COMPETENCIA ORIGINARIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. DEBE CONOCER DE UN AMPARO EN REVISIÓN CUANDO EXISTE UN PRECEDENTE VINCULANTE QUE SÓLO OTORGA UNA RESPUESTA PARCIAL A LA MATERIA DEL RECURSO. PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE COMERCIALIZACIÓN DE LA CANNABIS CLASIFICADA COMO ESTUPEFACIENTE. LOS ARTÍCULOS 234, 235 Y 235 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD QUE LA ESTABLECEN, VIOLAN LOS DERECHOS HUMANOS A LA LIBERTAD DE COMERCIO Y AL TRABAJO. PROHIBICIONES ABSOLUTAS CONTENIDAS EN LA LEY GENERAL DE SALUD SOBRE DISTINTAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CANNABIS O MARIGUANA. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD.
AMPARO EN REVISIÓN 461/2020. 25 DE MAYO DE 2022. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, Y LA MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. DISIDENTE: MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: DAVID GARCÍA SARUBBI.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: Una persona moral solicitó ante la COFEPRIS una solicitud de evaluación sanitaria del producto: aceite de cáñamo (materia prima) con concentración de 55 % de CBD libre de THC como insumo para procesos industriales. La solicitud fue desechada con fundamento en la prohibición absoluta para comercializar dichos productos establecida en los artículos 234, 235 y 235 Bis de la Ley General de Salud. La recurrente alega su inconstitucionalidad por transgredir desproporcionadamente el derecho a la libertad de comercio y trabajo.
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Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente a la sesión de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, en el que se emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 461/2020, interpuesto por **********, por conducto de su apoderado legal, en contra de la resolución dictada el nueve de diciembre de dos mil diecinueve por el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, dentro de los autos del juicio de amparo **********.
El problema jurídico a resolver por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si la prohibición absoluta para comercializar productos de aceite de cáñamo (materia prima) con concentración de 55 % de CBD libre de THC como insumo para procesos industriales con fines industriales, subsumible dentro de la clasificación de estupefaciente en términos los artículos 234, 235 y 235 Bis de la Ley General de Salud, transgrede desproporcionadamente el derecho a la libertad de comercio y trabajo.
I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Hechos que antecedieron a la demanda de amparo. De acuerdo con las constancias que obran en autos del JA. ********** del índice del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia del Primer Circuito en la Ciudad de México, se desprenden los antecedentes siguientes:
2. Derivado de la reforma de diecinueve de junio de dos mil diecisiete a diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, así como de la publicación el treinta de octubre de dos mil dieciocho de los "Lineamientos en materia de control Sanitario de la cannabis y productos derivados de la misma" por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (en adelante, "COFEPRIS"), **********, presentó diversas solicitudes de evaluación sanitaria para la importación de distintos productos.(1)
3. En específico, el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, la quejosa y ahora recurrente presentó ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) la solicitud de evaluación sanitaria del producto: aceite de cáñamo (materia prima) con concentración de 55 % de CBD libre de THC como insumo para procesos industriales.
4. Por oficio **********, de fecha de dieciséis de julio de dos mil diecinueve, el director ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión de Autorización Sanitaria de la COFEPRIS desechó por improcedente la autorización, en los términos siguientes:
"Del análisis realizado por esta autoridad sanitaria a su solicitud conforme a la legislación vigente, se observa que el producto del cual solicita la evaluación sanitaria se trata de un aceite de cáñamo, con concentración de CBD al 55 % libre de THC, sin embargo, la cannabis sativa, índica y americana o mariguana, su resina y preparados y semillas es considerada como un ‘Estupefaciente’ de conformidad con lo establecido en el artículo 234 de la Ley General de Salud, en tales condiciones, todo acto relacionado con dicha sustancia tales como siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso y consumo, requerirá autorización de la Secretaría de Salud y esta se otorgará siempre y cuando la intención sea para fines médicos y científicos, situación que en presente no se actualiza.
"No obstante lo anterior, cabe señalar que mediante oficio número S00/134/2019 del 26 de marzo de 2019, el actual comisionado federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, revocó los ‘Lineamientos en materia de control sanitario de la cannabis y derivados de la misma’, toda vez que los mismos carecen de la debida formalización y publicidad que exige la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, así como la Ley General de Mejora Regulatoria, derivado de ello, a la fecha no se cuenta con la reglamentación correspondiente, a efecto de instrumentar las acciones conducentes al tratamiento institucional de las peticiones formuladas por ciudadanos, organizaciones civiles y empresas pertenecientes a la industria farmacéutica entre otras, respecto a la cannabis y sus derivados. Por ello, el tratamiento a aplicarse a estos temas, es con base en la normatividad vigente, según lo determine la Ley General de Salud.
"Por lo anteriormente expuesto, y toda vez que de las documentales que integran este expediente no se observa que el producto a evaluar, sea utilizado para fines médicos o científicos, dicha solicitud es improcedente."
5. Demanda de amparo. ********** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, mediante escrito presentado el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. En la demanda señaló como autoridades responsables y actos reclamados los que a continuación se precisan:
– Autoridades responsables:
• Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
• Comisión de Autorización Sanitaria.
• Director ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas.
– Acto reclamado
• La resolución negativa contenido en el oficio con el número de trámite **********.
6. La parte quejosa señaló como derechos humanos vulnerados en su perjuicio los reconocidos en los artículos 1o., 4o., 5o., 8o., 9o., 14, 16, 28 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
7. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno correspondió conocer del asunto al Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien, por auto de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, lo registró con el número ********** y previno a efecto de que la quejosa señalara con precisión a la autoridad a la cual se refería, así como si era su voluntad señalar como actos reclamados destacados los artículos 234, 235 y 245 de la Ley General de Salud y sus responsables.
8. Por escrito presentado el nueve de septiembre de dos mil diecinueve, la quejosa desahogó el requerimiento formulado, señalando como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes:
• Autoridades responsables:
• Congreso de la Unión.
• Presidente de la República.
• Director del Diario Oficial de la Federación.
• Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios.
• Comisionado de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios.
• Comisionado de Autorización Sanitaria de la COFEPRIS.
• Director ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
• Actos reclamados:
• Del Congreso de la Unión, presidente de la República y del director del Diario Oficial de la Federación, se reclama la inconstitucionalidad de los artículos 234 y 235, 235 Bis de la Ley General de Salud.
• Del comisionado federal, Comisión de Autorización Sanitaria y director ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, todos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, se reclama la emisión del oficio ********** de dieciséis de julio de dos mil diecinueve.
• De todas las responsables se reclaman las consecuencias de hecho y derecho que deriven de dicho oficio.
9. Asimismo, la quejosa añadió como derechos vulnerados los reconocidos en los artículos 3o., fracciones I, II, III, 6o., párrafo primero última parte, 11, 16, 17, 18, párrafo primero, 24, 25, 26, apartado A, 35, fracción V, 73, fracciones IX, XIII y XVI, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 3o., 25 y 27.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; los artículos 6.1, 9.1, 16, 17.1.2, 18.1, 22.1.2, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; los artículos 5.1.2, 6.1.2, 11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 13.1, 15.1, inciso b), 15.2, 15.3 y 15.4 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; los artículos 1.1.2, 2, 3, 4.1, 5, 9, 11, 12, 13.5, 14.1.2.3, 16.1.2.3 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los artículos 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13 y 14 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además, la quejosa precisó diversos antecedentes y formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes.
10. Por proveído de once de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo por desahogada la prevención; asimismo, se desechó parcialmente por ser notoriamente improcedente respecto del acto atribuido al director del Diario Oficial de la Federación, mientras que se admitió por los demás actos reclamados.
11. Sentencia de amparo. Seguidos los trámites legales correspondientes, por sentencia firmada el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, la Jueza de Distrito dictó sentencia en la que determinó: 1) sobreseer respecto de la emisión del oficio ********** atribuido al comisionado federal y Comisión de Autorización Sanitaria, ambas de la COFEPRIS por resultar inexistente el acto atribuido a ellos, ya que observó que en la emisión de acto reclamado únicamente participó el director ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la COFEPRIS;(2) 2) sobreseer sobre la expedición, aprobación y promulgación del Decreto por el que se expide la Ley General de Salud, en particular, los artículos 234, 235 y 235 Bis por considerar que la quejosa carece de los derechos humanos al libre desarrollo de la personalidad, a la dignidad humana y de salud, por lo que tuvo por actualizada la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el 217, primer párrafo de la Ley de Amparo;(3) 3) finalmente, negar el amparo en contra de la negativa contenida en el oficio **********, por considerar inoperantes los conceptos de violación planteados por partir de premisas equivocadas.(4)
12. Recurso de revisión. Inconforme con la resolución anterior, por escrito presentado el diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, el apoderado de la parte quejosa, en representación de ésta, interpuso recurso de revisión.
13. Trámite ante el Tribunal Colegiado. Por proveído de veintiocho de enero de dos mil veinte, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la Ciudad de México admitió a trámite el recurso y lo registró con el número de expediente **********.(5)
14. Resolución del Tribunal Colegiado. En sesión de veinte de agosto de dos mil veinte, el Colegiado del conocimiento emitió sentencia donde determinó:
1) Dejar intocado el sobreseimiento decretado respecto del comisionado federal y Comisión de Autorización Sanitaria, ambos de la COFEPRIS, debido a la ausencia de agravios hechos valer en el recurso de revisión que desvirtuaran lo anterior.
2) Revocar la sentencia recurrida respecto de los artículos 234, 235 y 235 Bis de la Ley General de Salud, al considerar que su impugnación se dirigió para combatir la prohibición absoluta para comercializar el aceite de cáñamo con concentración de 55 % de CBD libre de THC y no bajo la premisa que la autorización se busca para el autoconsumo de la marihuana. De esta manera, los criterios citados por la Juez de Distrito resultan inaplicables al caso por partir de supuestos distintos. Asimismo, la juzgadora fue omisa en analizar la alegada transgresión por parte del establecimiento de las cláusulas habilitantes a partir de los diversos derechos señalados; y,
3) Remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por estimar que se actualiza la competencia originaria a favor de la Suprema Corte al no actualizarse ninguno de los supuestos del Acuerdo General Plenario Número 5/2013.
15. Trámite ante la Suprema Corte. Por acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veinte, el presidente de esta Suprema Corte ordenó registrar el asunto con el número 461/2020, asumir competencia originaria para conocer del recurso de revisión, turnar el asunto al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, así como enviar los autos a la Sala que se encuentra adscrito, a fin de que se dictara el acuerdo de radicación respectivo.
16. Avocamiento. Mediante acuerdo del veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, la presidenta de esta Primera Sala dispuso el avocamiento del conocimiento del presente asunto, y ordenó devolver los autos a la ponencia respectiva, a fin de que se formulara el proyecto de resolución y se diera cuenta de él a esta Primera Sala.
II. COMPETENCIA
17. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente amparo en revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e) y 83, primer párrafo, de la Ley de Amparo; y 21, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en los puntos tercero y decimocuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación de trece de mayo de dos mil trece, ya que se trata de un recurso de revisión, interpuesto en contra de la resolución dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en cuya materia subsiste el cuestionamiento sobre la validez constitucional de los artículos 234, 235 y 235 Bis de la Ley General de Salud.
III. OPORTUNIDAD
18. Toda vez que este presupuesto procesal fue calificado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la Ciudad de México, esta Sala no abordará su estudio.
IV. LEGITIMACIÓN
19. Igualmente, toda vez que este otro presupuesto procesal fue calificado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la Ciudad de México, resulta innecesario hacer mayor estudio sobre el punto.
V. PROCEDENCIA
20. Esta Sala coincide con el Tribunal Colegiado en que se surte la procedencia del presente recurso de revisión ante esta Suprema Corte, pues habiéndose depurado las cuestiones procesales, subsiste en la materia del recurso la necesidad de responder genuinas preguntas constitucionales, referidas a la validez de los artículos 234, 235 y 235 Bis de la Ley General de Salud.
21. Igualmente se coincide con el Tribunal Colegiado en que se surte la competencia originaria de esta Suprema Corte, pues no existe un precedente vinculante que, en términos del artículo 94, párrafo doceavo, de la Constitución, resuelva la totalidad de las interrogantes constitucionales subsistentes en el presente asunto.
22. Debe recordarse que de conformidad con la norma constitucional, las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias dictadas por las Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de cuatro votos serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas.
23. De esta forma, no obstante subsistir en la materia de un recurso de revisión la cuestión sobre la validez constitucional de preceptos legales del orden federal, si se cerciora la existencia de un precedente vinculante de esta Sala que aborde un caso equivalente con análogas propiedades relevantes, no se surtiría la competencia originaria de esta Corte para conocer del recurso de revisión, sino del Tribunal Colegiado correspondiente.
24. Así, esta Sala debe evaluar la litis constitucional de cada recurso de revisión con el fin de determinar las condiciones de aplicación de sus precedentes vinculantes con el fin de determinar si subsisten cuestiones inéditas que deban resolverse ante este Alto Tribunal con el fin de avanzar en la construcción de sus precedentes.
25. Al realizarse esta evaluación, no sólo pueden suscitarse los dos escenarios claros, en los cuales o bien el problema de constitucionalidad planteado fue abordado con exhaustividad por un precedente vinculante o no lo fue, sino también casos en los cuales la litis subsistente en el recurso de revisión sea abordado parcialmente por el referido precedente.
26. En esa tercera categoría de casos –en los cuales los precedentes vinculantes resuelven parcialmente la litis–, esta Sala debe identificar las cuestiones inéditas y, de considerarlo procedente, asumir su competencia originaria para resolver la integridad de la litis constitucional con el fin de avanzar en la exploración de su línea de precedentes sobre una misma temática, aunque para ello deba retomar algunos puntos cuyo estudio ya fueron agotados previamente.
27. El presente caso pertenece a esta última categoría de casos, pues sobre la temática del recurso de revisión que ahora se analiza existen distintos pronunciamientos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sirven para resolver parte de la presente litis, aunque no en su totalidad. La quejosa y recurrente insiste en su revisión que los artículos 234, 235 y 235 Bis de la Ley General de Salud son inconstitucionales, en tanto establecen un sistema normativo de prohibición absoluta de la comercialización de la cannabis clasificada como estupefaciente –en su caso el producto acabado del que solicitó autorización sanitaria es de cáñamo libre de THC–.
28. Nuevamente, esta Sala coincide con el Tribunal Colegiado en que, aunque dicho sistema normativo ya fue materia de pronunciamiento por parte de jurisprudencia firme y vigente de esta Primera Sala, ésta no es aplicable al presente caso al referirse a una hipótesis distinta.
29. Ello, ya que en la jurisprudencia de esta Sala se declaró la inconstitucionalidad de dicha prohibición desde la perspectiva del derecho humano al libre desarrollo de la personalidad de personas físicas, quienes querían acceder al consumo lúdico de la cannabis, mientras que en el presente caso se trata de cuestionar su validez desde la perspectiva de una persona moral, quien pretende acceder a las distintas fases de la cadena productiva y comercial de la cannabis desde su clasificación como estupefaciente desde el prisma de los derechos humanos al comercio y al trabajo.(6) Por tanto, desde esta perspectiva, el presente asunto no se encuentra abordado por la jurisprudencia de esta Primera Sala.
30. Sin embargo, recientemente resolvimos un precedente vinculante que aborda un problema análogo desde la perspectiva de una persona moral, y desde los derechos al trabajo y al comercio. Se trata del amparo en revisión 355/2020, resuelto en sesión virtual del primero de diciembre de dos mil veintiuno por unanimidad, es decir, con votación idónea para constituirse como precedente vinculante.
31. Tanto el referido precedente como este recurso de revisión presentan la similitud de tratarse de dos juicios en los cuales los actos de aplicación se emitieron en respuesta a sendas solicitudes de autorización que versan sobre productos derivados de cannabis con concentraciones de THC menores al 1 % o iguales. Asimismo, en ambos casos las solicitudes no acreditaron ubicarse en el supuesto de tratarse de productos que tuvieran como fin el desarrollo científico o médico. De esta manera, en ambos casos, el cuestionamiento constitucional se dirigió a cuestionar la validez del circuito normativo contenido en la Ley General de Salud, que contiene la prohibición absoluta de cualquier acto de uso y disposición de la cannabis fuera de los usos médico y científico. 32. Sin embargo, esta Sala considera que este precedente vinculante no es aplicable por analogía automáticamente al presente caso por dos razones.
33. En primer lugar, en aquel caso se evaluó la prohibición aplicable a los psicotrópicos, mientras que aquí se cuestiona aquella aplicable a los estupefacientes. Así, en el precedente vinculante no se evaluó la validez del artículo 234 de la Ley General de Salud, el cual sí se encuentra impugnado en el presente recurso de revisión y que es aquel que clasifica al producto respecto del cual la quejosa presentó su solicitud como un estupefaciente.
34. En efecto, en aquel caso se analizó el sistema de prohibición configurado en los artículos 235 Bis; 237, párrafo primero; 245, fracciones II, IV y V, en su segundo párrafo y 290 de la Ley General de Salud, así como el diverso 198, último párrafo, del Código Penal Federal, mientras que, en este caso se impugna el sistema de prohibición configurado por los artículos 234, 235 y 235 Bis de la Ley General de Salud.
35. La diferencia es relevante, se insiste, pues aquí la quejosa propone evaluar la validez de la prohibición aplicable a la cannabis calificada como estupefaciente, categorización prevista en el artículo 234 referido, expresamente impugnado y materia de estudio en el presente recurso de revisión.
36. Debe recordarse que, en términos del último párrafo del artículo 194 de la Ley General de Salud,(7) el control sanitario se realiza de manera independiente tanto respecto de las sustancias psicotrópicas como de los estupefacientes, siendo que la cannabis se encuentra incluida en cada una de esas categorías. Por tanto, sobre esta sustancia, en cada una de las distintas categorías legales existen respectivamente prohibiciones absolutas respecto de su uso y disposición para fines distintos al médico y científico.
37. Por tanto, si en el precedente citado esta Sala declaró la inconstitucionalidad de la prohibición legal absoluta aplicable para la cannabis clasificada como psicotrópico, éste no podría considerarse aplicable en sentido técnico para la prohibición aplicable a la cannabis clasificada como estupefaciente. En su caso, esa aplicación analógica estaría sujeta a una argumentación dirigida a justificar su extensión, lo que es muy propio del sistema de precedentes, que es la que correspondería al fondo del asunto.
38. La principal diferencia de trato en la Ley General de Salud entre ambas sustancias es que el artículo 235 prohíbe de manera absoluta cualquier uso comercial de la cannabis clasificada como estupefaciente –es decir cualquier uso distinto al médico o científico–, mientras que el artículo 245 admite una excepción para la cannabis clasificada como psicotrópico, al disponer en su último párrafo "[l]os productos que contengan derivados de la cannabis en concentraciones del 1 % o menores de THC y que tengan amplios usos industriales, podrán comercializarse, exportarse e importarse cumpliendo los requisitos establecidos en la regulación sanitaria."
39. En segundo lugar, el pronunciamiento de aquel caso se delimitó a los primeros actos de la cadena de producción de la cannabis, mientras que aquí la recurrente cuestiona la prohibición aplicable a la comercialización de los productos de cáñamo.
40. En el amparo en revisión 355/2020, la quejosa solicitó la autorización a la autoridad responsable de siembra, cosecha, cultivo y comercialización de cannabis para fines industriales, y al resolver la revisión, esta Sala se delimitó a declarar la inconstitucionalidad del sistema normativo únicamente respecto de tres actividades: siembra, cultivo y cosecha de cannabis para la elaboración de productos derivados de la misma con concentraciones del 1 % o menores de THC y que tengan amplios usos industriales. Por otro lado, en el presente asunto, la autorización es para un producto terminado y del cual se solicita su comercialización.
41. En consecuencia, la pregunta constitucional que ahora se procede a responder es ¿son constitucionales los artículos 234, 235 y 235 Bis de la Ley General de Salud, en la medida que establecen una prohibición absoluta de comercialización de los productos de cannabis con concentraciones de 1 % de THC o menores, clasificados como estupefaciente?
VI. ELEMENTOS NECESARIOS PARA RESOLVER
42. A continuación, se realiza una síntesis de los conceptos de violación, de las consideraciones de la sentencia recurrida y de los agravios.
43. Conceptos de violación. Los conceptos de violación formuladas por la quejosa se dirigen: (1) a demostrar la irregularidad de la resolución negativa en el oficio ********** y, (2) a demostrar la inconstitucionalidad de los artículos 234, 235 y 235 Bis de la Ley General de Salud. Lo anterior en los siguientes términos:
a. Primero. La negativa del oficio ********** es inconstitucional por contravenir lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna. La quejosa sostiene que el marco legal vigente en el momento de la solicitud de autorización reconocía los beneficios de los productos de CBD con concentraciones menores a 1 % de THC o sin THC, tanto que no existía ninguna prohibición en ley por lo que respecta a esta especificación.
b. Al no existir prohibición en ley no es jurídicamente válido sostener su prohibición debido a que la naturaleza de las autorizaciones reside en constatar que sobre las actividades señaladas no se incurra en una infracción, lo que, en el caso, no sucede por no existir prohibición alguna.
c. Ninguna restricción o prohibición de derechos puede provenir de regulación que no sea legislación secundaria como lo son reglamentos, circulares o lineamientos. Las prohibiciones o restricciones a derechos se sujetan al principio de reserva de ley, lo que se traduce en que únicamente podrán ser válidas todas aquellas que se encuentren y emanen de legislación democrática. En el caso en concreto, no existe prohibición alguna.
d. También se violan los principios de fundamentación y motivación. En el momento de la solicitud de autorización se encontraban vigentes los "Lineamientos en materia de control sanitario de la cannabis y derivados de la misma", el cual en su artículo 35 reconocía expresamente la posibilidad de importar y comercializar suplementos alimenticios que tuvieran las características referidas en la solicitud, sujetándose solamente a: (i) descripción general del producto; (ii) tuviera una propuesta de clasificación; (iii) certificado de análisis que demostrará que no tenía THC o concentraciones menores o iguales al 1 %; (iv) incluyera una propuesta de etiqueta y denominación distintiva.
e. A pesar de la posterior derogación de los lineamientos señalados, la negativa de la autoridad es incorrecta. Esto es así, debido a que ignora el último párrafo del artículo 245 de la Ley General de Salud que reconoce la posibilidad de importar y comercializar los productos derivados de cannabis con concentraciones de 1 % de THC o menores que tengan amplios usos industriales con la única condición que respete los requisitos en la legislación sanitaria, lo que se tradujo en una lectura sesgada y parcial de los artículos 234, 235 y 245 de la Ley General de Salud.
f. Segundo. La resolución reclamada viola el principio pro persona, así como los principios de respeto y garantía de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, por no haber realizado una interpretación de los artículos 234 y 235 de la Ley General de Salud que maximizará los derechos de la solicitante y, de forma contraria, interpretó de manera amplia la restricción de sus derechos.
g. Tercero. La resolución es inconstitucional por violar el derecho de toda persona a dedicarse a la industria, profesión o comercio que prefiera siempre que sea lícito conforme al artículo 5o. constitucional. La quejosa destaca que dicho derecho puede ser restringido por determinación judicial cuando se ataquen derechos de terceros o, por resolución gubernativa siempre que sea dictada bajo los términos de ley y se ofendan derechos de la sociedad.
h. Para que se pueda restringir el derecho señalado por virtud de una resolución gubernativa, es necesario que se fundamente sobre un precepto, de origen democrático, que sea exactamente aplicable y que su contenido se encuentre dirigido a limitar o impedir el desarrollo de la actividad o profesión por ofender los derechos de la sociedad.
i. En el caso en concreto, no existe precepto alguno, de origen democrático, que establezca, expresamente, una limitante a la actividad en cuestión por considerar que vulnera los derechos de la sociedad.
j. Asimismo, la quejosa destaca que la Constitución impone el deber al Estado de evitar y no permitir actos que impliquen el menoscabo de todo tipo de derechos y libertades. Así, sucede que la presente resolución carece de sustento legal y científico y, por medio de ella, se transgrede el artículo 5o. de la Ley Fundamental.
k. Cuarto. La resolución de la COFEPRIS violenta el derecho de la quejosa para asociarse, consagrado en el artículo 9o. constitucional.
l. Tal como se señaló en el primer concepto de violación, toda restricción a un derecho debe tener origen en un acto legislativo democrático, en otras palabras, debe estar en alguna ley o, inclusive, en nuestra Carta Fundamental. En el caso en concreto, no existe ilicitud en el objeto porque no existe prohibición, restricción o ilicitud alguna en ley. Por lo que es inconcuso que la actividad debe considerarse como lícita. Al ser esto así, la reso
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31297-5b6c05bb/competencia-originaria-de-la-suprema-corte-de-justicia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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