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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE LA SUSCITADA ENTRE DOS PODERES DE UNA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE SUS ACTOS O DISPOSICIONES GENERALES (ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DEL DECRETO NÚMERO 501 POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL PRIMERO DE AGOSTO DE DOS MIL CATORCE). II. MATERIA ELECTORAL. SU DEFINICIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS, CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA TRANSITORIA QUE NO TIENE ESA FUNCIÓN, SINO QUE ESTABLECE UNA REGULACIÓN PERMANENTE QUE NO HAYA SIDO DEROGADA O REFORMADA (ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DEL DECRETO NÚMERO 501 POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL PRIMERO DE AGOSTO DE DOS MIL CATORCE). IV. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA VULNERACIÓN A SU AUTONOMÍA O A SU INDEPENDENCIA IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE AFECTACIÓN AMPLIO. VI. PODERES JUDICIALES LOCALES. CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN SU PERJUICIO. VII. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. VIII. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO. LA DETERMINACIÓN DEL CONGRESO LOCAL DE ESTABLECER REGLAS PRECISAS PARA ADSCRIBIR A LOS MAGISTRADOS QUE INTEGRAN SUS SALAS, EN LUGAR DE LIMITARSE A DICTAR CRITERIOS GENERALES ORIENTADORES, VIOLA LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DEL DECRETO NÚMERO 501 POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL PRIMERO DE AGOSTO DE DOS MIL CATORCE). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS, EN EL ENTENDIDO DE QUE UNA VEZ DECLARADA LA INVALIDEZ DEL PRECEPTO IMPUGNADO EL PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO ESTARÁ EN CONDICIONES DE EJERCER LA FACULTAD PREVISTA EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE DICHA ENTIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DEL DECRETO NÚMERO 501 POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL PRIMERO DE AGOSTO DE DOS MIL CATORCE).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 86/2014. · Registro digital (IUS): 29012
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-09-13
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, Pág. 5.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 86/2014. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 17 DE ENERO DE 2019. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: DAVID GARCÍA SARUBBI.

Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecisiete de enero de dos mil diecinueve, emite la siguiente:

Sentencia

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 86/2014, promovida por el Poder Judicial del Estado de Guerrero, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de esa misma entidad.

El problema jurídico a resolver consiste en determinar si el artículo cuarto transitorio del Decreto 501, por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero es inconstitucional por violar los principios constitucionales de división de poderes, independencia y autonomía judicial en perjuicio del Poder Judicial del Estado de Guerrero.

I. Antecedentes del caso

1. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiocho de agosto de dos mil catorce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lambertina Galeana Marín, quien se ostentó como Magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, promovió, en representación del Poder Judicial de esa entidad, controversia constitucional en la que demandó la invalidez del artículo cuarto transitorio del Decreto 501 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero, publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta y uno de julio de dos mil catorce, el cual se combate en la porción que establece que: "[l]a Primera Sala Civil quedará integrada con los Magistrados que tengan más antigüedad en el cargo de las dos Salas Civiles que hasta hoy venían funcionando, por su derecho a la misma; y la Cuarta Sala Penal quedará conformada con los Magistrados que tengan menor antigüedad, con el personal jurídico y administrativo que en su caso tengan a su cargo cada Magistrado y demás que el Pleno designe; ..."

2. En el escrito de demanda, la parte actora precisó que las normas constitucionales violadas son las contenidas en los artículos 17, párrafos segundo y tercero, y 116, párrafos primero y segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. A continuación, en la demanda se destacan los siguientes antecedentes:

4. El veintitrés de junio de dos mil catorce, Lambertina Galeana Marín, Magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero, en uso de las facultades conferidas en los artículos 65, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Guerrero y 16, fracción XXXIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, envió al Congreso Local la iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero.

5. En sesión de treinta de junio de dos mil catorce, el Pleno de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero tomó conocimiento de la iniciativa de referencia, por lo que, por instrucciones de la presidencia de la mesa directiva, mediante oficio LX/2DO/OM/DPL/01419/2014, signado por el Oficial Mayor del Congreso del Estado, se remitió la iniciativa de referencia a la Comisión Ordinaria de Justicia, para su análisis y emisión del dictamen y proyecto de ley correspondiente.

6. El treinta y uno de julio de dos mil catorce, el Congreso del Estado de Guerrero emitió el Decreto 501 por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero, que contiene el artículo cuarto transitorio tildado de inconstitucional.

Conceptos de invalidez. La parte actora formula los siguientes conceptos de invalidez.

7. Alega que la norma transitoria impugnada afecta la independencia y la autonomía del Poder Judicial Local, ya que transgrede los artículos 17, párrafos segundo y quinto, y 116, párrafo primero, fracción III, de la Constitución Federal; 22, 29, 43, 61, 92, 94, 95, 101, 102 y 104 de la Constitución Política del Estado de Guerrero; y, 2, 3, 9 y 16, fracciones I, III y XVI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero.

8. La parte actora abunda en el contenido de los preceptos constitucionales y destaca que el principio de división de poderes se considera un sistema de frenos y contrapesos, el cual en nuestro país no opera de manera rígida sino flexible, ya que el reparto de atribuciones y funciones encomendadas a cada uno de los Poderes no constituye una separación absoluta y determinante, sino que entre ellas se presenta una coordinación o colaboración para lograr un equilibrio de fuerzas y un control recíproco que garantice la unidad política del Estado en beneficio del pueblo. Esta colaboración opera por dos medios principales: uno, exigiendo la participación de los Poderes para la validez de un acto y, otro, otorgando a los Poderes facultades que no son propias a su naturaleza, sin embargo, bajo su concepto, debe concluirse que este sistema flexible no faculta a ninguno de los Poderes para arrogarse facultades que corresponden a otro Poder.

9. En opinión de la promovente, para que un Poder ejerza funciones propias de otro Poder es necesario que así lo consigne expresamente la Carta Magna o que la función respectiva resulte estrictamente necesaria para hacer efectivas las facultades que le son exclusivas, así como que la función se ejerza en los casos expresamente autorizados o indispensables para hacer efectiva la facultad propia, pues para que ello sea válido, debe ser ordenado por la Norma Suprema, a efecto de evitar una invasión en la esfera de facultades de otro órgano del Estado y que se vulnere, por tanto, el principio de la división de poderes.

10. En este sentido, la parte actora afirma que el sistema de frenos y contrapesos que funciona a nivel federal, también opera a nivel local, por disposición expresa del artículo 116, párrafos primero y segundo, fracción III, del que advirtió lo siguiente: a) Que el poder público de las entidades federativas se divide, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial; b) que los Poderes de los Estados se organizarán conforme a sus constituciones, con sujeción a lo establecido en el precepto constitucional transcrito; y c) que dichos ordenamientos deben garantizar la autonomía e independencia judicial.

11. En este sentido, de acuerdo con dicho precepto constitucional la vulneración al principio de división de Poderes de los Estados se puede dar en tres niveles distintos, según se desprende del criterio sustentado por este Alto Tribunal: a través de la intromisión, la dependencia y la subordinación de cualquiera de los Poderes con respecto a los otros. La intromisión es el grado más leve de violación al principio de división de poderes, que se actualiza cuando uno de los Poderes de los Estados se inmiscuye o interfiere en una cuestión propia de otro, pero sin afectar en forma determinante la toma de decisión ni generar sumisión. Ello lo considera así, en tanto que la dependencia representa un grado mayor de vulneración, puesto que implica que un Poder impida a otro, de forma antijurídica, que tome decisión o actúe de manera autónoma. Finalmente, la subordinación se traduce en el más grave nivel de violación al principio de división de poderes, ya que no sólo implica que un Poder no pueda tomar autónomamente sus decisiones, sino que además debe someterse a la voluntad del Poder subordinante.

12. En la demanda se cita la tesis jurisprudencial P./J. 81/2004, emitida por el Pleno de este Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de 2004, página 1187, de rubro siguiente: "PODERES JUDICIALES LOCALES. CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN PERJUICIO DE AQUÉLLOS.", así como la jurisprudencia P./J. 80/2004, emitida por el Pleno de Suprema Corte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de 2004, página 1122, de rubro: "DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS."

13. En otro orden de ideas, la promovente de la controversia constitucional afirma que la idea de independencia judicial implica una doble concepción. Por una parte, la independencia funcional, y por otra, la independencia como garantía.

14. La primera de las acepciones se refiere a una regla básica de cualquier ordenamiento, en virtud de la cual el Juez, en el ejercicio de su función, debe estar sometido únicamente a la legalidad, esto es, al sistema de fuentes del derecho vigente en el sistema jurídico al que pertenece. En cambio, la independencia judicial, entendida como garantía, es un conjunto de mecanismos tendientes a salvaguardar y realizar ese valor.

15. Así, las cosas, la doctrina distingue tres subespecies dentro de la categoría de la independencia judicial como garantía. Estas son: a) La independencia personal, que consiste en el conjunto de características derivadas de la situación en que la Constitución coloca al Juez individualmente considerado, y que protegen a éste de eventuales presiones ejercidas por los otros dos Poderes políticos del Estado (Legislativo y Ejecutivo); b) La independencia colectiva, que tiene que ver con la protección a la judicatura en su conjunto frente a los demás Poderes del Estado; y, c) La independencia interna, que ampara al Juez, en su individualidad, frente al resto de la estructura judicial.

16. Para la parte promovente este concepto no puede ser valorado y entendido sino a la luz de los rasgos definitorios que el ordenamiento jurídico en particular le otorga, ya que tienen que ver con otros factores como la forma de gobierno y el modelo de organización judicial.

17. Así, en el caso concreto, señaló que la forma de organización judicial de los Estados está prevista en el artículo 116, párrafos primero y segundo, fracción III de la Constitución Federal, del que se derivan los principios ya señalados, destacándose, dentro de ellos, la independencia judicial como forma de actualizar la garantía de acceso a la jurisdicción plasmada en el artículo 17 de la Constitución Federal.

18. Sobre el particular, el Poder Judicial Local estima que la independencia judicial fue destacada como prerrogativa de los Poderes Judiciales de los Estados en la exposición de motivos de la reforma al artículo 116 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y siete, la cual ha sido también ampliamente analizada por esta Suprema Corte.

19. De la exposición de motivos la promovente advierte que el Constituyente Permanente estableció como prerrogativa de los Poderes Judiciales Locales la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, consistente en que los órganos jurisdiccionales deben resolver los conflictos que se someten a su conocimiento con total libertad de criterio, teniendo como norma rectora a la propia ley y sin ninguna relación de subordinación respecto de los demás órganos del Estado, pues cualquier injerencia en el ejercicio de la función jurisdiccional afecta la esfera competencial del Poder Judicial y, por consecuencia, la vulneración del principio de división de poderes.

20. Para el Poder Judicial del Estado de Guerrero la garantía de independencia judicial no sólo tiene la función de proteger a los funcionarios judiciales, sino principalmente a los gobernados, a efecto de salvaguardar, a favor de éstos, el derecho de acceso a la justicia a través de tribunales independientes, ya que la sociedad está interesada en contar con Magistrados independientes y de excelencia que hagan efectivos cotidianamente los principios que en materia de administración de justicia consagra la Constitución Federal.

21. La independencia de los Poderes Judiciales no sólo ha de traducirse en la ausencia de injerencias o presiones al momento de resolver los asuntos sometidos a su conocimiento, sino en el respeto total al ámbito de atribuciones que corresponden a la judicatura en su conjunto, a fin de que se garantice su independencia colectiva u orgánica. Por ello, el artículo 116, segundo párrafo, fracción III, de la Constitución Federal exige que quienes sirvan al Poder Judicial tengan independencia en el ejercicio de sus funciones, lo cual debe establecerse en la Constitución Local y la ley orgánica respectiva de los Estados.

22. La actora estima que cuando otro Poder del Estado –como es el caso– determina la forma y directrices conforme a las cuales deben integrarse las Salas Colegiadas y adscribirse a las mismas los Magistrados y demás personal jurídico y administrativo del Poder Judicial del Estado, a pesar de ser ello atribución exclusiva del Pleno del Tribunal, es innegable que tal proceder provoca una invasión a las atribuciones del órgano judicial que es a quien incumbe esa integración y asignación, por disposición expresa de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

23. Ello lo consideró así, pues de la lectura de los artículos 3 y 16, fracciones III y XVI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial se obtiene que la facultad de adscribir a los Magistrados a las Salas colegiadas y unitarias corresponde al Pleno del Tribunal Superior del Estado, y no puede adjudicarse esa facultad el órgano legislativo en los artículos transitorios de las normas que emita, pues el hecho de que éste tenga facultades para elaborar, reformar, derogar y abrogar leyes o decretos no implica que cuente con facultades para decidir el funcionamiento de otro Poder, como es el caso del Judicial, que es a quien corresponde adscribir a los Magistrados para su funcionamiento, mediante los mecanismos, criterios o directrices que él mismo establezca.

24. En suma, si esa facultad se encuentra expresamente en la Constitución Federal, en la Constitución Estatal y se plasmó en la Ley Orgánica del Poder Judicial Local, es obvio que ninguna atribución tiene el órgano legislativo para determinar el funcionamiento de la administración de justicia, pues el Poder encargado de decidir sobre la adscripción de los Magistrados a cada una de las Salas con que funciona el Tribunal Superior de Justicia del Estado es el Poder Judicial y no el Legislativo, pues esa facultad corresponde a aquél.

25. Luego, si la facultad concedida al Poder Judicial Estatal, tanto en la Constitución Política Local como en la legislación secundaria, para decidir sobre la adscripción de los Magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia del Estado, se encuentra determinada por un órgano distinto al Poder Judicial, constituye –una invasión a la independencia y autonomía judicial–, garantizadas en la Constitución Local y, por lo tanto, vulnera de manera directa el artículo 116, segundo párrafo, fracción III, de la Constitución Federal, así como el diverso 17, segundo y tercer párrafos, de este magno cuerpo de leyes, por afectar la independencia y autonomía funcionales del Poder Judicial.

26. Reitera que el acto impugnado contraviene los principios de independencia y autonomía judicial y de división de poderes por las siguientes razones:

27. De acuerdo con la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado del artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal, corresponde al Poder Judicial del Estado, concretamente al Pleno del Tribunal Superior de Justicia de dicho Poder determinar la forma en cómo se adscribirán los Magistrados de las Salas, por tanto, se transgrede el citado artículo constitucional por invadir la esfera competencial del Poder Judicial del Estado de Guerrero.

28. Si bien es cierto que la Constitución Local otorga en el artículo 61, fracciones V y IX, al Congreso del Estado, facultad de expedir las leyes orgánicas y ratificar los nombramientos de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la integración para el funcionamiento de ese tribunal corresponde a todos sus integrantes funcionando en Pleno, cualquier otra intromisión vulnera la independencia y autonomía judicial del Poder Judicial del Estado de Guerrero. Por tanto, el hecho de que el Congreso del Estado en el artículo cuarto transitorio haya determinado que la forma de integración de las Salas Colegiadas del Tribunal Superior de Justicia del Estado se haya realizado con base en la antigüedad del cargo, actualiza la violación a la autonomía e independencia judicial y, por ende, al principio de la división de poderes, por constituir tal acto una intromisión en las funciones o tareas que son propias del Poder Judicial del Estado, por estar constitucionalmente reservadas a éste. Sustentó su argumentación en la tesis jurisprudencial P./J. 81/2004, ya antes citada.

29. La parte actora estima que la injerencia en que incurre el Congreso del Estado respecto a la organización y funcionamiento del Poder Judicial Estatal, no sólo se refiere a la adscripción de los Magistrados a la "Primera Sala Civil" y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, sino también a la del personal jurídico y administrativo que integrará dichas Salas, lo cual también es inconstitucional, pues dicha facultad es exclusiva del Poder Judicial Local (en términos de los artículos 16, fracción XVI, y 79, fracciones IX y XXII de la ley orgánica), lo cual está garantizado por las Constituciones Federal y Local, con base en la división de poderes, la independencia y autonomía del Poder Judicial.

30. Reitera que la parte relativa del artículo cuarto transitorio impugnado actualiza una intromisión en el funcionamiento y adscripción del personal jurisdiccional y administrativo, pues, en automático, pasará a conformar, conjuntamente con los Magistrados, la "Primera Sala Civil" y la Cuarta Sala Penal, lo cual es inconstitucional, pues el Congreso del Estado se apropia de una facultad de que corresponde exclusivamente al Poder Judicial, razón por la cual es inadmisible que el Poder Legislativo se ocupe de la adscripción del personal jurisdiccional y administrativo a dichas Salas.

31. Aunado a lo anterior, el artículo 94, párrafo segundo, de la Constitución del Estado de Guerrero establece que la Ley Orgánica del Poder Judicial regulará lo relativo a la integración, organización, funcionamiento, adscripción y ámbito competencial de sus órganos y los numerales 16, fracción XVI, 79, fracciones IX y XXII, de la indicada ley orgánica establecen las atribuciones de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, respectivamente, de adscribir al personal jurídico y administrativo del Poder Judicial. Por tanto es claro que el artículo cuarto transitorio contraviene flagrantemente las citadas disposiciones constitucionales y legales, al establecer el Poder Legislativo las directrices para la adscripción de dicho personal.

32. La parte actora se duele de que el Congreso Local no haya expuesto las causas o motivos que tomó en consideración para modificar el texto original de dicho artículo transitorio, propuesto en la iniciativa de reforma que dio origen al decreto materia de impugnación; texto que incluso fue planteado y aprobado por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, por lo que consideró que es clara la intromisión del Congreso del Estado a la esfera competencial del Poder Judicial Local, ya que aquél no expuso ninguna circunstancia, hecho o razón que hubiera ponderado para poder introducir la modificación original al artículo cuarto transitorio planteado en la iniciativa.

33. En consecuencia, la parte actora estima que no existe justificación alguna por la que deban de ser los Magistrados de mayor antigüedad quienes integren la "Primera Sala Civil", de entre los Magistrados de las dos Salas Civiles que funcionan actualmente, y los de menor antigüedad los que conformen la Cuarta Sala Penal –reitera– que ello obedece a que dicho Congreso carece de fundamentos legales para sustentar los lineamientos relativos a la antigüedad.

34. En otro orden de ideas, la parte actora contrasta la grave contradicción existente, entre los artículos cuarto y quinto transitorios, del Decreto 501 aprobado por el Congreso del Estado, pues el artículo cuatro transitorio contiene los lineamientos para que se integre la Primera Sala Civil y la Cuarta Sala Penal, mientras que el quinto artículo transitorio regula la conversión de la Segunda Sala Civil a Cuarta Sala Penal, lo cual implica la transformación automática en ésta.

35. En suma estima que el artículo cuarto transitorio contenido en el Decreto 501 vulnera los principios de independencia y autonomía judicial, así como el de división de poderes.

II. Trámite de la controversia constitucional

36. Por acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil catorce,(1) el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el presente asunto con el expediente número 86/2014 y turnó el expediente al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, como instructor de procedimiento.

37. El Ministro instructor en proveído de uno de septiembre de dos mil catorce(2) requirió al secretario general del Gobierno del Estado de Guerrero para que precisara el medio oficial que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el "Decreto Número 501, por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero", acompañando a su informe un ejemplar del respectivo periódico, en términos del artículo 22, fracción IV, de la ley reglamentaria de la materia, lo cual deberá informar dentro del plazo de tres días hábiles a este Alto Tribunal.

38. En ese mismo proveído, el Ministro instructor requirió a la promovente para que en el plazo de cinco días hábiles aclarara su escrito de demanda y señalara si tiene conocimiento de algún acto concreto de aplicación de la norma impugnada, que se haya emitido a la fecha de presentación de la demanda, bajo el apercibimiento de no desahogar la prevención se decidirá lo que en derecho procede con los elementos que obran en autos.

39. En cumplimiento a dicho requerimiento, por escrito presentado el once de septiembre de dos mil catorce,(3) la Magistrada Lambertina Galeana Marín, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, manifestó que el Poder Judicial del Estado de Guerrero no tiene conocimiento de que a la fecha de presentación de la demanda de controversia constitucional del asunto en que se actúa se haya omitido algún acto concreto de aplicación de la norma impugnada.

40. Por su parte, mediante escrito presentado el once de septiembre de dos mil catorce,(4) Jesús Martínez Garnelo, secretario general de Gobierno del Estado de Guerrero, manifestó que el primero de agosto de dos mil catorce fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero el Decreto 501 por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero.

41. Por acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil catorce,(5) el Ministro instructor de la controversia constitucional tuvo por desahogadas las prevenciones hechas a las partes. En consecuencia, admitió la demanda de controversia constitucional, tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Guerrero, a quienes se ordenó emplazar para que en el plazo de treinta días hábiles dieran contestación a la demanda y ordenó dar vista al procurador general de la República.

III. Contestación de la demanda

42. Contestación del Poder Legislativo Local. El Poder Legislativo del Estado de Guerrero, a través de la presidenta de la Mesa Directica del Congreso del Estado de Guerrero, Laura Arizmendi Campos, presentó el escrito de mérito el tres de noviembre de dos mil catorce,(6) en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia. Señaló como ciertos los hechos atribuidos; manifestó que es falso que el decreto impugnado (artículo cuarto transitorio), infrinja la Constitución Federal, la Constitución Estatal ni la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero.

43. Antes de contestar los conceptos de invalidez, el Congreso Estatal reseñó el proceso legislativo para aprobar y expedir las normas generales impugnadas en el presente medio de control constitucional.

44. En primer lugar, el Poder Legislativo del Estado de Guerrero afirma contar con plenas facultades constitucionales y legales para expedir leyes y decretos de todas aquellas materias que no sean de la competencia exclusiva de la federación, como lo establece el artículo 124 de la Constitución Federal, facultad que se encuentra prevista en los artículos 61, fracciones I y III, y 65, fracciones I y IV, de la Constitución del Estado de Guerrero, en relación con el artículo 8, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero.

45. Asimismo, manifestó que cuenta con facultades suficientes para expedir la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero, en apego a los lineamientos previstos en el artículo 116 de la Constitución Federal. De tales preceptos interpretó que el Congreso del Estado de Guerrero tiene facultades expresas para legislar y emitir la Ley Orgánica del Poder Judicial, apegado a los lineamientos previstos en el artículo 116 de la Constitución Federal, debiendo garantizar la independencia del Poder Judicial.

46. De conformidad con el artículo 116 de la Constitución Federal, los Estados gozan de autonomía para decidir sobre la integración y funcionamiento de sus Poderes Judiciales, lo cual implica una amplia libertad de configuración de los sistemas de nombramiento y ratificación de los Magistrados que los integran, siempre y cuando respeten la estabilidad en el cargo y aseguren la independencia judicial. Y afirma que se emitió el decreto controvertido respetando los parámetros previstos en dicho artículo, consistentes en establecer un periodo razonable para el ejercicio del cargo, y la posibilidad de ser ratificado al término del periodo señalado en la Constitución Local, al demostrar poseer los atributos que se le reconocieron al habérsele designado.

47. La demandada sostiene que el artículo cuarto transitorio no es inconstitucional, porque tal precepto no prescribe, ni explícita ni implícitamente alguna obligación, prohibición o facultad que implique la intromisión, dependencia o la subordinación del Poder Judicial Local. Tampoco dispone en modo alguno que la toma de decisiones, con respecto a los fines de la ley, no correspondan en última instancia al Poder Judicial del Estado de Guerrero. Finalmente, no violentan el espíritu de dicho principio, es decir, no alteran en modo alguno la regularidad en el ejercicio de las atribuciones constitucionales establecidas a favor de cada uno de los poderes públicos. En consecuencia, no se atenta contra la autonomía e independencia del Poder Judicial Local.

48. El Congreso Local pone de relieve que el Poder Judicial del Estado de Guerrero reclama la inconstitucionalidad de un artículo transitorio, cuyo efecto y consecuencia se hicieron consistir en la integración de la Sala Civil con los Magistrados de mayor antigüedad en el cargo de las dos Salas que venían funcionando y que la Cuarta Sala Penal quedaría integrada con los de menor antigüedad, lo cual no vulnera la autonomía judicial, en razón de la naturaleza jurídica de los artículos transitorios, cuya función es, en principio, temporal y sirve para regular los procesos de cambio en el sistema jurídico.

49. Al respecto, el Congreso Estatal consideró que la naturaleza jurídica se define por su función, así los artículos transitorios regulan la aplicabilidad de otras normas, ya sea al señalar la entrada en vigor de una disposición o al derogarla, así como de establecer los lineamientos para el funcionamiento de la norma, provisionales o de tránsito (circunstancias de modo, tiempo y lugar), esto es, permiten su eficacia al estar dirigidos a una cuestión específica. Lo anterior, permite que la etapa de transición entre la vigencia de un numeral o cuerpo de leyes, y que el que lo deroga, reforma o adiciona, sea de tal naturaleza que no paralice el desenvolvimiento de la actividad pública del Estado, y no dé lugar a momento alguno de anarquía.

50. El artículo transitorio pierde su eficacia una vez que ha cumplido su cometido, es decir, su vigencia es temporal, pues su función se agota al entrar en vigor la norma a que hacen referencia, y que por tanto, implica un supuesto precisamente provisional o de tránsito que no necesariamente debe prolongarse en el tiempo. Lo cual ocurrió, pues el referido artículo cuarto transitorio cumplió su función y perdió su vigencia al haber entrado en vigor la norma que regulaba, esto es, a partir del treinta de septiembre de dos mil catorce, fecha en la cual de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 501, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el uno de agosto de presente año, estableció: "Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor a los treinta días naturales siguientes a su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado ..."

51. La demandada alega que el decreto en el que se contiene el citado artículo transitorio fue publicado en el citado Periódico Oficial, y una vez que entró en vigor, el artículo cuarto transitorio perdió su vigencia y cumplió su propósito, y a partir de ahí, nada impide que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, con base en los artículos 9 y 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, modifique la integración de las Salas con base a sus propios criterios de organización, puesto que no existe proh

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29012-78993c06/i-controversia-constitucional-procede-la-suscitada-entre-dos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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