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Modo: Corpus Pro

PRUEBA PERICIAL EN MATERIA QUÍMICO FARMACOLÓGICA. NO ES IDÓNEA NI PERTINENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO, LA EXISTENCIA O INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS HECHOS NARRADOS EN LA DEMANDA DE AMPARO, CUANDO EL QUEJOSO COMPARECE CON EL CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO Y EL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO LO CONSTITUYE LA EVENTUAL RESOLUCIÓN –AÚN NO EMITIDA– POR PARTE DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS RESPECTO DE TAL PRETENSIÓN DE REGISTRO SANITARIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 24/2018. · Registro digital (IUS): 28895
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2019-08-09
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO Y EL DÉCIMO SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, Pág. 3919.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 24/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO Y EL DÉCIMO SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 21 DE MAYO DE 2019. MAYORÍA DE 17 VOTOS DE LOS MAGISTRADOS: JULIO HUMBERTO HERNÁNDEZ FONSECA, ARTURO ITURBE RIVAS, OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ, JESÚS ANTONIO NAZAR SEVILLA, MARÍA ELENA ROSAS LÓPEZ, MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY, RICARDO OLVERA GARCÍA, CLEMENTINA FLORES SUÁREZ, EDWIN NOÉ GARCÍA BAEZA, OSCAR FERNANDO HERNÁNDEZ BAUTISTA, JESÚS ALFREDO SILVA GARCÍA, EUGENIO REYES CONTRERAS, J. JESÚS GUTIÉRREZ LEGORRETA, JOSÉ EDUARDO ALVARADO RAMÍREZ, ERNESTO MARTÍNEZ ANDREU, ADRIANA ESCORZA CARRANZA Y MARTHA LLAMILE ORTIZ BRENA. DISIDENTES: LUZ MARÍA DÍAZ BARRIGA Y HUGO GUZMÁN LÓPEZ. AUSENTES: LUZ CUETO MARTÍNEZ Y MARÍA ALEJANDRA DE LEÓN GONZÁLEZ. PONENTE: MARÍA ELENA ROSAS LÓPEZ. SECRETARIO: JOSÉ LUIS CARMONA MEJÍA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 94, séptimo párrafo, 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41-Bis, 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 45 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince; en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia administrativa, cuya especialidad corresponde a este Pleno de Circuito.

SEGUNDO.—La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por uno de los Magistrados integrantes del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, órgano que sustentó uno de los criterios aquí contendientes.

TERCERO.—Acorde con el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la contradicción de tesis se actualiza cuando las Salas de este Alto Tribunal, o bien, dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, salvo que esas diferencias fácticas sean relevantes e incidan en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos.

Lo anterior, se corrobora con la jurisprudencia y la tesis aislada, cuyos rubros, textos y datos de publicación, enseguida se transcriben:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XXXII, agosto de 2010, tesis P./J. 72/2010, página 7, registro digital: 164120)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.—El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en

la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XXX, julio de 2009, tesis P. XLVII/2009, página 67, registro digital: 166996)

Conforme a los criterios anteriormente transcritos, se pone de manifiesto que la existencia de la contradicción de tesis no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por el Tribunal Colegiado de Circuito, sino que sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

En tal virtud, si las cuestiones fácticas aun siendo parecidas influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea, porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único, ni sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría a una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de tesis –mediante aclaraciones–, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

Precisado lo anterior, con objeto de resolver si en el caso se actualiza o no la contradicción de tesis denunciada, se procede a sintetizar los elementos que los tribunales contendientes tomaron en consideración para sustentar los criterios denunciados como opuestos.

I. El Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 5/2017, sostuvo, en lo que a la presente contradicción de tesis interesa, lo siguiente:

"...

"SÉPTIMO.—Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Amparo, se analizan de forma conjunta los agravios propuestos, toda vez que coinciden en señalar que, contrario a lo determinado por el Juez de Distrito, la prueba pericial en materia químico farmacológica, no debió desecharse, atendiendo a que:

"a) En el juicio de amparo se demandó como acto reclamado, la inminente resolución de registro sanitario número **********, solicitada por la tercero interesada **********, respecto de un medicamento, sobre el que existe presunción de contener el principio activo**********, cuyos medicamentos innovadores y de referencia que lo contienen, son propiedad de la quejosa al ser titular de las patentes que amparan la tecnología de dichos productos, siendo tal producto denominado**********, violándose con ello el sistema de vinculación establecido en el artículo 47 Bis del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial en relación con el diverso 167 Bis del Reglamento de Insumos para la Salud.

"b) Que al ser la quejosa tercero extraña a la solicitud del citado registro, la única forma de conocer si el medicamento relativo se encuentra o no bajo las enseñanzas de las patentes números **********, **********, ********** y ********** de su propiedad, es a través de la prueba pericial ofrecida, dado que se presume la invasión a los derechos derivados de tales patentes.

"c) Que con el ofrecimiento de la prueba no pretende que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios o el Juzgado de Distrito se pronuncien, respecto a la invasión de las patentes de su propiedad, sino aportar los elementos técnicos necesarios para demostrar que el producto que se pretende registrar o autorizar corresponde a la marca reivindicada por tales patentes, pues al ser tercero extraña al procedimiento de registro sanitario no está en oportunidad de demostrarlo.

"d) Que conforme a lo dispuesto en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la prueba pericial ofrecida es idónea, pues guarda relación con los hechos que se pretende acreditar, siendo eficaz para dilucidar la litis en el juicio, pues lo que se pretende evidenciar, es que la solicitud del registro sanitario de que se trata se encuentra al amparo de las referidas patentes, no obstante que se encuentran publicadas en la Gaceta de la Propiedad Industrial titulada: ‘Publicación de Patentes vigentes de Medicamentos de conformidad con el artículo 47 Bis del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial’, por lo que tal solicitud debió ser desechada o negada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

"e) Que las autoridades responsables no siguieron debidamente el sistema de vinculación para asegurarse que la solicitud y el registro sanitario no violen las patentes de su propiedad, pues hasta el momento, no se ha acreditado que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios haya realizado alguna consulta técnica al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, respecto de la solicitud del registro sanitario de que se trata, para determinar si el producto cuyo registro se solicita, corresponde a las patentes de mérito, siendo tal consulta obligatoria en términos del artículo 167 Bis del Reglamento de Insumos para la Salud, la cual si bien no contempla un plazo para ello, debe atenderse al plazo general de cuarenta días previsto en el artículo 154 del Reglamento de Insumos para la Salud.

"Ahora bien, se consideran fundados los argumentos propuestos en atención a lo siguiente:

"El contenido del artículo 119 de la Ley de Amparo dispone que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas excepto la confesional por posiciones, y en tratándose de la prueba pericial, dispone que con el fin de preparar su desahogo, debe ser anunciada con cinco días de anticipación a la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el día de su ofrecimiento ni el de la celebración de la propia audiencia y se hará presentando el cuestionario que habrán de responder los peritos, con copia para cada una de las partes; asimismo, en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, se establece que las pruebas deben tener relación inmediata con los hechos controvertidos, refiriéndose a la idoneidad de la prueba.

"El objeto de la prueba pericial es el auxilio en la administración de justicia, consistente en que un experto en determinada ciencia, técnica o arte, aporte al juzgador conocimientos propios de su pericia y de los que el juzgador carece, porque escapan al cúmulo de los que posee una persona de nivel cultural promedio, los cuales además resultan necesarios para resolver una controversia. Siendo útil para determinar qué circunstancias o evidencias conforme a esos conocimientos especializados, son necesarias para arribar válidamente a cierta conclusión. De esta forma, tanto las evidencias, como los métodos deben ser relevantes y fiables para el resultado, fin o propósito que con dicha prueba se pretende alcanzar; aspectos que deben considerarse para la calificación de la prueba, respecto a su pertinencia e idoneidad.

"Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 13/2000, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito (actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del mismo Circuito) y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, estableció que cuando las pruebas testimonial, pericial y de inspección ocular, ofrecidas en el juicio de amparo carezcan de idoneidad patente para el objeto que fueron propuestas, el Juez de Distrito se encuentra facultado para desecharlas desde su anuncio y no reservarse hasta la celebración de la audiencia constitucional, sin embargo, para tomar tal decisión, debe estar seguro de tal carencia de idoneidad, es decir, no debe tener duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, a fin de no dejar sin defensa al oferente.

"Tal determinación dio origen a la tesis de jurisprudencia número P./J. 41/2001, de rubro y texto siguientes: ‘PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.—De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez.’

"En el presente asunto, se tiene que la quejosa señaló como actos reclamados:

"1) La inconstitucionalidad del artículo 167 bis del Reglamento de Insumos para la Salud; y,

"2) La inminente resolución del registro sanitario **********, respecto de la solicitud de registro de un medicamento alopático formulada por la tercero interesada **********, Sociedad Anónima de Capital Variable.

"El citado artículo dispone:

"‘Artículo 167 bis. El solicitante del registro de un medicamento alopático deberá anexar a la solicitud la documentación que demuestre que es el titular de la patente de la sustancia o ingrediente activo o que cuenta con la licencia correspondiente, ambas inscritas en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

"‘Alternativamente, y de acuerdo con el listado de productos establecidos en el artículo 47 Bis del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, podrá manifestar, bajo protesta de decir verdad, que cumple con las disposiciones aplicables en materia de patentes respecto a la sustancia o ingrediente activo objeto de la solicitud. En este supuesto, la secretaría pedirá de inmediato la cooperación técnica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que, dentro del ámbito de su competencia, éste determine a más tardar dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción de la petición, si se invaden derechos de patente vigentes. En caso de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial concluya que existen patentes vigentes sobre la sustancia o ingrediente activo de las que el solicitante no sea titular o licenciatario, lo informará a la secretaría para que ésta prevenga al solicitante con el objeto de que demuestre que es titular de la patente o que cuenta con la licencia respectiva, dentro del plazo que determine la secretaría y que no podrá ser menor a cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación. En el supuesto de que el solicitante no subsane la omisión, la secretaría desechará la solicitud e informará al solicitante los motivos de esta determinación para que, en su caso, los dirima ante la autoridad competente. La falta de respuesta del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dentro del plazo señalado se entenderá en sentido favorable al solicitante.

"‘Sin perjuicio de lo establecido en los dos párrafos anteriores, se podrá solicitar el registro de un genérico respecto de un medicamento cuya sustancia o ingrediente activo esté protegida por una patente, con el fin de realizar los estudios, pruebas y producción experimental correspondientes, dentro de los tres años anteriores al vencimiento de la patente. En este caso, el registro sanitario se otorgará solamente al concluir la vigencia de la patente.

"‘La información a que se refieren los artículos 167 y 167 bis de este reglamento que tenga el carácter de confidencial o reservada de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales de los que México sea parte y con las demás disposiciones legales aplicables, estará protegida contra toda divulgación a otros particulares.’

"En tal disposición, en la parte que interesa, se establecen los requisitos que debe satisfacer el solicitante de un registro de medicamento alopático, así como las formalidades que debe seguir la Secretaría de Salud para verificar que no se invadan derechos derivados de patentes vigentes, con la cooperación técnica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

"Luego, la lectura de la demanda de amparo informa que la quejosa sostiene que el artículo 167 bis del Reglamento de Insumos para la Salud es inconstitucional debido a que contraviene lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no permitir la posibilidad de que los particulares que tengan derecho de patente vigente y que se encuentre publicada en la gaceta de patentes vigentes de medicamentos alopáticos puedan mediante el derecho de audiencia, intervenir ante la autoridad sanitaria a hacer valer sus derechos de propiedad industrial a fin de evitar actos privativos de sus derechos exclusivos, en los procedimientos de registro sanitario de medicamentos.

"Y que la inminente resolución de solicitud de registro sanitario número **********, afectaría sus derechos, atendiendo a que, si se considera que la quejosa es tercero extraña al procedimiento de solicitud de registro sanitario, se encuentra impedida a participar en él, para velar por sus intereses, a pesar de que tiene la presunción que el medicamento alopático cuyo registro solicita **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, contiene el principio activo **********, el cual está protegido por las patentes de su propiedad, constituyendo una violación a sus derechos exclusivos y, de otorgarse, causará daños de imposible reparación.

"Aunado a que las autoridades responsables no han seguido debidamente el sistema de vinculación para asegurarse que la solicitud y el registro sanitario no violen las patentes de su propiedad, pues no se ha acreditado que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios haya realizado alguna consulta técnica al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, respecto de la solicitud del registro sanitario de que se trata, para determinar si el producto cuyo registro se solicita corresponde a las patentes de su propiedad, siendo tal consulta obligatoria en términos del artículo 167 Bis del Reglamento de Insumos para la Salud.

"Además con relación a las preguntas señaladas en el cuestionario propuesto para el desahogo de la prueba pericial en materia químico farmacológica ofrecida, se advierte que la quejosa pretende demostrar al Juez de Distrito, que el medicamento alopático cuyo registro solicita la tercero interesada en el juicio de amparo infringe las patentes de su propiedad.

"Así, de lo antes expuesto, se considera que en el caso la prueba pericial ofrecida por la quejosa es pertinente conforme a lo dispuesto en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia, para acreditar los hechos de su demanda de amparo, pues con ella, como lo refiere, estaría en oportunidad de evidenciar o no que el medicamento cuyo registro solicita la tercero interesada contiene el principio activo protegido por las patentes de su propiedad –**********–, y con ello podría acreditar su interés jurídico para promover el juicio de amparo, a efecto de que el Juez de Distrito, en su caso, analice la constitucionalidad de los actos reclamados, dado el carácter de tercero extraña que ostenta en el procedimiento de registro sanitario de que se trata y no dejarla en estado de indefensión, por lo que la prueba ofrecida sí tiene relación con la materia del amparo.

"Debe precisarse además, que el desahogo que se efectúe de la prueba pericial químico farmacológica ofrecida en el juicio de amparo, no debe tener por objeto sustituir a la prueba pericial que en esa materia, pudiera llegarse a desahogar en el procedimiento administrativo relativo, dado que la invasión a las patentes que defiende la quejosa, no es, en sí mismo, materia de la litis de fondo en el juicio constitucional; por ello, el Juez Federal, debe ser cuidadoso en calificar las preguntas del cuestionario, autorizando únicamente las que se encuentren encaminadas a justificar el interés jurídico para promover el juicio de amparo, sin definir si existe o no la violación a patentes invocado por la quejosa, pues en el juicio de amparo deberá resolverse si la parte quejosa tiene derecho o no a intervenir en el procedimiento administrativo de registro sanitario y, en todo caso en él será donde deba dilucidarse a fondo, en su caso, si existe violación a las patentes referidas.

"En consecuencia, atendiendo a que se requieren conocimientos científicos, para verificar si el medicamento cuyo registro solicita la tercero interesada pudiera violar las patentes propiedad de la quejosa, debe desahogarse la prueba pericial ofrecida, al resultar pertinente y admisible.

"Ante la conclusión alcanzada, lo procedente es declarar fundado el recurso de queja, ordenando al Juez de Distrito admitir la prueba pericial ofrecida por la parte quejosa, previa calificación del cuestionario respectivo, únicamente para efecto de acreditar lo relativo al interés jurídico, en términos de lo considerado.

"Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

"ÚNICO.—Es procedente y fundado el recurso de queja.

"Notifíquese; ..." (Fojas veintinueve a cuarenta y uno de la ejecutoria en cuestión).

II. Por su parte, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 157/2018 de su índice, concluyó, entre otros puntos, dice lo siguiente:

"...

"OCTAVO.—Las aquí recurrentes, exponen en su único agravio, que el acuerdo por el que se desechó la prueba pericial en materia químico-farmacológica que ofreció; transgrede en su perjuicio, lo previsto en los artículos 75 y 119 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 75 y 119 del Código Federal de Procedimientos Civiles, colocándola en estado de indefensión y sin posibilidad jurídica de demostrar los argumentos expuestos en sus conceptos de violación.

"Estiman que el Juez de Distrito, pasó por alto la naturaleza de los actos reclamados y lo que la quejosa pretende demostrar; esto es, que de otorgarse el registro sanitario en el expediente de solicitud de registro sanitario **********, a la empresa ********** podría contravenir el derecho que tienen con la patente **********, ya que la solicitud de registro sanitario, se refiere a un medicamento que contiene el ingrediente activo **********, equivalente e idéntico al que es de su propiedad; de ahí que la prueba idónea para demostrar tal circunstancia sea la pericial en materia químico-farmacológica.

"Abundan en que uno de los actos reclamados, es la inminente resolución a la solicitud de registro sanitario, la cual pudiera concluir con el otorgamiento de la misma, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 47 Bis, del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con el 167 Bis, del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, en los cuales se establece la obligación de respetar las patentes, situación que no puede acreditar ante la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, por ser extrañas al trámite y sólo lo pueden demostrar ante el Juzgado de Distrito.

"Añaden que de conformidad con lo establecido en el artículo 79, del Código Federal de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28895-21a00e74/prueba-pericial-en-materia-quimico-farmacologica-no-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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