SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 36/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 22 DE OCTUBRE DE 2018. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: CARLOS ALBERTO ARAIZA ARREYGUE.
Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al veintidós de octubre de dos mil dieciocho, emite la siguiente:
Resolución
Mediante la cual se dirimen los autos de la contradicción de tesis número 36/2018, suscitada entre los criterios sustentados por la Primera y la Segunda Salas, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
I. Antecedentes
1. El veintinueve de octubre dos mil tres, la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis CT. 31/2003-PL,(1) de la cual derivó la jurisprudencia 2a./J. 111/2003, que señala:
"SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS.—De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos."(2)
2. El dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la diversa contradicción de tesis CT. 25/2017,(3) de cuya ejecutoria derivó la jurisprudencia 1a./J. 92/2017 (10a.), que establece:
"SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA UN EFECTO DIVERSO AL SOLICITADO POR EL QUEJOSO. Para que proceda la suspensión a petición de parte, es necesario que el quejoso señale claramente los actos cuya suspensión se solicita y las razones por las cuales debe proceder; sin embargo, la Ley de Amparo no especifica los términos para los cuales debe concederse. Ahora bien, una vez que el juzgador determina que procede conceder la suspensión del acto reclamado, puede hacerlo para un efecto diverso al solicitado por el quejoso, a fin de conservar la materia de la controversia y evitar que sufra afectaciones en su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto. En este sentido, el artículo 147 de la Ley de Amparo establece que los Jueces deben fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar medidas para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, de tal manera, limitar a los Jueces a conceder la medida suspensional para un efecto que, a pesar de haberse solicitado, no sea el idóneo para preservar la materia del juicio o no le dé la mayor protección al quejoso, sería contrario a su objetivo principal. En efecto, los Jueces deben tener la facultad de modificar los términos en que fue solicitada la suspensión, ya que así pueden actuar de la forma más favorable para el quejoso, protegiendo el orden público y el interés social. En este sentido, el artículo 154 de la Ley de Amparo, señala que la resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive. Por tanto, por mayoría de razón, si la ley de la materia dispone que la resolución que conceda o niegue la suspensión puede ser modificada de oficio cuando se presente un hecho novedoso, resulta evidente que los juzgadores tienen la misma facultad de modificar lo solicitado por el quejoso al concederla."(4)
3. Denuncia. Mediante oficio de fecha catorce de diciembre de dos mil diecisiete,(5) el secretario de Acuerdos del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con sede en Zapopan, Jalisco, informó a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que, en sesión de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, los Magistrados integrantes de ese órgano determinaron denunciar la posible contradicción de criterios entre los órganos jurisdiccionales precisados.
II. Trámite
4. En auto de veintinueve de enero de dos mil dieciocho(6) el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de la posible contradicción de tesis, la cual se registró con el número 36/2018 y la turnó a la ponencia del Ministro Javier Laynez Potisek. En el mismo acuerdo, se requirió a las Salas contendientes para que informaran si los criterios emitidos por cada uno de esos órganos se encuentran vigentes o, en su caso, si fueron superados o abandonados, y remitieran las ejecutorias correspondientes, a fin de integrar el expediente.
5. En auto de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, el presidente de esta Suprema Corte ordenó glosar las constancias remitidas por las Salas contendientes y tuvo por integrada la contradicción, por lo cual remitió los autos al Ministro Javier Laynez Potisek, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.(7)
III. Competencia
6. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y lo prescrito en el artículo 226, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; así como el 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre las Salas que integran esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; aunado a que la contradicción corresponde a la materia común, para cuya resolución se considera necesaria la intervención de este Pleno.
IV. Legitimación
7. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque fue formulada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito con Sede en Zapopan, Jalisco, quien está legitimado para formular la denuncia de contradicción de criterios de acuerdo a lo previsto en la fracción I del artículo 227 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece.
V. Existencia de la contradicción
8. El Pleno de este tribunal ha establecido que para actualizar la contradicción de tesis, basta la existencia de oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provengan de cuestiones fácticas exactamente iguales. En ese sentido es ilustrativa la jurisprudencia de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(8)
9. Del criterio precisado se obtiene que, la existencia de la contradicción de criterios no depende de la identidad o semejanza de las cuestiones fácticas, pues es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que la variación o diferencia no incida o sea determinante para el problema jurídico resuelto; esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que tan sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.
10. Es decir, si las cuestiones fácticas fueran parecidas e influyeran en las decisiones de los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único, ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría a una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de criterios, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.
11. Así, es posible identificar los siguientes requisitos para la existencia de una contradicción de criterios:
a) Los tribunales contendientes resolvieron alguna cuestión litigiosa en la que ejercieron su potestad de arbitrio judicial, mediante la intelección (interpretación) de una norma para adoptar algún canon o método interpretativo, cualquiera que fuese.
b) Entre los ejercicios interpretativos realizados por los órganos judiciales existe –al menos– un problema jurídico analizado, ya sea mediante la adopción de algún criterio o la fijación de un principio o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c) Lo anterior, pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
12. A efecto de constatar si, en el caso, los criterios materia de la denuncia de contradicción abordan un mismo punto jurídico y se contraponen entre sí o no, resulta conveniente precisar cuál fue el análisis efectuado en cada una de las ejecutorias correspondientes, atento a lo siguiente:
13. Contradicción de tesis 31/2003-PL. El criterio que derivó de la ejecutoria correspondiente a ese expediente resuelto por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por antecedentes los siguientes:
A. Criterios contendientes:
A.1. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.
• Demanda de amparo. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa reclamó, en esencia, la inconstitucionalidad de:
I. La falta de emplazamiento y notificación en el procedimiento administrativo instruido en su contra.
II. Todo lo actuado en ese procedimiento administrativo.
III. La resolución con la cual concluyó tal procedimiento y se ordenó la cancelación definitiva de la autorización y registro otorgados a la quejosa para prestar servicios de seguridad privada.
IV. Las consecuencias de esa resolución, consistentes en la privación del derecho que tiene la quejosa para prestar autorizado, la privación de los derechos para dedicarse a una actividad lícita, la desposesión de los derechos para prestar servicios privados de seguridad.
V. Algunas actuaciones realizadas con motivo de ese procedimiento.
• Capítulo de suspensión. La quejosa solicitó la suspensión provisional y la definitiva, única y exclusivamente en contra de las consecuencias de la resolución reclamada, a efecto de que no se le privara del derecho de prestar el servicio de seguridad privada, ni se le desposesionara de sus derechos.
• Incidente de suspensión. Admitida la demanda, se formó el cuaderno relativo al incidente de suspensión y al proveer sobre la medida en forma provisional, el Juez la negó al considerar que:
I. Se trataba de actos consumados.
II. La sociedad está interesada en que el servicio de seguridad privada se lleve a cabo reuniendo los requisitos exigidos por la ley y además, que se sustituiría a la autoridad responsable, en caso de otorgar la medida cautelar solicitada
III. El ordenamiento jurídico que reglamenta dicha actividad es de orden público.
• Recurso de queja. La parte quejosa interpuso recurso de queja, el cual, el indicado Tribunal Colegiado declaró fundado porque:
I. El Juez indebidamente se pronunció en el sentido de que todos los actos reclamados revisten el carácter de consumados.
II. En el auto recurrido no se precisaron cuáles son los requisitos del artículo 124 de la Ley de Amparo (abrogada) que dejó de observar el quejoso.
III. De ejecutarse los actos reclamados, las consecuencias de la resolución reclamada causarían daños y perjuicios de difícil reparación a la parte quejosa.
• Efecto de lo resuelto. El Tribunal Colegiado de Circuito concedió la suspensión solicitada, única y exclusivamente por cuanto hace a las consecuencias de la resolución reclamada, para el efecto de que se mantuvieran las cosas en el estado en que se encontraban.
• Interlocutoria de suspensión. El Juez de Distrito negó la suspensión definitiva en una parte y, en otra, concedió la medida.
• Recurso de revisión. En contra de la resolución relativa, la quejosa interpuso recurso de revisión en el cual se expuso que el Juez analizó actos respecto de los cuales no se solicitó la medida y, por tanto, no podía pronunciarse al respecto. El Tribunal Colegiado determinó que el Juez indebidamente negó la suspensión sobre un aspecto no solicitado por la quejosa, toda vez que ésta solamente pidió la suspensión en cuanto hace a las consecuencias generadas por los actos reclamados pero no en contra de esos actos, por lo que estimó incumplido lo previsto en la fracción I del artículo 124 de la Ley de Amparo.
A.2. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito
• Demanda de amparo. La parte quejosa reclamó:
I. La orden de aprehensión librada en su contra dentro de una causa penal.
II. La violación al fuero que como diputado local de la Legislatura del Estado de México tenía.
III. El impedimento derivado de los actos reclamados para cumplir con la función de diputado local de la Legislatura del Estado de México.
• Capítulo de suspensión. El quejoso solicitó la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que no se ejecutara la orden de aprehensión reclamada, ni se le impidiera el ejercicio de la función como diputado local.
• Incidente de suspensión. El Juez se pronunció sobre la medida únicamente con relación a la orden de aprehensión reclamada.
• Recurso de queja. Al conocer del recurso de queja en contra de lo resuelto sobre la suspensión provisional de los actos reclamados, el Tribunal Colegiado concluyó que al pronunciarse solamente sobre la suspensión en contra del mandamiento de captura reclamado, el Juez omitió hacerlo con respecto a los demás actos reclamados, quedando imposibilitado el tribunal para analizar ese aspecto dado que se requiere de pronunciamiento hecho por el Juez.
A.3. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
• Demanda de amparo. El quejoso reclamó en amparo indirecto:
I. La sentencia dictada en un toca de apelación emitida con motivo de un juicio civil en cuyo fallo se aprobó adjudicar el remate de un inmueble a favor del tercero perjudicado (actor en el juicio de origen).
II. La aprobación de remate del bien materia de la litis.
III. El turno de los autos a un notario público para elaborar la escritura pública.
• Capítulo de suspensión. El quejoso (demandado en el juicio de origen) pidió la suspensión en contra de esos actos.
• Incidente de suspensión. En la interlocutoria de suspensión se otorgó la medida solicitada para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban y no se remitieran los autos al notario para elaborar la escritura de adjudicación.
• Recurso de revisión. En contra de ese fallo, la parte tercero perjudicada (por tramitarse conforme a la abrogada Ley de Amparo), interpuso recurso de revisión, en el cual adujo violado lo dispuesto en los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, porque no se hizo un análisis lógico jurídico de los motivos, razones y circunstancias para conceder la medida al quejoso.
El Tribunal Colegiado de Circuito estimó fundado el recurso porque la resolución recurrida carecía de fundamentación y motivación, ya que el a quo no precisó los actos reclamados, ni emitió un pronunciamiento particular en cuanto a cada uno de ellos, sino que sólo se refirió a la ejecución de la resolución reclamada, sin exponer las razones conducentes, ni analizar la reunión de los demás requisitos exigidos por el citado precepto legal. Asimismo, se indicó que Juez omitió pronunciarse respecto de la aprobación de remate del inmueble, siendo que el tribunal revisor tenía la obligación de examinar, aun de oficio, que los pronunciamientos sobre la concesión o negativa de la medida cautelar comprendan todos y cada uno de los actos, así como las consecuencias reclamadas en juicio; por ende, ese tribunal reparó la infracción al estimar no procedente el reenvío.
A.4. Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito
• Demanda de amparo. En la demanda de amparo se reclamaron y solicitaron la suspensión en contra de:
I. Las órdenes para privar a los quejosos de su libertad.
II. Las órdenes para desposeer a los quejosos de las parcelas respecto de las cuales adujeron tener posesión.
• Interlocutoria de suspensión. Al resolver sobre la suspensión definitiva, el Juez negó la medida en contra de esos actos dado que las autoridades negaron la existencia de tales actos y esa negativa no fue desvirtuada.
• Recurso de revisión. Al resolver el recurso de revisión, el Tribunal Colegiado estimó correcto lo resuelto por el a quo, ya que para pronunciarse sobre la medida es necesario, primeramente, verificar la existencia de los actos por los que se solicita la suspensión.
B. Ejecutoria emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
• Existencia de la contradicción. Existe contradicción entre lo considerado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, pues mientras el primero de esos órganos estimó que el Juez debe decidir solamente respecto de lo solicitado por el quejoso, pero sin poder emitir pronunciamiento sobre otros aspectos; el otro órgano sostuvo que el Juez no sólo debe pronunciarse respecto de las consecuencias de los actos reclamados, sino también debe precisar los actos reclamados y pronunciarse en forma individual sobre cada uno de éstos.
En cambio, lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, así como por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, no se contrapone con los criterios sustentados por los órganos colegiados señalados previamente porque el primero de esos tribunales estimó fundada la queja al constatar que el Juez omitió pronunciarse con relación a todos los actos reclamados y respecto de los cuales la quejosa, específicamente había solicitado la suspensión provisional, lo que es un supuesto diverso respecto del tema analizado por los otros órganos, al tratarse de una típica omisión. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito solamente se concretó a señalar el orden y la técnica a través de la cual deben analizarse los actos, más no si el Juez debe pronunciarse con relación a los actos y sus consecuencias o, solamente respecto de estas últimas.
También existe contradicción entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en virtud de que el primero de esos órganos determinó que cuando el órgano colegiado advierta que el Juez omitió proveer con relación a los actos reclamados o alguno de ellos, debe remitir los autos al a quo, pues el tribunal de alzada está impedido para abordar el tema en cuanto a la procedencia o improcedencia de la medida cautelar solicitada, lo cual es contrario a lo considerado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien consideró que cuando se advierta que el Juez omitió proveer con respecto a los actos o alguno de ellos, el tribunal revisor debe reparar esa infracción.
• Puntos jurídicos a resolver. La materia de la contradicción de tesis se determinó consistía en dar respuesta a lo siguiente:
a) Determinar si, en términos de la fracción I del artículo 124 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está o no obligado a pronunciarse respecto del acto o actos reclamados, aun cuando el quejoso únicamente haya solicitado la suspensión definitiva respecto de las consecuencias o efectos de dichos actos.
b) Decidir si el Tribunal Colegiado, al conocer de la revisión o de la queja (en contra de la suspensión provisional o definitiva), cuando advierta que el Juez omitió proveer respecto de los actos reclamados, está obligado a reparar la infracción o, en su caso, debe remitir los autos al a quo para que éste subsane dicha omisión.
• Criterio adoptado por la Segunda Sala. Al abordar el estudio de la materia de la contradicción, esa Sala concluyó:
A. El Juez no está obligado a proveer sobre la suspensión respecto de actos distintos a aquellos por los que se solicita la medida. El principio de congruencia al que se refieren los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo, rige para toda sentencia, ya sea definitiva o interlocutoria, pero contrario a lo considerado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, ese principio no llega al extremo de que el Juez, en materia de suspensión, deba pronunciarse respecto de todos los actos reclamados, aun de oficio, pues ello entraría en colisión con el principio de "petición de parte" previsto en la fracción I del artículo 124 de la Ley de Amparo (abrogada).
Aunque en el juicio de amparo existen reglas aplicables al juicio principal y que son aplicables en materia de suspensión (congruencia y exhaustividad), esto no significa que el Juez esté obligado a pronunciarse sobre todos y cada uno de los actos reclamados, ya que, tratándose de actos diversos en los que procede la suspensión de oficio, es requisito que el quejoso solicite expresamente dicha medida cautelar.
Así, el juicio principal sigue un cauce procesal con reglas propias que no siempre resultan aplicables al incidente, por lo que si el quejoso no solicita la suspensión de los actos reclamados, el Juez no está obligado a pronunciarse al respecto, así como tampoco el juzgador está obligado a atender a las pruebas aportadas en el juicio principal para proveer sobre la suspensión definitiva.
La suspensión del acto reclamado tiene por objeto mantener la materia de amparo, impidiendo que el acto reclamado se consume en forma irreparable y que ello haga ilusoria la protección de la Justicia Federal. Así, a causa de la suspensión, el acto reclamado queda en suspenso en tanto se analiza si o no es violatorio de la Constitución.
Por virtud de la suspensión el Juez puede (antes de estudiar el fondo del asunto o de recibir alguna prueba) paralizar la ejecución del acto reclamado cuando se cumplan los supuestos legalmente previstos, medida que se otorga en dos formas: (1) de oficio (por el órgano de control en ciertos casos) o (2) a petición de parte.
El primer supuesto obedece a la gravedad intrínseca del acto reclamado, así como al peligro o riesgo de que, de ejecutarse éste, quede sin materia el juicio de amparo por imposibilidad de que se cumpla la sentencia constitucional que confiera al quejoso la protección de la Justicia Federal; por su parte, la suspensión a petición de parte procede en todos aquellos casos que no se encuentran previstos en el artículo 123 de la Ley de Amparo y está condicionada al cumplimiento de requisitos de procedencia y de efectividad, siendo los primeros, aquellas condiciones que se deben reunir para que surja la obligación jurisdiccional de conceder la suspensión; mientras que los segundos implican aquellas exigencias que el agraviado o quejoso debe satisfacer para que surta sus efectos la suspensión.
Dentro de los requisitos de procedencia de la suspensión está el relativo a que la parte quejosa solicite la medida, petición la cual se formula, por lo general, conjuntamente con la demanda de amparo pero es posible hacerlo en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria, esto conforme al artículo 141 de Ley de Amparo (abrogada). Luego, se explicó el trámite realizado para proveer sobre la suspensión provisional y definitiva y se indicó que al resolver sobre la suspensión, el Juez debe fijar concreta y clara el acto que haya de suspenderse, pues la suspensión definitiva debe únicamente paralizar los actos específicos que se hayan reclamado y sus efectos o consecuencias, sin detener la actividad total que las autoridades responsables mediante actos distintos de los que se hubiesen combatido.
Esto es, la suspensión definitiva difiere de la suspensión provisional, ya que en esta última el Juez no analiza la certeza de los actos porque ello es materia de la audiencia incidental y de la resolución interlocutoria correspondiente, por lo cual, conforme a la fracción I del artículo 124 de la Ley de Amparo (abrogada), cuando el quejoso sólo solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez debe resolver la suspensión definitiva única y exclusivamente respecto de dichas consecuencias, sin poder ocuparse de otros actos.
B. Al conocer de la revisión o de la queja en contra de la suspensión provisional o definitiva, el Tribunal Colegiado debe corregir las inconsistencias que advierta. Respecto del segundo de los cuestionamientos a responder, se indicó que a pesar de la existencia de contradicción de criterios, en este aspecto la contradicción quedó sin materia en virtud de que ya existía criterio jurisprudencial tanto del Tribunal Pleno como de la Segunda Sala que resolvía la contradicción; esto, ante la existencia de las jurisprudencias de rubros:
"SUSPENSIÓN PROVISIONAL. LA OMISIÓN DE FUNDAR Y MOTIVAR EL AUTO EN QUE SE RESUELVE, DEBE REPARARSE POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE ESTÁ FACULTADO PARA ELLO, AL RESOLVER EL RECURSO DE QUEJA.". (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, enero de 2001, tesis P./J. 10/2001, página 13).
"SENTENCIA DE AMPARO. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA, EL TRIBUNAL REVISOR DEBE CORREGIRLA DE OFICIO.". (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999, tesis P./J. 133/99, página 36).
"ACTOS RECLAMADOS. LA OMISIÓN DE SU ESTUDIO EN LA SENTENCIA RECURRIDA DEBE SER REPARADA POR EL TRIBUNAL REVISOR, A PESAR DE QUE SOBRE EL PARTICULAR NO SE HAYA EXPUESTO AGRAVIO ALGUNO EN LA REVISIÓN.". (Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, tesis 2a./J. 58/99, página 35).
14. De dicha resolución derivó la jurisprudencia de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS.", oportunamente transcrita.
15. Contradicción de tesis 25/2017. El criterio que derivó de la ejecutoria correspondiente a ese expediente resuelto por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo por antecedentes los siguientes:
A. Criterios contendientes
A.1. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito
• Juicio de nulidad. La empresa demandó la invalidez de la resolución a través de la cual se le negó la devolución del saldo a favor del impuesto al valor agregado. La Sala fiscal acordó lo relativo al ofrecimiento y admisión de la prueba pericial contable. En contra de ese acuerdo, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación, el cual revocó el acuerdo recurrido.
• Juicio de amparo. En contra de esa resolución, la parte actora del juicio de origen promovió amparo indirecto en el cual solicitó la suspensión del acto reclamado. En cuanto a la suspensión definitiva, el Juez concedió la medida para el efecto de que la autoridad responsable continuara el juicio pero se abstuviera de dictar la resolución definitiva.
• Recurso de revisión. En contra de esa resolución, la autoridad fiscal interpuso recurso de revisión, en el cual el Tribunal Colegiado revocó la interlocutoria recurrida y negó la suspensión al considerar que:
I. El quejoso solicitó la suspensión para el efecto de que no se continuara con la tramitación del juicio de nulidad.
II. La suspensión no se solicitó para que se continuara con el trámite del asunto y se ordenara no emitir la resolución correspondiente, por lo que no se debió conceder para ese efecto.
III. La suspensión no puede concederse para el efecto de paralizar el procedimiento porque, su objetivo primordial es mantener viva la materia del juicio constitucional, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria la protección de la Justicia Federal.
IV. Conforme al artículo 150 de la Ley de Amparo, de ser procedente la suspensión, debe revisarse que su concesión no paralice la continuación del procedimiento hasta la emisión de la resolución firme, a menos que ello deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso.
V. En el caso, no se cumple la condición prevista en ese precepto legal porque, por una parte, en el asunto se resolvió que no resultó procedente la suspensión en contra de la paralización del procedimiento del juicio de nulidad, sin que exista agravio contra de esa negativa y, por otra, porque la continuación del procedimiento no deja irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso, toda vez que el desechamiento de una prueba pericial en materia contable no trae aparejado algún perjuicio irreparable a derechos sustantivos o trascendentales del quejoso, sino de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28624-9b1a2d79/suspension-el-juzgador-puede-concederla-para-efectos-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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