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Modo: Corpus Pro

DICTAMEN PERICIAL OFICIAL NO RATIFICADO. SU VALORACIÓN EN LA SENTENCIA DEFINITIVA CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE DEBE SUBSANARSE CON LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO HASTA ANTES DEL CIERRE DE LA INSTRUCCIÓN (SISTEMA PENAL INQUISITORIO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2018. · Registro digital (IUS): 29077
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2019-10-18
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo III, Pág. 2726.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 30 DE ABRIL DE 2019. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS PATRICIA ELIA CERROS DOMÍNGUEZ, JOSÉ LUIS ZAYAS ROLDÁN Y JORGE MERCADO MEJÍA. PONENTE: JORGE MERCADO MEJÍA. SECRETARIA: DULCE GUADALUPE CANTO QUINTAL.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia legal.

9. Este Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo séptimo, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, facción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de mayo de dos mil catorce; por tratarse de una posible contradicción de tesis entre criterios sustentados en asuntos de su competencia por Tribunales Colegiados de este Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación.

10. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque la formula **********, parte quejosa en el amparo directo 254/2018, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de conformidad con el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

11. Lo anterior, en virtud de que dicho Tribunal Colegiado es uno de los contendientes en la contradicción que se denuncia.

TERCERO.—Criterios de los tribunales contendientes.

12. Los antecedentes y las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son los que a continuación se relatan:

I. Ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito. De esta determinación, en el amparo directo 254/2018, se advierte lo siguiente:

• Por escrito presentado el seis de abril de dos mil dieciocho, ante la Administración de Gestión Judicial de Segunda Instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, ********** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se citan:

Ver autoridad responsable y acto reclamado 1

• Correspondió conocer del asunto al Segundo Tribunal Colegiado al día siguiente hábil, cuyo presidente, en auto de siete de junio de tal año, lo admitió a trámite bajo el expediente 254/2018.

• El tres de julio dos de mil dieciocho, se turnaron los autos a la ponencia a cargo del Magistrado José Angel Máttar Oliva, para la elaboración del proyecto respectivo, con fundamento en el artículo 183 de la Ley de Amparo.

• En sesión de treinta de agosto de dos mil dieciocho, el Segundo Tribunal Colegiado resolvió el amparo directo penal 254/2018, en el sentido de negar el amparo y protección federal al quejoso, al resultar infundados los conceptos de violación propuestos por el quejoso relacionados con el delito y su plena responsabilidad, por el delito de administración fraudulenta,(8) por el que se le sentenció.

• Ahora bien, en lo que interesa para la presente contradicción, el quejoso hizo valer un concepto de violación, en el sentido de que el peritaje contable de la experta oficial debe eliminarse y no otorgarse valor probatorio alguno, pues no fue ratificado. Las consideraciones correspondientes del Segundo Tribunal Colegiado se reproducen enseguida:

"... la Primera Sala del Alto Tribunal, en la jurisprudencia de registro: 178750, dijo que los dictámenes periciales, para su validez, deben ser ratificados por quienes los emiten. La jurisprudencia aludida (y que el quejoso alegó) es de la Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, abril de 2005, materia penal, 1a./J. 7/2005, página 235:

"‘DICTÁMENES PERICIALES. PARA SU VALIDEZ DEBEN SER RATIFICADOS POR QUIENES LOS EMITEN, INCLUSO POR LOS PERITOS OFICIALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA).’ (se transcribe)

"Pero un más profundo análisis del tema llevó a la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a emitir la siguiente jurisprudencia:

"‘DICTAMEN PERICIAL OFICIAL. EL EMITIDO PERO NO RATIFICADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 235 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN LA ETAPA DE AVERIGUACIÓN PREVIA, CONSTITUYE PRUEBA IMPERFECTA, NO ILÍCITA, PARA EL DICTADO DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN.’

"Imperfecta, no ilícita, aquella prueba pericial cuyo autor no la ratifique. Tal fue la conclusión a la que arribó la referida Primera Sala en la jurisprudencia recién transcrita.

"Entonces, si en el caso concreto la perito oficial no ratificó su dictamen contable, no significa que sea inválido, ilegal, o similar, sino imperfecto. Incluso, se documentó que falleció, y el abogado particular del aquí quejoso lo refirió en audiencia con el Juez y el fiscal, y manifestó su deseo –ratificado por el procesado, aquí quejoso–, de desistirse de esa ratificación, como se aprecia a foja 550:

"‘Que en virtud de que esta defensa se encuentra enterada de que la perito **********, falleciera, enterándonos a través de la prensa local, es por lo que esta defensa estima desistirse de la presente ampliación de la pericial contable ... En uso de la voz que le es concedida al inculpado, quien manifiesta: que se adhiere a todo lo manifestado por su defensor particular respecto al desistimiento de la ampliación de la pericial contable ...’

"Adicional a lo anterior, el peritaje oficial se basó sobre las documentales que exhibió la parte querellante, consistente en numerosos cheques a nombre del aquí quejoso; y otros endosados a su nombre; así como estados de cuenta para documentar el egreso del dinero y otros para comprobar el ingreso a la cuenta bancaria del quejoso; con otras palabras, la pericia se redujo a una sumatoria y cruce de información bancaria contra chequera.

"De cualquier modo, la decisión del Juez, validada, incluso ampliada por la Sala, se sostuvo en ambos peritajes, no uno solo, máxime que la cantidad que se tomó en consideración como detrimento patrimonial, fue el de menor cantidad, lo que fue en beneficio del aquí quejoso en orden a la reparación del daño material a que fue condenado.

"Máxime que el monto del detrimento patrimonial no incide en la figura típica que se actualizó ..."

II. Postura del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. El tribunal citado, en la ejecutoria dictada en el amparo directo 67/2018, consideró lo siguiente:

• Por escrito presentado ante la Administración de Gestión Judicial de Segunda Instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, el veintitrés de enero de dos mil dieciocho,(9) el sentenciado **********,(10) alias ********** y/o ********** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades siguientes:

Ver autoridad responsable y acto reclamado 2

• Correspondió conocer de la demanda de amparo, al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en donde quedó radicado con el expediente 67/2018, turnado para su resolución al Magistrado Jorge Mercado Mejía.

• En sesión de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, se resolvió el citado amparo directo, en el que en lo que al advertirse que dentro de los medios de convicción valorados por el Juez responsable existieron dictámenes periciales oficiales no ratificados, en suplencia de la deficiencia de la queja, el tribunal de amparo determinó conceder el amparo y protección Federal al quejoso, al estimar que lo anterior implica una violación a las leyes que rigen el procedimiento, con base en las siguientes consideraciones:

• En suplencia de la queja deficiente, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, este órgano colegiado advierte que el Juez de la causa omitió ordenar ratificar los dictámenes emitidos por los peritos oficiales en la fase de la averiguación previa.

• Lo anterior, con base en los criterios 1a. LXIV/2015 (10a.) y 1a. XXXIV/2016 (10a.), sustentados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los rubros: "DICTÁMENES PERICIALES. EL ARTÍCULO 235 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AL EXIMIR A LOS PERITOS OFICIALES DE RATIFICARLOS, VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE IGUALDAD PROCESAL."(11) y "DICTÁMENES PERICIALES. LA NO RATIFICACIÓN DEL RENDIDO POR EL PERITO OFICIAL CONSTITUYE UN VICIO FORMAL SUBSANABLE, POR LO QUE EN NINGÚN CASO DEBE DAR LUGAR A CONSIDERAR QUE CONSTITUYE PRUEBA ILÍCITA QUE DEBA SER EXCLUIDA DEL ANÁLISIS PROBATORIO CORRESPONDIENTE."(12)

• En efecto, conforme a la tesis citada en primer lugar, se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1687/2014, analizó el contenido del numeral 235 del Código Federal de Procedimientos Penales,(13) el cual es similar al precepto 166 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Quintana Roo,(14) determinando que al eximir a los peritos oficiales de ratificar sus dictámenes y obligar a los de las demás partes del juicio a hacerlo, vulnera el derecho fundamental de igualdad procesal, toda vez que si la prueba pericial se constituye fuera del alcance o de la intervención directa del juzgador, es indispensable que quien la elabora la confirme personal y expresamente, a fin de hacer indubitable su valor, pues existe la posibilidad de que el juicio pericial se emita por una persona distinta de la designada o que pueda sustituirse o alterarse sin que tenga conocimiento el perito nombrado.

• Asimismo, el Alto Tribunal destacó que si la finalidad de las formalidades es dotar de certeza y seguridad jurídica a las actuaciones judiciales, es una exigencia válida para cualquier perito que ratifique su dictamen, sin que se advierta una razonabilidad lógico-jurídica que lleve a establecer de "innecesaria" dicha ratificación por parte del perito oficial, pues de aceptarse esta excepción se originaría un desequilibrio procesal, ya que las partes no se encontrarían en igualdad de condiciones procesales, en cuanto a la exigencia de ratificación de los peritajes exhibidos por el inculpado; de ahí que la opinión pericial que no sea ratificada constituye una prueba imperfecta, en virtud de que para otorgar certeza y seguridad jurídica al acto contenido en el dictamen, es indispensable que lo ratifique el perito oficial que lo formuló.

• Por otra parte, en la diversa tesis 1a. XXXIV/2016 (10a.), la misma Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que la no ratificación de los dictámenes periciales rendidos por el perito oficial, constituye una violación formal, empero, que ello no da lugar a considerar que tales dictámenes constituyan prueba ilícita que deba ser excluida del análisis probatorio correspondiente, sino un vicio formal susceptible de ser subsanado mediante la ratificación correspondiente.

• Explicó que lo anterior era así, en razón de que la formalidad en cuestión, no trasciende de manera sustantiva al contenido de la prueba pericial en el proceso penal, es decir, a la metodología y conclusión del dictamen, sino que se vincula exclusivamente con la imposibilidad de conferirle valor probatorio, se insiste, hasta en tanto el mismo no sea ratificado por el perito oficial que lo haya rendido.

• El Alto Tribunal estableció que, a fin de restaurar la igualdad procesal entre las partes, basta con que se ordene la ratificación del dictamen, incluso en vía de reposición del procedimiento, en su caso, para que el señalado vicio formal desaparezca y pueda estar en condiciones de ser valorado por el Juez.

• Ahora bien, este Tribunal Colegiado considera que la autoridad responsable, siguiendo las directrices establecidas en las tesis reseñadas 1a. LXIV/2015 (10a.) y 1a. XXXIV/2016 (10a.), debió hacer propias las consideraciones que las sustentan y, por ende, inaplicar lo dispuesto en el numeral 166 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Quintana Roo, siguiendo la misma línea argumentativa de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 235 del Código Federal de Procedimientos Penales, ya que ambos cardinales establecen que el perito oficial no necesitará ratificar su dictamen.

• En el caso que nos ocupa, en la averiguación previa se desahogaron diversos dictámenes periciales por peritos oficiales, a saber:

Ver dictámenes periciales

• Sin embargo, no se advierte que hayan sido ratificados por sus suscriptores y se les concedió valor probatorio en la sentencia reclamada.

• En ese sentido, la Sala responsable avaló que conforme a los artículos 166 y 247,(15) entre otros, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Quintana Roo, vigente al momento en que ocurrieron los hechos, el perito oficial no necesitaba ratificar su dictamen.

• Así las cosas, es inconcuso que en el caso se actualiza una violación procesal, ya que el Juez responsable durante el procedimiento debió ordenar el perfeccionamiento de las periciales de trato, al no encontrarse ratificadas por los peritos oficiales que las emitieron.

• Violación procesal que dejó en estado de indefensión al quejoso y trascendió al resultado del fallo reclamado, ya que dichas pruebas fueron valoradas y tomadas en cuenta para dictar sentencia condenatoria.

• Luego, al no haberlo hecho así, trasgredió las normas del procedimiento penal y dejó al peticionario de amparo en estado de indefensión, pues desequilibró la igualdad procesal entre las partes, en los términos que ha señalado nuestro Máximo Tribunal.

13. Precisadas las posturas de los tribunales contendientes, ha lugar ahora a examinar si, en el caso, se satisfacen los requisitos necesarios para afirmar la existencia de una contradicción de criterios, de los que se ha dado noticia en párrafos precedentes.

CUARTO.—Existencia de la contradicción.

14. La técnica para dilucidar si se presenta una contradicción de tesis, acorde con las directivas utilizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consiste en detectar si existe una discrepancia en los procesos de interpretación de los tribunales contendientes, para lo cual debe revisarse si se reúnen las siguientes condiciones:

a) Que los órganos jurisdiccionales contendientes hayan resuelto alguna cuestión jurídica en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida esté encaminada a la atención de un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

15. Esas directrices se encuentran reflejadas en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia P./J. 72/2010,(16) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

16. Por otro lado, cabe señalar que aun cuando los criterios contendientes no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer, acorde con la tesis P. L/94,(17) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se cita:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.—Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen así."

17. Así, de los antecedentes que informan los amparos directos, así como de las consideraciones que sustentan las resoluciones respectivas, se advierte que se actualizan los supuestos para estimar que existe una contradicción de criterios, por lo siguiente:

Primer requisito: Resolución de alguna cuestión litigiosa en la que hayan ejercido su arbitrio judicial a través de un método interpretativo.

18. A juicio de este Pleno de Circuito, los tribunales contendientes, al resolver la correspondiente cuestión litigiosa presentada ante ellos, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de un procedimiento interpretativo para llegar a una solución determinada. Lo anterior, en asuntos que fueron tramitados bajo el sistema penal inquisitivo. Ello se advierte en las resoluciones emitidas por dichos tribunales, las cuales se detallaron al explicar las posturas de cada uno de ellos.

Segundo requisito: Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos.

19. Este Pleno de Circuito considera que el segundo requisito queda cumplido, ya que ambos tribunales analizaron casos en los que, a partir de supuestos similares, llegaron a una conclusión diferente.

20. Esto porque, por un lado, emitieron su decisión a partir de consideraciones que encuentran identidad en los casos que enfrentaron, consistentes en determinar el sentido de una resolución reclamada en la que existen dictámenes periciales no ratificados en la causa penal de origen.

21. Por otro lado, en los ejercicios interpretativos realizados por los tribunales contendientes existe disenso en la decisión adoptada, por las razones siguientes:

21.1. El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito consideró el contenido de las jurisprudencias 1a./J. 7/2005 y 1a./J. 62/2016 (10a.), las que corresponden al rubro, títulos y subtítulos siguientes, respectivamente:

• "DICTAMENES PERICIALES. PARA SU VALIDEZ DEBEN SER RATIFICADOS POR QUIENES LOS EMITEN, INCLUSO POR LOS PERITOS OFICIALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA)."(18)

• "DICTAMEN PERICIAL OFICIAL. EL EMITIDO PERO NO RATIFICADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 235 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN LA ETAPA DE AVERIGUACIÓN PREVIA, CONSTITUYE PRUEBA IMPERFECTA, NO ILÍCITA, PARA EL DICTADO DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN."(19)

21.2. Con base en las jurisprudencias aludidas, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito resolvió infundado el concepto de violación propuesto por el quejoso en el que sostuvo que el peritaje contable suscrito por la perito oficial debió eliminarse sin darle valor probatorio, bajo las siguientes consideraciones:

21.3. En el caso concreto, la perito oficial no ratificó su dictamen, pero ello no significa que sea inválido, ilegal, o similar, sino imperfecto, con lo que tácitamente consideró que ello no impide su valoración en sentencia por el tribunal penal.

22. En cambio, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en relación con el mismo tema, razonó que los dictámenes periciales oficiales que no fueron ratificados, pero sí valorados por la responsable, son pruebas imperfectas, por tanto, debe reponerse el procedimiento para obtener su ratificación, por lo siguiente:

22.1. El Tercer Tribunal Colegiado refirió, en primer orden, las tesis aisladas 1a. LXIV/2015 (10a.) y 1a. XXXIV/2016 (10a.), que corresponden a los rubros:

"DICTÁMENES PERICIALES. EL ARTÍCULO 235 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AL EXIMIR A LOS PERITOS OFICIALES DE RATIFICARLOS, VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE IGUALDAD PROCESAL."(20)

"DICTÁMENES PERICIALES. LA NO RATIFICACIÓN DEL RENDIDO POR EL PERITO OFICIAL CONSTITUYE UN VICIO FORMAL SUBSANABLE, POR LO QUE EN NINGÚN CASO DEBE DAR LUGAR A CONSIDERAR QUE CONSTITUYE PRUEBA ILÍCITA QUE DEBA SER EXCLUIDA DEL ANÁLISIS PROBATORIO CORRESPONDIENTE."(21)

22.2. Con sustento en esos criterios, el Tercer Tribunal Colegiado afirmó que la falta de ratificación de los dictámenes periciales dentro de la causa penal valorados en la sentencia reclamada, implica que se trata de pruebas imperfectas, sin que por ello pueda dar lugar a que constituyan pruebas ilícitas que deban ser excluidas, sino que ello actualiza una violación procesal susceptible de ser subsanada, para lo cual debe ordenarse la reposición del procedimiento a fin de que las experticias sean ratificadas.

23. Hechos fácticos. Como se advierte de lo relatado, ambas decisiones de los tribunales contendientes partieron de dos datos relevantes derivados de las constancias de autos:

• La falta de ratificación de dictámenes periciales oficiales en el proceso penal de origen que, en términos del artículo 166 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Quintana Roo, no ameritan ratificación.

• La valoración por la responsable de dichos dictámenes en la sentencia reclamada.

24. Razonamientos sustanciales de los tribunales. En este tenor, se advierte que ante tales situaciones de hechos, ambos tribunales partieron en sus razonamientos de las consideraciones expresadas por la Primera Sala del Alto Tribunal del País en los criterios que llevan por rubro:

"DICTÁMENES PERICIALES. PARA SU VALIDEZ DEBEN SER RATIFICADOS POR QUIENES LOS EMITEN, INCLUSO POR LOS PERITOS OFICIALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA)."

"DICTAMEN PERICIAL OFICIAL. EL EMITIDO PERO NO RATIFICADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 235 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN LA ETAPA DE AVERIGUACIÓN PREVIA, CONSTITUYE PRUEBA IMPERFECTA, NO ILÍCITA, PARA EL DICTADO DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN."

25. Empero, cada uno de los tribunales contendientes arribó a conclusiones adversas no obstante que partió de los mismos hechos y marco jurisprudencial establecido por la Primera Sala del Alto Tribunal del País, en virtud de que ambos estimaron que la falta de ratificación de dictámenes oficiales periciales valorados en una sentencia definitiva convierte a esos medios de convicción en pruebas imperfectas, lo que no implica que sean inválidos o ilegales para que sean excluidos; sin embargo, el Segundo Tribunal Colegiado tácitamente reconoció que tales dictámenes pueden ser sujetos de valoración en tal sentencia definitiva, por lo que no debe reponerse el procedimiento para ordenar su ratificación.

26. En cambio, el Tercer Tribunal Colegiado de este Circuito estableció que la falta de ratificación de los dictámenes periciales actualiza una violación procesal, por lo que correspondía al Juez del proceso subsanar dicha violación formal ordenando la ratificación de los dictámenes, ya que, por una parte, el contenido del artículo 166 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Quintana Roo, debe desaplicarse, por ser violatorio del principio de igualdad procesal; y, por otro lado, esa falta de formalidad afecta el valor probatorio de dicha prueba pericial, motivo por el cual, debe subsanarse en aras de un debido proceso.

27. En este tenor, se advierte que cada órgano jurisdiccional reinterpretó el contenido del marco jurisprudencial con base en el cual la Primera Sala del Alto Tribunal del País estableció el carácter de prueba imperfecta a los dictámenes periciales no ratificados, ya que cada tribunal de amparo contendiente otorgó una consecuencia jurídica diversa ante la existencia de medios de convicción que adolecen de ratificación que sustentan una sentencia condenatoria.

28. Conforme a lo anterior, del análisis de los criterios contendientes, se advierte que ambos tribunales coinciden en que una prueba pericial no ratificada sólo constituye una prueba imperfecta, pero no es ilícita para ser excluida del material probatorio; empero, la sustancial discrepancia entre los tribunales contendientes radica en que el Segundo Tribunal Colegiado tácitamente reconoció que dicha prueba imperfecta es susceptible de ser valorada en la sentencia definitiva; en tanto que el Tercer Tribunal Colegiado estableció que es ilegal que el tribunal penal valorara dicha prueba pericial oficial imperfecta, por lo que ante la existencia de esa prueba imperfecta, ello amerita reponer el procedimiento en la causa penal para ordenar que dicho medio de convicción se ratifique. Lo anterior se esquematiza enseguida:

Ver esquema

29. De esta forma, es claro que existe una divergencia en los criterios de los tribunales de amparo, porque mientras el Segundo Tribunal de amparo fijó la postura de que la falta de ratificación de un dictamen pericial sólo lo convierte en prueba imperfecta sin darle mayor relevancia, aclarando incluso que tal característica no la convierte en una prueba ilícita, por lo que puede ser sujeta de valoración en la sentencia definitiva; el Tercer Tribunal Colegiado calificó que la inexistencia de tal formalidad en un dictamen pericial oficial valorado en el acto reclamado constituye una violación procesal que amerita la reposición del procedimiento, esto es, no puede ser sujeta de valoración en la sentencia definitiva.

30. Esto es, la discrepancia materia de la contradicción de tesis que se resuelve se puntualiza al tenor de las siguientes posturas:

Ver posturas

31. No se soslaya por este Pleno de Circuito, que el Segundo Tribunal Colegiado haya otorgado otros razonamientos para sustentar que la falta de ratificación del dictamen pericial no implica violación de derechos fundamentales al quejoso; sin embargo, tales consideraciones, al derivarse de las particularidades del caso resuelto, resultan intrascendentes para efectos de esta contradicción que se concreta en el disenso entre los tribunales contendientes respecto a la postura que cada uno de ellos adoptó ante los dictámenes periciales oficiales no ratificados y valorados en sentencia definitiva.

Tercer requisito: Que pueda formularse una pregunta o cuestionamientos a resolver.

32. Este requisito también se cumple, ya que advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, cabe la siguiente pregunta:

33. ¿El dictamen pericial oficial no ratificado, como prueba imperfecta, puede ser objeto de valoración en sentencia definitiva o debe reponerse el procedimiento para ordenar su ratificación?

34. Ha lugar entonces a dar respuesta

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29077-db8f6269/dictamen-pericial-oficial-no-ratificado-su-valoracion-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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