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Modo: Corpus Pro

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECRETE LA IMPROCEDENCIA O DESECHAMIENTO DE LA SOLICITUD DE LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE, DEBE AGOTARSE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBE DEMANDARSE A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AUNQUE EL LEGISLADOR NO HAYA EMITIDO LA LEY ESPECIAL RELATIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2018. · Registro digital (IUS): 29086
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2019-10-18
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo III, Pág. 3075.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 9 DE ABRIL DE 2019. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JORGE MERCADO MEJÍA, PATRICIA ELIA CERROS DOMÍNGUEZ Y JOSÉ LUIS ZAYAS ROLDÁN. PONENTE: JORGE MERCADO MEJÍA. SECRETARIA: MARYCARMEN ARELLANO GUTIÉRREZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia.

8. Este Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 226, fracción III, de la Ley de Amparo,(4) así como 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(5) en relación con el diverso artículo primero transitorio del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito,(6) por tratarse de una posible contradicción de tesis entre criterios sustentados en asuntos de su competencia por Tribunales Colegiados de este Circuito.

SEGUNDO.—Plazo para emitir resolución.

9. De conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, el presente proyecto se emite dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se turnó el asunto, toda vez que la notificación del turno se realizó el doce de febrero de dos mil diecinueve y el proyecto relativo se incorporó el siete de marzo siguiente, al Sistema de Plenos de Circuito del Consejo de la Judicatura Federal.

TERCERO.—Legitimación del denunciante.

10. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(7) ya que se interpuso por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, quien emitió los acuerdos sujetos a revisión en los recursos de queja cuyas ejecutorias contienden en la presente contradicción.

CUARTO.—Posturas contendientes.

11. Con la finalidad de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente relatar brevemente el origen procesal de los asuntos y transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

I. Sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el recurso de queja 196/2018.

12. El primer criterio contendiente es sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de este Circuito en el recurso de queja 196/2018, que derivó de los siguientes antecedentes:

12.1 ********** promovió juicio de amparo, contra el teniente coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor con el cargo de secretario municipal de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, y otras autoridades, y señaló como actos reclamados los siguientes:

"IV. Actos reclamados:

"a) La ilegal contestación contenida en el oficio **********, de fecha 15 de mayo de 2018, realizada por el Lic. **********, director del Área Jurídica de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Benito Juárez, en el Estado de Quintana Roo, conforme a lo dispuesto en el artículo 108, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Benito Juárez en el Estado de Quintana Roo, emitida sin la facultad legal para realizarlo.

"b) La ilegal contestación contenida en el oficio **********, de fecha 15 de mayo de 2018, realizada por el Lic. **********, director del Área Jurídica de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Benito Juárez, en el Estado de Quintana Roo, conforme a lo dispuesto en el artículo 108, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Benito Juárez en el Estado de Quintana Roo, emitida de manera ilógica, incongruente e indebidamente motivada y fundamentada a la solicitud realizada por el suscrito mediante escrito de fecha 30 de abril de año 2018, presentado ante la autoridad responsable en fecha 5 de mayo del año 2018, a pesar de que mi petición la realicé con fundamento en los artículos 8o. y 109 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"c) La indebida tramitación a mi reclamación de indemnización, a pesar de que mi petición la realicé con fundamento en los artículos 8o. y 109 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

12.2 La demanda de derechos fundamentales fue del conocimiento del Juez Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, quien por auto de veintiocho de junio de dos mil dieciocho la desechó, por considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en términos del artículo 113 de dicha legislación.

12.3 Inconforme con dicha determinación, el quejoso interpuso recurso de queja 196/2018, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, admitido el recurso se ordenó turnar el asunto a la ponencia del Magistrado Gerardo Dávila Gaona para la elaboración del correspondiente proyecto de sentencia, en términos del artículo 101, último párrafo, de la Ley de Amparo.

12.4 Así, en sesión pública ordinaria de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, el referido órgano colegiado declaró fundado el recurso de queja, con base en las consideraciones siguientes:

12.4.1 "El juzgador de amparo consideró la procedencia del juicio contencioso administrativo estatal contra los actos señalados como reclamados, sustentando su determinación en el artículo 187, fracción XI, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, siendo que dicho numeral, en unión con su fracción XVI, y los transitorios tercero y séptimo, son del siguiente texto:

"‘Artículo 187. El tribunal es competente para dirimir las controversias que se susciten entre administración pública estatal y municipal, y los particulares; por lo que conocerá de los juicios que se promuevan en contra de los actos administrativos, resoluciones definitivas y procedimientos que se indican a continuación:

"‘...

"‘XI. Los dictados por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la legislación de la materia en el Estado;

"‘...

"‘XVI. Resolver los procedimientos jurisdiccionales en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, así como fijar los montos de indemnización y en su caso, preverá la repetición en contra de los servidores públicos que afecten el patrimonio de los entes públicos estatales o municipales, en los términos que prevea la ley de la materia.’

"‘Tercero. La Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Quintana Roo, expedida mediante Decreto Número 335 de la XII Legislatura del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 5 de noviembre de 2010 y la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, expedida mediante Decreto Número 123 de la X Legislatura del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 24 de agosto de 2004, quedarán abrogadas para efectos de su aplicación en los procedimientos que se inicien a partir de la entrada en vigor del presente código.

"‘Las autoridades administrativas del Estado y los Municipios y la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, deberán sustanciar y concluir aquellos procedimientos administrativos, así como los recursos iniciados que se encuentren sometidos a su conocimiento, de conformidad con las leyes a que se refiere el párrafo anterior y las disposiciones que mediante el presente decreto se reforman y derogan de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, aplicables al momento de su interposición.’

"‘Séptimo. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de los que conocerá el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo de conformidad con lo establecido en el artículo 187, fracción XVI del Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo que se expide mediante el presente decreto, deberán ser sustanciados de conformidad con la legislación en la materia en su caso (sic) se emita.’

"Como puede apreciarse, se reconoce competencia al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, para conocer de la impugnación de resoluciones definitivas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la legislación de la materia en el Estado.

"También tiene competencia para resolver los procedimientos jurisdiccionales en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, así como fijar los montos de indemnización y, en su caso, preverá la repetición en contra de los servidores públicos que afecten el patrimonio de los entes públicos estatales o municipales, en los términos que prevea la ley de la materia.

"En las disposiciones transitorias, se regula, por una parte, la abrogación de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Quintana Roo y la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, para efectos de su aplicación en los procedimientos que se inicien a partir de la entrada en vigor de dicho código(8) y, por otra parte, que los procedimientos de responsabilidad patrimonial, se sustanciarán de conformidad con la legislación en la materia.

"Como se anticipó, el escrito formulado en su oportunidad por el quejoso y del que derivan a su vez los actos señalados como reclamados, tiene directa relación con un reclamo de indemnización por concepto de responsabilidad patrimonial del Estado, respecto de la actividad atribuida a una autoridad del Municipio de Benito Juárez, respecto de lo cual, al menos a la fecha de presentación de la demanda y del auto recurrido, no existe legislación vigente para el Estado de Quintana Roo en esa materia.

"En esa tesitura, la falta de marco imperante en materia específica de responsabilidad patrimonial para el Estado de Quintana Roo, incide directamente en la factibilidad de sostener la aplicabilidad del artículo 187, fracción XI, del citado código, pues como su propio texto lo indica, para definir cuándo se estará frente a la resolución definitiva que ponga (sic) un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, habrá de estarse a lo regulado al respecto en la legislación de la materia en el Estado; sin embargo, se reitera que la materia de responsabilidad patrimonial del Estado, en lo que refiere al Estado de Quintana Roo, no cuenta con la legislación particular que la regule.

"A lo anterior, se adminicula el hecho de que si bien se reconoce jurisdicción al Tribunal de Justicia Administrativa Estatal, para conocer de los procedimientos jurisdiccionales en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, la fracción XVI del numeral 187 citado y el artículo séptimo transitorio, son categóricos al establecer que la autoridad jurisdiccional se ceñirá para ello, al procedimiento que establezca la ley de la materia, que, se insiste, aún no forma parte del marco imperante.

"En esa tesitura, es dable concluir que no se actualizan las condicionantes de manifiesto e indudable, que el numeral 108 de la Ley Amparo exige para la viabilidad de un auto que deseche la demanda, en el entendido de que como se anticipó para ello, inicialmente deben analizarse las particularidades de los propios actos reclamados y el contexto en que se emitió, o se señalan como omisiones y, a partir de ello, realizar un análisis del marco imperante para poder sostener si respecto de éste, efectivamente se actualiza la existencia de un medio de defensa ordinario o recurso para su impugnación.

"Sobre dicha base, al no poderse afirmar la improcedencia del juicio de amparo que cumpla las referidas condicionantes de manifiesto e indudable, debe declararse fundado el recurso de queja y, en términos del numeral 103 de la Ley de Amparo, se ordena al Juez de Distrito se pronuncie sobre la admisión de la demanda de derechos fundamentales. ..."

13. Del criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito se advierte que dicho órgano colegiado determinó que no se actualizaba de forma notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados, porque si bien se reconoce jurisdicción al Tribunal de Justicia Administrativa Estatal para conocer de los procedimientos jurisdiccionales en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, la falta de marco imperante en esa materia incide directamente en la factibilidad para sostener la aplicabilidad del artículo 187, fracción XI, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, para definir cuando se estará ante una resolución definitiva que ponga fin al procedimiento administrativo, sin embargo, que al no contar con la legislación particular que la regule, deben analizarse las particularidades de los propios actos reclamados y el contexto en el que se emitió para determinar si respecto de aquéllos se actualiza la existencia de un medio de defensa ordinario o recurso para su impugnación.

II. Sentencia dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el recurso de queja 237/2018.

14. El segundo criterio que forma parte del presente asunto, es el sustentado en el recurso de queja 237/2018, del índice del Tercer Tribunal Colegiado de este Circuito, el cual derivó de los antecedentes que en la ejecutoria se relatan:

14.1 "**********, por propio derecho, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el oficio ********** de diecinueve de julio de dos mil dieciocho, emitido por el director del Área Jurídica de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo.

"Conviene hacer alusión a que en dicho oficio se dio respuesta a su escrito de veintiséis de mayo de dos mil dieciocho, en el que, medularmente solicitó se le indemnizara por la imposición de la multa de tránsito con número de folio **********, expedida por el oficial ********** (sic), el uno de noviembre de dos mil diecisiete, señalando que no se accedía a su solicitud, dejando a salvo sus derechos para que hiciera valer el medio de impugnación pertinente.

"Por auto de uno de agosto de dos mil dieciocho, el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, determinó desechar la demanda de amparo intentada, al existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que contra el oficio combatido procedía el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, de conformidad con el artículo 187, fracción XI, del Código de Justicia Administrativa de esta entidad federativa [juicio de amparo indirecto 396/2018]."

14.2 Inconforme con dicha determinación, el quejoso interpuso el recurso de queja 237/2018, del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, mismo que se admitió y se turnó a la ponencia de la Magistrada Selina Haidé Avante Juárez, para la elaboración del correspondiente proyecto de sentencia, en términos del artículo 101, último párrafo, de la Ley de Amparo.

14.3 En sesión pública ordinaria de treinta de agosto de dos mil dieciocho, el referido órgano colegiado declaró infundado el recurso de queja, con base en las consideraciones siguientes:

14.3.1 "Observancia al principio de definitividad

"Conviene recordar que el ahora recurrente solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclamó del director de la Unidad Jurídica de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, consistente en el oficio **********, de diecinueve de julio de dos mil dieciocho, a través del cual determinó no acceder a su reclamación por indemnización.

"En tales condiciones, contra tal acto el quejoso debió agotar el principio de definitividad, toda vez que fue dictado por una autoridad administrativa municipal, el cual pudo ser nulificado, modificado o revocado a través de la promoción de un medio de defensa legal ordinario, como lo es el juicio contencioso administrativo ventilado ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo.

"En efecto, el artículo 187, fracción XI, del Código de Justicia Administrativa de esta entidad,(9) señala medularmente que el mencionado tribunal será competente para dirimir controversias que se susciten entre los particulares y la administración pública municipal, entre otros. Asimismo, que conocerá de aquellos actos que pongan fin a una instancia en los términos de la legislación de la materia.

"En tales circunstancias, el acto combatido encuadra en la hipótesis de dicho precepto, toda vez que:

"1. Fue emitido por una autoridad administrativa municipal, esto es, por el director de la Unidad Jurídica de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo.

"2. Puso fin a la instancia, es decir, contestó, en sentido negativo, la solicitud del quejoso de una indemnización por daño patrimonial.

"3. Tal resolución se dictó en apoyo del Reglamento Interior de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, y Reglamento de Tránsito Municipal vigente.

"Por tanto, resulta inconcuso que el acto reclamado debió ser impugnado a través de un medio de defensa legal ordinario, aunado al hecho de que la propia autoridad administrativa dejó a salvo los derechos del quejoso para interponer el recurso de revisión previsto en la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, o el medio de defensa que considerara pertinente.

"En esas circunstancias, es innegable que contra el acto combatido procedía el medio ordinario de defensa legal, por lo que, de conformidad con el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, existe una causa manifiesta e indudable para que el juicio sea improcedente, toda vez que previo a la promoción del juicio de derechos fundamentales, el quejoso debió agotar el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo.

"No es óbice a lo anterior, el hecho de que el ahora recurrente argumente en el recurso de queja que nos ocupa que el legislador local no ha emitido regulación sobre la materia –responsabilidad patrimonial–, por lo que no estaba obligado a observar el principio de definitividad.

"Al respecto, debe decirse que el numeral 187, fracción XVI,(10) en relación con el artículo séptimo transitorio,(11) ambos del Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, señalan de manera muy puntual que el Tribunal de Justicia Administrativa de esta entidad, es el órgano jurisdiccional competente para conocer de los procedimientos de responsabilidad patrimonial; por tanto, es ante dicho tribunal donde se debe acudir para que se ventile un procedimiento de dicha materia –responsabilidad patrimonial–.

"Lo anterior es así, porque el propio artículo transitorio alude a que tales procedimientos se sustancien de conformidad con la legislación respectiva que en su caso se emita, e independientemente de la existencia o no del ordenamiento correspondiente, el referido órgano jurisdiccional administrativo, es el competente para dirimir una controversia de responsabilidad patrimonial.(12)

"Por tanto, si su intención era reclamar la indemnización patrimonial, debió, en todo caso, acudir al propio Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, que es la autoridad competente para sustanciar el procedimiento respectivo, antes de acudir al juicio de amparo indirecto.

"Por otra parte, debe decirse que el juzgador de amparo alude a que en contra de la resolución emitida por la responsable, procedía el recurso administrativo de revisión, sin que el recurrente combatiera tal señalamiento.

"Asimismo, se indica que, como resolvió el a quo, el acto reclamado no recae en alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad, por lo siguiente:

"i. El acto reclamado ostenta fundamentación y motivación.

"ii. No sólo se alegan violaciones directas a la Constitución Federal, sino se hacen valer cuestiones de legalidad.

"Máxime que la parte quejosa sostuvo la incompetencia de la autoridad responsable en la emisión del acto reclamado.

"iii. El medio de defensa ordinario para combatir tal acto se encuentra en el Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, o bien, en la Ley de los Municipios de esta entidad.

"iv. En dicho código se contempla la figura de la suspensión del acto impugnado, con requisitos similares a los de la Ley de Amparo.

"Por tanto, al no aplicarse alguna de las excepciones al principio de definitividad, previo a la promoción del juicio de amparo, es claro que debió intentarse en primera instancia el juicio contencioso administrativo.(13)

"En otras palabras, contra la resolución combatida en el juicio de amparo de origen, y previo a su promoción, el quejoso debió promover el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, en términos del artículo 187, fracción XI, del Código de Justicia Administrativa de esa entidad, pues el acto reclamado es una resolución dictada por una autoridad municipal, en la que se externó su voluntad definitiva en cuanto a la solicitud del quejoso, es decir, constituye una resolución definitiva que pone fin a una instancia o resuelve un expediente, dictada por una autoridad distinta de tribunales judiciales."

15. Como se ve, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en el recurso de queja 237/2018, resolvió que tal y como lo sostuvo el Juez de Distrito, se actualiza de forma notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el quejoso, antes de promover el juicio de amparo contra el oficio que niega la indemnización solicitada, debió agotar el principio de definitividad, porque se trata de una resolución definitiva, de conformidad con el artículo 187, fracción XI, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, ya que el acto reclamado pone fin a una instancia, fue emitido por una autoridad administrativa y dicha resolución se dictó en apoyo del Reglamento Interior de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, y Reglamento del Tránsito Municipal vigente.

16. Asimismo, estableció que el hecho de que el legislador local no ha emitido regulación sobre la materia de responsabilidad patrimonial, no impide la observancia al principio de definitividad, ya que el numeral 187, fracción XVI, en relación con el artículo séptimo transitorio, ambos del Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, establecen de manera puntual que el Tribunal de Justicia Administrativa es competente para conocer de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, por tanto, ante ese órgano debe iniciarse y ventilarse el procedimiento en esa materia, independientemente de la existencia o no del ordenamiento correspondiente, dado que insistió en que es el competente para dirimir esas controversias.

QUINTO.—Existencia de la contradicción de tesis.

17. El propósito fundamental que persigue la contradicción de tesis es salvaguardar la seguridad jurídica ante criterios opuestos y realizar la función unificadora en la interpretación del orden jurídico.

18. En tal sentido, debe precisarse que para determinar si existe o no la contradicción de tesis planteada y, en su caso, resolver cuál es el criterio que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, no es necesario que las posturas de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se sostengan en tesis, ya que para ello basta:(14)

18.1 La presencia de dos o más ejecutorias en las que, en asuntos que son de su competencia, se adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales;

18.2 La divergencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o respectivas interpretaciones jurídicas emitidas en esas ejecutorias; y,

18.3 Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

19. Como se observa, el referido test persigue detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto.

20. Siendo así, el abordaje de los problemas que plantean los Tribunales Colegiados de Circuito por la vía de la contradicción de tesis debe partir de una serie de reflexiones que abarquen desde la finalidad de la resolución del conflicto hasta la justificación mínima que en cada caso concreto debe acreditarse.

21. Ahora bien, en el caso, debe determinarse si se cumple o no con los requisitos para la existencia de una contradicción de tesis, tal como se analizará a continuación:

22. En la especie –aunque delimitado a un punto concreto y específico–, todos los extremos anteriores se acreditan, porque los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se enfrentan a una misma situación jurídica, a saber, dilucidar si en contra de la resolución que contiene una negativa de una indemnización originada por una multa emitida por una autoridad municipal, procede el amparo indirecto o debe agotarse previamente el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo.

23. Situación que enfrentan los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes:

23.1 Coincidentes: Ambos tribunales analizaron la observancia del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, en términos del artículo 187, fracciones XI y XVI, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, previo a la promoción del juicio de amparo, tratándose de la determinación que contiene la negativa de una indemnización por responsabilidad patrimonial emitida por una autoridad de la administración pública del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

23.2 Discrepantes: Ante la ausencia de la legislación en la materia de responsabilidad patrimonial del Estado de Quintana Roo, si debe o no agotarse, previo a la promoción del juicio de amparo, el juicio contencioso administrativo.

23.3 El Primer Tribunal Colegiado de este Circuito consideró que, en el caso, la parte quejosa no está obligada a observar el principio de definitividad, porque para definir cuándo se estará en presencia de una resolución definitiva que ponga fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelva el expediente, se requiere de la existencia de la norma reglamentaria en responsabilidad patrimonial, que no ha emitido el legislador y, precisamente la falta de marco aplicable al respecto impide el desechamiento de plano de la demanda de derechos fundamentales.

23.4 El Tercer Tribunal Colegiado de este Circuito sostuvo que el acto combatido encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 187, fracción XI, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, ya que se emitió por una autoridad administrativa municipal; puso fin a la instancia y se dictó con apoyo del Reglamento Interior de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito y el Reglamento de Tránsito Municipal, del Municipio de Benito Juárez. Además, el artículo 187, fracción XVI, en relación con el artículo séptimo transitorio, ambos del Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, señalan de manera muy puntual que el Tribunal de Justicia Administrativa de esta entidad, es el órgano jurisdiccional competente para conocer de los procedimientos de responsabilidad patrimonial; por tanto, es ante dicho tribunal administrativo donde el promovente debe acudir para que se ventile un procedimiento de dicha materia –responsabilidad patrimonial–, por lo que, al no surtirse alguna de las excepciones al principio de definitividad, previo a la promoción del juicio de amparo, debe agotarse el juicio contencioso administrativo, sin que sea un obstáculo la ausencia de una legislación estatal aplicable en materia de responsabilidad patrimonial, porque insistió en que el referido órgano jurisdiccional administrativo es el competente para dirimir la controversia de responsabilidad patrimonial.

24. Objeto de la contradicción de tesis. Por las razones expuestas y toda vez que de las constancias de autos se advierte que lo determinado por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes revela una clara contradicción en sus consideraciones y razonamientos, a fin de unificar los criterios sustentados, este Pleno de Circuito formula la siguiente pregunta: ¿Contra la resolución que contiene una negativa de una indemnización originada por una multa emitida por una autoridad municipal debe o no debe agotarse el juicio contencioso administrativo, en términos del artículo 187, fracciones XI y XVI, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, previo a la promoción del juicio de amparo, aun en ausencia del marco normativo en materia de responsabilidad patrimonial para el Estado de Quintana Roo?

SEXTO.—Criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

25. Antes de dar respuesta a la interrogante planteada, resulta conveniente referir que la metodología en el presente estudio se iniciará con el desarrollo del principio de definitividad, enseguida se

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29086-27d078f3/responsabilidad-patrimonial-del-estado-contra-la-resolucion-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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