CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO PROCEDE EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN CONTRA DE ACTOS CONSUMADOS.
RECURSO DE RECLAMACIÓN 165/2001-PL, DEDUCIDO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 15/2001. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, ESTADO DE OAXACA.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
CONSIDERANDO:
CUARTO. A continuación debe analizarse la procedencia del recurso.
El artículo 51, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional dispone:
"Artículo 51. El recurso de reclamación procederá en los siguientes casos:
"...
"IV. Contra los autos del Ministro instructor en que se otorgue, niegue, modifique o revoque la suspensión."
De este precepto se tiene que el recurso de reclamación es procedente contra los autos del Ministro instructor en que se otorgue, niegue, modifique o revoque la suspensión del acto impugnado, y toda vez que en el presente caso, el recurso se interpone en contra del auto de dieciocho de junio de dos mil uno, emitido por el Ministro instructor, en el que se negó la suspensión solicitada, es inconcuso que es procedente.
QUINTO. En los conceptos de agravio esgrimidos por el recurrente se aduce, en síntesis, lo siguiente:
a) Que el artículo 14 de la ley reglamentaria en cita no se aplica en sus términos, pues el Ministro instructor no tomó en consideración que con las pruebas aportadas, así como con la relación de hechos, se justifica la procedencia de la medida suspensional a efecto de mantener la materia del fondo de la controversia, que es precisamente la violación directa al artículo 115 constitucional y que afectó la integración del Ayuntamiento actor al suspender y separar del ejercicio de sus funciones al presidente municipal; y tampoco consideró que se trata de un acto notoriamente contrario al citado numeral 115, porque la suspensión se realiza en forma previa y sin que se haya dado la oportunidad de defensa que protege a los integrantes de un Ayuntamiento.
Que en consecuencia, el Ministro instructor no tomó en cuenta que es evidente la invalidez del decreto que suspendió en el ejercicio de sus funciones a Alberto Rodríguez González, como Presidente Municipal Constitucional.
b) Que se aplica en forma inexacta el artículo 15 de la ley reglamentaria de la materia porque, contrariamente a lo señalado en el auto recurrido, el otorgamiento de la medida cautelar no pone en peligro a las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o a la sociedad o comunidad en una proporción mayor a los beneficios que con la suspensión se otorguen al Ayuntamiento y al Municipio de Oaxaca de Juárez, en virtud de que al no haberse otorgado la medida suspensional se está tolerando que en forma inconstitucional se afecte una institución fundamental como lo es el citado Municipio y su integración constitucional establecida en el artículo 115 del propio ordenamiento, y con ello se afecta a la comunidad, ocasionando mayores daños, pues de haberse otorgado la suspensión se hubiera permitido que el orden constitucional de dicho Municipio y su Ayuntamiento continuara funcionando normalmente.
c) Que el auto recurrido no especifica las razones de por qué se afectarían las instituciones fundamentales del orden jurídico y la comunidad y, por ello, debiera negarse la suspensión solicitada, esto es, no señala cuáles son las condiciones que actualizan las hipótesis previstas en el artículo 15 de la ley reglamentaria de la materia.
d) Que el auto que se recurre le causa agravio, pues no se tomaron en consideración las circunstancias específicas y particulares de la controversia planteada, consistentes, en esencia, en la existencia de un procedimiento de revocación de mandato, de una suspensión en el mandato al presidente municipal del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, no prevista en el artículo 115 constitucional ni en ninguna otra disposición legal de orden local en el Estado de Oaxaca; que en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca no se prevén las causas por las cuales los miembros del Ayuntamiento podrán ser suspendidos, que establece el invocado artículo 115; la violación directa a este precepto que establece la garantía de audiencia previa y oportuna en el caso de la suspensión o revocación del mandato de un miembro del Ayuntamiento; que dicho numeral constitucional dispone dos tipos de sanciones, suspensión o revocación, mas no las dos a la vez; así como que se afecta al Municipio y su integración; y, en virtud de las cuales, se debió considerar la existencia de la apariencia del buen derecho y otorgar la medida cautelar solicitada.
Previo al estudio de los agravios referidos, es necesario transcribir el auto recurrido, que señala:
"México, Distrito Federal, a dieciocho de junio del año dos mil uno. Con la copia certificada del oficio y anexos que se acompañan del señor Alberto Rodríguez González, en su carácter de presidente del Municipio de Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca, el que según señala, actúa en representación del propio Ayuntamiento, y con las copias autorizadas de los autos de radicación y turno de admisión que obran en el expediente principal de este asunto, fórmese y regístrese el incidente de suspensión respectivo. Ahora bien, para resolver la solicitud de suspensión formulada por la parte actora se tiene en cuenta lo siguiente: Primero. El presidente del Municipio de Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca, promueve controversia constitucional en contra del Congreso de la entidad, en la que impugna los actos precisados en el capítulo correspondiente de su demanda y que se hacen consistir en los siguientes: ‘El acuerdo de 23 de mayo pasado que admitió a trámite la solicitud formulada por los dos síndicos y 14 regidores municipales del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, para que se me revoque o suspenda en el mandato como presidente municipal del propio Ayuntamiento, por estimar que se actualizan las hipótesis previstas en las fracciones IV, V y VI del artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; el decreto que contiene la determinación tomada el día cuatro de junio del presente año, en sesión pública, que me suspende temporalmente en el ejercicio del mandato de presidente municipal del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca. Este último decreto no ha sido publicado, ni notificado oficialmente hasta esta fecha. Todo ello dentro del expediente 298/2001.’. ... Tercero. En el capítulo respectivo de la demanda, la parte actora solicita la suspensión de los actos reclamados, indicando esencialmente ‘... solicito con la urgencia del caso se conceda la suspensión de conformidad con el artículo 14 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal y que ésta se notifique por la vía más rápida a las autoridades demandadas, tomando como base la apariencia del buen derecho en que se apoya esta demanda, consistente en que sin que se me hubiese otorgado la oportunidad suficiente para rendir pruebas y alegar en el procedimiento de revocación de mandato iniciado, se dictó la suspensión temporal sin sustento en el artículo 115 de la Constitución. El interés público se afectaría de no otorgarse la suspensión relativa, en virtud de que precisamente éste exige la estabilidad de las autoridades municipales y su permanencia, como forma de respeto a la decisión popular contenida en el voto de los ciudadanos del Municipio de Oaxaca de Juárez. Esta medida debe decretarse bajo el supuesto específico de que no se me otorgó el derecho de la defensa constitucionalmente establecido por los artículos 14 y 115 de la Constitución Federal. Reitero que esta suspensión se solicita de conformidad con lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16 y 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal ... En consecuencia, se pide decretar la suspensión de las consecuencias del decreto impugnado y se fijen con precisión los alcances de la misma ...’. Cuarto. Los artículos 14 y 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obligan al Ministro instructor a tomar en cuenta los elementos que sean proporcionados por las partes, así como las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional, a fin de proveer sobre la petición de suspensión de los actos reclamados. Quinto. El promovente en su escrito de demanda señala como antecedentes de los actos reclamados: 1. Que fue electo con el cargo de presidente del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para el periodo 1999-2001, integrándose el Cabildo por dos síndicos y diecinueve regidores. 2. Que mediante escrito de fecha veintidós de mayo de este año, los dos síndicos y catorce de los regidores presentaron un escrito al Congreso de la entidad, en el que solicitaron se le revocara o suspendiera en el mandato conferido como presidente municipal, aduciendo diversos hechos y circunstancias; además, hace del conocimiento de este Alto Tribunal que la petición de referencia se formuló sin que exista acuerdo de Cabildo. 3. Que la Legislatura Estatal admitió a trámite la solicitud presentada por los funcionarios municipales, otorgándole un plazo de ocho días hábiles para alegar lo que a su derecho conviniera. 4. Que oportunamente desahogó el anterior requerimiento y acompañó las documentales respecto de cada uno de los hechos imputados; asimismo, solicitó ‘... se abriera el plazo de prueba correspondiente para que se desahogaran las que se ofrecerían oportunamente y que se anuncian en el escrito mismo ...’; y, 5. Que hasta la fecha el Congreso de la entidad no le ha notificado proveído alguno en relación con el plazo probatorio y, no obstante lo anterior, en la sesión pública del mismo órgano legislativo, de cuatro del mes en curso ‘... decreta la suspensión del mandato en cuanto a mi persona. No ha sido notificado ni publicado el punto de acuerdo de la legislatura’, sin que se hayan desahogado las pruebas correspondientes, dejándolo en estado de indefensión. Sexto. En relación con los actos respecto de los cuales se solicita la suspensión, es pertinente destacar lo siguiente: El artículo 115, fracción I, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: ‘Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: I. ... Las Legislaturas Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.’; el precepto constitucional transcrito establece los lineamientos fundamentales para suspender o revocar el mandato a alguno de los miembros del Ayuntamiento. Por su parte, el artículo 59, fracción IX, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, también dispone: ‘Artículo 59. Son facultades de la legislatura: ... IX. La Legislatura Local, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrá suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros por alguna de las causas graves que la ley reglamentaria prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.’. La Ley Orgánica Municipal de la referida entidad, en sus artículos 78 a 82, refieren el procedimiento a seguir en relación con la suspensión o revocación del mandato de los integrantes del Cabildo, indicando, específicamente en el artículo 78, lo siguiente: ‘Los miembros de los Ayuntamientos podrán ser suspendidos en los cargos para los cuales fueron electos o designados en los siguientes casos: I. Por inasistencia a tres sesiones del Ayuntamiento en forma consecutiva, sin causa justificada. II. Por incapacidad física o legal permanente. III. Por existir en su contra, proceso por delito intencional. En este caso la suspensión surtirá efecto a partir del momento en que se dicte auto de formal prisión y quedará sin efecto si llegara a dictarse sentencia absolutoria. IV. Por omisión reiterada en el cumplimiento de sus funciones. V. Por abuso de autoridad, en perjuicio de la comunidad del Municipio. VI. Por disponer sin autorización del patrimonio municipal. VII. Por abandono del ejercicio de sus funciones.’. Consecuentemente, como se aprecia en los preceptos legales mencionados con antelación, la Constitución General de la República y los ordenamientos relativos del Estado de Oaxaca, facultan al Congreso de la entidad para instruir el procedimiento encaminado a suspender a alguno de los miembros del Ayuntamiento. De lo expuesto se sigue que, en caso de que se haya decretado la suspensión en el cargo de presidente municipal al promovente de la controversia constitucional, el citado procedimiento y la prosecución de éste constituyen cuestiones fundamentales del orden jurídico mexicano, por preverse los lineamientos generales en disposiciones de la Constitución Federal, en cuya resolución está interesada la sociedad; por tanto, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, no ha lugar a conceder la medida cautelar solicitada en relación con las ‘... consecuencias del decreto impugnado ...’, atento lo dispuesto por el artículo 15 de la ley reglamentaria de la materia, que dispone que la suspensión no podrá concederse en los casos en que se pongan en peligro las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano; por consiguiente, hasta en tanto este Alto Tribunal determine lo referente a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados al Congreso Estatal, no podrían suspenderse los efectos de sus determinaciones, máxime que dichos actos no se combaten por vicios propios, sino por presuntas violaciones del procedimiento respectivo, que será materia de la resolución que en su momento se dicte. En consecuencia, con apoyo en los artículos 14 a 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional y en las disposiciones legales antes citadas, se acuerda: I. Se niega la suspensión solicitada por el presidente del Municipio de Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca, respecto de los actos reclamados al Congreso de la entidad, que se precisaron en el punto tercero de este proveído ..."
De la transcripción que antecede, se desprende que la negativa de otorgar la medida cautelar solicitada se apoyó en las siguientes consideraciones:
1. Que para resolver la solicitud de suspensión formulada por la parte actora se tiene en cuenta, entre otras cuestiones, lo siguiente:
a) Que en la controversia constitucional se señalaron como actos impugnados:
* El acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil uno que admite a trámite la solicitud formulada por los dos síndicos y catorce regidores municipales del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, para que se revoque o suspenda en el mandato como presidente municipal de dicho Ayuntamiento a Alberto Rodríguez González.
* El decreto mediante el cual se suspende temporalmente en el ejercicio del mandato de presidente municipal del citado Ayuntamiento a Alberto Rodríguez González.
b) Que la parte actora solicitó la suspensión respecto de las consecuencias del decreto impugnado.
c) Que en relación con el acto respecto del cual se solicita la suspensión, se destaca lo siguiente:
1. Que el artículo 115, fracción I, tercer párrafo, de la Constitución Federal establece los lineamientos fundamentales para suspender o revocar el mandato a alguno de los miembros del Ayuntamiento.
2. Que el artículo 59, fracción IX, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Oaxaca dispone que es facultad de la legislatura suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros por alguna de las causas graves que la ley reglamentaria prevenga.
3. Que los artículos 78 a 82 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca establecen el procedimiento a seguir en relación con la suspensión o revocación del mandato de los integrantes del Cabildo y los casos en que podrá determinarse dicha suspensión.
d) Que de los artículos citados se desprendía que facultan al Congreso de la entidad para instruir el procedimiento encaminado a suspender a alguno de los miembros del Ayuntamiento y, por tanto, en caso de que se hubiera decretado la suspensión en el cargo de presidente municipal, el procedimiento relativo y su sustanciación constituyen cuestiones fundamentales del orden jurídico mexicano, por establecerse los lineamientos generales en disposiciones de la Constitución Federal, en cuya resolución está interesada la sociedad; por lo que no procedía conceder la medida cautelar solicitada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la ley reglamentaria de la materia, que dispone que la suspensión no podrá concederse en los casos en que se pongan en peligro las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano.
e) Que, por tanto, hasta en tanto este Alto Tribunal determinara lo relativo a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos impugnados al Congreso Estatal, no podrán suspenderse los efectos de sus determinaciones, máxime que no se combatían por vicios propios, sino por presuntas violaciones del procedimiento respectivo, lo cual sería materia de la resolución que en el fondo del asunto se dictara.
Ahora bien, el artículo 52 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, dispone lo siguiente:
"Artículo 52. El recurso de reclamación deberá interponerse en un plazo de cinco días y en él deberán expresarse agravios y acompañarse pruebas."
Del precepto transcrito se infiere que faculta a este Alto Tribunal a resolver la cuestión planteada en el recurso de reclamación con los elementos de prueba que acompañe la parte recurrente pues, de no ser así, no tendría razón de ser que el numeral en cita establezca que al recurso de reclamación deberán acompañarse pruebas.
En el caso, de las constancias que integran el presente expediente se advierte que la parte recurrente exhibió copia certificada del Extra del Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, publicado el seis de junio de dos mil uno, en el cual consta el Decreto 305 del día cinco del mismo mes y año, emitido por la Quincuagésima Séptima Legislatura Constitucional del Estado de Oaxaca, en cuyo artículo único decreta la suspensión del mandato para desempeñar el cargo de presidente municipal del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez a Alberto Rodríguez González, hasta en tanto se resuelva en definitiva el procedimiento de revocación de mandato, y en su artículo único transitorio establece que dicho decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
En estas circunstancias, con independencia de lo que alega el recurrente, y toda vez que la medida cautelar versa sobre las consecuencias del decreto impugnado, esto es, de la suspensión en el cargo de presidente municipal del citado Ayuntamiento, entonces es inconcuso que para efectos del incidente de suspensión dicho acto reviste el carácter de consumado, pues el decreto impugnado entró en vigor el mismo día de su publicación (seis de junio de dos mil uno), en tanto que la demanda se presentó ante este Alto Tribunal el día siete de junio del mismo año; por lo que en todo caso, es improcedente otorgar la medida suspensional solicitada, pues de concederse equivaldría a darle efectos restitutorios que ni siquiera son propios de la sentencia de fondo.
Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por esta Segunda Sala, en la tesis número 2a. LXVII/2000, visible en la página quinientos setenta y tres del Tomo XII, julio de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala:
"-Resulta improcedente otorgar la suspensión en una controversia constitucional en contra de actos consumados, porque equivaldría a darle a la medida cautelar efectos restitutorios que ni siquiera son propios de la sentencia de fondo, ya que por disposición expresa del artículo 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (disposición que se reproduce en el numeral 45, segundo párrafo, de la ley reglamentaria del precepto constitucional citado), la declaración de invalidez de las sentencias no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia. Por tanto, si la sentencia de fondo que se dicte en ese juicio constitucional no tiene efectos retroactivos, menos podría tenerlos la resolución que se pronuncie en el incidente cautelar, máxime que el objeto de éste es impedir la realización de ciertos actos, lo que lógicamente sólo puede evitarse cuando no se han materializado."
No es óbice a lo anterior que la parte recurrente manifieste en sus agravios que la publicación del decreto impugnado constituye un hecho superveniente, ya que por éste debe entenderse aquel suceso que acontezca con posterioridad a la presentación de la demanda de controversia constitucional y, como se ha precisado, la publicación del decreto impugnado se efectuó con anterioridad a dicha presentación.
Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 139/2000, sustentada por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página novecientos noventa y cuatro del Tomo XII, diciembre de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicable en cuanto al criterio medular que contiene y cuyo tenor literal es:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. HECHO NUEVO Y HECHO SUPERVENIENTE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, la ampliación de la demanda de controversia constitucional constituye un derecho procesal, del cual la parte actora puede hacer uso cuando se actualice cualquiera de las siguientes dos hipótesis, a saber: la primera, dentro del plazo de quince días siguientes a la presentación de la contestación de la demanda, si en ésta apareciere un hecho nuevo; y, la segunda, hasta antes de la fecha del cierre de la instrucción si apareciere un hecho superveniente. Ahora bien, para determinar la oportunidad en que debe hacerse valer la referida ampliación, debe tomarse en consideración la distinción entre el hecho nuevo y el superveniente, pues mientras el primero es aquel respecto del cual la parte actora tiene conocimiento de su existencia con motivo de la contestación de la demanda, con independencia del momento en que nace, el hecho superveniente es aquel que se genera o acontece con posterioridad a la presentación de la demanda de controversia constitucional, pero antes del cierre de instrucción. De ahí que tratándose de hechos nuevos deba determinarse cuándo tuvo conocimiento de ellos la parte actora, en tanto que si se trata de hechos supervenientes deba definirse cuándo tuvieron lugar.
"Controversia constitucional 29/99. Ayuntamiento del Municipio de Tultepec, Estado de México. 2 de octubre de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón."
En consecuencia, deben desestimarse los agravios hechos valer y, por tanto, lo procedente es declarar firme el auto materia de impugnación.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Es procedente pero infundado el presente recurso de reclamación.
SEGUNDO.-Queda firme el acuerdo recurrido de dieciocho de junio de dos mil uno, dictado por el Ministro instructor en el incidente de suspensión deducido de la controversia constitucional 15/2001.
Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente en funciones Juan Díaz Romero. Ausente el señor Ministro José Vicente Aguinaco Alemán, por estar haciendo uso de sus vacaciones. Fue ponente en este asunto el señor Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17027-8792c227/controversias-constitucionales-no-procede-el-otorgamiento-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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