I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES POR DESCUENTO O PAGOS PARCIALES Y NEGATIVA DE ENTREGA DE RECURSOS, ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OMISIÓN DE ENTREGA DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO ES IMPUGNABLE MIENTRAS SUBSISTA (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). IV. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. V. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS, IMPLICA EL DERECHO DE ÉSTOS A LA RECEPCIÓN PUNTUAL, EFECTIVA Y COMPLETA DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES AL AYUNTAMIENTO GENERA INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VI. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SE CONFIGURA LA OMISIÓN DE PAGO SI LA PARTE DEMANDADA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL ADMITE EXPRESAMENTE EN AUTOS QUE ESTÁN PENDIENTES DE CUBRIR LAS CANTIDADES SOLICITADAS POR AQUEL CONCEPTO [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) AL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA OMISIÓN DE PAGO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES RESPECTO DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL QUE LO VINCULA PARA QUE EN UN PLAZO DE NOVENTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, ENTREGUE LAS CANTIDADES ADEUDADAS Y LOS INTERESES QUE SE HAYAN GENERADO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 245/2016. MUNICIPIO DE TEPATLAXCO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 2 DE MAYO DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.
Ciudad de México.(1) Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al dos de mayo de dos mil dieciocho.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación de la demanda, poder demandado y acto impugnado. Por escrito presentado el quince de diciembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Maximino Zanatta Peralta, en su carácter de presidente municipal del Municipio de Tepatlaxco, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, promovió controversia constitucional en representación del citado Municipio, en la que solicitó la invalidez del acto que más adelante se señala, emitido por el órgano que a continuación se menciona:
Entidad, poder u órgano demandado:
• Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.
Norma general o acto cuya invalidez se demanda:
"ÚNICO.—La inconstitucional traducida en ilegal de la omisión de la entidad pública y del Órgano de Gobierno Estatales demandados, consistente en cumplir con su obligación legal y constitucional de enterar y/o entregar las sumas económicas de las aportaciones federales correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de la Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), lo cual suma el importe monetario de $3'338,976.00 (tres millones trescientos treinta y ocho mil novecientos setenta y seis pesos 00/100 M.N), todo ello sin que medie razón o justificación jurídica alguna."
SEGUNDO.—Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes, los siguientes:
1. Que el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, establece de forma categórica las bases de los Gobiernos Estatales, relativas a la administración de la hacienda de manera libre, y, en el caso concreto, el inciso b) de la referida fracción invocada, establece lo relativo a las participaciones federales y cómo éstas deben ser cubiertas; de igual forma señala diversos principios, derechos y facultades de contenido económico, financiero y tributario a favor de los Municipios para el fortalecimiento de su autonomía.
2. En atención a lo anterior, y a fin de dar cumplimiento al dispositivo constitucional invocado, es que, en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, publicado el veintisiete de noviembre de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, se observa, en su artículo 7 y en sus anexos 1, apartado C, y 22, lo relativo al Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), el cual se encuentra regido normalmente por la Ley de Coordinación Fiscal vigente.
Que el dieciocho de diciembre de dos mil quince se publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, relativo a que la entrega de los recursos del FISMDF, de los Estados a los Municipios, se haría tan pronto se recibieran de la Federación a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; por lo que, sentadas las bases para la entrega de los recursos indicados, el Gobierno del Estado de Veracruz publicó en la Gaceta Oficial del referido Estado, Tomo CXCIII, de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, el Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF), entre los Municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el ejercicio fiscal 2016.
Que en el acuerdo décimo se plasmó la calendarización de fechas de pago de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF), de radicación al Estado, y posterior, al Municipio, de la siguiente manera:
Ver fechas señaladas
No obstante lo anterior, los demandados, Gobierno del Estado de Veracruz y la Secretaría de Finanzas y Planeación de la referida entidad, han sido omisos en depositar el importe económico de las aportaciones correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre, que se traduce en un total de $3'338,976.00 (tres millones trescientos treinta y ocho mil novecientos setenta y seis pesos 00/100 M.N), ello, sin que medie razón o justificación jurídica alguna.
3. Que, hasta el momento de la presentación de la demanda, se actualiza la inconstitucionalidad e ilegal omisión de las autoridades demandadas, de cumplir con su obligación legal y constitucional de entregar el apoyo económico, en perjuicio del Municipio actor.
Hace la aclaración de que, aun y cuando reclama como adeudo a dicho fondo la cantidad de los meses de agosto, septiembre y octubre, anexa en copias certificadas los estados de cuenta de la institución bancaria Banamex, de los meses de enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, todos de dos mil dieciséis, para comprobar que el depósito del recurso económico fue irregular, aun y cuando se encuentra calendarizado dicho recurso.
4. Aduce que, con relación al adeudo que reclama, se les hizo el requerimiento a las autoridades demandadas, mediante los oficios TES/0032/2016, de siete de junio de dos mil dieciséis; TES/0047/2016, de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, y TES/0049/2016, de cuatro de octubre de dos mil dieciséis, se les hizo saber la falta de pago de los recursos de los fondos FISMDF y FORTAMUNDF, y que ya no les hizo más requerimientos porque las oficinas de las demandadas (Palacio de Gobierno y Secretaría de Finanzas y Planeación), fueron tomadas por diversos Municipios por adeudos; sin que la nueva administración, a la fecha de la presentación de la demanda, haya comunicado algo al respecto.
TERCERO.—Conceptos de invalidez. La parte actora, en sus conceptos de invalidez esgrimió, en síntesis, lo siguiente:
1. Que las demandadas, con su conducta omisiva, violan en perjuicio del Municipio actor lo establecido en el título quinto, referente a los Estados de la Federación y del Distrito Federal, en su artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, el cual establece de forma categórica las bases de los Gobiernos Estatales, relativas a la administración de la hacienda de manera libre y, en el caso concreto, en el inciso b) de la referida fracción invocada, que establece lo relativo a las participaciones federales y cómo éstas deben ser cubiertas, de igual forma señala diversos principios, derechos y facultades de contenido económico, financiero y tributario a favor de los Municipios para el fortalecimiento de su autonomía. Los cuales garantizan el respeto a la autonomía municipal y su pleno desarrollo social, en particular al Municipio de Tepatlaxco, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que, como entidad pública municipal, está protegido, por la Constitución Federal, Constitución Local y normas secundarias que de ambas se desprendan, las cuales garantizan la autonomía municipal.
Que las responsables (titular del Ejecutivo y la Secretaría de Finanzas, ambos del Estado de Veracruz) violan flagrantemente el principio de libre administración hacendaria; ya que, una vez que la federación decide transferir cierto tipo de recursos a los Municipios, con la mediación administrativa de los Estados, en el caso, lo que aquí se reclama "Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Federal, se garantiza a los Municipios su recepción puntual y efectiva.
Aduce que la consecuencia de la Federación y los Estados, una vez que han acordado la transferencia de ciertos recursos a los Municipios, pudieran incumplir o retardar tal compromiso, se generarían mayores consecuencias, pues se estaría privando a los Municipios de la base material y económica necesaria para ejercer sus obligaciones constitucionales.
Que la omisión reclamada viola distintos principios, derechos y facultades en materia hacendaria municipal, como son: el principio de ejercicio directo del Ayuntamiento, de los recursos que integran la hacienda pública municipal; el principio de integridad de los recursos municipales; el derecho de los Municipios a percibir las contribuciones; el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales; y la facultad de las Legislaturas Estatales para aprobar las leyes de ingresos de los Municipios. Argumento que se apoya en la tesis 1a. CXI/2010, de rubro: "HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."
La omisión de los pagos, en que incurre el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación de las aportaciones del "Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal" (FISMDF) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal" (FORTAMUN-DF), impiden cumplir con el efecto redistributivo de la finalidad del mismo, ya que el Municipio actor es un Municipio débil, e impide impulsar su desarrollo, máxime que, al ser recursos económicos considerados como "preetiquetados", los Estados no pueden imponer condición, restricción y dilación alguna sobre su entrega.
Precisa que la falta de pago oportuno es sancionada por la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Veracruz, de conformidad con el artículo 6, en el que establece que el retraso en las ministraciones dará lugar al pago de intereses.
2. Que le causa agravio al Municipio actor la omisión reclamada de las demandadas, en específico, el artículo 115, fracciones II, primer párrafo y IV, inciso b), de la Constitución Federal, relativo a la administración hacendaria que debe entenderse como un régimen establecido por el Poder Reformador de la Constitución, cuyo objetivo es fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los Municipios pertenecientes a los Estados que integran la Federación, cuyo fin es que los mismos Municipios puedan tener libre disposición y aplicación de sus recursos, así como satisfacer sus necesidades; de igual manera, el principio de integridad de los recursos municipales, consistente en que los Municipios tienen el inalienable derecho a recibir de manera puntual, efectiva y completa, tanto las aportaciones como las participaciones que provengan de la federación, pues, en el caso de que los mismos sean enterados de manera extemporánea, se genera el pago de intereses.
CUARTO.—Artículos constitucionales señalados como violados. Los artículos 14, 16, 17, 115, fracciones II, primer párrafo y IV, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO.—Trámite de la controversia. Por acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil diecisiete, el Ministro Javier Laynez Potisek, integrante de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al segundo periodo de dos mil dieciséis, ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el expediente 245/2016; admitió a trámite la demanda, en la que tuvo como demandado al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, a quien ordenó emplazar para que formulara su contestación, requiriéndolo para que, al momento de formular su contestación enviara a este Alto Tribunal copia certificada de todas las documentales relacionadas con los actos impugnados; pero no tuvo como demandada a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, por tratarse de una dependencia subordinada a dicho poder; asimismo, se ordenó dar vista a la Procuraduría General de la República para que emitiera la opinión que le corresponde, y mandó formar cuaderno incidental, a efecto de proveer sobre la medida cautelar solicitada.
Además, dada la naturaleza e importancia de este procedimiento constitucional, con apoyo en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenó habilitar los días que se requirieran para que se llevaran a cabo las notificaciones de este acuerdo; y, finalmente, ordenó que una vez que iniciara el primer periodo de sesiones, correspondiente al año dos mil diecisiete, se enviaran los autos a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que se proveyera lo relativo a la asignación de turno correspondiente.(2)
Luego, mediante proveído de dos de enero de dos mil diecisiete, se designó como instructor del procedimiento al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.(3)
SEXTO.—Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. Miguel Ángel Yunes Linares, en su carácter de gobernador del Estado de Veracruz, al contestar la demanda señaló, en síntesis, lo siguiente:(4)
I. En el apartado que denominó oportunidad, señaló que la demanda fue presentada oportunamente.
II. Con relación a los hechos indicó que son parcialmente ciertos, por cuanto hace a la expedición y publicación del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, en el cual se contempla la asignación de recursos para los diferentes fondos y rubros destinados a los Municipios del país, entre ellos, del Estado de Veracruz.
Por otra parte, indicó que, por cuanto hace a los requerimientos a que alude el actor, que dice formuló a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con el propósito de que se pagaran las cantidades correspondientes a las participaciones federales a que tiene derecho, y que reclama en la controversia constitucional, no lo afirma ni lo niega, toda vez que se trata de hechos que no resultan propios de la administración pública estatal, que tuvo inicio a partir de uno de diciembre de dos mil dieciséis.
Con relación a las demás manifestaciones, señaló que no hace puntual referencia, ya que no constituyen propiamente hechos, sino consideraciones jurídicas que el Alto Tribunal deberá resolver.
III. En el apartado de causas de improcedencia adujo lo siguiente:
A) Prescripción.
Que en relación con lo que impugna el Municipio actor (el retraso en la entrega de las participaciones correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis), estima que se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 19, fracción VII, de la ley reglamentaria de la materia, pues considera que la demanda se presentó fuera del plazo de treinta días que señala el artículo 21 de la referida ley, los cuales deben computarse a partir de que el actor tenga conocimiento del acto y de su ejecución.
Lo anterior, tomando en consideración que el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, dispone que la federación entregará las participaciones a los Municipios por conducto de los Estados, y estos, a su vez, se encuentran obligados por dicho ordenamiento a realizar la entrega a los Municipios dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las reciba; por lo que, una vez que hubieran sido recibidos los recursos de marras por el Estado, el Municipio actor tuvo expedito su derecho para ejercitar las acciones correspondientes a partir del día siguiente al en que feneció el plazo establecido al Estado por la Ley de Coordinación Fiscal, para realizar la entrega al Municipio, y, si no lo hizo, ello no le causa agravio en su perjuicio, por una invasión de esferas competenciales, sino que, por el contrario, constituye la prescripción de un derecho. Aunado a que, del contenido del escrito de demanda, se desprende que el representante del Municipio revela que es de su pleno conocimiento la calendarización preestablecida para la entrega de los recursos federales que reclama. Citó, en apoyo, la tesis I.3o.C.26 K (10a.), de rubro: "DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. SU PUBLICACIÓN Y CONTENIDO ES HECHO NOTORIO, BASTA SU COPIA SIMPLE PARA OBLIGAR A CONSTATAR SU EXISTENCIA Y TOMARLA EN CUENTA."
Además, aclara que la administración de su gobierno inició sus funciones el uno de diciembre de dos mil dieciséis, por lo que niega los actos que reclama el Municipio actor, por no ser propios; ello, sin que sea obstáculo que, al tratarse de actos, al Municipio actor le corresponda no sólo probarlos, sino, además, ceñir su impugnación al plazo de treinta días, establecido para ello.
Finalmente aduce que, si bien el artículo 31 de la ley de la materia declara admisible la prueba de posiciones, ello no es impedimento legal para valorar las confesiones espontáneas que produzcan las partes en la demanda, contestación u otros escritos del procedimiento, de conformidad con los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Citó, en apoyo, la tesis de jurisprudencia P./J. 27/96, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO."
B) Inexistencia del acto reclamado.
Que, con fundamento en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el artículo 20, fracción III, ambos de la ley reglamentaria de la materia, hace valer la causa de improcedencia, consistente en la inexistencia del acto cuya invalidez se demanda; en virtud de que, en modo alguno, la parte actora ha acreditado que el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, que inició su administración el uno de diciembre de dos mil dieciséis, no se encuentra regularizando las entregas de las participaciones que le corresponden a la parte demandante, sino, por el contrario, la administración que encabeza ha llevado a cabo acciones tendentes a dar cumplimiento en tiempo y forma las obligaciones derivadas de la Ley de Coordinación Fiscal.
C) Omisión de agotar la vía legalmente prevista para la solución del conflicto.
Señala que, respecto del acto reclamado, existe la obligación de agotar la vía prevista en la ley para la solución del conflicto y, en ese tenor, se considera que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción VI del artículo 19 de la ley de la materia. Lo anterior, en virtud de que el artículo 5o. de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz, dispone que los Municipios podrán dirimir sus inconformidades ante la Legislatura del Estado, respecto de la aplicación de dicha ley; por lo que considera que no existe afectación alguna a la esfera de competencias del Municipio actor. Asimismo solicita a este Alto Tribunal estudie y analice oficiosamente las causales de improcedencia que pudieran actualizarse en el presente asunto, ello, con fundamento en el artículo 19, penúltimo párrafo, de la ley reglamentaria de la materia. Citó en apoyo, respectivamente, los siguientes criterios P./J. 136/2001 P./J. 31/96, de rubros: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES." y "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. ORDEN PÚBLICO. TIENEN ESA NATURALEZA LAS DISPOSICIONES QUE PREVÉN LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO INSTITUIDO EN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTICULO 105 CONSTITUCIONAL."
IV. En el apartado que denominó razones o fundamentos jurídicos, en relación con el acto reclamado, señaló lo siguiente:
Que los conceptos de invalidez resultan inatendibles, en virtud de que el acto reclamado resulta inexistente, por los motivos que señaló en el apartado anterior; que el presente medio de control constitucional es improcedente, porque el estudio de las causales de improcedencia resulta ser una cuestión de orden público y, en el caso particular, debido a las causales expuestas, lo procedente es sobreseer en el presente asunto; asimismo, informa que en el momento procesal oportuno se presentarán los informes relacionados con el acto materia de la controversia, ya que aún no cuenta con dicha información; sin embargo, señala que ya fue requerida la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, mediante oficio girado número SG-DGJ/0097/01/2017.
SÉPTIMO.—Opinión del procurador general de la República. El procurador general de la República se abstuvo de formular pedimento.
OCTAVO.—Audiencia. Agotado el trámite respectivo, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes, y, con relación a los alegatos, se indicó que las partes no habían formulado; y se puso el expediente en estado de resolución.
NOVENO.—Avocamiento. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente, mediante proveído de cuatro de abril de dos mil dieciocho, dictado por la Ministra presidenta de la Primera Sala, se avocó al conocimiento del asunto y, además, determinó enviar nuevamente los autos a la ponencia de la adscripción del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para la elaboración del proyecto de resolución
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio actor y el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal en Pleno.
SEGUNDO.—Precisión de los actos impugnados. Antes de entrar al análisis de la oportunidad de la demanda, es preciso determinar cuál es el acto o los actos, concreta y específicamente, reclamados por el Ayuntamiento actor.
A fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de conformidad con los artículos 39, 40 y 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II, del Artículo 105 Constitucional, resulta procedente hacer las siguientes precisiones que derivan de la lectura integral y sistemática de las constancias de autos, particularmente de la demanda, de la contestación y de las documentales exhibidas como pruebas.
En el apartado denominado actos cuya invalidez se demanda, señaló, como tales, los siguientes:
"ÚNICO.—La inconstitucional traducida en ilegal de la omisión de la entidad pública y del Órgano de Gobierno Estatales demandados, consistente en cumplir con su obligación Legal y Constitucional de enterar y/o entregar las sumas económicas de las aportaciones federales correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de la Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), lo cual suma el importe monetario de $3'338,976.00 (tres millones trescientos treinta y ocho mil novecientos setenta y seis pesos 00/100 M.N), todo ello sin que medio razón o justificación jurídica alguna."
En el relativo a "hechos", el demandante destaca que ha solicitado a la Secretaría de Finanzas del Estado de Veracruz el pago de los recursos federales precisados en el párrafo anterior, sin que, a la fecha de presentación de la demanda, se haya realizado.
Asimismo, en el numeral 3 del apartado de hechos del escrito de demanda, el actor refiere que reclama como adeudo los meses de agosto, septiembre y octubre.
De lo anterior, se puede afirmar que el Municipio actor efectivamente impugna:
• La omisión de pago de las aportaciones del Fondo para la Infraestructura Social, Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal –FISMDF–, correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis.
En consecuencia, los actos impugnados que se precisan en este apartado serán los que se estudiarán a la luz de los preceptos constitucionales aplicables al caso, en atención a la jurisprudencia P./J. 98/2009,(5) emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA.—El artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las sentencias deberán contener la fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, apreciación que deberá realizar sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad en virtud de que tales aspectos son materia de los conceptos de invalidez. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente y ante tal situación deben armonizarse, además, los datos que sobre los reclamos emanen del escrito inicial, interpretándolos en un sentido congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, de una manera tal que la fijación de las normas o actos en la resolución sea razonable y apegada a la litis del juicio constitucional, para lo cual debe atenderse preferentemente a la intención del promovente y descartando manifestaciones o imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Tribunal Constitucional deberá atender a lo que quiso decir la parte promovente de la controversia y no a lo que ésta dijo en apariencia, pues sólo de este modo podrá lograrse congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."
Finalmente, debe señalarse que el hecho, de que el actual gobernador hubiera alegado que inició su encargo con posterioridad a las omisiones demandadas y que, en consecuencia, no existen los hechos que se le imputan, tal aseveración no lo libera –en principio– de una posible responsabilidad, pues la obligación corresponde al poder que encabeza de forma abstracta y no, a él, como persona física.
Por ende, con independencia de quién represente en determinado momento al Ejecutivo Estatal, existe un reclamo legítimo en su contra y, por ende, deberá atender las obligaciones que sean atribuidas al Poder Ejecutivo, al ser quien ejerce el cargo al momento de demandarse la supuesta omisión, de ser el caso.
TERCERO.—Oportunidad. A continuación, se determinará si la controversia fue promovida en tiempo contra el acto impugnado.
En virtud de los actos precisados, cabe destacar que, respecto de las controversias constitucionales en las que se impugnan actos de naturaleza negativa –es decir, los que implican un no hacer– el Pleno de este Alto Tribunal ha establecido diversas directrices para proceder a su estudio, las cuales fueron reiteradas al resolverse la controversia constitucional 135/2016:
Al resolver la controversia constitucional 3/97,(6) se destacó que, de conformidad con los artículos 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 10 y 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del propio precepto constitucional, corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre las entidades, poderes u órganos que se precisan en la fracción I del artículo 105 constitucional y 10 de su ley reglamentaria, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, sin que hagan distinción alguna sobre la naturaleza de los actos que pueden ser objeto de la acción, por lo que, al referirse dichos numerales, en forma genérica, a "actos", debe entenderse que éstos pueden ser, atendiendo a su naturaleza, tanto positivos –implican un hacer– como negativos –implican un no hacer u omisión–.
Lo anterior se reflejó en la jurisprudencia P./J. 82/99, cuyos rubro y texto se transcriben a continuación:
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. PROCEDE IMPUGNAR EN ESTA VÍA LAS QUE SE SUSCITEN ENTRE LAS ENTIDADES, PODERES U ÓRGANOS A QUE SE REFIERE LA LEY REGLAMENTARIA RESPECTIVA, SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE SUS ACTOS POSITIVOS, NEGATIVOS Y OMISIONES.—De la lectura de los artículos 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10 y 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del citado precepto constitucional, se advierte que corresponde conocer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de las controversias constitucionales que se susciten entre las entidades, poderes u órganos que se precisan en la fracción I del artículo 105 constitucional y en el artículo 10 de su ley reglamentaria, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, sin que hagan distinción alguna sobre la naturaleza de los actos que pueden ser objeto de la acción, por l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28940-1546e3b8/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-su-promocion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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