I. CONSULTA INDÍGENA. LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS TIENEN DERECHO A SER CONSULTADOS PREVIAMENTE A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES ANTE MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE PUEDAN AFECTARLOS DIRECTAMENTE. II. CONSULTA INDÍGENA. LA LEGISLACIÓN NACIONAL Y LOS ESTÁNDARES UNIVERSALES E INTERAMERICANOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN A SUS DERECHOS, CONSIDERAN QUE, CUANDO LA ACTIVIDAD DEL ESTADO TENGA RELACIÓN CON LOS INTERESES Y DERECHOS DE AQUELLOS GRUPOS INVOLUCRADOS, LAS AUTORIDADES LEGISLATIVAS DEBEN LLEVAR A CABO PROCEDIMIENTOS PARA DESARROLLAR ESA CONSULTA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 23, PRIMER PÁRRAFO, EN LA PARTE QUE DISPONE "PENALES", DE LA LEY DE DERECHOS Y CULTURA DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO). III. CONSULTA INDÍGENA. CUANDO SE TRATE DE MEDIDAS LEGISLATIVAS SUSCEPTIBLES DE AFECTAR LOS DERECHOS DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, LOS CONGRESOS LOCALES TIENEN EL DEBER DE ESTABLECER UNA FASE PREVIA PARA CONSULTAR A SUS REPRESENTANTES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 23, PRIMER PÁRRAFO, EN LA PARTE QUE DISPONE "PENALES", DE LA LEY DE DERECHOS Y CULTURA DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO). IV. CONSULTA INDÍGENA. EL DERECHO HUMANO A SER CONSULTADOS, DEBE SER EJERCIDO MEDIANTE PROCEDIMIENTOS CULTURALMENTE ADECUADOS, INFORMADOS Y DE BUENA FE CON LA FINALIDAD DE LLEGAR A UN ACUERDO CON SUS REPRESENTANTES, CUANDO SE PREVEAN MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE LE AFECTEN DIRECTAMENTE (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 23, PRIMER PÁRRAFO, EN LA PARTE QUE DISPONE "PENALES", DE LA LEY DE DERECHOS Y CULTURA DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO). V. CONSULTA INDÍGENA. LA PREVISIÓN LEGAL QUE REGULA ASPECTOS VINCULADOS CON LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO PENAL DONDE INTERVENGAN INTEGRANTES DE UN PUEBLO O COMUNIDAD INDÍGENA ES SUSCEPTIBLE DE CAUSARLES UN PERJUICIO DIRECTO, POR LO QUE DEBE SOMETERSE A DICHA CONSULTA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 23, PRIMER PÁRRAFO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE DISPONE "PENALES", DE LA LEY DE DERECHOS Y CULTURA DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO). VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE NORMAS GENERALES EN VÍA DE CONSECUENCIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO QUINTO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO EL CINCO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 23, SE ADICIONAN UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 27, UN ARTÍCULO 27 BIS, UN CAPÍTULO TERCERO AL TÍTULO TERCERO Y UN ARTÍCULO 28 BIS, TER Y QUÁTER, A LA LEY DE DERECHOS Y CULTURA DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DE DICHA ENTIDAD). VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 23, PRIMER PÁRRAFO, EN LA PARTE QUE DISPONE "PENALES", Y EN VÍA DE CONSECUENCIA EL ARTÍCULO QUINTO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO EL CINCO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 23, SE ADICIONAN UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 27, UN ARTÍCULO 27 BIS, UN CAPÍTULO TERCERO AL TÍTULO TERCERO Y UN ARTÍCULO 28 BIS, TER Y QUÁTER, A LA LEY DE DERECHOS Y CULTURA DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 19/2016. PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 25 DE JUNIO DE 2018. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: ADRIÁN GONZÁLEZ UTUSÁSTEGUI.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinticinco de junio de dos mil dieciocho.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Presentación de la acción. Mediante oficio presentado el cuatro de marzo de dos mil dieciséis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arely Gómez González, procuradora general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en la que demandó la invalidez del artículo 23, párrafo primero, de la Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Querétaro, en la porción normativa que se refiere a los procesos penales, expedido mediante decreto publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa, el cinco de febrero de dos mil dieciséis. El decreto fue emitido por el Poder Legislativo y promulgado por el Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Querétaro.
2. La representación social señaló como preceptos constitucionales violados los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero y 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. SEGUNDO.—Conceptos de invalidez. En sus conceptos de invalidez, la procuradora general de la República adujo en lo sustancial lo siguiente:
• Que el artículo 23, párrafo primero, de la Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Querétaro (Ley de Derechos Indígenas), en la porción normativa que dice: "penales", viola los artículos 16, párrafo primero y 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución General.
• El precepto impugnado establece que para garantizar a los pueblos y comunidades indígenas, el acceso a la impartición de justicia en los procesos penales (también civiles, administrativos o de cualquier otra naturaleza que se desarrolle en forma de juicio) en que con cualquier carácter intervenga uno o más integrantes de algún pueblo o comunidad indígena, éste o éstos deberán contar con intérprete o traductor nombrado de oficio y pagado por el Estado, además que su inobservancia producirá la nulidad del procedimiento, y que durante todo el proceso las personas indígenas tienen derecho a realizar sus declaraciones y testimonios en su lengua, los que deberán obrar en autos traducidos literalmente al idioma español.
• A partir de lo anterior, la accionante señala que el derecho de las personas indígenas a ser asistidas por intérprete que tenga conocimiento de su lengua y cultura en el proceso penal, constituye una cuestión que se enmarca en el procedimiento penal, tan es así que el artículo 173, fracciones XIII y XIV, de la Ley de Amparo, prevé que se considerará violada la ley del procedimiento ante la contravención a ese derecho.
• Que aquella cuestión procedimental, tratándose de los procedimientos penales se encuentra prevista en los artículos 45, 109, fracción XI, 110 y 113, fracción XII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se refieren a que las actuaciones deberán realizarse en idioma español, además que cuando las personas no hablen o no entiendan el idioma español, deberá proveerse traductor o intérprete y se le permitirá hacer uso de su propia lengua o idioma, y que en el caso de miembros de pueblos o comunidades indígenas, se les nombrará intérprete que tenga conocimiento de su lengua y cultura, aun cuando hablen el español, si así lo solicitan, lo cual el órgano jurisdiccional garantizará.
• De igual forma se prevén los derechos de la víctima u ofendido, entre los cuales se encuentra el recibir gratuitamente asistencia de un intérprete o traductor desde la denuncia hasta la conclusión del procedimiento penal, cuando la víctima u ofendido pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena o no conozca o no comprenda el idioma español, asimismo, en esos casos el asesor jurídico deberá tener conocimiento de su lengua y cultura, y en caso de que no fuere posible, deberá actuar asistido de un intérprete que tenga dicho conocimiento.
• Y, tratándose del imputado, tiene derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete en el caso de que no comprenda o hable el idioma español, y si el inculpado perteneciere a un pueblo o comunidad indígena, el defensor deberá tener conocimiento de su lengua y cultura, en caso de que no fuere posible, deberá actuar asistido de un intérprete de la cultura y lengua de la que se trate.
• Asimismo, que en el artículo 10 de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, se prevé la obligación del Estado de garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, el acceso a la justicia en lengua indígena, garantizando su derecho a ser asistido en todo momento por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua indígena y cultura; incluso ese dispositivo establece que las autoridades federales responsables de la procuración de justicia proveerán lo necesario para que en los juicios que realicen, los indígenas sean asistidos gratuitamente, en todo tiempo, por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua indígena.
• Que en adición a lo anterior los artículos 97, 98, 99, 100, 101 y 102 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen la consecuencia de no respetar el derecho a gozar de un intérprete, como son la convalidación de las actuaciones a través de la reposición del procedimiento o, en su caso, la nulidad.
• Por ello, considera que la Legislatura del Estado de Querétaro, al expedir el párrafo primero del artículo 23 de la Ley de Derechos Indígenas vulnera la Constitución General.
• Esto, al desbordar su ámbito de facultades en detrimento de la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para expedir normas únicas de carácter procedimental penal que le fue reservada mediante el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución, y artículo segundo transitorio del decreto de reformas constitucionales de ocho de octubre de dos mil trece, conforme a los cuales las entidades federativas, incluyendo el Estado de Querétaro, ya no pueden expedir legislación en la materia procedimental penal, como se sostuvo por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 12/2014.
• Además, que atenta al principio de reserva de código para tales materias como la procesal penal, la cual deriva del precepto constitucional cuyo mandato se dirige a un solo legislador y no a una pluralidad de ellos, aunado a que exista una razón constitucional que justifique que deba emitirse un solo código o una sola ley nacional. Esto conforme al criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la tesis 1a. CCXXXIX/2015 (10a.), de título y subtítulo: "RÉGIMEN CONTRACTUAL DEL ESTADO. LA FACULTAD REGLAMENTARIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL NO SE ENCUENTRA SUJETA AL PRINCIPIO DE RESERVA DE CÓDIGO O DE ORDENAMIENTOS, POR LO QUE PUEDEN COEXISTIR DIVERSAS LEYES REGLAMENTARIAS."
• En otro aspecto, la norma cuestionada al establecer la nulidad total del proceso penal excede la previsión contenida en el Código Nacional de Procedimientos Penales, generando con ello inseguridad e incertidumbre para los operadores de las normas. La accionante establece que el párrafo primero del artículo 23 de la Ley de Derechos Indígenas, en la porción normativa que se refiere a los procesos penales, viola los artículos 14 y 16 constitucionales, porque genera confusión y una violación a los principios de legalidad y seguridad jurídica, al tratarse de una norma que atañe al procedimiento penal que se refiere al derecho de las personas indígenas de contar con la asistencia de un intérprete y la consecuencia de no hacerlo.
• Previsión que ya fue establecida por la autoridad competente (Congreso de la Unión) en el Código Nacional de Procedimientos Penales y que la consecuencia contenida en la norma controvertida de ningún modo cumple con los parámetros establecidos en dicho cuerpo normativo nacional, propiciando inseguridad jurídica tanto a los justiciables como a los operadores de las normas, pues el citado código nacional prevé como consecuencias la posible convalidación de las actuaciones, a través de la reposición del procedimiento o, en su caso, la exclusión de pruebas o tratándose de la nulidad de la sentencia, su modificación, revocación o reposición del procedimiento; mientras que la norma impugnada sólo establece la nulidad del procedimiento.
• Esto es, que la norma combatida es incompleta y atenta contra la seguridad jurídica porque establece la nulidad de los procesos penales en los que comparezca con cualquier carácter una persona indígena y no se le haya nombrado un intérprete o traductor, lo cual podría llevar al extremo de declarar nulo un proceso en el que una persona indígena comparezca en calidad de testigo, cuando en estos casos, la legislación procesal nacional establece la reposición de la actuación en la que se haya tomado su testimonio o, en su caso, la exclusión de esta prueba, pero no conlleva la invalidez de todas las actuaciones realizadas en el proceso penal.
• Que incluso la consecuencia contenida en la norma impugnada contradice los criterios de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que prevén la valoración de las circunstancias de cada caso concreto, a fin de decretar si las violaciones aducidas producen la nulidad de los actos procedimentales.
4. TERCERO.—Registro y turno. Mediante proveído de siete de marzo de dos mil dieciséis, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, al que correspondió el número 19/2016 y, por razón de turno, tocó fungir como instructora a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.
5. CUARTO.—Admisión. Por auto de ocho de marzo de dos mil dieciséis, la Ministra instructora admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Querétaro, para que rindieran sus respectivos informes.
6. QUINTO.—Informe de la autoridad promulgadora. El Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, al rendir su informe sostuvo la validez de la norma impugnada, de conformidad con los argumentos que a continuación se citan:
• Expuso en esencia que efectivamente promulgó la norma controvertida, sin embargo, ello no contravino la distribución de competencias, porque atento al reconocimiento de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, se emitió el decreto que reformó entre otras, la Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Querétaro, con la finalidad de garantizar el acceso efectivo a la justicia por parte de los miembros de los pueblos y comunidades indígenas en esa entidad federativa, esto con el objeto de homologar todos los ordenamientos procesales en el Estado, para que las autoridades competentes garanticen a los indígenas un intérprete que les traduzca aquellas cuestiones que sean necesarias para defenderse adecuadamente y ejercer debidamente sus derechos, con lo cual se buscó la eficacia del orden constitucional.
• Que entonces la disposición controvertida responde a una razón constitucionalmente válida, porque está apegada a los lineamientos establecidos por el Constituyente Permanente y a las convenciones internacionales en materia de protección a los derechos fundamentales; además que no invade la competencia de otros entes públicos.
• Que si bien era cierto a través del decreto de reforma constitucional por el que se modificó el artículo 73, fracción XXI, publicado el ocho de octubre de dos mil trece, el Constituyente Permanente arrogó a la Federación, a través del Congreso de la Unión, la facultad para expedir la legislación única en materia procedimental penal y determinó que ésta quedara fuera del ámbito de competencia de las entidades federativas, esto con la finalidad de fortalecer la seguridad jurídica de las personas al contar con un solo ordenamiento aplicable a nivel nacional; también era verdad, que dicha reforma no entró en vigor en forma inmediata, sino en forma diferida hacia las entidades federativas, de manera que los órganos legislativos locales conservan sus atribuciones legislativas en esa materia.
• Esto, porque conforme al artículo segundo transitorio del decreto de la mencionada reforma constitucional, se estableció que la entrada en vigor en todo el territorio nacional de la legislación única en materia procedimental penal sería como límite al dieciocho de junio de dos mil dieciséis; además, se reservaron facultades legislativas en la materia a las autoridades locales, porque se previó que la legislación vigente en materia procedimental penal de las entidades federativas, continuaría en vigor hasta que iniciara la vigencia de la legislación nacional que emitiera el Congreso de la Unión.
• Entonces, el cinco de marzo de dos mil catorce, se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual no entró en vigor de forma inmediata, porque conforme al artículo segundo transitorio, dicho código entró en vigor en cada una de las entidades federativas en los términos que estableciera la declaratoria que al efecto emitiera el órgano legislativo correspondiente, previa solicitud de la autoridad encargada de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en cada una de ellas.
• Que lo anterior evidenciaba que el Constituyente Permanente dejó intocada la autonomía interna de las autoridades locales y les reconoció facultad todavía para aplicar y modificar su orden jurídico interior en materia procesal penal. De manera que permanece intocado el ámbito de competencia residual que el artículo 124 constitucional concede a las autoridades estatales, hasta en tanto no entrara en vigor el referido código nacional.
• Que en el caso concreto, en el Estado de Querétaro no se había implementado totalmente el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, por tanto no había entrado en vigor en todo el territorio de esa entidad federativa el Código Nacional de Procedimientos Penales, de manera que las disposiciones emitidas por el Poder Legislativo Local continuaban vigentes y en ese sentido podía modificarlas como en el caso aconteció.
• Que esto era así, porque el veintinueve de marzo de dos mil catorce, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro, el decreto por el que la Legislatura del Estado declaró que en la legislación local quedó incorporado el Sistema Procesal Penal Acusatorio y declaró el inicio de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales, previendo que su entrada en vigor se haría en tres fases regionales. El dos de junio de dos mil catorce, en los Distritos Judiciales de San Juan del Río y Amealco de Bonfil. El veintinueve de septiembre de dos mil catorce, en los Distritos Judiciales de Cadereyta de Montes, Tolimán y Jalpan de Serra; y el treinta de marzo de dos mil quince, en el Distrito Judicial de Querétaro.
• Sin embargo, por decreto publicado el veintisiete de marzo de dos mil quince, en el Periódico Oficial del Estado, se modificó la entrada en vigor del referido sistema penal por lo que ve al Distrito Judicial de Querétaro, previendo que se aplicaría a partir del uno de septiembre de dos mil quince; luego, por decreto publicado el siete de agosto de dos mil quince, se modificó la fecha de entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, por cuanto ve al Distrito Judicial de Querétaro, en el que se estableció sería conforme al Acuerdo que emitiera la Comisión para la Implementación de la Reforma Penal y la Modernización de la Justicia en el Estado de Querétaro; situación que hasta la fecha no había sucedido, pero que se ha asumido el compromiso de que entre en vigor, a más tardar el dieciocho de junio de dos mil dieciséis.
• En conclusión, con la reforma al artículo 23, párrafo primero, de la Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Querétaro, en lo conducente a la materia penal, no se invade la competencia del Congreso de la Unión, además que responde a una razón y justificación constitucionalmente válida.
7. SEXTO.—Informe de la autoridad emisora. El Poder Legislativo del Estado de Querétaro, al rendir su informe, sostuvo la validez de la porción normativa cuestionada, bajo los argumentos que a continuación se sintetizan:
• Que el proceso de la norma controvertida satisfizo todas y cada una de las etapas del procedimiento legislativo formal previsto en el artículo 19 de la Constitución, como es la iniciativa, discusión, aprobación o rechazo, sanción y promulgación, publicación e inicio de la vigencia.
• Luego, señaló en los mismos términos que el Poder Ejecutivo Local, que con la reforma al artículo 23, párrafo primero, de la Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Querétaro, en lo conducente a la materia penal, no se invade la competencia del Congreso de la Unión, además que responde a una razón y justificación constitucionalmente válida como es el respeto y protección de los pueblos y comunidades indígenas, atendiendo principalmente a que a la fecha de la emisión del decreto respectivo, todavía no había entrado en vigor en todo el Estado de Querétaro el sistema penal acusatorio, que a nivel nacional sería como fecha límite el dieciocho de junio de dos mil dieciséis.
• Que por tanto, hasta que esto no aconteciera, dicha Legislatura Local conservaba facultades para legislar en materia procesal penal en razón de la reserva contenida en el artículo segundo transitorio del decreto de la reforma al artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el ocho de octubre de dos mil trece, y conforme al artículo segundo transitorio del decreto por el que se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, de cinco de marzo de dos mil catorce.
8. SÉPTIMO.—Cierre de instrucción. Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos y encontrándose instruido el procedimiento, mediante proveído de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, quedó cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
9. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,1 y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que se plantea la posible contradicción entre una porción normativa de un dispositivo de carácter estatal y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
10. SEGUNDO.—Oportunidad. Es oportuna la presentación de la presente acción de inconstitucionalidad, pues se hizo dentro del plazo legal establecido en el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esto es, dentro de los treinta días naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la norma impugnada.
11. El decreto por el que se reforma el artículo 23 de la Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Querétaro, fue publicado en el Periódico Oficial de esa entidad, el viernes cinco de febrero de dos mil dieciséis, por lo que el plazo de treinta días naturales para promover la presente acción transcurrió del sábado seis de febrero al domingo seis de marzo de dos mil dieciséis, y debido a que el plazo feneció en día inhábil, la demanda se pudo presentar inclusive hasta el lunes siete de marzo del mismo año, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la citada Ley Reglamentaria.
12. En el caso, según consta en el sello asentado al reverso de la foja treinta y dos del expediente, la demanda se presentó el viernes cuatro de marzo de dos mil dieciséis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es oportuna.
13. TERCERO.—Legitimación. La demanda de acción de inconstitucionalidad fue suscrita por Arely Gómez González en su carácter de procuradora general de la República, lo que acreditó con la copia certificada de su designación en ese cargo por el presidente de la República.
14. De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aplicable,2 la procuradora general de la República podrá ejercer la acción de inconstitucionalidad respecto de leyes estatales que contraríen el orden constitucional; luego, en el caso, dicha funcionaria promovió la acción en contra del artículo 23, párrafo primero, en la porción normativa que dispone "penales", de la Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Querétaro, de manera que al encontrarse ese precepto inmerso en una ley de naturaleza estatal, la actora tiene legitimación para impugnarlo.
15. Apoya esta conclusión la tesis de jurisprudencia P./J. 98/2001, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR MEDIANTE ELLA, LEYES FEDERALES, LOCALES O DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES."3
16. CUARTO.—Procedencia. Las autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada no hacen valer causas de improcedencia, ni este Tribunal Pleno, advierte de oficio que se actualice alguna. Por lo tanto, lo procedente es analizar los conceptos de invalidez planteados por la promovente.
17. QUINTO.—Análisis de fondo. Es fundado el concepto de invalidez, suplido en términos del artículo 71, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,4 por el cual la procuradora general de la República aduce que es inconstitucional el artículo 23, primer párrafo, en la parte que dispone "penales", de la Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Querétaro, reformado por decreto publicado en el periódico oficial de esa entidad federativa, el cinco de febrero de dos mil dieciséis.
18. Este Tribunal Pleno en suplencia de los conceptos de invalidez, considera que con la expedición de la porción normativa controvertida se vulneró el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas deducido del artículo 2o., apartado B, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reconocido en los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, del cual México forma Parte.
19. Respecto del derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas previamente, este Tribunal Pleno se pronunció al resolver la controversia constitucional 32/2012, en sesión pública celebrada el veintinueve de mayo de dos mil catorce, así como la acción de inconstitucionalidad 83/2015 en sesión de diecinueve de octubre de dos mil quince, lo cual ha sido reiterado en la resolución de la acción de inconstitucionalidad 31/2014, en sesión de ocho de marzo de dos mil dieciséis, de las cuales se extraen las consideraciones sustanciales.
20. En esos asuntos se sostuvo que el derecho a la consulta de los pueblos indígenas puede deducirse a partir del reconocimiento de sus derechos de autodeterminación, la preservación de su cultura e identidad, acceso a la justicia e igualdad y no discriminación realizado en el artículo 2o. de la Constitución Federal; específicamente en el primer párrafo del apartado B, donde se impuso como obligación a la Federación, a los Estados y a los Municipios eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecer las instituciones y las políticas necesarias a fin de garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.
21. También se señaló que dicho derecho se encuentra establecido en los artículos 6 y 75 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes,6 pues se dispuso que los pueblos indígenas tienen el derecho humano a la consulta previa mediante procedimientos culturalmente adecuados, informados, de buena fe y a través de sus representantes con la finalidad de llegar a un acuerdo cada vez que se prevean medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente.7
22. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los Casos Pueblo Saramaka Vs. Surinam,8 Pueblo Indígena Kichwa de Sarayuka Vs. Ecuador,9 Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus Miembros Vs. Honduras,10 Comunidad Garífuna Punta Piedra y sus Miembros Vs. Honduras11 y Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam.12
23. De igual forma, en los precedentes de este Pleno se señaló que si bien la Constitución Federal no prevé que, la necesidad de que los órganos legislativos locales abran periodos de consulta dentro de sus procesos legislativos, las disposiciones normativas señaladas sí establecen en favor de las comunidades indígenas tal prerrogativa.
24. Por tanto, en respeto a ello y a lo dispuesto en el artículo 1o. constitucional, las Legislaturas Locales tienen el deber de prever una fase adicional en el proceso de creación o reforma de las leyes para consultar a los representantes de ese sector de la población cuando se trate de medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente.
25. Esto sin dejar de reconocer que la decisión del Constituyente Permanente de incorporar la consulta a los pueblos y comunidades indígenas ha sido materializada en distintas leyes secundarias;13 sin embargo, el ejercicio del derecho de consulta no debe limitarse a esos ordenamientos, pues dichas comunidades deben contar con tal prerrogativa también cuando se trata de procedimientos legislativos que pueden afectarles directamente.
26. En consecuencia, al tener los pueblos indígenas el derecho humano a la consulta previa mediante procedimientos culturalmente adecuados, informados, de buena fe y a través de sus representantes con la finalidad de llegar a un acuerdo cada vez que se prevean medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente, procede analizar si tal derecho fue respetado en el proceso legislativo que dio lugar a la reforma de la porción normativa local que aquí se impugna.
27. En el caso, el artículo 23, primer párrafo, de la Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Querétaro, reformado por decreto publicado en el Periódico Oficial de la entidad federativa, el cinco de febrero de dos mil dieciséis, que contiene la porción normativa "penales" tildada de inconstitucional, es el siguiente:
(Reformado primer párrafo, Periódico Oficial, 5 de febrero de 2016)
"Artículo 23. A fin de garantizar a los pueblos y comunidades indígenas, el acceso a la impartición de justicia en los procesos penales, civiles, administrativos o de cualquier otra naturaleza, que se desarrolle en forma de juicio y en el que, con cualquier carácter, intervenga uno o más integrantes de algún pueblo o comunidad indígena, éste o éstos deberán contar con un intérprete o traductor nombrado de oficio y pagado por el Estado, el cual será solicitado a la Coordinación de Actuarios y Peritos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. Su inobservancia producirá la nulidad del procedimiento. Durante todo el proceso, los indígenas tendrán derecho a realizar sus declaraciones y testimonios en su lengua, los que deberán de obrar en autos traducidos literalmente al idioma español.
"Los Magistrados, Jueces, agentes del Ministerio Público y demás autoridades que conozcan del asunto, bajo su responsabilidad, se asegurarán del cumplimiento de esta disposición." (El subrayado es añadido y corresponde a la reforma).
28. De este último precepto reformado se combate su primer párrafo en lo relativo a los procesos penales, que prevé cuando los integrantes de algún pueblo o comunidad indígena intervengan con cualquier carácter, deben contar con un intérprete o traductor que será solicitado a la mencionada autoridad, además que la inobservancia de tal previsión dará lugar a la nulidad del procedimiento y que durante todo el proceso, los indígenas tienen derecho a realizar sus declaraciones y testimonios en su lengua, que deberán obrar en actuaciones traducidos literalmente al español.
29. Como se señaló, los pueblos indígenas tienen el derecho humano a la consulta previa, mediante procedimientos culturalmente adecuados, informados, de buena fe y a través de sus representantes con la finalidad de llegar a un acuerdo cada vez que se prevean medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente.
30. De ahí que si a través de la reforma controvertida se regulan aspectos vinculados con las formalidades esenciales del procedimiento penal en que intervengan uno o más integrantes de un pueblo o comunidad indígena, cualquier medida que pretenda modificar algún aspecto de esas formalidades es susceptible de causarles un perjuicio directo; entonces, previo a la emisión de la disposición normativa impugnada debió consultarse a los pueblos o comunidades indígenas.
31. Sin embargo, en el caso no está probado que se les hubiera consultado en el procedimiento legislativo por el cual se reformó el artículo impugnado, por lo que es contrario al derecho de consulta previa que tienen los pueblos y comunidades indígenas.
32. En consecuencia, este Tribunal Pleno determina que debe declararse inválido el artícu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28379-47e270a5/i-consulta-indigena-los-pueblos-y-comunidades-indigenas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- PERSONAS INDÍGENAS. LA FALTA DE LEGISLACIÓN REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 2o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL NO EXIME A LA PERSONA JUZGADORA DE APLICAR DIRECTAMENTE MEDIDAS PROCESALES INT ((IV Región)2o.5 A (12a.))
- PERSONAS INDÍGENAS PROCESADAS. DEFENSA ADECUADA CONFORME AL ARTÍCULO 2o., APARTADO A, FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LEY PARA PREVENIR (I.9o.P.64 P (10a.))
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