, dictada por ese Tribunal Colegiado en el sentido de declararse incompetente para conocer de los temas de constitucionalidad de leyes que se planteaban y remitir el asunto "... a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos de su legal competencia."

Sin que se hiciera indicación en el sentido de que el criterio plasmado en la referida resolución del Tribunal Colegiado estuviera superado; ni en el expediente aparece elemento de convicción alguno que conduzca a considerarlo así.

Por su parte, mediante diverso oficio sin número, de cinco de junio de dos mil dieciocho, el Magistrado Miguel de Jesús Alvarado Esquivel, integrante del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, informó que el criterio en pugna correspondiente a ese órgano jurisdiccional sigue vigente.

CUARTO.—Turno. En atención a la recepción de la información de mérito y una vez recibido el informe de la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de inexistencia de contradicciones de tesis radicadas en ese Máximo Tribunal del País sobre el tema en estudio, por acuerdo de tres de septiembre de dos mil diecisiete, se turnó el asunto al Magistrado José Eduardo Alvarado Ramírez, integrante del Décimo Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a quien posteriormente se otorgó una prórroga para la formulación del proyecto de resolución respectivo; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer del asunto, con apoyo en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 6 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de febrero de dos mil quince.

SEGUNDO.—Legitimación. El denunciante de la contradicción de tesis tiene legitimación al efecto, conforme al artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que se trata de un integrante de uno de los Tribunales Colegiados que sustentaron los criterios contendientes.

TERCERO.—Temas y criterios contendientes. El problema jurídico, en los términos planteados por el denunciante, consiste en dilucidar si para conocer de un juicio de amparo contra los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I y 247 de la Ley General de Salud, es competente un Juez de Distrito en Materia Administrativa o uno en Materia Penal.

Al respecto, los Tribunales Colegiados contendientes sostienen lo siguiente:

a) El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión RA. 568/2017, en sesión de doce de abril de dos mil dieciocho:

"PRIMERO.—Por escrito presentado el treinta y uno de julio de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, **********, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que se indican a continuación:

"‘Autoridades responsables:

"‘1) Congreso de la Unión, integrado por

"‘a) Cámara de Senadores; y,

"‘b) Cámara de Diputados;

"‘2) Presidente de la República.’

"‘Actos reclamados:

"‘1. Del Congreso de la Unión reclamo la expedición de la Ley General de Salud del 26 de diciembre de 1983, publicada en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al 7 de febrero de 1984, en lo que concierne a los artículos 194, 234, 235, en su último párrafo, 235 Bis, 245, fracción (sic) IV y V, 247, en su último párrafo, 368 y 479; los cuales fueron reformados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2017, entrando en vigor el 20 del mismo mes y año.

"‘2. Del Congreso de la Unión también reclamo la expedición del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 201 (sic). En específico, reclamo la configuración normativa de la nueva política prohibicionista generada a partir de dicho decreto, en función de los artículos de la Ley General de Salud, señalados en el punto inmediato anterior.

"‘3. Del presidente de la República reclamo el decreto de 30 de diciembre de 1983, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984, que promulga y manda publicar la Ley General de Salud; con todas sus consecuencias y efectos.

"‘4. Del presidente de la República también el reclamo decreto del 16 de junio de 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 del 16 (sic) de junio de 2017, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud; con todas sus consecuencias y efectos.

"‘5. De todas las autoridades reclamo los actos tendentes a desconocer y vulnerar los derechos fundamentales inherentes a mi persona como individuo libre y autónomo, en el contexto de una sociedad democrática, que se expresa a sí mismo como sujeto responsable autoconsciente, racional y moral. Derechos reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano.’

"...

"QUINTO.— ...

"Las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de materia, en el caso de la administrativa y la penal, deben observarse las que establecen los artículos 51 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuyos textos son los siguientes:

"‘Artículo 51.’ (se transcribe)

"‘Artículo 52.’ (se transcribe)

"Así, los Jueces en materia penal conocerán de los juicios de amparo contra leyes, cuando se traten de asuntos de la materia penal; en tanto los Jueces de Distrito en Materia Administrativa tendrán facultades para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de leyes en esa materia.

"Ahora bien, a efecto de explicar los motivos por los que se formula la presente petición, es necesario determinar la litis constitucional, que se desprende de la demanda de amparo, a las que se le otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. La parte conducente de dicho escrito inicial, es del tenor que sigue (hojas seis a catorce del expediente constitucional):

"(Se inserta imagen)

"De esa reproducción se advierte que el quejoso reclama, en su carácter autoaplicativo, diversos numerales del decreto de reforma de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, en tanto estima que condiciona el uso de cannabis a un régimen de licencias para fines de investigación y medicinales, excluyendo la posibilidad de usarla con fines lúdicos o recreativos; lo que aduce le genera un perjuicio jurídico porque pretende, en ejercicio a su derecho a la intimidad, usarla en su hogar y bajo circunstancias controladas y sin riesgos para terceras personas. Los artículos reclamados de la Ley General de Salud reclamados, son del tenor siguiente:

"‘Artículo 194.’ (se transcribe)

"‘Artículo 234.’ (se transcribe)

"‘Artículo 235.’ (se transcribe)

"‘Artículo 235 Bis.’ (se transcribe)

"‘Artículo 245.’ (se transcribe)

"‘Artículo 247.’ (se transcribe)

"‘Artículo 368.’ (se transcribe)

"‘Artículo 479.’ (se transcribe)

"Asimismo, en la sentencia federal recurrida, la Jueza del conocimiento estimó que las normas reclamadas no causan perjuicio jurídico a la esfera de la quejosa, por lo que estimó actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, y decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo con apoyo en el numeral 63, fracción V, de esa misma legislación.

"Ahora bien, de la interpretación de los numerales reclamados, se desprende la previsión de un sistema de control del uso para fines médicos y científicos de la cannabis permitiendo, dentro de dicha normatividad, el uso de aquélla para actividades tales como su producción (siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte, prescripción médica, suministro, empleo, uso y consumo), importación y exportación. Asimismo, de manera destacada, en el numeral 479 en comento, se prevén las dosis de los narcóticos –entre ellos la cannabis– que se estiman como de uso personal, es decir, las cantidades permitidas para los consumidores de las sustancias ahí indicadas.

"En tal sentido, es patente que aun cuando para el uso de los estupefacientes ahí reseñados (entre ellos la cannabis), es necesario sujetarse a diversos requisitos establecidos en las normas oficiales mexicanas y en otras disposiciones, con excepción hecha de la dosis máxima autorizada para el uso personal, que precisamente se vincula con la pretensión del quejoso al solicitar que, en ejercicio del derecho al libre desarrollo de su personalidad, se le permita aprovechar de dicho estupefaciente para su uso personal dentro de su esfera privada y sin daños a terceros, esto es, pretende que dicho uso no sólo sea controlado con fines médicos o científicos, sino que se extienda a su consumo personal, lo que, en su caso, puede impactar, dentro de su esfera jurídica, en la despenalización de la posesión de tal estupefaciente.

"En efecto, el uso de los estupefacientes, incluso en las dosis máximas autorizadas, es una cuestión atinente al derecho penal y regulado no sólo en la legislación penal especializada, sino en otras normas, tales como aquellas que definen el alcance de los estupefacientes, como es la Ley General de Salud, en la cual solamente está autorizado para efectos medicinales y científicos; en tanto el consumo personal está limitado a la tabla que se combate en este juicio de amparo, y que constituye un elemento para el análisis de una causa de exclusión de responsabilidad de los ilícitos penales, es decir, es un aspecto negativo de uno de los elementos del delito (excusa absolutoria).

"De esa manera, es patente que si, en principio, al constituir la cannabis un estupefaciente previsto en la tabla del artículo 234 reclamado, cuyos actos sólo están permitidos para usos médicos y científicos; las cuestiones vinculadas con su consumo personal limitado a la dosis máxima de cinco gramos está permitida en el diverso artículo 479 reclamado, es una cuestión vinculada con aspectos del derecho penal, específicamente, con el negativo de la culpabilidad, al poderse considerar una excusa absolutoria.

"En atención a lo anterior, conviene citar la tesis 1a. CDI/2015 (10a.), también de la Primera Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cuatro, del Libro veinticinco, Tomo uno, diciembre de dos mil quince, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice:

"‘DELITOS CONTRA LA SALUD. SU CONFIGURACIÓN EXIGE VERIFICAR LA DOSIS Y EL TIPO DE NARCÓTICO QUE EL CONSUMIDOR REQUIERA POR SU CONDICIÓN ESPECIAL.’ (se transcribe)

"Expuesto de otro modo, el uso lúdico de dicho estupefaciente se vincula con aspectos del ejercicio del derecho a la libre personalidad, empero, al estar prohibido el uso que, en su caso, defiende el quejoso, pues sólo autorizarse en la dosis máxima de cinco gramos, es patente que el uso personal que defiende el quejoso, tiene impacto en el derecho penal que precisamente sanciona la posesión, entre otros, en las dosis superiores a la máxima prevista en la tabla del artículo 479 de la Ley General de Salud aquí reclamada.

"Es por tal motivo claro que la pretendida autorización, en vía de inconstitucionalidad de los artículos combatidos, del uso lúdico de la cannabis, a pesar de referirse a cuestiones relacionadas con el ejercicio del derecho a la libre personalidad, tiene impacto dentro de la esfera del derecho penal, porque directamente esa prohibición es el sustento de diversos supuestos jurídicos descriptivos de conductas que hayan consecuencias jurídicas dentro del derecho penal.

"De lo antes expuesto, este órgano jurisdiccional estima que se actualizan los requisitos necesarios para la remisión del asunto a un Juez de amparo penal, ya que la quejosa en el presente juicio de amparo pretende que, a partir del reconocimiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad, se advierta un perjuicio jurídico por el régimen de limitación o condicionamiento al uso personal de la cannabis en los términos que describe en su demanda de amparo.

"En efecto, el uso de los estupefacientes es una cuestión que atañe a la esfera del derecho penal, porque es una conducta que al estar permitida solamente para usos médicos y científicos, está tipificada en la norma especializada, con exclusión de las dosis máximas combatidas en este juicio de amparo; de ahí que la constitucionalidad de todos los artículos que prevén el sistema de regulación del uso médico y científico de la cannabis, sea una cuestión que atañe conocer a un Juez de amparo penal.

"A más de lo anterior, es oportuno traer a contexto la parte conducente de las consideraciones expuestas por la Primera Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver dicho amparo en revisión 237/2014, que en la parte que para este estudio interesa, dice:

"‘...

"‘2. Demanda de amparo indirecto

"‘En atención a lo anterior, por escrito presentado el 5 de julio de 2013, la **********, junto con **********, **********, ********** y **********, promovieron un juicio de amparo indirecto en contra de la negativa recaída a su solicitud, alegando la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud. En dicha demanda de amparo, los quejosos plantearon en síntesis los siguientes argumentos:

"‘Conceptos de violación primero a quinto. Indebida restricción de los derechos fundamentales a la identidad personal, propia imagen, libre desarrollo de la personalidad, autodeterminación y libertad individual, todos en relación con el principio de dignidad humana, así como del derecho a la disposición de la salud.

"‘...

"‘Sexto concepto de violación. Violación a la finalidad objetiva del derecho penal, así como a la libertad individual y personal, como consecuencia de la penalización del autoconsumo de marihuana.

"‘...

"‘III. Trámite ante el Tribunal Colegiado.

"‘El recurso de revisión antes mencionado fue turnado al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual, por auto de 16 de enero de 2014, formó el expediente 19/2014 y admitió a trámite el recurso de revisión.

"‘Mediante resolución de 27 de marzo de 2014, el Tribunal Colegiado resolvió que carecía de competencia para conocer del amparo en revisión, al tratarse de un asunto en el cual subsistía un problema de constitucionalidad, en específico, respecto a los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, en torno a los cuales no existe jurisprudencia, por lo que se actualizaba la competencia originaria de este Alto Tribunal para conocer del presente asunto. En consecuencia, el Tribunal Colegiado remitió el asunto a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"‘IV. Trámite ante esta Suprema Corte.

"‘En atención a lo anterior, mediante auto de 9 de abril de 2014, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación asumió su competencia originaria para conocer del presente amparo en revisión, registrándose el asunto con el número de expediente 237/2014 y turnándose al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para su estudio. Posteriormente, por auto de 24 de abril de 2014, la Primera Sala de esta Suprema Corte se avocó al conocimiento del presente amparo en revisión, y se enviaron los autos a la ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

"‘V. Competencia.

"‘Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Ley de Amparo vigente a partir del 2 de abril de 2013; 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 86 del Reglamento Interior de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con lo establecido en los puntos primero y tercero del Acuerdo General «Número» 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal el 13 de mayo de 2013. ...’

"De esa reproducción se desprende que si bien un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Circuito conoció de dicho asunto que provocó la emisión de diversos criterios aislados en la materia y tema sobre el que versa la litis constitucional atinente a los preceptos jurídicos ahí señalados (algunos de ellos relacionados con la litis constitucional), al resolver sobre la solicitud del ejercicio de la competencia originaria de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, es dable deducir que se estimó que, por razón de materia (penal), correspondía a la Primera Sala del Máximo Tribunal conocer de dicho asunto, dado que citó el punto primero del Acuerdo General «Número» 5/2013, que dice:

"‘Primero.’ (se transcribe)

"Así, de ese precepto jurídico se desprende que la Primera Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, al citar dicho punto primero, refirió la competencia penal para conocer de un asunto vinculado con el uso lúdico de la cannabis (marihuana), analizado a partir del derecho al libre desarrollo de la personalidad.

"Sin que represente obstáculo a lo anterior, que la decisión respecto a la constitucionalidad de dichos preceptos jurídicos, pudiera relacionarse con actos que, en la materia de control sanitario, pudiera emitir una autoridad de carácter administrativo; o incluso, tendentes a la exposición de consideraciones relacionadas con una política que no sólo permita el uso médico o científico, sino el lúdico; no es suficiente para fincar la competencia a favor de un juzgado administrativo.

"Ello es así, en virtud de que, además de que el carácter de la autoridad no es determinante para designar al Juez competente, aquí la causa de la pretensión de la acción constitucional, se sustenta en el uso lúdico de la cannabis, inclusive, combatiendo las dosis máximas que constituyen la excusa absolutoria en los delitos contra la salud; luego, es patente que es esta situación la que debe imperar para fincar la competencia, al ser dicha conducta defendida y que se pretende sea reconocida a través de la constitucionalidad reclamada, el objeto de la litis constitucional.

"Es por lo anterior que aun desde esa óptica, este Tribunal Colegiado advierte que la competencia para resolver sobre la constitucionalidad de las normas generales aquí reclamadas, incluyendo los términos del artículo 51, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, corresponde a un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal.

"En relación con la decisión anterior, también es orientadora del criterio aquí tomado, la tesis del Tribunal Pleno de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento trece, del Tomo CVIII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice:

"‘JUECES DE DISTRITO, COMPETENCIA ENTRE LOS, POR RAZÓN DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO (CORRECCIÓN DISCIPLINARIA IMPUESTA FUERA DE PROCEDIMIENTO PENAL).’ (se transcribe). ..."

b) Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la resolución dictada el veintisiete de marzo de dos mil catorce, en el amparo en revisión RA. 19/2014, determinó lo siguiente:

"PRIMERO.—Este Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por cuanto hace al conocimiento de las causas de improcedencia, es competente para conocer y resolver del recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 80, 81, fracción I, inciso e) y 84 de la Ley de Amparo y 37, fracción IV y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como lo establecido en los puntos primero, fracción I, segundo, fracción I, apartado 1 y tercero, fracción I, del Acuerdo General Número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y a la especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se recurre una sentencia dictada por un Juez de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, que reside dentro del Circuito en que este Tribunal Colegiado ejerce jurisdicción.

"...

"QUINTO.—En la especie, el presidente de la República y el secretario de Salud en su oficio de revisión adhesiva, refieren que procede el sobreseimiento del juicio de amparo, aduciendo que los quejosos carecen de interés jurídico/legitimo para reclamar los artículos de que se duelen, al no existir en su esfera jurídica un acto de aplicación de los numerales reclamados.

"Por tanto, los citados argumentos vertidos en la revisión adhesiva deberán estudiarse, excepcionalmente, antes que los de la principal, ya que en ellos se alegan cuestiones relativas a la improcedencia del juicio de amparo, lo que es un aspecto de orden público que conforme a la estructuración procesal debe dilucidarse preliminarmente al tema de fondo debatido.

"En apoyo a lo anterior se invoca la jurisprudencia P./J. 69/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 117 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, septiembre de 1997, correspondiente a la Novena Época, con el rubro y texto, que dicen:

"‘REVISIÓN ADHESIVA. CUANDO EN SUS AGRAVIOS SE PLANTEA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS, ÉSTOS DEBEN ANALIZARSE PREVIAMENTE A LOS EXPRESADOS EN LA REVISIÓN PRINCIPAL.’ (se transcribe)

"Bajo este contexto, a fin de analizar la causal de improcedencia planteada, es oportuno referir el marco jurídico que la prevé y en tal propósito se invoca el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, cuyo texto es:

"‘Artículo 61.’ (se transcribe)

"Ahora bien, en el caso, los quejosos de nombre **********, **********, ********** y **********, acuden ante esta instancia constitucional, por derecho propio, y en su carácter de representantes legales de la persona moral denominada ***********; reclamando los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, con motivo del que llaman su primer acto de aplicación y que hicieron consistir en el oficio de trece de junio de dos mil trece, signado por el director ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

"Al respecto, es oportuno referir que de las constancias que integran el juicio de amparo de origen, se aprecia que la autoridad responsable director ejecutivo de Autorización de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud; al rendir su informe con justificación, remitió a la Juez del conocimiento ‘... copias certificadas del expediente formado a la empresa denominada **********’, constancias de las que se desprende el escrito libre signado por **********, **********, ********** y **********, por su propio derecho, y en representación legal de la persona moral denominada **********, mediante el cual solicitaron: ‘... autorización sanitaria para que los peticionarios y los ********** puedan consumir Marihuana regularmente y de forma personal y con fines lúdicos o recreativos ...’; petición que fue ingresada ante la autoridad el seis de junio de dos mil trece, y fue registrada bajo el folio **********, según se lee del ‘comprobante de trámite’ respectivo (fojas ciento noventa y nueve a doscientos uno del juicio de amparo).

"Asimismo, del oficio que se identifica como el primer acto de aplicación de los numerales reclamados, el cual fue anexado a la demanda de amparo, en la parte que a este estudio interesa se destaca:

"(se transcribe)

"De la transcripción que se hace del contenido del oficio en comento, claramente se advierte que el mismo constituye la respuesta a la petición que, por escrito formularon los ahora quejosos a la autoridad responsable y, por ende, deviene infundada la causa de improcedencia que nos ocupa.

"Lo anterior es así, dado que a través de dicho oficio, se comunicó a los hoy demandantes que, por razón de las prohibiciones contenidas en los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, no puede ser autorizada, por el momento, su petición contendida en el escrito con número de entrada ********** de fecha **********, en la que solicitaron autorización sanitaria para que los ********** puedan consumir cannnabis sativa (índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas), así como THC (tetrahidrocannabinol); fundamentación y motivación que resulta suficiente para concluir que a los quejosos les asiste interés jurídico para combatir el oficio en cuestión, así como las normas en que se apoya, al margen de que a través de sus conceptos de violación consigan demostrar la violación a sus derechos fundamentales de que se duelen, de ahí que es infundada la causa de improcedencia aducida.

"SEXTO.—Al no existir alguna otra causa de improcedencia propuesta por las partes, o bien, que se advierta de oficio, con fundamento en los artículos 83 de la Ley de Amparo y 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el punto segundo, fracción III, del Acuer

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28350-3c921af1/competencia-para-conocer-de-un-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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