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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA, SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. CORRESPONDE ANALIZARLAS AL PLENO DE LA SUPREMA CORTE CUANDO NO SEAN MANIFIESTAS E INDUDABLES.

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 171/2001-PL, DEDUCIDO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 15/2001. · Registro digital (IUS): 2841
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de 2001, , Pág. 807.

RECURSO DE RECLAMACIÓN 171/2001-PL, DEDUCIDO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 15/2001. CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de reclamación derivado de la controversia constitucional 15/2001, de conformidad con lo dispuesto en el Punto Cuarto del Acuerdo General 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de este Alto Tribunal, de fecha veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintinueve del mismo mes y año, en relación con lo dispuesto por el artículo 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 51, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General de la República, por tratarse de un asunto en que se hace innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO. A continuación, por ser de estudio preferente, se analizará la oportunidad del recurso.

El artículo 52 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

"Artículo 52. El recurso de reclamación deberá interponerse en un plazo de cinco días y en él deberán expresarse agravios y acompañarse pruebas."

De este numeral se desprende que el plazo para la interposición del citado recurso es de cinco días.

Asimismo, los artículos 2o., 3o., 6o. y 8o. del mismo ordenamiento, disponen:

"Artículo 2o. Para los efectos de esta ley, se considerarán como hábiles todos los días que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación."

"Artículo 3o. Los plazos se computarán de conformidad con las reglas siguientes:

"I. Comenzarán a correr al día siguiente al en que surta sus efectos la notificación, incluyéndose en ellos el día del vencimiento;

"II. Se contarán sólo los días hábiles, y

"III. No correrán durante los periodos de receso, ni en los días en que se suspendan las labores en la Suprema Corte de Justicia de la Nación."

"Artículo 6o. Las notificaciones surtirán sus efectos a partir del día siguiente al en que hubieren quedado legalmente hechas.

"Las notificaciones que no fueren hechas en la forma establecida en este título serán nulas.

"Declarada la nulidad se impondrá multa de uno a diez días al responsable, quien en caso de reincidencia será destituido de su cargo."

"Artículo 8o. Cuando las partes radiquen fuera del lugar de residencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las promociones se tendrán por presentadas en tiempo si los escritos u oficios relativos se depositan dentro de los plazos legales, en las oficinas de correos, mediante pieza certificada con acuse de recibo, o se envían desde la oficina de telégrafos que corresponda. En estos casos se entenderá que las promociones se presentan en la fecha en que las mismas se depositan en la oficina de correos o se envían desde la oficina de telégrafos, según sea el caso, siempre que tales oficinas se encuentren ubicadas en el lugar de residencia de las partes."

Dichos preceptos establecen los plazos y las reglas generales a que se sujetarán las notificaciones dentro del trámite de las controversias constitucionales fijando, en primer lugar, que los plazos comenzarán a correr al día siguiente al en que surta efectos la notificación, incluyéndose en ellos el día del vencimiento; que se contarán sólo los días hábiles; y que no correrán durante los periodos de receso, ni en los días en que se suspendan las labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Enseguida se establece que las notificaciones surtirán sus efectos a partir del día siguiente al en que hubieran quedado legalmente hechas. Así como que cuando las partes radiquen fuera del lugar de residencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las promociones se tendrán por presentadas en tiempo si los escritos u oficios relativos se depositan dentro de los plazos legales, en las oficinas de correos, mediante pieza certificada con acuse de recibo; y que se entenderá que se presentan en la fecha de dicho depósito, siempre que las citadas oficinas se encuentren ubicadas en el lugar de residencia de las partes.

En la especie, el auto recurrido se dictó el dieciocho de junio de dos mil uno, y fue notificado a la parte demandada por medio de oficio número 02166, el diecinueve de junio del mismo año, como consta a fojas cuarenta y dos del expediente de la controversia constitucional de la que deriva el presente recurso, por tanto, el plazo para la interposición del recurso, según lo dispuesto en los preceptos transcritos, transcurrió de los días veintiuno al veintisiete del mismo mes y año, descontando el sábado veintitrés y domingo veinticuatro, por ser inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2o. de la ley reglamentaria de la materia y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En consecuencia, si el recurso de que se trata fue depositado en la Administración de Correos del Estado de Oaxaca el martes veintiséis de junio de dos mil uno, según se advierte del sello de recibo de esa oficina que obra en el sobre correspondiente, esto es, el cuarto día hábil del plazo, es evidente que resulta oportuno.

TERCERO. Enseguida se analizará el carácter de quien interpone el presente recurso de reclamación.

Ante todo, debe señalarse que no puede considerarse que la persona que interpone el recurso, por esa sola circunstancia, se le tenga por reconocida la personalidad con que se ostenta, pues ello ocasionaría el que cualquier individuo o funcionario pudiera combatir las determinaciones de este Alto Tribunal sin tener vinculación alguna con la entidad, poder u órgano que sea parte en el juicio.

Por consiguiente, para determinar si quien está planteando un recurso tiene una vinculación con la entidad, poder u órgano que dice representar, es necesario que acredite esa circunstancia en el expediente respectivo, o bien, se derive de algún otro elemento que obre en las constancias que integran el expediente principal.

En el caso de la demanda de controversia constitucional de la cual deriva el presente recurso, se desprende que se señaló como demandado al Congreso del Estado de Oaxaca; asimismo, del proveído de dieciocho de junio de dos mil uno, mediante el cual se admitió la referida demanda, se advierte que se tuvo con ese carácter al citado Congreso.

Asimismo, de las constancias que integran el expediente principal, se advierte que mediante auto de siete de agosto de dos mil uno, el Ministro instructor tuvo por presentado con la personalidad que por el momento se presumió ostentaba, al presidente de la Gran Comisión de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Oaxaca, en nombre y representación de la Legislatura Estatal, contestando la demanda respectiva y remitiendo copia certificada del acuerdo de veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, emitido por la Quincuagésima Séptima Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, de seis de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

Dicho acuerdo señala, en la parte que interesa:

"Artículo segundo. Se otorga representación legal al presidente de la Gran Comisión de la Legislatura Estatal, para que pueda contestar y promover a nombre del Congreso del Estado, en los juicios de carácter civil, penal, amparos y controversias constitucionales en que éste sea parte.

"Transitorio:

"Único. El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. ..."

En consecuencia, si la parte demandada en la controversia constitucional lo es el Congreso del Estado de Oaxaca y en el citado auto se tuvo al promovente del recurso con la personalidad que por el momento se presume ostenta, a nombre y representación de la Legislatura Estatal, es evidente que, para efectos del presente recurso, cuenta con la representación necesaria para interponerlo.

CUARTO. A continuación debe analizarse la procedencia del recurso.

El artículo 51, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, dispone lo siguiente:

"Artículo 51. El recurso de reclamación procederá en los siguientes casos:

"I. Contra los autos o resoluciones que admitan o desechen una demanda, su contestación o sus respectivas ampliaciones."

En la especie, el recurso se interpuso en contra del auto de dieciocho de junio de dos mil uno, que admitió la demanda de controversia constitucional promovida por el Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca y, por tanto, es procedente.

QUINTO. Previamente al estudio de los agravios que se plantean, es necesario transcribir el auto recurrido:

"México, Distrito Federal, a dieciocho de junio del año dos mil uno. Visto el oficio y anexos que se acompañan del señor Alberto Rodríguez González, en su carácter de presidente del Municipio de Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca, el que, según señala, actúa en representación del propio Ayuntamiento, mediante el cual promueve controversia constitucional contra actos del Congreso de la entidad, en la que impugna los actos precisados en el capítulo correspondiente de su demanda y que se hacen consistir en los siguientes: ‘El acuerdo de 23 de mayo pasado que admitió a trámite la solicitud formulada por los dos síndicos y 14 regidores municipales del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, para que se me revoque o suspenda en el mandato como presidente municipal del propio Ayuntamiento, por estimar que se actualizan las hipótesis previstas en las fracciones IV, V y VI del artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; el decreto que contiene la determinación tomada el día cuatro de junio del presente año, en sesión pública, que me suspende temporalmente en el ejercicio del mandato de presidente municipal del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca. Este último decreto no ha sido publicado, ni notificado oficialmente hasta esta fecha. Todo ello dentro del expediente 298/2001.’. Ahora bien, con fundamento en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1o. y 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del citado precepto constitucional; 113 de la Constitución Política; y 36, primer párrafo, y fracción V, de la Ley Orgánica Municipal, ambos ordenamientos del Estado de Oaxaca, se tiene por presentado al promovente con la personalidad que ostenta, la cual se le reconoce en términos de las constancias que se acompañaron al oficio de cuenta; consecuentemente, se admite la demanda en vía de controversia constitucional presentada, según el presidente municipal, en representación del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oaxaca ..."

De los agravios que aduce la parte recurrente, se desprende que los argumentos torales que plantea se hacen consistir en que debió desecharse la demanda de controversia constitucional, por notoria improcedencia, en virtud de que fue promovida por quien se ostentó como presidente municipal del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca, en representación del propio Municipio, siendo que en ese momento ya había sido suspendido en ese cargo y, por ende, no tenía dicha representación y, además, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal, a quien corresponde la representación jurídica del Ayuntamiento es a los síndicos municipales.

Asimismo, que la solicitud de suspensión o revocación del mandato del presidente municipal se presentó por más de las dos terceras partes que integran el Ayuntamiento, por lo que es falso que exista una controversia entre el Congreso Local y el Ayuntamiento citado y, en consecuencia, el actor está defendiendo intereses particulares, por lo que resulta improcedente el presente juicio.

De igual manera, que es notoriamente improcedente la citada controversia constitucional, en virtud de que la suspensión del mandato decretada en contra del presidente municipal actor, no es un acto definitivo, sino que está sujeto a que se agote la vía legal prevista para la solución del procedimiento solicitado por el Cabildo de Oaxaca de Juárez, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 19 de la ley reglamentaria del artículo 105 de la Constitución Federal.

Ahora bien, el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, dispone lo siguiente:

"Artículo 25. El Ministro instructor examinará ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano."

De este numeral se desprende que se podrá desechar la demanda de controversia constitucional por improcedente, siempre y cuando exista un motivo manifiesto e indudable.

Al respecto, por manifiesto se entiende lo que se advierte en forma clara y patente; y, por indudable, que se tiene la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto.

Luego, si un motivo de improcedencia no está plenamente demostrado, entonces se debe admitir la demanda a trámite, pues de lo contrario se estaría privando al actor de su derecho a instar la acción de controversia y probar en el juicio.

Ahora, para establecer la notoria e indudable improcedencia de un asunto, debe estarse a que con la mera lectura del escrito de demanda y los anexos que se le acompañen, se considere probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el demandante o en virtud de que estén probados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que la fase probatoria y la contestación a la demanda no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido.

En este orden de ideas, procede determinar si los motivos que alega el recurrente hacen improcedente la demanda de controversia constitucional, de manera manifiesta e indudable y, por ende, debió desecharse.

En la especie, de la demanda de controversia constitucional se desprende que se promovió por Alberto Rodríguez González, quien se ostentó como presidente municipal del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca, el cual señaló como parte actora al citado Ayuntamiento, manifestando que la promovía en su representación, ante la imposibilidad jurídica que afectaba a los dos síndicos de esa entidad para promoverla, por ser los que suscribieron la solicitud de revocación del mandato que le fue conferido como presidente municipal para el periodo mil novecientos noventa y nueve-dos mil. Asimismo, manifestó que el acuerdo de suspensión del mandato impugnado no le había sido notificado o publicado al momento de la promoción de la demanda.

Luego, se desprende que no se está en la hipótesis prevista en el artículo 25 de la ley reglamentaria en cita, pues el motivo de improcedencia aducido no reúne los requisitos formales necesarios que justifiquen el desechamiento de la demanda desde su inicio, por lo que no puede considerarse que existiera un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.

En efecto, acorde a sus propias características, el auto inicial esencialmente reviste el carácter de mero trámite, en el que no pueden realizarse estudios exhaustivos por no ser propios de este tipo de acuerdos y, además, en este estado procesal tan sólo se pueden tener en cuenta las manifestaciones que se hagan en la demanda y las pruebas que a ésta se adjunten, de ahí que se requiera que el motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable para resolver de plano.

Lo anterior, además, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público que deben analizarse, incluso, de oficio, por lo que, en tales condiciones, deben quedar probadas de manera fehaciente y no inferirse a base de presunciones. Por lo que, para efectos del desechamiento de una demanda, debe tenerse la certeza de que se surten los extremos del motivo de improcedencia en forma manifiesta e indudable, pues cualquier motivo de duda obliga a admitirla a trámite, con independencia de que en la sentencia pueda declararse fundada con base en un estudio más detallado y apoyado en los elementos de prueba que se recaben durante el procedimiento.

Por tanto, si las características del proveído de inicio que el Ministro instructor tenga que dictar para admitir o desechar una demanda, es propiamente de mero trámite, de tal manera que se ve impedido para realizar mayores consideraciones que impliquen esbozar cuestiones de fondo del asunto, o que provoquen un estudio más concienzudo, propio de una resolución y no de un acuerdo, ello hace que en el caso no se actualice la hipótesis del artículo 25 de la ley reglamentaria de la materia, ya que no se está ante una causa de improcedencia que en forma notoria y manifiesta se actualice.

Así es, el primer agravio que aduce el recurrente, al referirse a cuestiones relativas a la legitimación activa, esto es, si el promovente de la demanda está legitimado para promover la demanda de controversia constitucional, en virtud de que en el momento de su promoción ya había sido suspendido de su cargo como presidente municipal, o bien, si opera la imposibilidad jurídica de los síndicos para promoverla, y de ahí, la existencia, o no, de una controversia entre el mencionado Ayuntamiento y el Congreso Local, lo que evidencia que para determinar esos aspectos es necesaria la interpretación de las normas que contienen la Constitución Política y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca y, por ende, no se está ante un motivo de improcedencia manifiesto e indudable.

Por otra parte, la recurrente señala que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 19 de la ley reglamentaria y, por tanto, debió desecharse de plano la demanda de controversia constitucional.

El artículo 19, fracción VI, en cita, dispone:

"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

"...

"VI. Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto."

Ahora, a fin de establecer si opera la causa de improcedencia que invoca la recurrente, en el sentido de que los actos impugnados no son definitivos, pues forman parte de un procedimiento de revocación de mandato, también se requiere el estudio e interpretación de las disposiciones de la Ley Orgánica Municipal y de la Constitución del Estado de Oaxaca, a fin de fijar la naturaleza y sustanciación del procedimiento del que emanan los actos impugnados y, de ahí, determinar si éstos son autónomos y definitivos o no; por tanto, es evidente que dicho análisis no es propio del auto de trámite relativo a la admisión de la demanda, sino de la sentencia definitiva con la que culmine el procedimiento principal.

Por lo que es inconcuso que no se está ante una causa notoria e indudable de improcedencia.

Sirven de apoyo a todo lo anterior, las jurisprudencias P./J. 9/98 y P./J. 32/96 de la Novena Época, Tribunal Pleno, Tomos VII y III, enero de mil novecientos noventa y ocho y junio de mil novecientos noventa y seis, páginas ochocientos noventa y ocho y trescientos ochenta y seis, respectivamente, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dicen:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencia en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido.

"Recurso de reclamación en la controversia constitucional 9/97. Ayuntamiento del Municipio de Champotón, Estado de Campeche. 11 de noviembre de 1997. Unanimidad de nueve votos. Impedimento legal: Juventino V. Castro y Castro. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente. Mariano Azuela Guitrón. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz."

"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. CORRESPONDE ANALIZARLAS AL PLENO DE LA SUPREMA CORTE CUANDO NO SEAN MANIFIESTAS E INDUDABLES.-Al Ministro instructor, de acuerdo a lo que preceptúan los artículos 24, 25 y 36 de la ley reglamentaria, le corresponde examinar, ante todo, el escrito respectivo de la demanda a fin de cerciorarse acerca de la eventual existencia de motivos manifiestos e indudables de improcedencia que generarían el rehusamiento categórico de la demanda; le compete también llevar a cabo el trámite de la instrucción del juicio hasta ponerlo en estado de resolución; le concierne, asimismo, elaborar el proyecto de resolución que deberá someter a la consideración del Tribunal en Pleno. Sin embargo, por ser las controversias constitucionales juicios con características y peculiaridades propias, si frente al motivo de improcedencia hubiere alguna duda para el Ministro instructor, entonces no podría decretarse el desechamiento de la demanda y, en consecuencia, las causas de improcedencia que se invocaran por los demandados sólo podrían ser analizadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia al pronunciar la sentencia definitiva. La característica de los motivos manifiestos e indudables de improcedencia de la demanda sobre controversia constitucional, estriba en que su naturaleza ostensible y contundente autoriza al desechamiento de plano de la demanda; en cambio, las causas diversas de improcedencia que las partes interesadas puedan invocar durante la secuela del procedimiento, o que de oficio se adviertan, sólo significa que se decretan después de haberse abierto el juicio y con apoyo en las pruebas allegadas por las partes durante la etapa respectiva.

"Controversia constitucional 11/95. Roberto Madrazo Pintado, Pedro Jiménez León y Andrés Madrigal Sánchez, en su carácter de Gobernador, Presidente del Congreso y Procurador General de Justicia del Estado de Tabasco, respectivamente, contra el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Procurador General de la República. 26 de marzo de 1996. Unanimidad de once votos. Ponente: Presidente José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Jesús Casarrubias Ortega."

En consecuencia, resultan infundados los agravios hechos valer en el presente recurso de reclamación, por lo que debe confirmarse el auto materia de impugnación.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Es procedente, pero infundado el presente recurso de reclamación.

SEGUNDO.-Se confirma el acuerdo recurrido de dieciocho de junio de dos mil uno, en la controversia constitucional 15/2001.

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente José de Jesús Gudiño Pelayo (ponente).

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2841-82fdfe0e/controversia-constitucional-para-el-desechamiento-de-la-demanda · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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