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Modo: Corpus Pro

NOTIFICACIÓN AL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ACUERDO GENERAL POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS A QUE SE SUJETARÁ LA REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN TODOS LOS TRÁMITES PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ABROGADO EL 25 DE MARZO DE 2019. CUÁNDO INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO. REPRESENTACIÓN DEL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL. PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIR EL JUEZ DE DISTRITO PARA TENERLO POR DEBIDAMENTE NOTIFICADO EN LOS SUPUESTOS EN LOS QUE SE RECLAMEN NORMAS U OMISIONES QUE NO ESTÉN PREVISTOS EN EL ARTÍCULO TERCERO DEL ACUERDO GENERAL POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS A QUE SE SUJETARÁ LA REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN TODOS LOS TRÁMITES PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ABROGADO EL 25 DE MARZO DE 2019.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 123/2019. · Registro digital (IUS): 28980
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-08-30
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO, SÉPTIMO Y OCTAVO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo III, Pág. 2510.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 123/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO, SÉPTIMO Y OCTAVO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 12 DE JUNIO DE 2019. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. DISIDENTES: EDUARDO MEDINA MORA I. Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIA: ZARA GABRIELA MARTÍNEZ PERALTA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diferente Circuito, en un tema que corresponde a materia común, de la especialidad de esta Segunda Sala y no se estima necesaria la intervención del Pleno.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por la Magistrada integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, quien está facultada para ello, en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.

TERCERO.—Criterios contendientes. En el presente considerando se analizarán las consideraciones relevantes de los asuntos que dieron origen a la posible contradicción de criterios.

I. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.

a) Recurso de reclamación **********.

La directora general Adjunta de Evaluación de Control Procedimental y de Amparos, en representación del presidente de la República, interpuso recurso de reclamación en contra del acuerdo de veintidós de enero de dos mil diecinueve, dictado por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, en el recurso de queja **********.

El presidente del órgano colegiado, desechó por extemporáneo el recurso de queja interpuesto por los siguientes motivos:

• El veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, feneció el término de dos días previsto en el artículo 98, fracción I, de la Ley de Amparo, del que disponía la autoridad recurrente, presidente de la República, para interponer recurso de queja en contra del proveído de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto **********.

• La parte recurrente fue notificada mediante oficio **********, entregado el veinte de diciembre de dos mil dieciocho, surtiendo efectos el mismo día, conforme a lo dispuesto en el artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que el término de ley, transcurrió del veintiuno al veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, sin contar los días veintidós y veintitrés de diciembre de dos mil dieciocho, por corresponder a sábado y domingo, respectivamente, y por ende, ser inhábiles, de conformidad con lo establecido por los artículos 19, de la ley de la materia; y 163, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

• Si el recurso de queja fue presentado en la Oficina de Correos de México, el veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, es claro que fue presentado fuera del plazo previsto en el artículo 98, fracción I, de la Ley de Amparo.

Por otra parte, el órgano colegiado determinó que el recurso de reclamación era infundado, por lo siguiente:

• La notificación del oficio **********, de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, realizada por la Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a la Subprocuraduría fiscal federal de Amparos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, constituye una comunicación entre las mencionadas autoridades, esto es, se trata de un trámite interno para hacer del conocimiento del subprocurador fiscal Federal de Amparos, que se designó a la mencionada secretaría para que represente al presidente de la República en el juicio de amparo ********** del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México.

• Tal circunstancia no puede ser tomada en consideración para efectuar el cómputo respectivo a fin de determinar la oportunidad de la interposición del recurso de queja **********; sino aquella en la que el acuerdo recurrido fue notificado a la Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, a través del oficio **********, dirigido al presidente de la República, esto es, el veinte de diciembre de dos mil dieciocho.

• Dicha notificación constituye un trámite interno entre las mencionadas autoridades, para hacer saber al subprocurador fiscal Federal de Amparos, que se designó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que represente al presidente de la República en el juicio de amparo ********** del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México.

• De la notificación realizada en la Oficialía de Partes de la Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, no existe manifestación de la autoridad recurrente, ni el Tribunal Colegiado podría analizar en esta oportunidad, si dicha notificación es ilegal o no, dado que ello no es materia de estudio de ese medio de impugnación.

• Se resuelve atendiendo únicamente a lo dispuesto en el artículo 25, de la Ley de Amparo y, a que el acuerdo recurrido se trata de la primera notificación realizada a la recurrente; esto es, en una etapa del procedimiento del juicio de amparo, incluyendo el incidente de suspensión, en la que se desconoce en quién recae o recaerá la representación del presidente de la República, máxime que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos no se encuentra dentro de la lista de asuntos conforme a los cuales, la representación del titular del Ejecutivo Federal corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; sin que lo anterior implique que no pueda ser tal secretario quien represente al presidente constitucional, pues el consejero jurídico determinó que así fuera.

• El criterio que invoca la autoridad inconforme, sostenido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el mismo sustenta en esencia, el criterio que aquí se sostiene, pues en ese caso, al corresponder la representación originaria del presidente de la República a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Consejería Jurídica –a quien en un principio se notificó el oficio **********, dirigido al mencionado presidente constitucional–, lo devolvió al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que lo expidió en el juicio de amparo indirecto **********; lo que no sucede en el caso particular, pues en este asunto la representación originaria recae en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en virtud de que en el juicio de amparo se reclama una ley que no se encuentra prevista en el Acuerdo General por el que se establecen las reglas a que se sujetará la representación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en todos los trámites previstos en la Ley de Amparo.

En similares términos se pronunció el citado órgano colegiado al resolver el recurso de reclamación **********, interpuesto también por el secretario de Hacienda y Crédito Público en representación del presidente de la República.

II. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

a) Recurso de reclamación **********.

La directora general adjunta de Evaluación, de Control Procedimental y de Amparos, en representación del presidente de la República, interpuso recurso de queja en contra del proveído de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, dictado por la Juez Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto **********.

El asunto se radicó en el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el número Q.A.- ********** y por proveído de presidencia de seis de junio de dos mil dieciocho, se desechó por extemporáneo, por lo siguiente:

El auto recurrido de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, se notificó al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos (por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público), el veintiséis siguiente; que tal notificación surtió efectos ese mismo día, por lo que el plazo para la interposición del recurso de queja contra la admisión de la demanda transcurrió del veintisiete de abril al cuatro de mayo de dos mil dieciocho, descontando los días inhábiles veintiocho y veintinueve de abril, así como el primero de mayo del mismo año, razón por la cual, al haberse interpuesto el medio de defensa hasta el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, debía considerarse fuera del plazo legal previsto en el primer párrafo del artículo 98 de la Ley de Amparo.

En contra de tal determinación la directora general adjunta de Evaluación, de Control Procedimental y de Amparos, en representación del presidente de la República, interpuso recurso de reclamación, a quien por turno correspondió al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito el cual lo declaró fundado, por las siguientes razones:

• No debe considerarse como fecha de notificación al Presidente de los Estados Unidos de Mexicanos el auto que admitió a trámite la demanda de amparo, el veintiséis de abril de dos mil dieciocho, porque en tal momento el secretario de Hacienda y Crédito Público, por conducto de quien se llevó a cabo dicha notificación, aún no gozaba de la representación presidencial, dado que fue necesario que el consejero jurídico del Ejecutivo Federal expresamente designara al funcionario en quien recaería tal representación.

• La representación presidencial corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en cuanto se impugna la Ley Aduanera y la Ley Federal de Derechos a la Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial de Comercio, ello no es así cuando se impugna una omisión legislativa relacionada con el "Acuerdo sobre Facilitación del Comercio".

• El quince de mayo de dos mil dieciocho se notificó al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quién fue designado para representarlo.

• En consecuencia, es esa la fecha que debe considerarse para realizar el cómputo del plazo para la interposición del recurso de queja, la cual inició el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, en tanto que la notificación del auto recurrido practicada el quince del mismo mes y año surtió efectos ese mismo día, por lo que el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo feneció el veintidós de mayo del año en curso, descontando los días diecinueve y veinte del mismo mes y año, por ser inhábiles.

• Por tanto, es oportuna la presentación del recurso de queja, en razón de que se efectuó el veintidós de mayo de dos mil dieciocho.

III. Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

a) Recurso de reclamación **********.

El jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en la Delegación Regional Poniente en la Ciudad de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, interpusieron revisión en contra de la sentencia de diez de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

De dicho recurso correspondió conocer al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que por auto de presidencia de nueve de enero de dos mil dieciocho, se radicó con el número RA. **********, en el referido auto se desechó el recurso correspondiente al presidente de la República por extemporáneo, en atención a lo siguiente:

• El plazo para que el recurrente interpusiera el recurso de revisión, transcurrió del veintiocho de noviembre al once de diciembre de dos mil diecisiete, sin embargo, el presente recurso fue recibido hasta el catorce de diciembre de dos mil diecisiete, ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, la interposición del recurso se realizó después del plazo que se tenía para tal efecto.

Inconforme con el citado auto, el director general de Amparo contra Leyes de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, interpuso recurso de reclamación.

El Tribunal Colegiado resolvió que el recurso de reclamación era fundado por los siguientes motivos:

• Mediante oficio **********, se notificó la sentencia recurrida al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos por conducto de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete.

• El consejero adjunto de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal devolvió el oficio señalado e informó, que en el caso, la representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos correspondía a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

• Por certificación de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, se ordenó reexpedir el oficio **********, de veintitrés de noviembre del citado año, para notificar al presidente de la República por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

• Por lo que, el oficio de referencia fue recibido el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, en las oficinas de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos, de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en consecuencia, la citada fecha fue en la que legalmente se notificó a la autoridad responsable Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

• Dicha notificación surtió efecto el mismo día, por lo que, el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del seis al diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, debiéndose descontar los días nueve, diez, dieciséis y diecisiete, del citado mes y año, por corresponder a sábados y domingos respectivamente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

• Por tanto, si el recurso de revisión fue presentado el catorce de diciembre de dos mil diecisiete, en la Oficialía de Partes del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es claro que se interpuso dentro del término otorgado en la ley para tal efecto.

CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. En principio, resulta oportuno puntualizar que el objeto de la resolución de una contradicción de tesis consiste en unificar criterios discrepantes a fin de abonar en el principio de seguridad jurídica.(1)

Así, para determinar si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen–, con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos–.

A partir de los diversos criterios que ha emitido esta Suprema Corte, es posible concluir que las siguientes características deben analizarse para poder arribar a una conclusión en torno a la existencia de la contradicción de tesis:

a) No es necesario que los criterios que se estiman discrepantes deriven de elementos de hechos idénticos, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, y que a partir de ésta, arriben a decisiones encontradas.(2)

b) Que los tribunales contendientes hayan resuelto una cuestión litigiosa, en la cual se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un proceso interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que éste fuese y al efecto, arribaron a soluciones distintas.

c) Que entre los ejercicios interpretativos exista al menos una parte del razonamiento en el que la interpretación realizada gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

d) Que de los anteriores elementos se pueda formular una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

e) Aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, ello no es obstáculo para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer.(3)

Conforme a lo anterior, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que en la especie sí existe la contradicción de tesis denunciada entre el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito al resolver los recursos de reclamación ********** y **********, el sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de reclamación ********** y el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el recurso de reclamación **********.

En efecto, como se mencionó para que se configure la contradicción de tesis se requiere que los asuntos materia de denuncia, hayan examinado supuestos jurídicos esencialmente iguales, aunque no lo sean las cuestiones fácticas que las rodean y, que hayan llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.

Recursos de reclamación ********** y **********

Sostuvo que la notificación realizada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, constituye un trámite interno para hacer del conocimiento del mencionado subprocurador, que se designó a la secretaría citada para representar al presidente de la República, en un diverso juicio de amparo.

Y esa comunicación no se puede tomar en consideración para realizar el cómputo para determinar la oportunidad de la interposición del recurso de queja, sino que el término debe de iniciar desde que se notificó a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Lo anterior, conforme lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Amparo y a que el acuerdo recurrido constituye la primera notificación realizada a la autoridad recurrente, en una etapa en la que se desconoce en quién va a recaer la representación del presidente de la República, porque la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos no se encuentra dentro de la lista de asuntos conforme a los cuales, la representación del titular del Ejecutivo Federal corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin que lo anterior implique que no pueda ser tal secretario quien lo represente, pues el consejero jurídico determinó que así fuera.

Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Recurso de reclamación **********

El órgano colegiado sostuvo que no se puede considerar como fecha de notificación al presidente de la República el auto que admitió a trámite la demanda de amparo, que se notificó al secretario de Hacienda y Crédito Público, porque en tal momento dicho servidor público, no tenía la representación presidencial, dado que fue necesario que el consejero jurídico del Ejecutivo Federal designara expresamente al funcionario en quien recaería tal representación.

La representación presidencial corresponde al secretario de Hacienda y Crédito Público cuando se impugna la Ley Aduanera y la Ley Federal de Derechos a la Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial de Comercio, no así cuando se impugna una omisión legislativa relacionada con el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio.

Por lo que debe considerarse como fecha para realizar el cómputo del plazo para la interposición del recurso, cuando se haya notificado al secretario de Hacienda y Crédito Público.

Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Recurso de reclamación **********

El órgano jurisdiccional sostuvo que la sentencia recurrida se notificó al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

La Consejería devolvió el oficio de notificación e informó que en el caso, la representación del presidente de la República, le correspondió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Posteriormente, se ordenó reexpedir el oficio para notificar al presidente por conducto de la mencionada Secretaría de Estado.

Por lo que, el oficio referido fue recibido en las oficinas de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en consecuencia, es a partir de la fecha en que se recibió en esta dependencia cuando se tiene por legalmente notificado a la autoridad responsable presidente de la República y es a partir de esa fecha que inicia el plazo para la interposición del recurso.

QUINTO.—Puntos de contradicción. Conforme a los elementos fácticos y jurídicos antes mencionados, se considera que en el caso, existen dos puntos de contradicción.

El primero consistente en determinar el procedimiento que se debe seguir en el amparo indirecto, cuando se señale como autoridad responsable al presidente de la República y el acto o norma que se le atribuye no esté previsto en el artículo tercero del Acuerdo General por el que se establecen las reglas a que se sujetará la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en todos los trámites previstos en la Ley de Amparo.

Y el segundo en relación a determinar a partir de qué momento queda notificado el presidente de la República, por conducto de su representante, secretario de Hacienda y Crédito Público, cuando no existe certeza respecto a si a dicho servidor público le corresponde representarlo, conforme lo dispuesto en el Acuerdo General por el que se establecen las reglas a que se sujetará la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en todos los trámites previstos en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No obstante lo anterior, no pasan inadvertidos los criterios sustentados por esta Segunda Sala en la jurisprudencia 2a./J. 191/2007 y del Pleno de este Alto Tribunal en la tesis aislada P. LXXXII/95, de rubros: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. CARECE DE MATERIA LA DENUNCIA SI LA CUESTIÓN CONTROVERTIDA QUEDÓ DEFINIDA POR UNA REFORMA A LA LEY Y RESULTA MUY REMOTO QUE DE ESTABLECERSE EL CRITERIO PREVALECIENTE PUDIERA LLEGAR A APLICARSE." y "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA SI EN VIRTUD DE REFORMA A LA LEY HA QUEDADO RESUELTO EL PUNTO DE CONTRADICCIÓN."(4)

Lo anterior, porque si bien dos Tribunales Colegiados –Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito y Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito– contendientes para resolver el asunto que dio origen a esta contradicción, aplicaron el Acuerdo General por el que se establecen las reglas a que se sujetará la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en todos los trámites previstos en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, siendo que ese ordenamiento quedó abrogado el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, toda vez que fue publicado un nuevo acuerdo que regula esa representación.

Sin embargo, es factible que todavía existan asuntos en los que pueda resultar aplicable el acuerdo publicado el seis de febrero de dos mil catorce, y sea necesario utilizar los criterios que deberán prevalecer con motivo de la presente contradicción.

SEXTO.—Decisión. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que deben prevalecer con el carácter de jurisprudencia los criterios que a continuación se definen, conforme a las consideraciones siguientes:

En principio, se debe determinar el marco jurídico bajo el cual se rige la representación del presidente de la República, cuando es señalado como autoridad responsable en el juicio de amparo.

Al respecto, el segundo párrafo del artículo 9o. de la Ley de Amparo, establece:

Cuando el presidente sea designado como autoridad responsable, será representado en los términos que se indiquen en el acuerdo general que expida y se publique en el Diario Oficial de la Federación.

La representación podrá recaer en:

• El consejero jurídico;

• El procurador general de la República;

• En los secretarios de Estado a quienes en cada caso corresponda el asunto, en términos de las leyes orgánicas y reglamentos aplicables.

En el acuerdo correspondiente se señalará el mecanismo para determinar la representación en los casos no previstos.

En similares términos, el numeral 25 de la citada Ley de Amparo establece que las notificaciones al titular del Poder Ejecutivo Federal, se realizarán con:

• El titular de la Secretaría de Estado;

• El titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal;

• El titular de la Procuraduría General de la República, que lo represente en el juicio de amparo de acuerdo a lo que establezca el acuerdo general que refiere el dispositivo 9o., ya mencionado.

Por otra parte, el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente:

"Artículo 90. La administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación.

"Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías de Estado.

"La función de consejero jurídico del Gobierno estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal que, para tal efecto, establezca la ley.

"El Ejecutivo Federal representará a la Federación en los asuntos en que ésta sea parte, por conducto de la dependencia que tenga a su cargo la función de consejero jurídico del Gobierno o de las Secretarías de Estado, en los términos que establezca la ley."

Por su parte, la fracción X, del artículo 43, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, vigente en la fecha de resolución de los asuntos que dieron lugar a la contradicción, señala lo siguiente:

"Artículo 43. A la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal corresponde el despacho de los asuntos siguientes:

"...

"X. Representar al presidente de la República, cuando éste así lo acuerde, en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los demás juicios en que el titular del Ejecutivo Federal intervenga con cualquier carácter. La representación a que se refiere esta fracción comprende el desahogo de todo tipo de pruebas. ..."

En otro aspecto, el seis de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo General por el que se establecen las reglas a que se sujetará la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en todos los trámites previstos en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (que fue abrogado el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve) mismo que en los artículos primero, segundo, tercero, fracción V, cuarto, quinto, octavo y, primero transitorio establecía lo siguiente:

"Artículo primero. El presente acuerdo tiene por objeto definir los servidores públicos a los que corresponde ejercer la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en los juicios de amparo en los que sea parte. La representación presidencial podrá recaer en el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, en el procurador general de la República o en los secretarios de Estado, quienes la ejercerán personalmente o a través de las unidades administrativas que señalen sus reglamentos interiores."

"Artículo segundo. El consejero jurídico del Ejecutivo Federal tendrá la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en todos los trámites establecidos en la Ley de Amparo, salvo los casos previstos en el artículo tercero del presente acuerdo, y aquellos en que el propio consejero determine que dicha representación deba recaer en el procurador general de la República o en algún secretario de Estado, conforme a lo dispuesto en los artículos cuarto y quinto de este acuerdo."

"Artíc

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28980-a6340097/notificacion-al-representante-del-titular-del-ejecutivo-federal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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