REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO QUE ESTABLECEN SUS ARTICULOS 266 A 271, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE NULIDAD FISCAL.
CONTRADICCION DE TESIS NUMERO 20/90. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL MISMO CIRCUITO.
México, Distrito Federal.- Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día primero de junio de mil novecientos noventa y dos.
VISTA, la contradicción de tesis número 20/90 entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del mismo Circuito, al resolver el primero de ellos, el amparo directo número 1581/88, y el segundo los amparos directos números 1113/88 y 1473/88, y
RESULTANDO:
PRIMERO.- Por escrito presentado ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tres de mayo de mil novecientos noventa, el Procurador General de la República denunció la posible contradicción de tesis sustentadas por el Primer y Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, ambos del Primer Circuito.
SEGUNDO.- El presidente de esta Segunda Sala en acuerdo de diecisiete de agosto de mil novecientos noventa, ordenó se formara y registrara el expediente relativo a la demanda de que se trata, y encontrándose debidamente integrado el expediente, se diera vista al procurador general de la República, mandando en el citado acuerdo, se turnaran los autos al ministro ponente, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 25 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de tratarse de una denuncia de posible contradicción entre tesis sustentadas en amparo en materia administrativa, por Tribunales Colegiados de Circuito.
SEGUNDO.- El Ministerio Público Federal, designado por el Procurador General de la República, en el pedimento número 602/90, opinó que deberá prevalecer el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en los amparos directos números 1113/88 y 1473/88.
TERCERO.- El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo número 1581/88, interpuesto por Carlos Rodríguez Sámano en representación de Uniroyal, Sociedad Anónima de Capital Variable, para negar el amparo a la quejosa, se apoyó en las siguientes consideraciones:
"QUINTO.- Es infundado el concepto de violación que propone la parte quejosa, en el sentido de que la sanción impugnada en el juicio de nulidad se le impuso con fundamento en los artículos 512-D, 132 y 504 de la Ley Federal del Trabajo, y no con apego en alguna de las disposiciones del Reglamento de Seguridad e Higiene de la Ley Federal del Trabajo, y por tal razón, no procedía agotar el recurso administrativo previsto en el artículo 266 del precisado Reglamento, antes de promover el juicio de nulidad. Al efecto, conviene destacar que el acto impugnado en el juicio de nulidad es la resolución 19848 de fecha 2 de septiembre de 1987, emitida por el director de Sanciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante la cual se impuso a la quejosa una multa por la cantidad de $185,850.00, por violación a los artículos 512-D en relación con el 132, fracciones I, XVI y 504, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, artículo 4o. transitorio del Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y artículos 15, 17 y 20 del Reglamento de Higiene del Trabajo, en relación con el artículo cuarto transitorio antes indicado, porque no se desvirtuaron los actos y omisiones consignados en el acta de inspección de fecha 25 de agosto de 1986, que esencialmente consistieron en que:
a). No se cumplió con la medida de seguridad e higiene número 2 del emplazamiento 2607/86 de 22 de mayo de 1986, consistente en que el médico de la negociación debe realizar exámenes de admisión y periódicos;
b). No se demostró que la empresa llevara un registro de cada uno de los empleados, mediante un expediente clínico;
c). El registro del título del médico de la empresa se presentó con posterioridad al acta de inspección;
d). No se demostró que el médico de la empresa hubiera impartido las pláticas a que está obligado.
Como se advierte de lo antes precisado las sanciones impuestas a la quejosa obedecieron principalmente a la comisión de infracciones al Reglamento de Higiene del Trabajo aplicadas en forma supletoria conforme al artículo cuarto transitorio del Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Los artículos 253, 266, 267 y 270 del Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, establecen: "Artículo 253. La violación o incumplimiento a los preceptos de este Reglamento deberán ser sancionados administrativamente por la autoridad del trabajo, de conformidad con los artículos 876, 878, 879, 885, 886, 887, 888, 889 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, sin perjuicio de la pena que corresponda cuando sea constitutiva de delito. Artículo 266. Al notificar la imposición de una sanción se hará saber al infractor el derecho que tiene para recurrirla dentro del plazo de 15 días hábiles. Artículo 267. El recurso se deberá presentar por escrito directamente ante la dependencia que hubiese impuesto la sanción o por correo certificado con acuse de recibo, caso este último, en que se tendrá como fecha de presentación la del día en que haya sido depositado el escrito correspondiente en la oficina de correos. Artículo 270. Desahogadas las pruebas a que se refiere el artículo anterior, la autoridad formulará el dictamen con base en el cual se confirmará, modificará o revocará la sanción, y en su oportunidad se hará del conocimiento del recurrente la resolución que se dicte". "De los preceptos legales antes transcritos se desprende, que quien resulte afectado por la imposición de una sanción por violaciones al Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, cuenta con un término de quince días para hacer valer el recurso administrativo a que se refiere el artículo 267 en cita, por virtud del cual podrá confirmarse, modificarse o revocarse la sanción recurrida. Por tal razón, será hasta que se agote dicho recurso, cuando en su caso, la sanción adquiera el carácter de definitiva. En tal orden de ideas, si en el presente caso la sanción impuesta a la quejosa obedeció a la comisión de diversas violaciones al Reglamento de Higiene del Trabajo cuyas disposiciones son aplicables por disposición del artículo cuarto transitorio del Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, es inconcuso que de acuerdo a lo establecido con los preceptos legales antes transcritos, la quejosa debió agotar el recurso administrativo de mérito, previamente a la promoción del juicio de nulidad, por virtud del cual pudo ser revocada o modificada la sanción impuesta, y si no lo hizo, dicho acto no adquirió el carácter de definitivo para efectos de la interposición del juicio de nulidad, debiendo estimarse, por tanto, correcta la determinación de la juzgadora de sobreseer con fundamento en los artículos 202, fracción VI y 203, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación.".
CUARTO.- A su vez el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo número 1113/88, promovido por Pablo Pérez Hernández en representación de Constructora Inversionista, sociedad anónima, para conceder el amparo a la quejosa se apoyó en las siguientes consideraciones:
"QUINTO.- Expresa sintéticamente el apoderado general de la sociedad quejosa en sus conceptos de violación mismos que, dada su estrecha vinculación han de ser estudiados conjuntamente, esto con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Amparo, que la sentencia combatida viola en su perjuicio el contenido garante de los artículos 14 y 16 constitucionales pues la autoridad responsable en este juicio se abstuvo de proceder al análisis de los conceptos de nulidad ante ella propuestos al considerar que en contra de la resolución impugnada cabía la posibilidad de interponer el recurso administrativo contenido en el Reglamento General de Seguridad e Higiene no obstante que, afirma el fundamento de las sanciones impuestas a su representada no sólo derivaba del citado ordenamiento legal sino además, de diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo contra las cuales no cabe recurso administrativo o medio de defensa alguno que pueda modificarlas por lo que, en virtud de la imposibilidad de separar o individualizar dichas sanciones, no era factible ni jurídica, ni materialmente, combatirlas a través del recurso propuesto, situación esta que evadió la responsable en el acto que se le reclama al señalar que por tratarse de violaciones al Reglamento General de Seguridad e Higiene, `entre otros conceptos', lo procedente era solicitar su revocación por virtud del medio de defensa establecido en ese ordenamiento legal, y al no hacerlo así se constituyó como causal eficaz para sobreseer en el juicio de nulidad correspondiente. Los argumentos que sintéticamente han quedado expuestos son parcialmente fundados pero a la vez, suficientes para conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitada. En efecto, establece el texto de los párrafos primero y último del artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, lo siguiente:
Artículo 23. Las Salas Regionales conocerán de los juicios que se inicien contra las resoluciones definitivas que se indican a continuación: ... `Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa para el afectado.'. De la transcripción que antecede se colige sin dificultad que como condición para hacer del conocimiento de las Salas Regionales del Tribunal Fiscal de la Federación una causa de anulación en contra de resoluciones de índole administrativa, es menester ineludible que contra la misma no haya otro medio de defensa en favor de los particulares que puedan modificar, confirmar o revocar el acto cuya nulidad se reclama o que habiéndola, éste sea de ejercicio opcional para los afectados. Ahora bien, dichos medios de defensa o recursos administrativos, sostiene la doctrina, son los distintos procedimientos jurídicos establecidos en ley para obtener que la administración, en sede administrativa, revise un acto o lo confirme, modifique o revoque. Una de las características primordiales de dichos medios de impugnación lo constituye el hecho de que su existencia se encuentre específicamente determinada en una ley, condición de eficacia para que su observancia vincule a los gobernados; luego entonces, no habrá recurso administrativo obligatorio sin ley que lo autorice. Pues bien, acorde a los lineamientos que sobre esta particular cuestión ha establecido la legislación mexicana (verbigracia, el texto de la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, acorde al inciso b) de la fracción V del artículo 107 constitucional) cuando el invocado artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación reputa como resoluciones definitivas a aquellas que no admitan ya recurso administrativo alguno o que, existiendo éste sea optativo para el particular interponerlo o no, significa indudablemente que ese medio de defensa ha de estar contenido, precisamente, en un ordenamiento general, imperativo y abstracto (características de la ley), formal y materialmente legislativo, es decir, en una ley emanada del Congreso de la Unión, así y sólo así, habrá de ser obligatoria su interposición como condición previa para acceder al conocimiento de una causa propuesta ante las Salas Regionales que integran el Tribunal Fiscal de la Federación. Lo anterior no viene a significar, de ningún modo que, indiscriminadamente, todos los recursos ordinarios o medios de defensa contenidos en los diversos reglamentos administrativos carezcan de obligatoriedad respecto de su interposición previa al juicio de nulidad, o en su caso al juicio de garantías, pues dicha característica cobrará vigencia (excepto, claro está, cuando se trata de aquellos casos en que expresamente la ley ha señalado como de ejercicio optativo), cuando sea precisamente la ley reglamentada aquel ordenamiento que contemple su existencia, aun en lo genérico y no como en el caso concreto a estudio en el que, es el Reglamento General de Seguridad e Higiene el que a título propio establece la procedencia de un recurso administrativo (artículo 266) cuando la Ley que reglamenta (Ley Federal del Trabajo) en dicha materia ni en ninguna otra prevé la existencia, genérica o detallada, de medios ordinarios de defensa en manos de los particulares afectados por la imposición de sanciones con motivo de la infracción a disposiciones de la misma o sus reglamentos, como condiciones previas al ejercicio de la acción de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación. La potestad reglamentaria que deriva de la fracción I del artículo 89 de la Constitución de la República, conferida al Titular del Ejecutivo Federal otorga la facultad a dichos órganos para que, en el mejor proveer en la esfera administrativa al cumplimiento de las leyes, dicte aquellas normas que faciliten a los particulares la observancia de las mismas, a través de disposiciones generales imperativas y abstractas que, en nuestro sistema jurídico toman el nombre de reglamentos administrativos, teniendo como límites naturales precisamente, los alcances de las disposiciones que dan cuerpo y materia a la ley que reglamentan, detallando sus hipótesis y supuestos normativos de aplicación, no estando entonces permitido que, a través de la vía reglamentaria, una disposición de esa naturaleza contenga mayores posibilidades e imponga distintas limitantes que la propia ley que ha de reglamentar. Así resumiendo lo expuesto, las resoluciones definitivas a que se refiere el texto del artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación serán aquellas que no admiten recurso alguno que pueda modificarlas, revocarlas o confirmarlas, o cuando la interposición de éste sea optativa para el afectado, no estando entonces obligados los particulares a agotar aquellos recursos ordinarios o medios de defensa que, previstos en los reglamentos administrativos no se encuentren contemplados en las leyes de cuya reglamentación se trata. En ese tenor y por cuanto corresponde al caso particular en estudio, resulta entonces inexacta la apreciación alcanzada por la autoridad responsable en el sentido de que, el particular se encontraba obligado a agotar, previo el ejercicio de la acción de nulidad, el recurso administrativo contenido en el artículo 266 del Reglamento General de Seguridad e Higiene, pues como se ha visto, al no encontrarse expresamente prevista su existencia en la Ley Federal del Trabajo, su interposición no se convierte en una obligación a cargo de los particulares afectados con la aplicación del mismo, no asistiendo tampoco razón al apoderado de la quejosa en el sentido de que resultaba materialmente imposible deslindar cuáles de las sanciones tenían su apoyo en el citado ordenamiento y cuáles otras lo tomaban de la Ley Federal del Trabajo, circunstancia que deviene, en este caso, intrascendente dadas las razones de mayor peso que han quedado apuntadas en el cuerpo del presente considerando. Atento a lo anterior, lo correcto será en la especie, otorgar el amparo y protección de la justicia federal solicitada para el efecto de que la autoridad señalada como responsable en la presente instancia deje insubsistente el acto que se reclama y dicte otro en el que proceda al análisis de los conceptos de nulidad expresados por el apoderado general de la sociedad quejosa en la demanda correspondiente."
Asimismo al resolver el amparo directo número 1473/88 promovido por Carlos M. Brizuela Ruiz, en representación de Cardigan, Sociedad Anónima de Capital Variable, para conceder el amparo a dicha promovente, se apoyó en las siguientes consideraciones:
"QUINTO.- Este tribunal estima que en el asunto de que se trata, se actualizan las hipótesis previstas en el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo y por tanto, que es el caso de suplir la deficiencia de los conceptos de violación, porque del estudio de la resolución reclamada se desprende que ha habido en contra de la quejosa una violación manifiesta de la ley que la ha dejado sin defensa. La fracción VI, del invocado artículo, establece, por exclusión, que podrá suplirse la deficiencia de la queja en materia administrativa, cuando se encuentre que ha habido en contra del quejoso, una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Delimitando los alcances de este requisito al caso en estudio, esto es: tratándose de la interpretación del artículo 23, párrafos primero y final, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, es incuestionable que se actualiza la violación manifiesta, porque la Sala responsable, incorrectamente, sobreseyó el juicio de nulidad en atención a que la actora no agotó el recurso administrativo establecido en los artículos 266 y siguientes, del Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, a pesar de que dicho recurso no se encuentra previsto en la ley que reglamenta (Ley Federal del Trabajo), sino únicamente en el mencionado reglamento. Con ese proceder, la Sala responsable, no sólo impide que el afectado con el acto administrativo, pueda hacer valer el juicio de nulidad, que es un medio de defensa previsto en una ley de mayor jerarquía que el reglamento, como lo es el Código Fiscal de la Federación, sino que también transgrede, en perjuicio de la ahora quejosa, el artículo 202, fracciones IV y VI, del propio ordenamiento, así como el numeral 23 de su Ley Orgánica, pues de la interpretación armónica de ambos, se desprende que, para que el agotamiento del recurso sea obligatorio, es condición indispensable este concepto en su sentido formal y material y no únicamente en un reglamento de ejecución. En efecto, previene el aludido artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, en sus párrafos primero y final:
`Artículo 23. Las Salas regionales conocerán de los juicios a que se inicien contra las resoluciones definitivas que se indican ...' `... Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa para el afectado ...'
Y, el artículo 202, fracciones IV y VI, del Código Fiscal de la Federación:
Artículo 202. Es improcedente el juicio ante el Tribunal Fiscal de la Federación, en los casos, por las causales y contra de los actos siguientes: `... IV. Respecto de las cuales hubiere consentimiento, entendiéndose que hay consentimiento únicamente cuando no se promovió algún medio de defensa EN LOS TERMINOS DE LAS LEYES respectivamente o juicio ante el Tribunal Fiscal en los plazos que señala este código'. `... VI. Que puede impugnarse por medio de algún recurso o medio de defensa, con excepción de aquellos cuya interposición sea optativa ...'.
Los recursos administrativos mencionados en los preinsertos numerales, constituyen medios de defensa para impugnar actos o resoluciones administrativas, con el objeto de obtener su revocación, modificación o nulidad. Consecuentemente, como un requisito de procedibilidad del juicio de nulidad, en los términos de los artículos en comento, debe revocarse previamente a su promoción, todos los recursos previstos en la ley que regula el acto impugnado, siempre y cuando los mismos no sean optativos para el afectado. Pero, al exigir el legislador en la fracción IV, del artículo 202, del Código Fiscal de la Federación que el juicio de nulidad debe ser sobreseído por improcedente, en virtud de que no se promovió algún medio de defensa EN LOS TERMINOS DE LAS LEYES o porque no se interpuso algún recurso, según la fracción VI, debe entenderse que se refiere a aquellos medios de defensa o recursos administrativos establecidos en leyes en sentido formal, es decir, la expresión: EN LOS TERMINOS DE LAS LEYES, ha de interpretarse estrictamente: actos jurídicos generales y abstractos emitidos por el Congreso de la Unión, ya que, sólo puede ser obligatoria la interposición de un recurso si éste se encuentra previsto en una ley formal, pero no en un reglamento de ejecución, que son los que tienen como finalidad detallar o aclarar leyes expedidas por el Congreso de la Unión y que el titular del Poder Ejecutivo emite con fundamento en el artículo 89, fracción I, de la carga magna, pues si la ley formal no previene un recurso administrativo, el reglamento que se expida para detallarla no puede establecerlo, ya que de otra suerte implicaría la creación de medios de defensa no instituidos por la ley que se reglamenta, restringiéndose indebidamente, los medios de impugnación que otorgan otros ordenamientos jurídicos de mayor jerarquía, como lo es, en nuestro caso, el Código Fiscal de la Federación. A mayor abundamiento, el criterio antes expuesto ha sido sustentado precisamente por el propio Tribunal Fiscal de la Federación, en los siguientes términos:
`RECURSOS ADMINISTRATIVOS. SOLO ES OBLIGATORIO AGOTARSE EN FORMA PREVIA AL JUICIO DE NULIDAD CUANDO SE ENCUENTREN ESTABLECIDOS EN LEYES.- Conforme a lo dispuesto por la fracción IV del artículo 190 (actualmente 202, fracción VI), del Código Fiscal de la Federación, el juicio de nulidad es improcedente en contra de actos respecto de los cuales el propio código o una ley especial concedan algún recurso o medio de defensa ante las autoridades administrativas. De acuerdo con lo anterior sólo es improcedente el juicio cuando haya algún medio de defensa establecido en alguna ley tomando este concepto en su sentido formal y material, pero no será improcedente el juicio cuando el medio de defensa se encuentre establecido en algún reglamento, pues tal disposición no reúne ambos requisitos, por lo que en este caso no será obligatorio agotar el recurso antes que el juicio, y no deberá sobreseerse el juicio así intentado.' Revisión No. 86/78 visible en la Revista del Tribunal Fiscal de septiembre-octubre de 1979. p. 255. En estas condiciones, la Sala, al sobreseer el juicio de nulidad, con fundamento en el artículo 23, fracción VI, de su Ley Orgánica, porque la actora no agotó, previamente a la promoción de dicho juicio, el recurso administrativo regulado en los artículos 266 y siguientes del Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, pero no contemplado en la ley que reglamenta (Ley Federal del Trabajo), violó manifiestamente el multicitado numeral (23), así como el artículo 202 del Código Fiscal de la Federación, por indebida aplicación y porque dejó en estado de indefensión a la actora, al coartar el medio de impugnación que en su favor establece un ordenamiento de mayor jerarquía, como lo es el Código Fiscal de la Federación. A igual consideración llegó este cuerpo colegiado al resolver el juicio de amparo directo 1113/88, promovido por Constructora Inversionista, Sociedad Anónima, en la sesión celebrada el día dos de agosto de mil novecientos ochenta y ocho."
QUINTO.- Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estima que debe prevalecer la tesis que sustenta el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo número 1581/88, promovido por Carlos Rodríguez Sámano, representante de Uniroyal, Sociedad Anónima de Capital Variable.
En efecto, y a fin de determinar con claridad la materia de la presente contradicción de tesis se estima necesario hacer las siguientes consideraciones:
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en síntesis, sostuvo que para que la parte actora esté en aptitud de promover el juicio fiscal en contra de una sanción impuesta con motivo de violaciones al Reglamento de Higiene del Trabajo, expedido por el presidente de la República y publicado en el Diario Oficial de la Federación del día trece de febrero de mil novecientos cuarenta y seis, es menester que previamente se agote el recurso administrativo que se encuentra previsto en un reglamento distinto, como lo es el Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, expedido también por el presidente de la República y publicado en el Diario Oficial de la Federación del día cinco de junio de mil novecientos setenta y ocho, que en sus artículos 266 a 271, prevé la existencia de tal recurso, por medio del cual podrá confirmarse, revocarse o modificarse esa sanción; lo anterior es así, afirma el referido Primer Tribunal Colegiado, en razón de que las disposiciones del Reglamento citado en primer término son complementarias de las disposiciones del citado en segundo término, conforme a lo establecido en el artículo cuarto transitorio de este último.
Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en substancia, estimó que al exigir el legislador, en la fracción IV, del artículo 202, del Código Fiscal de la Federación que el juicio de nulidad debe ser sobreseído por improcedente, en virtud de que no se promovió algún medio de defensa en los términos de las leyes o porque no se interpuso algún recurso según la fracción VI, debe entenderse que se refiere a aquellos medios de defensa o recursos administrativos establecidos en leyes en sentido formal, es decir, la expresión: "en los términos de las leyes", ha de interpretarse estrictamente actos generales y abstractos emitidos por el Congreso de la Unión, ya que sólo puede ser obligatoria la interposición de un recurso si éste se encuentra previsto en una ley formal, pero no en un reglamento que son los que tienen como finalidad proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes expedidas por el Congreso de la Unión y que el Titular del Poder Ejecutivo emite con fundamento en el artículo 89, fracción I, de la Carta Magna, pues si la ley formal no previene un recurso administrativo, el reglamento que se expida para su debida observancia no puede establecerlo y si lo establece, debe de entenderse como opcional para el afectado, ya que de otra suerte implicaría la creación de medios de defensa no instituidos por la ley que se reglamenta, restringiéndose, indebidamente, los medios de impugnación que otorgan otros ordenamientos jurídicos de mayor jerarquía, como lo es, en nuestro caso, el Código Fiscal de la Federación.
De lo sostenido por ambos Tribunales Colegiados de Circuito, se colige que la contradicción de tesis se reduce exclusivamente a determinar si existe obligación o no de agotar el recurso administrativo que prevén los artículos 266 a 271 del Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, por medio del cual podrá confirmarse, revocarse o modificarse la sanción que se imponga a los gobernados con motivo de la violación de las disposiciones del propio reglamento, para estar en condiciones de promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, estimándose, que sólo así la sanción impuesta tendrá el carácter de definitiva; con la circunstancia de que el Tercer Tribunal Colegiado afirma que no existe obligación de agotarlo porque dicho recurso no se encuentra previsto en una ley expedida por el Congreso de la Unión, que en el presente caso lo sería la Ley Federal del Trabajo, sino en el mencionado Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, expedido por el Presidente de la República y el Primer Tribunal Colegiado afirma que sí es obligatorio agotarlo, para que la sanción impuesta adquiera el carácter de definitiva.
Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estima que, como antes se dijo, debe de prevalecer la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por las siguientes consideraciones:
En principio, es de advertirse que los medios de defensa o recursos administrativos, son los distintos procedimientos jurídicos establecidos en ley para obtener que la administración revise sus propios actos y los confirme, modifique o revoque.
Como se acaba de indicar, es peculiar en dichos medios de impugnación, el hecho de que su existencia se encuentre prevista en una ley, lo que resulta ser una condición de eficacia para que su observancia obligue a los particulares; luego entonces, no habrá recurso administrativo obligatorio sin una ley que lo prevea.
En consecuencia, el particular está obligado a agotar los recursos establecidos en ley, que es la que establece el principio de definitividad y a la que le corresponde establecer las excepciones, defensas o medios de impugnación de carácter administrativo.
En otras palabras, los medios de defensa han de estar contenidos en un ordenamiento general, imperativo y abstracto, que son las características de toda ley, lo que debe ser consecuencia de un acto formal y materialmente legislativo, es decir, debe emanar del Congreso de la Unión; de tal manera que solamente así puede ser obligatoria su interposición, como una condición previa para agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación.
Sentado lo anterior se puede concluir que no existe obligación de agotar el recurso administrativo que prevén los artículos 266 a 271 del Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, por medio del cual se puede confirmar, modificar o revocar la sanción que se imponga a los gobernados con motivo de la violación de las propias disposiciones del reglamento, precisamente, por estar contemplado en un reglamento y no en una ley, pues aun cuando el primero también es un
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/287-4e5a111e/reglamento-general-de-seguridad-e-higiene-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- RESOLUCION DEFINITIVA FISCAL. NO LA CONSTITUYE LA REMISION DE UNA AUTORIDAD A OTRA, DE LA PROMOCION DE UN CONTRIBUYENTE. INCOMPETENCIA DE UNA AUTORIDAD FISCAL. SU DECLARACION NO C (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- FIANZA. DENUNCIA DEL PLEITO AL FIADO. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL FIADOR PROMUEVE EL JUICIO DE NULIDAD EN CONTRA DEL REQUERIMIENTO DE PAGO QUE LE HACE LA AUTORIDAD. (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- FIANZAS. TERMINO DE PRESENTACION DE LA DEMANDA DE NULIDAD PROMOVIDA POR UNA COMPAÑIA AFIANZADORA EN CONTRA DEL COBRO DE LAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACION Y A CARGO DE TERCERO (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- CONCEPTOS DE ANULACION. EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION NO ESTA OBLIGADO A ESTUDIARLOS CUANDO SOLO REITERAN ARGUMENTOS YA ANALIZADOS EN EL RECURSO ORDINARIO. (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. EL TRIBUNAL PLENO TIENE COMPETENCIA EXCLUSIVA PARA CONOCER DE LA DENUNCIA RELATIVA Y RESOLVERLA (P. IV/2012 (10a.))
- CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA RESOLUCIÓN QUE LE RECAE.- (10)
- CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE, AUNQUE LOS CRITERIOS DE LOS TRIBUNALES CONTENDIENTES SE HAYAN EXTERNADO SOBRE RESOLUCIONES DE DIVERSOS ESTADIOS PROCESALES.- (59)
- CONTRADICCION DE TESIS. EXISTE, AUNQUE LOS CRITERIOS DE LOS TRIBUNALES CONTENDIENTES SE HAYAN EXTERNADO SOBRE RESOLUCIONES DE DIVERSOS ESTADIOS PROCESALES. (2a. III/95)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis