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Modo: Corpus Pro

RESOLUCION DEFINITIVA FISCAL. NO LA CONSTITUYE LA REMISION DE UNA AUTORIDAD A OTRA, DE LA PROMOCION DE UN CONTRIBUYENTE. INCOMPETENCIA DE UNA AUTORIDAD FISCAL. SU DECLARACION NO CONSTITUYE RESOLUCION DEFINITIVA AUN CUANDO INCLUYA CRITERIOS SOBRE APLICACION DE LEYES FISCALES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/90. · Registro digital (IUS): 484
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL MISMO CIRCUITO.
Localización: Octava Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, ., , Pág..

CONTRADICCION DE TESIS 5/90. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL MISMO CIRCUITO.

PONENCIA DEL MINISTRO JOSE MANUEL VILLAGORDOA LOZANO. SECRETARIO: LICENCIADO ROLANDO ROMERO MORALES.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y uno.

VISTA, la contradicción de tesis número 5/90, entre las sustentadas por el Sexto Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del mismo circuito, al resolver el amparo en revisión número 646/88 y el amparo directo número 185/89, respectivamente; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado ante esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el once de enero de mil novecientos noventa, Gustavo Lira González y Alfonso Vega Albela S., quienes se ostentan como representantes de Colchas y Capitonados La Bella, Sociedad Anónima de Capital Variable y Llyvsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, respectivamente, denunciaron la posible contradicción de tesis sustentadas por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del mismo circuito y al efecto expusieron lo siguiente: "En el juicio de amparo D.A.185/89, promovido por mi mandante, COLCHAS Y CAPITONADOS LA BELLA, S. A. DE C. V., se consideró, en síntesis, que la resolución 389-I-B-1-471 de fecha 11 de mayo de 1988, girada por el jefe del departamento de Autorizaciones de Plazos y Prórrogas de la Secretaría de Hacienda sí era una resolución definitiva: se anexa copia del oficio 389-I-B-1-471 en cita. Por separado, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la revisión 646/88, consideró que el oficio 361-I-B-1-17760 no era una resolución definitiva. Ambos oficios, 471 y 17760 son sustanciales y ambos recayeron a una solicitud de condonación de recargos, negándola. Sin embargo los criterios de los dichos tribunales colegiados son diferentes; a pesar de que los oficios son iguales en su contenido y forma; creando inseguridad jurídica grande, razón por la cual el señor ALONSO VEGA ALBELA S., en representación de LLYVSA, S. A. DE C. V., hace suya esta denuncia y al efecto firma al calce".

SEGUNDO. El presidente de esta Segunda Sala, en acuerdo de veintidós de enero de mil novecientos noventa, ordenó se formara y registrara el expediente relativo a la denuncia de que se trata, y tomando en cuenta que no estaba debidamente integrada, se previniera a los presidentes de los aludidos tribunales para que se remitieran los expedientes señalados o en su caso copias certificadas de las resoluciones dictadas en los mismos, a fin de proveer lo conducente.

Al recibo de las copias certificadas de las resoluciones de referencia, en proveído de catorce de marzo de mil novecientos noventa, encontrándose debidamente integrado el expediente, ordenó el presidente de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se diera vista con la denuncia de mérito al procurador general de la República.

El agente del Ministerio Público Federal de la adscripción formuló pedimento en el sentido de que declarara que debía prevalecer la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. En auto de fecha dieciocho de junio de mil novecientos noventa, se ordenó turnar el expediente al Ministro ponente para que formulara el proyecto relativo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197-A, de la Ley de Amparo, y 25, fracciones XI y XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, reformado por decreto de veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, en vigor a partir del día siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación acaecido el tres de enero de mil novecientos noventa, preceptos que la facultan para dilucidar las que pudieran surgir entre tesis que en amparo en materia administrativa sustentan dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, así como entre las sustentadas al resolverse los recursos de revisión previstos en la fracción I-B, del artículo 104 constitucional, sin que sea óbice para ello, que la contradicción surja también entre una resolución pronunciada en una revisión fiscal y en juicio de amparo en materia administrativa y de dos o más revisiones fiscales conforme a los preceptos en cita, revisiones fiscales que se tramitan ajustándose a las normas que regulan el juicio de garantías, debe entenderse que también está facultada para resolver sobre las contradicciones que surjan al resolverse por los Tribunales Colegiados de Circuito de la materia, dos o más juicios de garantías frente a dos o más revisiones fiscales, ello tomando en cuenta el principio general de derecho conforme al cual donde hay la misma razón debe existir igual disposición, y ante la necesidad, por otra parte, de evitar contradicciones en los criterios sustentados en las ejecutorias que dicten aquellos tribunales, aunque no todas ellas se pronuncien para dar fin a los juicios constitucionales, como acontece en la especie, máxime si se toma en cuenta la íntima conexión que existe en el tema propuesto en esas resoluciones.

En este sentido, es aplicable por analogía, el criterio que se sostiene por esta Segunda Sala en la tesis visible a fojas 109 y 110 del informe rendido por su presidente al finalizar el año de mil novecientos sesenta y dos, que se transcribe:

"JURISPRUDENCIA. CONTRADICCION DE TESIS, EL PROCEDIMIENTO PARA ELIMINARLA SE APLICA TAMBIEN AL CASO DE QUE UNA DE LAS EJECUTORIAS SE HAYA DICTADO EN AMPARO, Y LA OTRA, EN REVISION FISCAL. El régimen que establecen los artículos 195 y 195 bis de la Ley de Amparo (en vigor antes de la reforma de 1988), con la finalidad de unificar la jurisprudencia, y decidir cuál es el criterio que en lo futuro ha de prevalecer, no sólo debe aplicarse al caso de contradicción entre dos tesis sustentadas, ambas, dentro de juicios constitucionales, sino asimismo al supuesto de que una de las ejecutorias se haya emitido al resolver un amparo, y la otra, al fallar un recurso de revisión fiscal. En efecto, con arreglo a los decretos del 30 de diciembre de 1946 y del 29 de diciembre de 1948, y que instruyeron el recurso de revisión fiscal, éste se tramita y resuelve ajustándose a las normas que regulan la tramitación y la resolución de la revisión en el juicio de garantías. Es necesario, sin duda alguna, evitar a toda costa la contradicción entre las ejecutorias que dicta la Suprema Corte de Justicia, aunque no todas ellas se pronuncien para dar fin a juicios constitucionales. Debe tomarse en cuenta la íntima conexión que, en ciertas hipótesis, puede presentarse entre los temas que propone el recurso de revisión fiscal y los problemas planteados dentro del recurso de revisión en el juicio de garantías. De allí la innegable conveniencia de que, si se advierte que un juicio de amparo y un recurso de revisión fiscal se interpusieron contra una misma sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, ambos asuntos sean examinados en una única sesión, y bajo la ponencia de un mismo ministro, con el propósito de evitar la posibilidad que se dicten resoluciones contradictorias.

"Tramite en la revisión fiscal 410/67 y en el amparo en revisión 2719/58, 'Teatro Virginia Fábregas, S. A.' resuelto el día 10 de octubre de 1962, por unanimidad de cuatro votos, en ausencia del C. Ministro Felipe Tena Ramírez. Ponente el C. Ministro Octavio Mendoza González. Secretario Lic. Jesús Toral Moreno."

SEGUNDO. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión número 646/88, interpuesto por Alonso Vega Albela, como apoderado de Llyvsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, al revocar la sentencia interlocutoria que dictó la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación, se apoyó en las siguientes consideraciones: "CUARTO. Es esencialmente fundado el agravio hecho valer por la parte recurrente. En efecto, como ésta alega y contrariamente a lo que estima el Juez de Distrito, es de considerarse que lo resuelto por la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación al dictar la interlocutoria reclamada en el juicio constitucional, en el sentido de que, el oficio 361-1-B-17760, no es una resolución definitiva que afecte los intereses de la quejosa, no es violatorio de garantías, toda vez que lo resuelto por la responsable en los términos anotados se apega a derecho, ya que de la lectura integral del referido oficio, se advierte que lo que en éste se contiene no es una resolución dictada contra los intereses del causante, esto es, que no se trata de una negativa a la solicitud que éste formuló ante dicha autoridad, en primer lugar, porque el oficio en cuestión no está dirigido a la parte quejosa y en segundo, porque sólo constituye una instrucción girada a la autoridad a quien se estima competente para el conocimiento y resolución de la solicitud de mérito, y si bien existe la instrucción de no condonar los recargos, ésta adquirirá vigencia cuando la autoridad que se estima competente emite la resolución respectiva; por tanto, la resolución impugnada en el juicio constitucional no es violatoria de garantías; consecuentemente, se debe revocar la sentencia recurrida y negar a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. No es óbice a lo anterior, el que se haya remitido a la quejosa una copia del multicitado oficio, ya que el objeto de ello es hacer saber a ésta, en términos del artículo 8o. constitucional, el trámite que se ha dado a su ocurso, la nueva radicación del mismo y precisar la autoridad que debe avocarse a resolverlo. Por último, aun cuando es cierto lo que estima el Juez de Distrito en el sentido de que, contra el oficio en mención no existe recurso que deba agotarse antes de interponer el recurso de reclamación (demanda de nulidad fiscal), esta situación no es suficiente para confirmar la sentencia recurrida, ya que como se dijo, el acto que se contiene en dicho oficio no afecta la esfera jurídica del contribuyente, toda vez que no le impone obligación ni lo priva de derecho alguno, y si bien existe la instrucción de no condonar los recargos, ésta adquirirá vigencia cuando la autoridad que se estima competente emita la resolución respectiva y sólo contra esa resolución en su caso, la quejosa podrá oponer las medidas de defensa que estime pertinentes. En este orden de ideas, se concluye que se debe revocar la sentencia recurrida y negar a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita".

TERCERO. A su vez, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo directo número 185/89, interpuesto por Gustavo Lira González, en representación de Colchas y Capitonados La Bella, Sociedad Anónima de Capital Variable, al conceder el amparo a dicha promovente, contra la sentencia dictada por la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación en el expediente número 6611/88, se fundó en las consideraciones siguientes:

"CUARTO. Es fundado y suficiente para conceder el amparo a la empresa quejosa, lo aducido en el tercer concepto de violación. En efecto, la Sala Fiscal responsable al resolver sobre las causales de improcedencia propuestas por la autoridad demandada estimó que la resolución impugnada, contenida en el oficio número 471 de fecha once de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, sí se trata de una resolución definitiva, '... por cuanto que está negando la aplicación del precedente contenido en el oficio número 478 de 23 de septiembre de 1981, referente al caso planteado por Talleres Martínez Vara, S. A.; además respecto de la solicitud de condonación de recargos, dicho oficio expresa que es ineludible la causación de recargos conforme a lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, para el caso de que un crédito no se pague oportunamente'. No obstante lo anterior, en el tercer considerando de la sentencia reclamada, en relación al fondo del asunto planteado, la Sala responsable sostuvo que el oficio en cuestión '... simplemente hace de su conocimiento el criterio que se tiene en cuanto a la condonación de recargos conforme al artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, pero de ninguna manera está resolviendo la instancia solicitada como pretende hacer creer el hoy actor, puesto que está remitiendo dicha solicitud y los anexos a autoridad que tiene competencia para resolver lo que se le solicitó, quién será en última instancia la que resuelva la petición solicitada por la enjuiciante'; con lo cual omite el estudio de la incompetencia planteada por la empresa actora, en relación a la autoridad que emitió el oficio impugnado. Le asiste la razón a la empresa quejosa, porque la resolución contenida en el citado oficio número 471, por lo que se refiere a la condonación indicada, como la propia Sala lo consideró inicialmente, sí tiene el carácter de definitiva, porque en ella se niega la condonación de recargos y se hace del conocimiento de la empresa hoy quejosa. Para corroborar lo anterior, a continuación se transcribe el contenido del oficio citado, que es el del tenor siguiente: 'Por tratarse de un asunto de su competencia, de conformidad con el artículo 131, fracción XXIX del reglamento interior de esta secretaría, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de marzo de 1988, se remite escrito recibido el 3 de mayo del presente año, así como del testimonio notarial anexo, de la contribuyente COLCHAS Y CAPITONADOS LA BELLA, S. A. DE C. V., en el que se solicita plazo para cubrir el adeudo a su cargo en cantidad de $676,188.00 por concepto de impuesto de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, 1% sobre remuneraciones e Infonavit, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1987, comprometiéndose a pagar el 25% del crédito principal al concederse el convenio y el 75% restante, en 36 parcialidades, con la condonación total de los recargos, apoyando su petición en base a un caso similar que concedió esta secretaría a la empresa Talleres Martínez Vara, S. A., en oficios 101-478 de fecha 23 de diciembre de 1981 y 102-765 de fecha 15 de octubre de 1980. En cuanto a la condonación de recargos, se le manifiesta que no es posible acceder a ésta, en virtud de que el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, establece que cuando no se cubran las contribuciones en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, deberán pagarse recargos por concepto de indemnización al fisco federal por la falta de pago oportuno, consecuentemente, dicha empresa enterará éstos en los términos del numeral antes citado. Con relación al precedente del asunto de Talleres Martínez Vara, S. A., se le comunica que las resoluciones emitidas por esta secretaría, son de carácter estrictamente individual, razón por la cual surten efectos únicamente para cada contribuyente en particular y que además se otorgaron por las especiales condiciones que se presentaron en esa empresa'. De la transcripción que antecede, derivan tres circunstancias; a saber: la primera, que dicha autoridad resuelve que 'En cuanto a la condonación de recargos, se le manifiesta que no es posible acceder a ésta ...'; la segunda, que: '... consecuentemente, dicha empresa enterará éstos en los términos del numeral antes citado' (artículo 21 del Código Fiscal de la Federación); y la tercera, que se marcó copia a la hoy quejosa 'para su conocimiento’. Así pues, es inconcuso que en el citado oficio se resolvió en forma negativa en relación con la petición formulada por la quejosa, en el sentido de que se le condonen los recargos derivados del crédito a su cargo y se trata por tanto de una resolución definitiva. En consecuencia, la Sala Fiscal responsable debió estudiar la incompetencia planteada en relación al jefe del Departamento de Autorizaciones de Plazos y Prórrogas para emitir el oficio impugnado, hecha valer en el concepto de anulación marcado con el número '6' de la demanda de nulidad, en el sentido de que dicha autoridad carece de facultades para resolver nada en materia de condonación de recargos, que esta facultad no se la da el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en ninguno de sus artículos; y no soslayar tal cuestión como lo hizo el referido considerando tercero de la sentencia reclamada. En las relacionadas condiciones, cabe concluir que la Sala Fiscal responsable violó en perjuicio de la empresa hoy quejosa el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, pues dejó de examinar uno de los puntos controvertidos del acto impugnado, así mismo también violó los artículos 12 y 16 de la Constitución Federal y, por ello, debe concederse el amparo solicitado, para el efecto de que la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación, deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, dicte otra en la que proceda a estudiar la resolución impugnada a la luz de todos los conceptos de violación, en especial el indicado anteriormente".

CUARTO. Es pertinente establecer que la hipótesis del artículo 197-A de la Ley de Amparo, en el presente asunto sí se concreta, pues los Tribunales Colegiados Sexto y Quinto ambos del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 646/88 y el amparo directo 185/89, analizaron respectivamente el alcance y contenido de los oficios 361-I- B-1-17760 y 389-I-B-1-171, el primero emitido por el director de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Hacienda y el segundo por el jefe del Departamento de Autorizaciones de Plazos y Prórrogas de la dirección antes citada, que son esencialmente iguales, determinando en cuanto al señalado en primer lugar que no es una resolución definitiva y en relación al segundo que sí es una resolución definitiva, lo cual entraña una contradicción de tesis.

QUINTO. El oficio 361-I-B-1-17760, de fecha veintinueve de junio de mil novecientos ochenta y cinco, dirigido a la Administración Fiscal Regional del Sur del Distrito Federal, suscrito por el director de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es del tenor siguiente: "Por tratarse de un asunto de su competencia, de conformidad con el artículo 133, fracción XIII del reglamento interior de esta secretaría y el Acuerdo No. 101-620 publicados en el Diario Oficial de la Federación el 16 de agosto de 1983 y 12 de julio de 1984, respectivamente, se remita escrito de 16 de julio del año en curso, de la contribuyente LLYVSA, S. A., DE C. V., con domicilio fiscal en Av. Revolución No. 1519, Col. Campestre Tlacopac, 01040 México, D.F., en el que solicita 36 parcialidades para cubrir el adeudo a su cargo, proveniente del segundo pago provisional del impuesto sobre la renta del ejercicio 1984-1985, en cantidad de $23'849,579.00, asimismo se le conceda la condonación total de los recargos generados, apoyando su petición en base a un caso similar que concedió esta dependencia a la empresa Talleres Martínez Vara, S. A. En la inteligencia de que, respecto a la petición de condonación total de los recargos derivados del adeudo de que se trata, se le manifiesta que no es posible acceder a ésta, en virtud de que el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del 1o. de enero de 1983, establece que cuando no se pague un crédito fiscal en la fecha o dentro del plazo establecido en las disposiciones fiscales, deberán cobrarse recargos por concepto de indemnización al fisco federal, por la falta de pago oportuno, consecuentemente, dicha empresa enterará éstos en los términos del numeral antes citado. Con relación al precedente del asunto de Talleres Martínez Vara, S. A., se le comunica que las resoluciones emitidas por esta secretaría, son de carácter estrictamente individual, razón por la cual, surten efectos únicamente para cada contribuyente en particular y que además se otorgó por las especiales condiciones que se presentaron en esa empresa".

El oficio 389-I-B-1-171, de fecha once de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, dirigido a la Administración Fiscal Federal del Sur del Distrito Federal "A" suscrito por el jefe de Autorizaciones de Plazos y Prórrogas de la Dirección de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dice a la letra: "Por tratarse de un asunto de su competencia, de conformidad con el artículo 131, fracción XXIX del reglamento interior de esta secretaría, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de marzo de 1988, se remite escrito recibido el 3 de mayo del presente año, así como del testimonio notarial anexo, de la contribuyente COLCHAS Y CAPITONADOS LA BELLA, S. A. de C. V., en el que solicita plazo para cubrir el adeudo a su cargo en cantidad de $676,183.00 por concepto del impuesto de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, 1% sobre remuneraciones e Infonavit, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1987, comprometiéndose a pagar el 25% del crédito principal al concederse el convenio y el 75% restante, en 36 parcialidades, con la condonación total de los recargos, apoyando su petición en base a un caso similar que concedió esta secretaría a la empresa Talleres Martínez Vara, S. A., en oficios 131-478 de fecha 23 de diciembre de 1981 y 102-765 de fecha 24 de octubre de 1980. En cuanto a la condonación de recargos se le manifiesta que no es posible acceder a ésta, en virtud de que el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, establece que cuando no se cubren las contribuciones en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, deberán pagarse recargos por concepto de indemnización, al fisco federal por la falta de pago oportuno, consecuentemente, dicha empresa enterará éstos en los términos del numeral antes citado. Con relación al precedente del asunto de Talleres Martínez Vara, S. A., se le comunica que las resoluciones emitidas por esta secretaría, son de carácter estrictamente individual, razón por la cual surten efectos únicamente para cada contribuyente en particular y que además se otorgaron por las especiales condiciones que se presentaron en esa empresa".

SEXTO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estima que debe prevalecer la tesis que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, atentas las siguientes consideraciones:

El Sexto Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa, sostiene sustancialmente en su tesis:

1. Que del contenido del oficio 361-I-B-1-17760 se advierte que no es una resolución dictada contra los intereses del contribuyente, esto es, que no se trata de una negativa a la solicitud que aquél formuló ante dicha autoridad, ya que no está dirigido a él, y sólo constituye una instrucción girada a la autoridad a quien se estima competente para emitir resolución sobre esa solicitud y, además, no le impone ninguna obligación.

2. Que la instrucción de no condonar recargos adquirirá vigencia cuando la autoridad competente emita la resolución definitiva.

3. Que sólo se le remitió copia del oficio para su conocimiento, en cumplimiento al artículo 8o. constitucional.

Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, sostuvo, en esencia, lo siguiente:

1. Que el oficio 389-I-B-1-471, sí contiene una resolución definitiva, porque en ella se niega la condonación de recargos.

2. Que la empresa quejosa deberá enterar los recargos en los términos del artículo 21 del Código Fiscal de la Federación.

3. Que se le marcó copia del referido oficio para su conocimiento.

Con el objeto de determinar cual de los dos criterios es el que debe de prevalecer, es del todo conveniente analizar la naturaleza de los oficios a los que aluden las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales de referencia y determinar si constituyen resoluciones definitivas.

En relación al aspecto material el análisis de los oficios en cuestión debe partir del precepto aplicable al caso, contenido en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, que a la letra dispone:

"Artículo 23. Las Salas Regionales conocerán de los juicios que se inicien contra las resoluciones administrativas que se indican a continuación:

"I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación.

"II. Las que nieguen la devolución de un ingreso, de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado;

"III. Los que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales;

"IV. Las que causen un agravio en materia fiscal, distinto al que se refieren las fracciones anteriores;

"V. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

"Cuando el interesado afirme, para fundar su demanda, que le corresponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada, o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal Fiscal sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración;

"VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;

"VII. Las que se dicten sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas celebrados por las dependencias de la administración pública federal centralizada;

"VIII. Los que constituyan créditos por responsabilidades contra funcionarios o empleados de la Federación, del Departamento del Distrito Federal o de los organismos públicos descentralizados federales o del propio Departamento del Distrito Federal, así como en contra de particulares involucrados en dichas responsabilidades.

"IX. Las señaladas en las demás leyes como competencia del tribunal.

"Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa para el afectado."

Atento al texto del numeral en cita, se deduce que los oficios estudiados no son resoluciones definitivas, puesto que no coinciden con las hipótesis previstas en dicho precepto. En efecto, no determinan la existencia de una obligación fiscal, pues en los casos, las obligaciones a cargo de los contribuyentes ya se habían concretado, de modo tal que por la emisión de esos oficios no se crea o establece una obligación nueva; ni se fija en cantidad líquida o se dan bases para su liquidación. Tampoco niegan devolución alguna, ni imponen multas y menos aun causan agravio en materia fiscal; por otro lado, tampoco se relacionan con pensiones o prestaciones a los miembros del Ejército, la Fuerza Aérea o Armada Nacional, ni a pensiones civiles con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, ni tampoco tienen relación con responsabilidades contra servidores públicos.

Ahora bien, si como ha quedado demostrado que de acuerdo al precepto citado no son resoluciones definitivas los oficios estudiados, obviamente constituyen meras resoluciones de trámite, por lo que el criterio sostenido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Distrito Federal, es el que se considera correcto.

En lo atento al aspecto formal, debe observarse que los oficios multicitados fueron emitidos por una autoridad hacendaria ante quien fueron presentadas las solicitudes de condonación de recargos y pagos en parcialidades, que no es competente para resolver tales peticiones, y las remite a otra autoridad que sí tiene facultades para resolverlas. En razón de lo anterior cabe concluir que la naturaleza de las comunicaciones precisadas son de mero trámite. Caso bien diferente cuando la petición de un gobernado es contestada mediante oficio dirigido a él y de manera inequívoca se da respuesta negativa o positiva sobre su solicitud.

Por otro lado, el hecho de que se incluya en los ocursos citados que en relación a la condonación de recargos no es posible acceder a dicha petición, es de estimarse que en virtud de que los oficios no se dirigen a los peticionarios sino a la autoridad competente para resolver sobre sus planteamientos, dicha mención no supone una contestación directa que resuelva afectando los intereses de los promoventes sino, como lo manifestó acertadamente el Sexto Tribunal Colegiado, es la expresión de una mera opinión de la autoridad emisora a la autoridad destinataria competente, acto que está apegado a derecho de conformidad con el artículo 35 del Código Fiscal de la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/484-6bbe7ab9/resolucion-definitiva-fiscal-no-la-constituye-la-remision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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