LIBERTAD DE COMERCIO. LA PROHIBICIÓN DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, PARA LA SIEMBRA, COSECHA Y CULTIVO DE CANNABIS PARA LA PRODUCCIÓN DE SUS DERIVADOS, EN CONCENTRACIONES DEL 1 % (UNO POR CIENTO) O MENORES DE THC (TETRAHIDROCANNABINOL), CON AMPLIOS USOS INDUSTRIALES Y FINES DISTINTOS A LOS MÉDICOS Y CIENTÍFICOS INCIDE, PRIMA FACIE, EN EL CONTENIDO DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL. PROHIBICIÓN DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL PARA LA SIEMBRA, COSECHA Y CULTIVO DE CANNABIS PARA PRODUCIR PRODUCTOS DERIVADOS, EN CONCENTRACIONES DEL 1 % (UNO POR CIENTO) O MENORES DE THC (TETRAHIDROCANNABINOL), CON AMPLIOS USOS INDUSTRIALES. ES UNA MEDIDA IDÓNEA PARA PROCURAR LA SALUD DE LAS PERSONAS Y PROTEGER EL ORDEN PÚBLICO. PROHIBICIÓN DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL PARA LA SIEMBRA, COSECHA Y CULTIVO DE CANNABIS PARA PRODUCIR PRODUCTOS DERIVADOS, EN CONCENTRACIONES DEL 1 % (UNO POR CIENTO) O MENORES DE THC (TETRAHIDROCANNABINOL), CON AMPLIOS USOS INDUSTRIALES. NO ES UNA MEDIDA NECESARIA PARA PROCURAR LA SALUD NI PROTEGER EL ORDEN PÚBLICO. PROHIBICIÓN DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL PARA LA SIEMBRA, COSECHA Y CULTIVO DE CANNABIS PARA PRODUCIR PRODUCTOS DERIVADOS, EN CONCENTRACIONES DEL 1 % (UNO POR CIENTO) O MENORES DE THC (TETRAHIDROCANNABINOL), CON AMPLIOS USOS INDUSTRIALES. PERSIGUE UNA FINALIDAD CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA.
AMPARO EN REVISIÓN 355/2020. 1 DE DICIEMBRE DE 2021. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE. PONENTE: MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIOS: LUIS MAURICIO RANGEL ARGÜELLES Y ALEJANDRO GONZÁLEZ PIÑA.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión virtual del día uno de diciembre de dos mil veintiuno.
SENTENCIA
En la que resuelve el amparo en revisión 355/2020 interpuesto por **********, en contra de la sentencia dictada por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, de dos de septiembre de dos mil diecinueve, en el juicio de amparo indirecto **********.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud. Mediante escrito presentado el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, **********, presentó ante la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, una solicitud para llevar a cabo la siembra, cosecha y comercialización de cannabis sativa L (Cáñamo) con fines de procesamiento industrial y que contengan concentraciones menores al 1 % de THC; el procesamiento del cáñamo con concentraciones menores al 1 % de THC para la extracción de cannabidiol o CBD; la comercialización de aceite de CBD como insumo para procesos industriales; e importación y/o adquisición en territorio nacional de semillas para la siembra, cultivo y cosecha de cáñamo con concentraciones menores al 1 % de THC.
2. Contestación. En respuesta a dicha solicitud, el siete de enero de dos mil diecinueve, le fue notificado el oficio **********, emitido por el subdirector Ejecutivo de Legislación y Consulta de la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a través del cual, señaló en esencia lo siguiente:
"Sobre el particular, le comento que con fecha diecinueve de junio de dos mil diecisiete, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el ‘Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal’ que establece disposiciones para el uso y consumo de la cannabis con fines médicos, de investigación científica e industriales.
"Dicho decreto eliminó del artículo 237 de la Ley General de Salud, la prohibición de las actividades como la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con cannabis sativa, índica y americana o marihuana.
"Asimismo modificó el artículo 245 de la Ley General de Salud reclasificando al tetrahidrocannabinol (THC) en función de su concentración, es decir de ser considerada una sustancia con valor terapéutico escaso o nulo lo clasifica en la fracción II como una sustancia que tiene gran valor terapéutico, pero constituyen un problema grave para la salud pública, para las concentraciones superiores al 1 %; para el caso de concentraciones iguales o menores al 1 %, lo reclasificó en la fracción IV, es decir que tienen aplicaciones terapéuticas y constituyen un problema menor para la salud pública; finalmente se agregó un último párrafo a la fracción V del mismo artículo estableciendo que los productos que contengan derivados de la cannabis en concentraciones del 1 % o menores de THC y que tengan amplios usos industriales, podrán comercializarse, exportarse e importarse cumpliendo los requisitos establecidos en la regulación sanitaria.
"La misma reforma adicionó el artículo 235 Bis donde establece que la Secretaría de Salud deberá diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, entre las cuales se encuentra el tetrahidrocannabinol, sus isómeros y variantes estereoquímicas, así como normar la investigación y producción nacional de los mismos.
"Por otro lado se reformó el artículo 198 del Código Penal Federal estableciendo en su último párrafo que la siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana no será punible cuando estas actividades se lleven a cabo con fines médicos y científicos con los términos y condiciones de autorización que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal.
"De lo antes expuesto se observa que al no haber una permisión expresa en la Ley General de Salud, pero sí una limitación en el Código Penal Federal, el cultivo será permisible únicamente para fines médicos y científicos, toda vez que la legislación ante la posibilidad de llevar a cabo algunas de las actividades solicitadas en su escrito de petición y que se encuentran en los incisos a), b), c) y d), del presente oficio. En ese sentido, se niega la autorización solicitada para llevar a cabo todas y cada una de las actividades antes mencionadas.
"No omito mencionarle que si es de su interés fabricar o comercializar productos con CBD, es posible tramitar ante esta autoridad la evaluación sanitaria a través de la cual se puede lograr la importación de materias primas con CBD, siempre que las mismas contengan menos de 1 % de THC."
II. TRÁMITE
3. PRIMERO.—Demanda de amparo indirecto. Por escrito presentado el quince de enero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México,(1) **********, por conducto de su representante legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos siguientes:
"III. Autoridades responsables:
"1. Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
"2. Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.
"3. Titular del Poder Ejecutivo Federal.
"4. Director del Diario Oficial de la Federación.
"5. Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
"6. Subdirector Ejecutivo de Legislación y Consulta de la Coordinación General Jurídica de la Cofepris.
"IV. Actos reclamados:
"A) De las autoridades señaladas en los puntos 1) a 4) del apartado anterior se les reclama, respectivamente, la aprobación, promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete de las reformas a la Ley General de Salud, específicamente por lo que hace a sus artículos 237, párrafo primero, 245, fracciones I, II y IV, 290 y la adición del artículo 235 Bis y un segundo párrafo a la fracción V del artículo 245 y del Código Penal Federal en su artículo 198, último párrafo.
"B) Del comisionado federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, se reclama la expedición de los Lineamientos para el Control Sanitario de la Cannabis y derivados de la misma (en adelante lineamientos o lineamientos de la Cofepris) emitidos el pasado treinta de octubre de dos mil dieciocho, específicamente, se reclaman los artículos 5, 6, 24, 35, 42, 43, 44, 44, 46 y 48. (sic)
"C) Del subdirector Ejecutivo de Legislación y Consulta de la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Cofepris, la emisión y expedición del oficio número **********, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho y notificado el siete de enero de dos mil diecinueve."
4. La quejosa invocó como derechos fundamentales violados los previstos en los artículos 1 y 2 de la Convención Interamericana, el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los artículos 1o., 5o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5. SEGUNDO.—Trámite y resolución del amparo indirecto. Por razón de turno, correspondió conocer del asunto al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, quien mediante acuerdo de dieciséis de enero de dos mil diecinueve(2) admitió parcialmente a trámite la demanda de amparo y la registró bajo el expediente **********. Desechó la demanda respecto de la autoridad director general Adjunto del Diario Oficial de la Federación, al considerar que el acto reclamado consistente en la publicación del decreto que reforma a la Ley General de Salud y el Código Penal Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete; específicamente por lo que hace a los artículos 237, párrafo primero, 245, fracciones I, II y IV, 290 y la adición del artículo 235 Bis y un segundo párrafo a la fracción V del artículo 245 de la mencionada ley y 198, último párrafo, del citado código el diecinueve de junio de dos mil diecisiete; se actualizaba de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III de la Ley de Amparo.
6. En dicho proveído solicitó al resto de las autoridades sus informes justificados; se dio la intervención al agente del Ministerio Público de la Federación y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional.
7. Por acuerdo de seis de febrero de dos mil diecinueve,(3) el Juez de Distrito admitió la prueba pericial en materia de química farmacéutica biológica ofrecida por la quejosa, y en preparación de la misma, tuvo como perito de su parte a la licenciada **********, por otro lado, requirió a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, para que designara un perito en materia química farmacéutica biológica, para que actuara en auxilio de las labores de ese juzgado; finalmente, apercibió a las partes que en caso de no designar perito de su parte, se les tendría por adheridas al dictamen que, en su caso, emitiera el perito oficial.
8. En auto de ocho de febrero de dos mil diecinueve,(4) el Juez Federal agregó a los autos el acta de comparecencia de la perito designada por la quejosa, en la que protestó y aceptó el cargo conferido y la requirió para que dentro del término de diez días, rindiera su dictamen.
9. Posteriormente, mediante proveído de trece de febrero de dos mil diecinueve,(5) el Juzgado de Distrito tuvo por ampliada la demanda de amparo promovida por la quejosa respecto de las siguientes autoridades y actos.
"D. De la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la omisión de aprobar las reformas al artículo 198, último párrafo, del Código Penal Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete.
"E. El Ejecutivo Federal, la aprobación y expedición, en uso de facultades extraordinarias otorgadas mediante decreto de dos de enero de mil novecientos treinta y uno, del Código Penal Federal en general y, en especial, del último párrafo del artículo 198 del Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete."
10. En auto de veintidós de febrero de dos mil diecinueve,(6) el Juez Federal, tuvo por recibido el oficio signado por la delegada del presidente de la República, mediante el cual propuso como perito en materia química farmacéutica biológica a **********, a quien requirió para que aceptara y protestara dicho cargo.
11. Mediante proveído de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve,(7) el Juzgado de Distrito tuvo por rendido el dictamen pericial en materia de química farmacéutica biológica de la perito designada por la parte quejosa, y la requirió para que compareciera ante el Juzgado de Distrito, a fin de que ratificara su dictamen.
12. El veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, se levantó el acta de comparecencia de la mencionada perito, en la que se asentó la ratificación de su dictamen; y mediante proveído de esa misma fecha se agregó a los autos.
13. En auto de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve,(8) el Juzgado de Distrito agregó a los autos el acta de comparecencia levantada en esa misma fecha, de la perito designada por el presidente de la República en la que manifestó la aceptación y protesta del cargo conferido.
14. En auto de veintidós de marzo de dos mil diecinueve,(9) el secretario del juzgado en funciones de Juez de Distrito, tuvo por recibido el dictamen rendido por la perito designada por el presidente de la República, y la requirió para que compareciera al local de ese juzgado federal a fin de que ratificara su dictamen.
15. El veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, se levantó el acta de comparecencia del perito designado por el presidente de la República, en la que se asentó la ratificación de su dictamen, la cual se agregó a los autos mediante proveído del día veintiocho siguiente.
16. Asimismo, en el citado acuerdo de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, se agregó al expediente el escrito signado por el perito **********, el cual manifestó encontrarse en posibilidad de fungir como perito oficial en materia de química farmacéutica biológica.
17. Mediante acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, se agregó a los autos el acta de comparecencia, por medio de la cual, **********, perito en materia de química farmacéutica biológica, del presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y tuvo por ratificado su dictamen pericial.
18. Por acuerdo de veintitrés de abril de dos mil diecinueve,(10) el Juzgado de Distrito agregó a los autos el dictamen pericial rendido por el perito oficial y acta de comparecencia levantada el veintidós del citado mes y año, en la que se asentó la ratificación de dicho dictamen.
19. Posteriormente, en auto de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, el Juzgado de Distrito agregó al expediente el acta levantada el veintitrés del mismo mes y año, en la que se asentó la comparecencia de la perito designada por el presidente de la República, en la que manifestó ratificar en todas y cada una de sus partes el escrito recibido en la Oficialía de Partes de ese órgano jurisdiccional del quince de abril del citado año, mediante el cual aclaró su dictamen y reconoció como suya la firma que lo calza.
20. Finalmente, el Juez de Distrito emitió sentencia, terminada de engrosar el dos de septiembre de dos mil diecinueve,(11) en la que:
• Determinó por una parte sobreseer en el juicio de amparo y, por otra, negar el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el decreto que reforma a la Ley General de Salud y el Código Penal Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete; específicamente por lo que hace a los artículos 237, párrafo primero, 245, fracciones I, II y IV, 290 y la adición del artículo 235 Bis y un segundo párrafo a la fracción V del artículo 245 de la ley mencionada y 198, último párrafo, del citado código, así como su aplicación, consistente en la emisión del oficio **********, de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, por los motivos expuestos en el considerando séptimo de esta sentencia.
21. TERCERO.—Recurso de revisión principal. Inconforme con la anterior determinación, la quejosa, por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, interpuso recurso de revisión el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve.(12)
22. Por razón de turno, correspondió conocer del recurso al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el que por auto de presidencia de nueve de octubre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite bajo el toca de amparo en revisión RA. **********.(13)
23. Mediante acuerdo de diez de diciembre de dos mil diecinueve, el presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, tuvo por recibido el escrito del autorizado de la parte quejosa, mediante el cual hizo saber que su representada solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ejerza de oficio la facultad de atracción para que reasuma su competencia sobre el recurso de revisión derivado del juicio de amparo indirecto **********, por lo que estableció que hasta tanto informara el Máximo Tribunal respecto de tal determinación, proveería en relación a la suspensión del dictado de la resolución.
24. Mediante auto de veintiséis de febrero de dos mil veinte,(14) los integrantes de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación acordaron desechar la petición de la solicitud para que este Alto Tribunal reasumiera su competencia, ante la falta de legitimación del autorizado de la quejosa.
25. CUARTO.—Resolución del Tribunal Colegiado de Circuito. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, emitió la resolución correspondiente al uno de junio de dos mil veinte,(15) en la que determinó lo siguiente:
"PRIMERO.—En la materia de la competencia de este Tribunal Colegiado, se revoca la sentencia recurrida.
"SEGUNDO.—Se declara la legal incompetencia de este tribunal para conocer del recurso de revisión respecto del problema de constitucionalidad de los artículos 235 Bis; 237, párrafo primero; 245, fracciones I, II, IV y V en su segundo párrafo y 290 de la Ley General de Salud, así como el diverso 198, último párrafo, del Código Penal Federal.
"TERCERO.—Remítanse los autos a la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales procedentes."
26. QUINTO.—Trámite del recurso de revisión ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por acuerdo de siete de septiembre de dos mil veinte,(16) el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación radicó el recurso de revisión bajo el expediente 355/2020 y determinó que era procedente asumir la competencia originaria de este Alto Tribunal para conocer del asunto del recurso de revisión que hizo valer la quejosa; turnó el expediente para su estudio a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.
27. SEXTO.—Avocamiento. Por acuerdo de dos de diciembre de dos mil veinte,(17) el presidente de la Primera Sala de este Alto Tribunal, determinó el avocamiento del asunto y ordenó enviar los autos a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, para elaborar el proyecto de sentencia respectivo.
III. CONSIDERACIONES
28. PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer los recursos de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a), en relación con el 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada, en términos de lo establecido en los artículos quinto y décimo segundo, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno;(18) y conforme a lo previsto en el Acuerdo General Plenario Número 5/2013, punto tercero, en relación con el segundo, fracción III, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en atención a que se interpuso contra una resolución dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que se reclamó la inconstitucionalidad, de diversos artículos de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, sin que se estime necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
29. Cabe señalar que aun cuando el presente amparo en revisión no corresponde a las materias de las que, en forma ordinaria, debe conocer esta Primera Sala, en términos de lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ello no es obstáculo para que resulte competente para conocer del asunto, pues el párrafo primero del artículo 86 del citado reglamento, dispone que –al igual que los amparos directos en revisión– los amparos en revisión de la competencia originaria del Pleno, que sean en materia administrativa, se turnarán a los Ministros de ambas Salas, de manera que, si el recurso que nos ocupa se turnó a una Ministra adscrita a esta Primera Sala, y no existe solicitud de diverso Ministro para que lo resuelva el Pleno; entonces, en términos de lo dispuesto en el punto tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, esta Sala debe avocarse al mismo. 30. Además, también es importante precisar que, aunque existe jurisprudencia sobre la constitucionalidad de algunos de los preceptos enunciados, no se está en el supuesto de delegación a Tribunales Colegiados previsto en el punto cuarto, fracción I, incisos C) y D), del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que en la referida jurisprudencia sólo se analizó la constitucionalidad de tales disposiciones en lo relativo al uso lúdico de la marihuana.
31. SEGUNDO.—Oportunidad y Legitimación. Es innecesario analizar la legitimación y la oportunidad en la interposición del recurso de revisión, en atención a que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ya se pronunció al respecto.(19)
32. TERCERO.—Corrección de incongruencia. A juicio de la Primera Sala de este Alto Tribunal existen incongruencias en las sentencias del Juez de Distrito y del Tribunal Colegiado, que deben repararse.
33. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia P./J. 3/95, emitida por el Tribunal Pleno, de rubro: "ACTO RECLAMADO. LA OMISIÓN O EL INDEBIDO ESTUDIO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD A LA LUZ DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, PUEDE SER SUBSANADA POR EL TRIBUNAL REVISOR."(20)
34. En esa tónica, esta Primera Sala con sustento en la citada jurisprudencia y en el artículo 76 de la Ley de Amparo advierte que, en los conceptos de violación se cuestiona la inconstitucionalidad del sistema de prohibiciones que le impiden la siembra, cosecha y cultivo de cannabis, en concentraciones iguales o menores al 1 % de THC, para fines distintos a los científicos y médicos. Sin embargo, la impetrante omitió señalar como actos reclamados destacados los numerales 235 y 247 de la Ley General de Salud, los cuales en su último párrafo, también prevén esa prohibición.(21) No obstante, en anteriores instancias no fue advertida esa circunstancia. Por tanto, tales numerales, también serán considerados como actos reclamados, para efectos del pronunciamiento de fondo respectivo.
35. CUARTO.—Estudio de improcedencia omitido por el Tribunal Colegiado del conocimiento. Se advierte de autos que, respecto de algunas de las causas de improcedencia invocadas por la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, cuyo estudio fue omitido por el Juez de Distrito y por el propio Tribunal Colegiado del conocimiento, lo cual es una cuestión de competencia delegada, en términos de lo establecido en el punto Noveno, fracción II, del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
36. No obstante la aludida omisión, con la finalidad de no retardar más la resolución de este asunto y cumplir con la prontitud en la impartición de justicia, esta Primera Sala reasume competencia para pronunciarse al respecto, con fundamento en los artículos 17 constitucional, 83, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción III y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
37. Pues bien, en su informe con justificación, la Cámara de Diputados argumentó que el acto reclamado a esa autoridad consistente en la aprobación de la Ley General de Salud, es constitucional toda vez que se realizó con estricto apego al procedimiento y facultades que al efecto establecen los artículos 71, 72 y 73, fracciones XVI y XXXI, en relación con el artículo 4o., cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigentes en la fecha en que se realizó el acto reclamado por lo que no se causa agravio a los derechos fundamentales y las garantías individuales de la parte quejosa.
38. La Cámara de Senadores argumentó que los actos reclamados consistentes en la discusión, votación y aprobación de la Ley General de Salud, es constitucional toda vez que se realizó con estricto apego al procedimiento y facultades que al efecto establece en los artículos 71, 72 y 73 fracción XXXI, en relación con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigentes en la fecha en que se realizó el acto reclamado, por lo que no se causa perjuicio a las garantías individuales y a los derechos fundamentales de la parte quejosa.
39. Si bien las autoridades responsables no citaron el fundamento, esos argumentos inequívocamente se refieren a la causa de improcedencia de falta de interés jurídico, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo.
40. Ahora, no obstante que el Juez Federal se pronunció respecto al interés jurídico de la parte quejosa, lo cierto es que no hizo alusión a esa misma causal en los términos en que fue planteada por las autoridades legislativas en comento. Son parcialmente fundadas las causales de improcedencia invocadas por la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Como se desprende de los antecedentes narrados, la quejosa reclamó los artículos 237, párrafo primero, 245, fracciones I, II y IV, 290 y la adición del artículo 235 Bis y un segundo párrafo a la fracción V del artículo 245 de la Ley General de Salud, y el artículo 198, último párrafo, del Código Penal Federal, como actos destacados y con motivo de su primer acto de aplicación.
41. Esos artículos, salvo los numerales 237, primer párrafo, 245, fracción I y 290 de la Ley General de Salud, fueron el fundamento del oficio reclamado, por medio del que se negó a la quejosa la autorización que solicitó a la Cofepris.
42. Luego, esas normas, con las salvedades antes precisadas, como sistema normativo, sí afectan el interés jurídico de la impetrante, pues constituyen el obstáculo jurídico que le impide obtener la autorización que solicitó para sembrar, cultivar y cosechar cannabis sativa L (cáñamo) con fines industriales y que contengan concentraciones menores al 1 % de THC. Esto, al margen de si hubo, o no violaciones al procedimiento legislativo pues, si bien en la ampliación de la demanda se reclamó la omisión de aprobar las reformas al artículo 198, último párrafo, del Código Penal Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día diecinueve de junio de dos mil diecisiete, respecto a ese acto, el Tribunal Colegiado confirmó el sobreseimiento decretado por el Juez Federal (por inexistencia del acto).
43. Sin embargo –como se anticipó– en lo atinente a los numerales 237, primer párrafo, 245, fracción I y 290, de la Ley General de Salud, se actualiza la causal de improcedencia en comento, en razón de que, con independencia de que algunos hubiesen sido citados como sustento de la negativa de autorización de referencia, no contienen la prohibición cuya inconstitucionalidad alega la quejosa.(22)
44. QUINTO.—Cuestiones necesarias para resolver. A fin de resolver sobre el fondo del presente asunto, se sintetizan los conceptos de violación, las consideraciones del Juez de Distrito del conocimiento y los agravios conducentes del recurso de revisión.
45. Conceptos de violación. En la demanda de amparo se hicieron valer los siguientes conceptos de violación, argumentos que enseguida se sintetizan.(23)
• Primero. Los artículos reclamados de la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y los Lineamientos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, violan el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1o. y 2o. de la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia, así como al diverso 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, al prever una categoría sospechosa y discriminatoria.
• La quejosa adujo, que la categoría sospechosa creada por el legislador (quienes utilicen el producto para fines médicos o científicos) genera un trato violatorio del derecho a la igualdad ante la ley respecto de quienes, sobre el producto cannabis sativa L, lleven a cabo actividades con usos industriales.
• Mencionó, que el sistema combatido crea una categoría artificial y, por tanto, genera un trato desigual ante la ley a personas que, constitucional y convencionalmente, deberían estar en la misma situación regulatoria.
• Aludió que la categoría sospechosa se confirma, si se toma en cuenta que conforme a la propia Ley General de Salud, en los artículos reclamados, la permisión de siembra, cultivo y cosecha de la Cannabis está permitida, independientemente del contenido porcentual de THC bajo la condición de que se destine a fines de investigación científica o médica y, en cambio, esta misma actividad, pero respecto de productos con contenido igual o menor al 1 % de THC (como lo es el cáñamo) y que sirven para la producción de CBD, se encuentra vedada cuando estas tres actividades (fines médicos, científicos o uso industrial son actividades lícitas).
• Afirmó que no se está frente a la medida menos restrictiva posible para conseguir efectivamente la finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional, pues el impedir llevar a cabo actividades como la siembra, cosecha o cultivo de cannabis sativa L (cáñamo) que contenga concentraciones iguales o menos al 1 % de THC cuando el propio sistema jurídico otorga el derecho a llevar a cabo otras actividades respecto del mismo producto, como sería la importación y exportación, implica necesariamente una medida absolutamente restrictiva no sólo para conseguir el fin constitucional perseguido sino, también, para ejercer el propio derecho otorgado por la Ley General de Salud.
• Segundo. Los actos reclamados resultan violatorios del derecho humano a la seguridad jurídica, contenido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que al no permitirse llevar a cabo la siembra,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30784-f11b7338/libertad-de-comercio-la-prohibicion-de-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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