SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS AGRAVIOS. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO, PROCEDE EN UN RECURSO DE QUEJA CUANDO EL ÓRGANO REVISOR ADVIERTE EL DESECHAMIENTO INDEBIDO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, POR NO ACTUALIZARSE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 369/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: RICARDO ANTONIO SILVA DÍAZ.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veinte de septiembre de dos mil dieciocho.
VISTOS; para resolver los autos del expediente de contradicción de tesis 369/2016 y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia de la contradicción. Mediante oficio ********** presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el once de octubre de dos mil dieciséis, los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito denunciaron la posible contradicción de tesis, entre el criterio sustentado por dicho órgano jurisdiccional, al resolver el recurso de queja **********, en contra del criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver los recursos de queja **********, **********, **********, ********** y **********.
SEGUNDO.—Trámite de la denuncia. Por acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que se formara y registrara el expediente con el número 369/2016; admitió a trámite la contradicción de tesis; solicitó por conducto del MINTERSCJN, a la presidencia del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, remitiera la versión digitalizada del original o de la copia certificada de las ejecutorias dictadas en los asuntos de su índice, así como la versión digitalizada del proveído en el que informara, si su criterio se encuentra vigente; a su vez, ordenó que pasaran los autos para su estudio al Ministro Eduardo Medina Mora I.
TERCERO.—Integración del asunto. Por acuerdo de uno de diciembre de dos mil dieciséis, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo al Tribunal Colegiado requerido dando cumplimiento a lo solicitado; asimismo, dispuso que pasaran los autos a la ponencia del Ministro Eduardo Medina Mora I., en virtud de que el expediente quedó integrado con los criterios que originaron la contradicción de tesis.
CUARTO.—Returno del asunto. El Tribunal Pleno, en sesión de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, determinó desechar el proyecto presentado y returnarlo a otro Ministro o Ministra de la mayoría conforme al turno, respectivo.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdo de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, dispuso su returno a la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, para la elaboración del nuevo proyecto de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 226, fracción II y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dado que se trata de una contradicción entre Tribunales Colegiados de distinto Circuito y de diferente especialidad, en un tema de materia común en relación con la Ley de Amparo.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, quienes están facultados para ello, en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.
TERCERO.—Criterios denunciados. En el presente considerando se dará cuenta de los criterios de los Tribunales Colegiados que pudieran ser contradictorios y de los antecedentes relevantes que se obtienen de las ejecutorias respectivas.
Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el recurso de queja **********.
Antecedentes.
a. Dos personas promovieron juicio de amparo indirecto contra actos del Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Morelos, en Chihuahua, consistentes en: falta de llamamiento al juicio civil; la falta de notificación de desalojo; la orden de lanzamiento; así como todos los actos de ejecución tendentes a desposeerlos de un bien inmueble.
b. El Juez de Distrito desechó la demanda de amparo por notoriamente improcedente, al estimar actualizada como causa manifiesta e indudable de improcedencia, la prevista en la fracción X, del artículo 61, de la Ley de Amparo, debido a que los propios quejosos habían promovido diverso juicio de amparo indirecto contra los mismos actos y mismas autoridades, tramitado ante el mismo Juzgado de Distrito, el cual había sido admitido y se encontraba pendiente de celebración de la audiencia constitucional.
c. En contra de esa determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja.
Consideraciones de la sentencia.
a. El Tribunal Colegiado declaró inoperantes los agravios, debido a que los recurrentes no atacan las consideraciones que soportan la resolución combatida, sino que sólo se limitan a afirmar que se les niega el acceso a la justicia, al habérseles desechado la demanda; pero no exponen por qué en el caso no se actualiza la causa de improcedencia invocada por el Juez.
b. Es oportuno precisar que no existe suplencia de la queja deficiente, al no actualizarse la hipótesis a que se contrae la fracción VI del artículo 79 de la Ley de Amparo; pues la suplencia de la queja en asuntos en materia civil –como el caso–, sólo procede cuando el Tribunal Colegiado constate que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o. del citado ordenamiento legal.
c. En el caso, el desechamiento de la demanda de amparo no constituye una violación evidente de la ley que haya dejado a los recurrentes sin defensa.
d. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que una "violación manifiesta de la ley" es la que se advierte en forma clara y patente, que resulta obvia, que es innegable e indiscutible, así como aquella actuación de las autoridades responsables que haga visiblemente notoria e indiscutible la vulneración a las garantías individuales del quejoso, ya sea en forma directa, o bien, indirectamente, mediante la transgresión a las normas procedimentales y sustantivas que rigen el acto reclamado.
e. Asimismo, la expresión "lo haya dejado sin defensa" no debe interpretarse literalmente, sino que debe entenderse en el sentido de que la autoridad responsable infringió determinadas normas, de tal manera que "afectó sustancialmente", al quejoso en su defensa.
f. En esa tesitura, el desechamiento de la demanda de amparo no [puede] estimarse como una violación manifiesta, toda vez que los quejosos estuvieron en aptitud de recurrir dicho acto –mediante el recurso de queja motivo de estudio– y, por ende, exponer los motivos y razones por las que consideraban ilegal la actuación del Juez de Distrito y no lo hicieron, al no prosperar sus argumentos por inoperantes, de ahí que no procediera la suplencia de la queja deficiente.
g. El Tribunal Colegiado citó en apoyo las tesis siguientes: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. EN LAS MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA PROCEDENTE.", "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA. SIGNIFICADO DEL SUPUESTO DE INDEFENSIÓN.", "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE ÚNICAMENTE ANTE UNA VIOLACIÓN MANIFIESTA DE LA LEY.", y "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. PROCEDENCIA."
h. En consecuencia, declaró infundado el recurso de queja.
Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el recurso de queja ********** [administrativo].
Antecedentes.
a. Una persona promovió juicio de amparo indirecto, contra el acto de la Comisión Federal de Electricidad, por conducto del superintendente general de zona, consistente en la orden de suspensión de energía eléctrica.
b. El Juez de Distrito desechó la demanda de amparo por notoriamente improcedente, al estimar actualizada como causa manifiesta e indudable de improcedencia, la prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 217 del mismo ordenamiento, debido a que la Comisión Federal de Electricidad no tiene el carácter de autoridad, para efectos del juicio de amparo, ya que el acto que se le atribuyó lo emitió en el marco de una relación de coordinación con el quejoso, es decir, en un plano de igualdad entre proveedor y particular, pues deriva de un acuerdo de voluntades; esto de acuerdo con las jurisprudencias 2a./J. 112/2010 y 2a./J. 113/2010.
c. En contra de esa determinación se promovió recurso de queja.
Sentencia.
a. Previo al pronunciamiento de los motivos de agravio, consideró pertinente establecer si la suplencia de la deficiencia de la queja resulta procedente ante la violación al derecho humano de acceso a la justicia.
b. El artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo dispone que deberá suplirse la deficiencia de los agravios en el juicio de amparo, cuando, se advierta que, ha habido en contra del particular una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa, por afectar derechos previstos en el artículo 1o. de la ley de la materia. La fracción I de este último dispositivo legal establece la procedencia del juicio de amparo contra actos de autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
c. La suplencia de la deficiencia de la queja procede, en principio, cuando se advierta la violación de algún derecho humano, reconocido en la Constitución General o en algún tratado internacional suscrito por el Estado Mexicano, como es el caso del derecho de acceso a la justicia.
d. El acceso a la justicia constituye un derecho humano, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, como en los numerales 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
e. Así, la determinación del juzgador de amparo de desechar de plano una demanda de amparo implica, en sí misma, un impedimento para el acceso eficaz a la justicia, de manera que, cuando el desechamiento no se ajusta a la ley, se traduce en una violación a ese derecho humano; es decir, constituye una violación evidente que deja sin defensa al quejoso, en virtud de que coarta en forma contundente y definitiva, su acceso a la justicia.
f. En razón de lo anterior, es válido suplir la deficiencia de los agravios cuando el tribunal ad quem advierta una violación al derecho humano de acceso a la justicia, pues considera que el desechamiento de la demanda no se encuentra ajustado al artículo 113 de la Ley de Amparo.
g. Lo anterior, porque la consideración de que el acto reclamado no proviene de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, no puede entenderse como una causa manifiesta e indudable de improcedencia, que justifique su desechamiento, porque en el auto inicial el Juez no está en posibilidad jurídica, ni material, de analizar si el acto reclamado a la Comisión Federal de Electricidad, constituye o no un acto de autoridad, debido a que en esa etapa no tiene los elementos suficientes para llegar a esa conclusión.
h. [Máxime] que las jurisprudencias en que se apoyó el Juez, se emitieron durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, y conforme al artículo 5o., fracción II, de la nueva Ley de Amparo existen diversos criterios para determinar la calidad de autoridad responsable, aspectos que no fueron tomados en cuenta en la emisión de los indicados criterios jurisprudenciales.
i. En consecuencia, declaró fundado el recurso de queja y ordenó admitir la demanda de amparo.
Similares consideraciones, en torno al tema de la suplencia de la queja, reiteró el indicado Tribunal Colegiado, al resolver los recursos de queja ********** [administrativo], ********** [administrativo], ********** [penal] y ********** [administrativo], en los cuales, incluso advirtió, que no se actualizaba causa manifiesta e indudable de improcedencia, respecto de los actos reclamados.
Derivado de la reiteración del criterio, el Tribunal Colegiado aprobó la jurisprudencia XXVII.3o. J/27 (10a.), publicada en la página 1743, Libro 19, Tomo II, junio de 2015, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 5 de junio de 2015 a las 9:30 horas.» que dispone:
"QUEJA CONTRA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI ÉSTE SE APOYÓ EN UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE NO ES MANIFIESTA NI INDUDABLE, ELLO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LA LEY QUE DEJA EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL RECURRENTE, POR LO QUE PROCEDE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LOS AGRAVIOS FORMULADOS EN DICHO RECURSO. El artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo establece que la autoridad que conozca del juicio constitucional deberá suplir la deficiencia de los agravios cuando advierta que hubo contra el particular recurrente una violación evidente de la ley que lo dejó sin defensa por afectar los derechos a que se refiere su artículo 1o., entre los que se comprende el de acceso a la justicia, consagrado en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por su parte, el artículo 113 de la citada ley dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De lo anterior se colige que si el desechamiento de la demanda no se apoya en una causa de improcedencia manifiesta e indudable, ello constituye una violación evidente de la ley que deja en estado de indefensión al quejoso por afectar su derecho de acceso a la justicia, pues le impide inconformarse en la vía constitucional contra un acto de autoridad que considera violatorio de sus derechos humanos, razón por la cual, ante este desechamiento, procede suplir la deficiencia de los agravios formulados en el recurso de queja que interponga, en términos del citado artículo 79, fracción VI."
CUARTO.—En principio es relevante precisar que es criterio del Pleno de este Alto Tribunal que, para tener por configurada la contradicción de tesis, es innecesario que los elementos fácticos analizados por los Tribunales Colegiados contendientes sean idénticos, pues lo trascendente es que el criterio jurídico establecido por ellas en un tema similar sea discordante esencialmente.
Cabe advertir, que la regla de mérito no es absoluta, pues el Tribunal Pleno dejó abierta la posibilidad de que previsiblemente cuando la cuestión fáctica analizada sea relevante e incida en el criterio al cual arribaron los Tribunales Colegiados contendientes, sin ser rigorista, es válido declarar la inexistencia de la contradicción de tesis denunciada.
Lo anterior, de acuerdo a las tesis de rubro siguientes:
"Época: Novena Época
"Registro digital: 164120
"Instancia: Pleno
"Tipo de tesis: jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XXXII, agosto de 2010
"Materia común
"Tesis: P./J. 72/2010
"Página: 7
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.
"Contradicción de tesis 36/2007-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de abril de 2009. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala.
"Contradicción de tesis 34/2007-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5 de enero de 2010. Once votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Constanza Tort San Román.
"Contradicción de tesis 37/2007-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5 de enero de 2010. Once votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Paola Yaber Coronado.
"Contradicción de tesis 45/2007-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5 de enero de 2010. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Julio Veredín Sena Velázquez.
"Contradicción de tesis 6/2007-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 11 de marzo de 2010. Mayoría de nueve votos en relación con los puntos resolutivos de la sentencia respectiva; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Sergio A. Valls Hernández; unanimidad de once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Francisco Gorka Migoni Goslinga.
"El Tribunal Pleno, el doce de julio en curso, aprobó, con el número 72/2010, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a doce de julio de dos mil diez.
"Nota: La tesis P./J. 26/2001 y la parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 36/2007-PL citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XIII, abril de 2001, página 76 y XXX, agosto de 2009, página 293, respectivamente."
"Época: Novena Época
"Registro digital: 166996
"Instancia: Pleno
"Tipo de tesis: aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XXX, julio de 2009
"Materia común
"Tesis: P. XLVII/2009
"Página: 67
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.—El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan.
"Contradicción de tesis 36/2007-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de abril de 2009. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala.
"El Tribunal Pleno, el diecinueve de junio en curso, aprobó, con el número XLVII/2009, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve de junio de dos mil nueve.
"Notas:
"Esta tesis no constituye jurisprudencia, porque no resuelve el tema de la contradicción planteada.
"La tesis P./J. 26/2001 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76."
Los antecedentes relatados, ponen en evidencia que sí existe contradicción de criterios, porque en los asuntos analizados por los Tribunales Colegiados contendientes, prevalecen los siguientes elementos:
a) En contra de diferentes actos se promovió juicio de amparo indirecto.
b) El Juez de Distrito respectivo desechó la demanda de amparo, al considerar que se actualizaba una causa de manifiesta e indudable de improcedencia.
c) En contra del auto que desechó la demanda, los quejosos interpusieron recurso de queja.
Así, mientras el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito consideró que no procede suplir la deficiencia de los agravios, en términos de la fracción VI del artículo 79 de la Ley de Amparo, porque el desechamiento de una demanda de amparo no puede estimarse como una violación manifiesta, toda vez que el quejoso está en aptitud de recurrir el acto, mediante el recurso de queja y, por ende, exponer los motivos y razones por las que consideraban ilegal la actuación del Juez de Distrito.
En cambio, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito estimó que sí procede suplir la deficiencia de los agravios, en términos de la fracción VI, del artículo 79, de la Ley de Amparo, sólo cuando el desechamiento no se ajusta a la ley y cuando no se apoya en una causa manifiesta e indudable de improcedencia, porque ello constituye una violación evidente que deja sin defensa al quejoso, al coartar en forma contundente y definitiva su acceso a la justicia.
Conforme a los elementos fácticos y jurídicos antedichos, el punto de contradicción consiste en determinar si cuando hay violación al artículo 113 de la Ley de Amparo, por parte del Juzgado de Distrito, esto puede dar lugar a suplir la deficiencia de los agravios en el recurso de queja, en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo.
QUINTO.—Estudio de fondo. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio que a continuación se define, conforme a las consideraciones siguientes:
En principio, debe aclararse que el análisis y solución del punto de contradicción, se hará conforme a las reglas de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; en virtud de que los juicios de amparo indirecto que dieron lugar a la interposición de los recursos de queja, que generan la contradicción, se dictaron en juicios de amparo que iniciaron, ya estando en vigor esa legislación.
Ahora bien, a fin de dar orden y sentido a la presente resolución, atendiendo al punto de contradicción, deben puntualizarse de manera preliminar las dos premisas sobre las que se sostiene el punto de contradicción, la primera es la suplencia de la queja y la segunda es la facultad del Juez de desechar la demanda por actualizarse una causa notoria y manifiesta de improcedencia.
I. Suplencia de la queja.
En la contradicción de tesis 228/2014, resuelta en sesión de veinte de octubre de dos mil dieciséis, este Pleno explicó de manera breve pero concisa el concepto y evolución histórica de la suplencia de la queja.
Así, se explicó que la suplencia de la queja deficiente, como un principio que informa a las sentencias dictadas en el juicio de amparo, se reguló en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 107 de la Constitución de mil novecientos diecisiete.
Con el tiempo y tras sucesivas reformas constitucionales (1951, 1962, 1974 y 1986), los alcances del principio se han dotado de mayor contenido, dejándose en manos del legislador ordinario la determinación del ámbito de eficacia de la suplencia de la queja.
Sobre el origen de la suplencia de la queja –aunque la doctrina no es unánime en ello–, la Ley de Amparo, de mil novecientos treinta y seis estableció, en su artículo 79, la facultad de los Jueces de suplir el error en la cita del derecho violado, pero sin cambiar los hechos o conceptos de violación expuestos en la demanda.
En la reforma del diecinueve de febrero de mil novecientos cincuenta y uno, la abrogada Ley de Amparo contempló –de manera expresa– la suplencia de la deficiencia de la queja en el artículo 76, en el sentido de que podría suplirse la deficiencia cuando el acto reclamado se fundara en leyes declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en materia penal y en favor de la parte obrera.
Ese precepto fue interpretado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el término "podrá" del segundo párrafo del artículo 76 de la entonces Ley de Amparo, no indicaba una facultad discrecional, sino implicaba una obligación que debería asumir el juzgador.
El cuatro de febrero de mil novecientos sesenta y tres, se agregó, entre otros supuestos, la suplencia de la queja en materia agraria; así mismo, el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y seis, se publicó la adición del artículo 76 Bis, regulando con carácter de obligatorio la suplencia de la queja en los juicios de amparo.
En la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, se previó de igual manera el principio constitucional de suplencia de la queja, como una institución de capital importancia, dentro de nuestro sistema jurídico, con el fin de impedir la denegación de justicia por razones de carácter merament
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28623-c998f668/suplencia-de-la-deficiencia-de-los-agravios-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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