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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES POR DESCUENTO O PAGOS PARCIALES Y NEGATIVA DE ENTREGA DE RECURSOS, ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OMISIÓN DE ENTREGA DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO ES IMPUGNABLE MIENTRAS SUBSISTA (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE AYAHUALULCO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD AL TENER CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO CON ANTERIORIDAD (ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE PAGO DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS AL MUNICIPIO DE AYAHUALULCO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). IV. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. V. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS, IMPLICA EL DERECHO DE ÉSTOS A LA RECEPCIÓN PUNTUAL, EFECTIVA Y COMPLETA DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES AL AYUNTAMIENTO GENERA INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE AYAHUALULCO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VI. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SE CONFIGURA SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA SI EL PODER EJECUTIVO LOCAL NO LA REALIZÓ AL AYUNTAMIENTO DENTRO DE LA FECHA LÍMITE DE PAGO PREVISTA EN EL CALENDARIO RESPECTIVO (ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE PAGO DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS AL MUNICIPIO DE AYAHUALULCO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VII. OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y EJERCICIO DIRECTO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES Y, POR TANTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) AL MUNICIPIO DE AYAHUALULCO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE DECLARA LA OMISIÓN DE PAGO O ENTERO EXTEMPORÁNEO DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE AYAHUALULCO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA OMISIÓN DE PAGO Y DEL ENTERO EXTEMPORÁNEO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES RESPECTO DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL QUE LO VINCULA PARA QUE EN UN PLAZO DE NOVENTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, ENTREGUE LAS CANTIDADES ADEUDADAS Y LOS INTERESES QUE SE HAYAN GENERADO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE AYAHUALULCO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 212/2016. · Registro digital (IUS): 28831
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-07-05
Promovente: MUNICIPIO DE AYAHUALULCO, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 68, Julio de 2019, Tomo I, Pág. 331.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 212/2016. MUNICIPIO DE AYAHUALULCO, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, QUIEN SE RESERVÓ EL DERECHO A FORMULAR VOTO CONCURRENTE, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: ROBERTO NIEMBRO ORTEGA.

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, emite la siguiente:

Sentencia

Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 212/2016, promovida por el Municipio de Ayahualulco, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en contra del Poder Ejecutivo de la misma entidad federativa.

I. Antecedentes y trámite del asunto

Presentación de la demanda. Por escrito presentado el uno de diciembre de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Municipio de Ayahualulco, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, representado por José Guadalupe Flores Peña, quien se ostentó como síndico municipal, promovió controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo y el secretario de Finanzas y Planeación de Gobierno de esa entidad en contra de los actos que a continuación se precisan:

1) La entrega retrasada de las participaciones federales que corresponden al Municipio actor por los meses de agosto, septiembre y octubre del año dos mil dieciséis.

2) La omisión de regularizar las entregas de las participaciones federales que le corresponden al Municipio actor en los tiempos que establece la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley que crea el Sistema Estatal de Coordinación Fiscal y Establece las Bases, Montos y Plazos a los que se sujetarán las Participaciones Federales.

3) La omisión de resarcir económicamente con motivo del retraso en la entrega de participaciones federales a partir de enero de dos mil cinco, conforme a lo previsto en los artículos 6o., segundo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal y 10 de la Ley que crea el Sistema Estatal de Coordinación Fiscal y Establece las Bases, Montos y Plazos a los que se sujetarán las Participaciones Federales.

Antecedentes. El Municipio señaló como antecedentes de los actos cuya invalidez demanda, los siguientes hechos:

1) Desde el año dos mil cinco, el demandado, por conducto ce la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Veracruz, ha incurrido en un retraso sistemático en la entrega de las participaciones federales. Lo anterior, sin que se efectúe el correspondiente pago de intereses devengados con motivo de tal retraso en términos de los artículos 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal y 10 de la Ley que crea el Sistema Estatal de Coordinación.

2) Por oficio recibido el dieciséis de noviembre en la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, el presidente municipal del Municipio actor solicitó el pago de las siguientes cantidades adeudadas.

Ver cantidades adeudadas

Conceptos de invalidez. En el escrito de demanda de controversia constitucional, el Municipio actor hizo valer los siguientes conceptos de invalidez:

1) Los actos impugnados vulneran el contenido del artículo 115, fracción IV, de la Constitución General que consagra el régimen de libre administración hacendaria, así como el principio de integridad de los recursos económicos, porque no se han entregado puntualmente al Municipio las participaciones federales que le corresponden y se ha omitido pagar los intereses generados por el retardo en que se ha incurrido. De igual manera se vulneró la Ley de Coordinación Fiscal que establece que la entrega debe ser ágil, directa y conforme a la calendarización preestablecida.

2) No existe justificación para incurrir en retrasos en la entrega de las participaciones federales que corresponden al Municipio actor, y no hay verdadero cumplimiento de la obligación de transferir las participaciones federales hasta que éste recibe las cantidades que le correspondían en su valor real, es decir, con los intereses correspondientes cuando su entrega es extemporánea. Se cita la tesis «P./J. 46/2004», de rubro: "RECURSOS FEDERALES A LOS MUNICIPIOS. CONFORME AL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE SUS RECURSOS ECONÓMICOS, LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA GENERA INTERESES.". Asimismo, se invocan las controversias constitucionales 26/2003 y 47/2004.

3) En consecuencia, solicita que se declare la invalidez de los actos impugnados para el efecto de que se haga el pago al Municipio por concepto de los intereses devengados por el retraso en la entrega de las participaciones federales correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de dos mil siete, y que se condene a la autoridad demandada para que haga entrega de las participaciones dentro del plazo establecido en los artículos 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal y 10 de la Ley que crea el Sistema Estatal de Coordinación. Se cita la controversia constitucional 20/3005 (sic), y la tesis «P./J. 78/2005» de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE SE IMPUGNEN ACTOS CONSUMADOS."

4) En el presente caso no se actualiza excepción alguna que permita la retención de participaciones.

5) El Gobierno del Estado de Veracruz ha entregado con retraso las participaciones o ha omitido su pago, lo que constituye de facto una retención que importa una sanción de pago de intereses.

Admisión de la demanda. El uno de diciembre de dos mil dieciséis, el Ministro presidente de la Suprema Corte ordenó formar y registrar el asunto con el número de expediente 212/2016 y, por razón de turno, designó como instructor del procedimiento al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

En consecuencia, el Ministro instructor, por acuerdo de la misma fecha, admitió la demanda, tuvo como demandado al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, no así a la Secretaría de Finanzas y Planeación del mismo Estado, y como terceros interesados al Poder Legislativo Local y Poder Ejecutivo Federal; asimismo, ordenó dar vista al procurador general de la República.

Desahogo de vistas. En oficio recibido el 7 de febrero de 2017, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por conducto de la presidenta de la mesa directiva, diputada María Elisa Manterola Sainz, desahogó la vista en los siguientes términos:

1) Los actos impugnados no son propios por lo que no se pueden negar o afirmar.

2) El Congreso no tiene intervención alguna en la retención o pago a destiempo de las participaciones.

3) Existe responsabilidad del Ayuntamiento de hacer valer los mecanismos jurídicos para lograr el pago efectivo de las participaciones que refiere no haber recibido.

4) El Congreso no puede sufrir perjuicio alguno derivado de la resolución que en su momento dicte este Alto Tribunal, porque sus facultades son ajenas a la retención o distribución de participaciones.

Por su parte, el Ejecutivo Federal, por conducto de su consejero jurídico, Alfonso Humberto Castillejos Cervantes, desahogó la vista mediante escrito presentado el ocho de febrero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que hizo valer lo siguiente:

1) El Poder Ejecutivo Federal es ajeno a los actos materia de la litis en el presente asunto, porque ministró los recursos de los conceptos impugnados al Estado de Veracruz.

2) No se configura una omisión o retención por parte del Ejecutivo Federal y sus unidades administrativas, porque no tenía obligación alguna de entregar las aportaciones federales al Municipio actor, por lo que su actuar es conforme a la Constitución General y la Ley de Coordinación Fiscal.

3) El Poder Ejecutivo cumplió con su obligación de transferir las aportaciones y participaciones al Estado, como establece la normativa aplicable al caso en concreto.

Contestación de la demanda. Seguido el trámite de la controversia y una vez notificada a la autoridad demandada, el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por conducto de su titular, Miguel Ángel Yunes Linares, formuló contestación de demanda en la que contestó los hechos, hizo valer causas de improcedencia y respondió a los conceptos de invalidez en los términos siguientes:

1) Contestación a los hechos. No se afirma o niega el hecho relativo a que se ha incurrido en un retraso sistemático y constante de transferir los recursos que reclama la parte actora por tratarse de cuestiones ajenas a la Administración Pública Estatal que tuvo inicio a partir del día uno de diciembre de dos mil dieciséis.

2) Causas de improcedencia: a) Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, de la ley reglamentaria de la materia, porque la demanda de controversia se presentó fuera del plazo de treinta días que señala el artículo 21 de la ley señalada; b) No existe omisión en el pago de participaciones, toda vez que se impugna el "retraso" en su entrega y, en consecuencia, se trata de un acto positivo; c) Además, el Municipio conocía las fechas en que debía recibir los recursos que ahora reclama, por lo que el plazo para promover controversia constitucional ha transcurrido en exceso; d) Igualmente, es extemporánea la demanda en relación con la "omisión de resarcir económicamente al Municipio", debido a que los intereses que reclama derivan de un acto positivo; e) No se ha agotado la vía prevista para la solución del conflicto que al respecto prevé el artículo 5o. de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz. f) No existe afectación a la esfera de competencias del Municipio, y en caso de existir violación en relación con el derecho a recibir el pago de intereses en modo alguno implicaría una violación directa e inmediata a la Constitución General que justifique la excepción al principio de definitividad.

3) Contestación a los conceptos de invalidez. En caso de que exista derecho alguno en favor del Municipio actor, éste únicamente será respecto de las cantidades que no le hayan sido entregadas o transferidas, lo cual se demostrará con las documentales que serán ofrecidas en el momento procesal oportuno, mismas que ya han sido solicitadas a la dependencia que cuenta con dicha información.

Opinión del procurador general de la República. El procurador general de la República se abstuvo de formular pedimento o alegato alguno, según se desprende de las constancias del expediente.

Cierre de la instrucción. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el dos de mayo de dos mil diecisiete, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la ley reglamentaria de la materia, en la cual se tuvieron por admitidas las pruebas ofrecidas, por formulados los alegatos del Poder Ejecutivo Federal, y se puso el expediente en estado de resolución.

Radicación. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Primera Sala de esta Suprema Corte, para su radicación y resolución, misma que se avocó a su estudio por auto de veintidós de mayo de dos mil dieciocho.

II. Competencia

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal,(1) 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) así como 1o. de la ley reglamentaria de la materia,(3) en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno,(4) publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio de Ayahualulco y el Poder Ejecutivo, ambos Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el que es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

III. Precisión de la litis

En términos del artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) se procede a la fijación de los actos objeto de la controversia y, en su caso, a la apreciación de pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados. Lo anterior, con apoyo en la tesis P./J. 98/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XXX, julio de 2009, página 1536, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA."(6)

De la lectura integral de la demanda y de la valoración de las pruebas que obran en el expediente se desprende que el Municipio actor señaló, como actos impugnados, los siguientes:

Participaciones:

1) El pago extemporáneo de participaciones federales desde enero de dos mil cinco a la fecha.(7) En específico, el Municipio actor precisó que reclama el pago extemporáneo de las participaciones federales correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2016.(8) Si bien en algunas ocasiones el Municipio señala que reclama la omisión o pago extemporáneo de participaciones, en la especie existen constancias de pago de dichos conceptos, por lo que se trata de actos positivos.(9)

En relación con la solicitud, a efecto de que "se haga el pago al Municipio actor por concepto de los intereses devengados por el retardo en la entrega de las participaciones federales correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de dos mil siete",(10) se concluye que se trata de una afirmación genérica que no puede tenerse como un acto impugnado. Lo anterior, debido a que el Municipio no precisa qué fondo o participaciones fue pagado de manera extemporánea, o en qué fecha se realizó la liquidación del monto correspondiente. En términos similares fue resuelta la «controversia» constitucional 213/2016.(11)

Aportaciones:

2) La omisión de pago de aportaciones federales correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2016):(12)

Ver omisión de pago de aportaciones federales

Debe precisarse al respecto que, si bien el Municipio señala que impugna "entregas retrasadas", no existe constancia de pago alguna en el expediente por estos conceptos, por lo que se trata de omisiones.

Por otro lado, no se tiene por impugnado mes alguno del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), pues en la demanda no existe precisión del acto.(13) En efecto, el Municipio señala, de forma genérica, que "hasta esta fecha está pendiente el pago de un mes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) y dos meses del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF),(14) sin hacer mayor precisión.

Intereses:

3) El Municipio solicita el pago de los intereses que corresponden por las omisiones de pago y pagos con retraso que impugna.

IV. Oportunidad

Procede analizar si la controversia constitucional fue promovida oportunamente por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, para lo cual es necesario definir si los actos impugnados son actos positivos u omisiones, ya que, conforme a la jurisprudencia de esta Suprema Corte, tratándose de omisiones la oportunidad se actualiza día con día. Al respecto, es importante mencionar que en materia de pago de participaciones y aportaciones federales, esta Suprema Corte ha tenido por actos positivos: a) los descuentos; b) los pagos parciales; c) el reclamo de intereses con motivo de descuentos o pagos parciales; y, d) la negativa expresa del Estado de entregar los recursos a personas determinadas. Por otro lado, se consideran omisiones la falta absoluta de entrega de los recursos.(15)

En virtud de que en una misma demanda se pueden reclamar actos positivos u omisiones, el cómputo debe hacerse de manera independiente. Respecto a los actos positivos el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia dispone que el plazo para la interposición de la demanda será de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.(16) Por su parte, la oportunidad para impugnar omisiones se actualiza de momento a momento mientras subsistan.(17)

A continuación, se realiza el cómputo individualizado de cada acto impugnado:

Ver cómputo individualizado

Conforme a lo anterior, se estima que la demanda es oportuna en relación con el pago de participaciones federales correspondientes a los meses de septiembre y octubre de dos mil dieciséis, y a la omisión de pago de aportaciones federales reclamadas (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal) de los meses agosto, septiembre y octubre del mismo año.

Finalmente, la demanda es extemporánea respecto al pago de participaciones federales del mes de agosto de dos mil dieciséis, por lo que procede sobreseer respecto de dichos actos, con fundamento en los artículos 19, fracción VII, y 20, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia.(23)

Derivado de lo anterior, resulta innecesario pronunciarse respecto a la causa de sobreseimiento hecha valer por el titular del Poder Ejecutivo Local, en relación a la extemporaneidad en la presentación de la demanda.

V. Legitimación activa

El Municipio de Ayahualulco, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave tiene legitimación para promover controversia constitucional, con fundamento en el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal. Por otra parte, la demanda de controversia constitucional fue presentada por José Guadalupe Flores Peña, en su carácter de síndico del Ayuntamiento,(24) quien tiene facultades suficientes para representar al Municipio actor, en términos del artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia,(25) en relación con el numeral 37, fracciones I y II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.(26)

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis de jurisprudencia del Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 52/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, página 720:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SÍNDICO ÚNICO DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, TIENE LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA COMPARECER EN SU REPRESENTACIÓN, SIN REQUERIR FORMALIDAD O ACUERDO ESPECIAL PREVIO.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, el ‘síndico único’ es el encargado de la procuración, defensa y promoción de los intereses municipales y de la representación jurídica de los Ayuntamientos en los litigios en que éstos fueren parte, sin que exista ninguna disposición que ordene formalidad o acuerdo previo del Ayuntamiento para llevar a cabo estas funciones, ya que la materia propia de las sesiones que éste lleva a cabo se refiere específicamente a los asuntos sustantivos propios de la administración del Municipio. Por tanto, el ‘síndico único’, en uso de las atribuciones que la ley le otorga, puede promover y representar legalmente al Municipio en cualquier litigio, como lo es la controversia constitucional, sin que se establezca condición o requisito formal previo para ello."

VI. Legitimación pasiva

En el auto de admisión de uno de diciembre de dos mil dieciséis, se tuvo como demandado al Poder Ejecutivo de Veracruz de Ignacio de la Llave. El Poder Ejecutivo Local, a quien se le atribuyen los actos y omisiones cuya invalidez se demandan, compareció por conducto de su titular,(27) Miguel Ángel Yunes Linares,(28) por lo que es evidente que cuenta con legitimación pasiva en términos de los artículos 10, fracción II, y 11 de la ley reglamentaria de la materia.(29)

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte número P./J. 13/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, marzo de 2004, página 1272, de rubro y texto siguientes:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE DURANGO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA.—Al establecer los artículos 49 y 116, primer párrafo, de la Constitución Federal, que el poder público –tanto de la Federación como de los Estados– se divide para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, división de poderes que se retoma en el artículo 28 de la Constitución Política del Estado de Durango, es incuestionable que cualquiera de esos tres poderes se encuentra legitimado para promover la controversia constitucional en defensa de los intereses de la Federación o del Estado al que pertenecen. Lo anterior es así, ya que de exigir que la Constitución o una ley ordinaria otorgara expresamente a un determinado ente, poder u órgano la representación necesaria para promover controversias constitucionales, podría llegarse al extremo de supeditar la defensa de uno de los poderes de un Estado a otro, con la implicación política que ello acarrearía para la división de poderes, lo cual no es acorde con el sistema procesal implantado en el artículo 105 constitucional y en su ley reglamentaria; de ahí que la presunción de la legitimación a que se refiere el primer párrafo del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sea aplicable únicamente respecto a qué funcionario puede representar legalmente al poder público que es parte en la controversia constitucional, mas no respecto al ente, poder u órgano que deba comparecer a juicio. En consecuencia, el Poder Ejecutivo del Estado de Durango cuenta con legitimación para promover controversia constitucional en defensa de los intereses de esa entidad federativa."

VII. Causas de improcedencia

El Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz hizo valer que la demanda de controversia constitucional es extemporánea. Dicha causa de improcedencia se desestima atendido al análisis que se hizo de la oportunidad en la presentación de la demanda.

Por otra parte, hizo valer que no se ha agotado la vía idónea para la solución del conflicto. En específico, señala que no se ha agotado el recurso previsto en el artículo 5 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz.(30) En la especie, el Municipio actor hace valer violación directa al artículo 115 de la Constitución General, respecto de la cual, el Congreso Local carece de competencia para pronunciarse, por lo que no se actualiza la causa de improcedencia formulada por el Poder Ejecutivo Local. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia «P.J. 136/2001», del Pleno de esta Suprema Corte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, enero de 2002, página 917, de rubro y textos siguientes:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES.—El artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como causal de improcedencia de las controversias constitucionales el que no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del conflicto, principio de definitividad que tratándose de recursos o medios de defensa previstos en las legislaciones locales sólo opera cuando en la demanda no se planteen violaciones directas e inmediatas a la Constitución Federal, sino violaciones a la legislación local que, como consecuencia, produzcan la transgresión a normas de la Carta Magna, pues el órgano local a quien se atribuya competencia para conocer del conflicto carece de ella para pronunciarse sobre la vulneración a disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la interpretación de la Norma Fundamental corresponde dentro de nuestro sistema constitucional, en exclusiva, al Poder Judicial de la Federación y, concretamente en el caso de controversias constitucionales, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación."

Finalmente, el Poder Ejecutivo manifiesta que no existe afectación a la esfera de competencia del Municipio. Se desestima la causa de improcedencia de que se trata en virtud de que la determinación de si se ha afectado la esfera de competencia del Municipio constituye una cuestión de fondo.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis P./J. 92/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, septiembre 1999, Novena Época, página 710, de rubro y texto siguientes:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE.—En reiteradas tesis este Alto Tribunal ha sostenido que las causales de improcedencia propuestas en los juicios de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si en una controversia constitucional se hace valer una causal donde se involucra una argumentación en íntima relación con el fondo del negocio, debe desestimarse y declararse la procedencia, y, si no se surte otro motivo de improcedencia hacer el estudio de los conceptos de invalidez relativos a las cuestiones constitucionales propuestas."

Al no existir otro motivo de improcedencia planteada por las partes, adicional a los ya analizados ni advertido de oficio por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procede a estudiar el fondo del asunto.

VIII. Estudio de fondo

De conformidad con lo precisado en el apartado relativo a la existencia de actos y oportunidad, lo que debe resolverse en esta controversia constitucional es, si la autoridad demandada –Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave– realizó el pago oportuno de las participaciones federales correspondientes a los meses de septiembre y octubre de dos mil dieciséis, y si omitió el pago de las aportaciones federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal de los meses agosto, septiembre y octubre del mismo año.

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos precedentes,(31) se ha pronunciado sobre la interpretación y el alcance de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo al tema de la hacienda municipal.

Al respecto, ha sostenido que la fracción IV de este precepto establece un conjunto de previsiones cuyo objetivo consiste en regular las relaciones entre los Estados y los Municipios en materia de hacienda y recursos económicos municipales. En dichas previsiones se establecen diversas garantías jurídicas de contenido económico, financiero y tributario a favor de los Municipios, lo cual resulta totalmente congruente con el propósito del Constituyente Permanente –fundamentalmente a partir de las reformas de mil novecientos ochenta y tres y mil novecientos noventa y nueve–, para el fortalecimiento de la autonomía municipal a nivel constitucional, por lo que, el cumplimiento de los contenidos de dicha fracción genera y garantiza el respeto a la autonomía municipal. Todo esto se advierte en la tesis aislada 1a. CXI/2010(32), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."

En el aspecto que nos ocupa, se ha señalado, esencialmente, lo siguiente:

a) Que los Estados tienen como base de su división territorial y de su organización política y administrativa al Municipio Libre.

b) Se consagra el principio de libre administración de la hacienda municipal, el cual es consustancial al régimen que estableció el Poder Reformador de la Constitución Federal a efecto de fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los Municipios, con el fin de que éstos puedan tener libre disposición y aplicación de sus recursos y satisfacer sus necesidades, todo esto en los términos que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos, de tal manera que, atendiendo a sus necesidades propias y siendo éstos los que de mejor manera y en forma más cercana las conocen, puedan priorizar la aplicación de sus recursos sin que se vean afectados por intereses ajenos o por cuestiones que, por desconocimiento u otra razón, los obligaran a ejercer sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales.

Este principio de libre administración de la hacienda municipal rige únicamente sobre una parte de los recursos que integran la hacienda municipal y no sobre la totalidad de los mismos.(33) Se considera que tanto las participaciones como las aportaciones fede

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28831-cca78287/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-su-promocion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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