Corpus
Modo: Corpus Pro

AUTO DE FORMAL PRISIÓN. NO ES OBSTÁCULO PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ESTE ACTO, LA CIRCUNSTANCIA DE QUE PREVIAMENTE SE HAYA CONCEDIDO AL MISMO QUEJOSO –EN AMPARO DIRECTO– LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL PARA EL EFECTO DE REPONER EL PROCEDIMIENTO E INVESTIGAR POSIBLES HECHOS DE TORTURA (LEY DE AMPARO ABROGADA).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 377/2018. · Registro digital (IUS): 29179
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-12-06
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SAN A
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, Pág. 200.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 377/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. 3 DE ABRIL DE 2019. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN SE RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE. DISIDENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: ROBERTO NEGRETE ROMERO.

CONSIDERANDO:

5. PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver la contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece.

6. Asimismo, la competencia recae en esta Sala, en virtud de que el tema de la contradicción deriva de juicios de orden penal, materia en la cual se encuentra especializada.

7. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, pues fue realizada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, a partir de la sentencia que dictó en auxilio de éste el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región.

8. TERCERO.—Criterios contendientes. Para determinar si la contradicción de tesis es existente, es necesario analizar las posiciones adoptadas por los Tribunales Colegiados:

9. Criterio 1. Sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 5/2017, consistente en:

"... el peticionario de garantías *********** promovió juicio de amparo indirecto contra el auto de formal prisión de nueve de febrero de dos mil uno, el cual conoció el Juez ... y seguidos los trámites legales, negó el amparo solicitado ...

"Ahora, al analizar si existe alguna hipótesis de improcedencia, se estima que se actualiza la causa prevista en los artículos (sic) 61, fracción XXIII, en relación con el 74, fracción V, de la Ley de Amparo, que disponen:

"‘Artículo 61. ...

"‘XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.’

"‘Artículo 74. ...

"‘V. Los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo, y en caso de amparos directos, el pronunciamiento respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, el órgano jurisdiccional advierta en suplencia de la queja, además de los términos precisos en que deba pronunciarse la nueva resolución.’

"Se afirma lo anterior, dado que este Tribunal Colegiado en la ejecutoria de nueve de junio de dos mil dieciséis, ordenó la reposición del procedimiento hasta la diligencia inmediata anterior al auto de cierre de instrucción, para la investigación de la posible violación a derechos humanos –tortura–. Esto es, se concedió el amparo para la investigación de la tortura, por parte de las autoridades del Estado, dado que existían indicios concordantes para suponer bajo un parámetro de probabilidad razonable de que la violación a derechos humanos aconteció; se ordenó la investigación, pues es la que en su caso permitiría determinar, en un primer momento, si la violación a derechos humanos por actos de tortura efectivamente aconteció –la Sala responsable valoró la declaración inicial de ***********, así como la de su cosentenciado, quien señaló al quejoso en su declaración rendida ante el Ministerio Público; sin embargo, en ampliación ante el Juez también negaron su primera declaración y refirieron que no la ratificaban porque habían sido torturados–; y en segundo lugar, porque de afirmarse la existencia de la violación a derechos humanos, derivada de la tortura infligida, entonces correspondería determinar si dicha conducta violatoria tuvo alguna incidencia en la etapa procedimental en que esto se demuestre; de manera que la situación jurídica del inculpado está determinada a partir del valor demostrativo que la autoridad otorgue a elementos de prueba que tuvieran como origen los actos de tortura, respecto de los cuales debieran ser aplicables las reglas de exclusión probatoria al momento de dictar la sentencia.

"En ese orden ideas, se estima que fue incorrecto el actuar del Juez de Distrito, al negar el amparo indirecto solicitado en contra del auto de formal prisión dictado en contra de *********** por el delito de privación ilegal de la libertad agravada; pues si bien este Tribunal Colegiado ordenó la reposición del procedimiento hasta la diligencia inmediata anterior al auto de cierre de instrucción, la concesión del amparo fue en cuanto a la investigación de la posible violación de derechos humanos –se ordenó analizar la declaración inicial de ***********, así como la de *********** rendida ante el Ministerio Público (entendidas éstas como el pilar de las pruebas)–, razón por la que el Juez de Distrito estaba impedido para analizar el auto impugnado, pues las pruebas que sustentan ese auto, están sub júdice a la ejecutoria dictada por este órgano colegiado. ..."

10. Criterio 2. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región estimó que:

"... en la sentencia recurrida, el Juez de Distrito ... en lo que atañe al diverso acto consistente en el auto de formal prisión, decretó el sobreseimiento, al estimar configurada la causal de improcedencia que deriva de la interrelación del artículo 61, fracción XXIII y 74, fracción V, de la Ley de Amparo, para lo cual hizo suyas las razones contenidas en la tesis aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro: ‘ACTOS DE TORTURA. SI EL ACTO RECLAMADO ES EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, Y SE ADVIERTE QUE LAS PRUEBAS QUE LO SUSTENTAN SE ENCUENTRAN SUB JÚDICE A LO DETERMINADO POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE SE INVESTIGUE LA POSIBLE EXISTENCIA DE AQUÉLLOS, ESA CIRCUNSTANCIA ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 74, FRACCIÓN V, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO.’

"... también es incorrecto el diverso sobreseimiento decretado en el juicio constitucional, respecto del auto de formal prisión dictado contra el quejoso **********, el siete de julio de dos mil seis, dentro de la causa penal **********/2006, al estimar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 74, fracción V, de la Ley de Amparo.(1)

"Sobre el particular, se insiste, el Juez federal resaltó que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, en el amparo directo **********/2017, ordenó la reposición del procedimiento hasta la diligencia inmediata anterior al auto de cierre de instrucción, para que se investigara la posible violación de derechos humanos en su perjuicio; de tal suerte que, indicó, a la luz de dicha sentencia de amparo, las pruebas que sustentan el auto de plazo constitucional dictado contra el quejoso, se encuentran sub júdice.

"Como sustento a su resolución, el Juez de Distrito citó la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de la Décima Época, Libro 43, Tomo IV, junio de 2017, materia común, tesis I.1o.P.55 P (10a.), página 2857, registro digital: 2014412, del contenido siguiente:

"‘ACTOS DE TORTURA. SI EL ACTO RECLAMADO ES EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, Y SE ADVIERTE QUE LAS PRUEBAS QUE LO SUSTENTAN SE ENCUENTRAN SUB JÚDICE A LO DETERMINADO POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE SE INVESTIGUE LA POSIBLE EXISTENCIA DE AQUÉLLOS, ESA CIRCUNSTANCIA ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 74, FRACCIÓN V, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. ...’

"Ahora bien, se afirma que fue incorrecto lo resuelto por el Juez de Distrito en la sentencia recurrida, pues este Tribunal Colegiado considera que, al haber quedado insubsistentes las sentencias de primera y segunda instancias con motivo de la reposición del procedimiento ordenada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito en el amparo directo **********/2017, ningún impedimento existía para analizar la constitucionalidad del auto de formal prisión, pues la situación jurídica del quejoso a la fecha de presentación de la demanda, es la de procesado, que se rige por el citado auto.

"En efecto, de las constancias que integran el sumario se advierte que el seis de noviembre de dos mil diecisiete, la Sala Colegiada en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el amparo directo **********/2017, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, mediante resolución dictada el seis de noviembre de dos mil diecisiete, dejó insubsistente la determinación dictada el veintiséis de noviembre de dos mil ocho, en el recurso de apelación **********/2008, y ordenó al Juez de origen la reposición del procedimiento hasta la diligencia inmediata anterior al auto de cierre de instrucción de doce de junio de dos mil ocho (fojas 196 a 227 del tomo II de pruebas), a fin de que se investigaran los posibles actos de tortura que afirma el procesado se cometieron en su perjuicio y para que se ratificaran los dictámenes rendidos por los peritos oficiales.

"En cumplimiento a lo anterior, el Juez de la causa, mediante acuerdo de trece de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 228 a 231 del tomo II de pruebas), repuso el procedimiento hasta la diligencia inmediata anterior al auto de cierre de instrucción de doce de junio de dos mil ocho, a fin de que se investiguen los posibles actos de tortura que afirma el procesado se cometieron en su perjuicio y señaló fecha y hora para el desahogo de las diligencias de ratificación de dictámenes.

"Así pues, queda en evidencia que tanto la sentencia de primera instancia dictada el once de septiembre de dos mil ocho, como la de segunda instancia de veintiséis de noviembre de dos mil ocho, quedaron insubsistentes el seis de noviembre de dos mil diecisiete, con motivo de la reposición del procedimiento ordenada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito en el amparo directo 161/2017; por lo que a partir de esa fecha el quejoso dejó de tener la calidad de sentenciado y volvió a tener la de procesado, por lo que su situación jurídica se rige por el auto de formal prisión dictado el siete de julio de dos mil seis.

"En consecuencia, si la demanda de amparo se presentó el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, es claro que a esa fecha su situación jurídica se rige por el auto de formal prisión, por lo que válidamente procede reclamarlo en amparo indirecto. ..."

11. CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. Por contradicción de "tesis" debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales mediante argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis. Sirve de apoyo para esta determinación la tesis P. L/94, de rubro "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(2) y la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(3)

12. Así, de acuerdo con lo resuelto por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, una nueva forma de aproximarse a los problemas que se plantean en este tipo de asuntos es la necesidad de unificar criterios y no la de comprobar que se reúnan una serie de características formales o fácticas.

13. Para corroborar, entonces, que una contradicción de tesis es procedente, se requiere determinar si existe la necesidad de unificar criterios, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación que llevaron a cabo los órganos jurisdiccionales.

14. En otras palabras, para resolver si existe o no la contradicción de tesis es necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –no tanto los resultados que arrojen– con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos–.

15. Por ende, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y dado que el problema radica en los procesos de interpretación –no en los resultados– adoptados por los tribunales contendientes, es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es indispensable que se cumplan las siguientes condiciones:

16. Los Tribunales Colegiados contendientes resolvieron alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

17. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentra algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y que sobre ese mismo punto de derecho los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

18. Lo anterior dé lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

19. Con este test, lo que se busca es detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto. A partir de lo expuesto, se verificará si el asunto cumple con las condiciones necesarias para la existencia de la contradicción entre los criterios de los Tribunales Colegiados.

20. Primer requisito: Arbitrio judicial. Los Tribunales Colegiados de Circuito se pronunciaron en relación con la procedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve en contra de un auto de formal prisión (dictado en la vigencia de la Ley de Amparo hoy en día abrogada),(4) en los casos en que previamente existe una concesión de amparo –la cual fue emitida en un juicio de amparo directo instado por el mismo quejoso– que tuvo el efecto de reponer el procedimiento con motivo de la necesidad de investigar posibles hechos de tortura.

21. Segundo requisito: Ejercicio interpretativo realizado sobre un mismo punto jurídico. Como puede advertirse, los Tribunales Colegiados resolvieron una cuestión jurídica en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, ya que determinaron lo conducente respecto a considerar procedente o no el juicio de amparo indirecto cuando existe un antecedente de concesión que tuvo el efecto de reponer el procedimiento hasta el último acto anterior al cierre de instrucción en el proceso penal tradicional o mixto.

22. En ese tenor, el ejercicio interpretativo de los Tribunales Colegiados se realizó sobre una misma problemática jurídica; sin embargo, adoptaron criterios jurídicos discrepantes.

23. Tercer requisito: Surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción. En el caso, como ya se ha mencionado, la materia de análisis en la contradicción de tesis se hace derivar de la postura asumida por los Tribunales Colegiados contendientes, pues reviste aspectos que no son coincidentes, por lo que se consideran suficientes para que esta Primera Sala tenga por acreditada la existencia de un tema disímil que conduzca a emitir un criterio sobre los tópicos respecto de los que se formuló la denuncia.

24. Ambos órganos, para emitir sus pronunciamientos, consideraron los siguientes elementos:

a) Existió un precedente de control constitucional directo, en el cual se otorgó la protección de la Justicia Federal para el efecto de reponer el procedimiento e investigar posibles hechos de tortura, destacadamente en su vertiente de transgresión de derechos fundamentales y su eventual trascendencia a elementos de prueba; y,

b) Con posterioridad a lo reseñado en el inciso anterior, el mismo quejoso promovió demanda de amparo indirecto en contra del auto de formal prisión (emitido en la vigencia de la Ley de Amparo hoy en día abrogada, es decir, bajo la regla de que tratándose de afectaciones a la libertad personal se puede acudir al juicio constitucional en cualquier momento).

25. Frente a tales elementos, el criterio del primer Tribunal Colegiado al que se hizo referencia fue considerar improcedente el juicio, mientras que el segundo consideró que no era obstáculo para analizar la constitucionalidad del auto de formal prisión, el hecho de que existiera tal precedente de concesión.

26. A partir de todo lo anterior, la divergencia de criterios se actualiza respecto del siguiente cuestionamiento: ¿Es improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve contra el auto de formal prisión, cuando –previamente y respecto del mismo quejoso– se dictó una concesión de amparo en la cual se ordenó la reposición del procedimiento para investigar posibles hechos de tortura?

27. Así las cosas, se estima que están reunidos los extremos para afirmar la existencia de una contradicción de criterios del conocimiento de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que los tribunales contendientes han expresado una posición antagónica en torno a un tema determinado, en el que esencialmente se controvierten los mismos planteamientos jurídicos.

28. No es obstáculo para arribar a la anterior conclusión el hecho de que, sobre el tema a debate, en la tesis aislada que tuvo a bien publicar uno de los Tribunales Colegiados contendientes éste plasmó un rasgo diferenciador de tal nivel que podría llevar a considerar que no existe una genuina contradicción.

Se explica.

29. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, como resultado de haber resuelto el referido amparo en revisión 5/2017, publicó el criterio 1o.P.55 P (10a.), cuyos rubro y texto son:

"ACTOS DE TORTURA. SI EL ACTO RECLAMADO ES EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, Y SE ADVIERTE QUE LAS PRUEBAS QUE LO SUSTENTAN SE ENCUENTRAN SUB JÚDICE A LO DETERMINADO POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE SE INVESTIGUE LA POSIBLE EXISTENCIA DE AQUÉLLOS, ESA CIRCUNSTANCIA ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 74, FRACCIÓN V, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. Si en el juicio de amparo indirecto se reclama el auto de formal prisión, y de autos se advierte que las pruebas que lo sustentan se encuentran sub júdice a lo determinado por el Tribunal Colegiado de Circuito que ordena la reposición del procedimiento (hasta la diligencia inmediata anterior al auto de cierre de instrucción), para la investigación de la posible existencia de actos de tortura, al conocer del amparo directo promovido por el cosentenciado del quejoso contra la sentencia definitiva, esa circunstancia actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 74, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, pues dicha concesión de amparo fue en cuanto a la investigación de la posible violación de derechos humanos; investigación en la que, en su caso, permitiría determinar, en un primer momento, si la violación a derechos humanos por actos de tortura efectivamente aconteció y, en segundo lugar, porque de afirmarse la existencia de la violación a derechos humanos, derivada de la tortura infligida, entonces correspondería determinar si dicha conducta violatoria tuvo alguna incidencia en la etapa procedimental en que esto se demuestre; de manera que la situación jurídica del inculpado está determinada a partir del valor demostrativo que la autoridad otorgue a elementos de prueba que tuvieran como origen los actos de tortura, respecto de los cuales debieran ser aplicables las reglas de exclusión probatoria, al dictar la sentencia; razón por la que se está impedido para estudiar el auto de formal prisión impugnado, pues las pruebas que lo sustentan, están sub júdice a la ejecutoria dictada por ese órgano colegiado."

30. En la parte destacada, se advierte que se hace referencia a que la concesión que antecede a la presentación del amparo indirecto contra el auto de formal prisión fue dictada en relación con un cosentenciado, con lo cual se tendría un rasgo diferenciador de lo dicho por el otro tribunal y no podría configurarse la contradicción, pues tal y como se destacó, el otro tribunal se pronunció en relación con un mismo quejoso: tanto aquel que goza de la concesión de amparo dictada en la vía directa, como aquel que con posterioridad a esto presentó demanda de amparo contra el auto de formal prisión.

31. Sin embargo, sí existe la contradicción de tesis, pues de la revisión de la ejecutoria que precede a esa tesis, tal y como fue destacado líneas atrás, se advierte que ese detalle (que el precedente derive de un cosentenciado), no es rasgo del caso, no fue materia de pronunciamiento y, en general, no se corresponde con lo analizado. Del escrutinio de la ejecutoria del amparo en revisión 5/2017, se advierte, categóricamente, que fue el mismo quejoso el que interpuso la demanda de amparo directo como aquel que promovió la del juicio constitucional en su vía indirecta.

32. Y frente a estas circunstancias, debe atenderse a lo plasmado en la ejecutoria, considerando que el criterio que sustenta el órgano jurisdiccional se encuentra en las consideraciones de la propia resolución, y la tesis constituye únicamente un mecanismo sintético de comunicación de la decisión judicial, que en este caso fue equivocado en vista de la diferencia destacada, pero que de ninguna forma trasciende al hecho de tener por existente la divergencia de criterios.

33. Por otra parte, es importante destacar que aun cuando los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes no son constitutivos de jurisprudencia debidamente integrada, ello no representa un obstáculo para determinar si existe la contradicción de tesis planteada y, en su caso, resolver cuál es el criterio que debe prevalecer, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, ni tampoco el artículo 226 de la Ley de Amparo lo exigen así, al establecer genéricamente que se trate de "tesis contradictorias".

34. QUINTO.—Criterio que debe adoptarse. Debe prevalecer como jurisprudencia el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las consideraciones que a continuación se expresan:

A modo de precisión, vale destacar que la contradicción se genera a partir del análisis de normas propias del sistema de justicia penal tradicional (mixto) en correlación con disposiciones previstas en la Ley de Amparo hoy en día abrogada, cuyos punto de contacto en ese caso llevan a preguntarse:

¿Es improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve contra el auto de formal prisión, cuando –previamente y respecto del mismo quejoso– se dictó una concesión de amparo en la cual se ordenó la reposición del procedimiento para investigar posibles hechos de tortura?

35. Para estar en posibilidades de brindar una respuesta frontal, es preciso abordar inicialmente los siguientes tópicos, por ser elementos comunes de la problemática y esenciales para la construcción del criterio definitivo: a) las implicaciones y naturaleza de ordenar una reposición de procedimiento penal para indagar la probable comisión de hechos de tortura; y, b) la naturaleza y alcances del auto de formal prisión en los casos en que existe una reposición del procedimiento.

a) Reposición del procedimiento frente a posibles actos de tortura

36. En torno a este tema, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido(5) que la violación al debido proceso, derivada de la omisión de investigar la existencia de actos de tortura, con motivo de una denuncia o la existencia de indicios concordantes para suponer bajo un parámetro de probabilidad razonable que la violación a derechos humanos aconteció, da lugar a que la vía de reparación óptima sea ordenar la reposición del procedimiento con la finalidad de realizar la investigación respectiva.

37. Y sobre el ámbito particular de la reposición, se ha determinado que ésta tiene como justificación que se investiguen los actos de tortura alegados para verificar su existencia, y no por la actualización de alguna otra violación concreta y constatada al derecho de defensa del imputado; por tanto, no existe razón para que se afecte todo lo desahogado en el proceso, pues en caso de que la existencia de actos de tortura no se constate con la investigación, las correspondientes actuaciones y diligencias subsistirán íntegramente en sus términos; y para el caso de que se acredite su existencia, los efectos únicamente trascenderán en relación con el material probatorio que, en su caso, será objeto de exclusión al dictar la sentencia.

38. A partir de lo anterior, se concluyó que la reposición del procedimiento deberá realizarse hasta la diligencia inmediata anterior al auto de cierre de instrucción, tratándose del sistema penal tradicional (como justamente ocurre en el asunto de mérito). Este momento procesal fue determinado con el objeto de salvaguardar el punto en tensión que se genera respecto del derecho fundamental a una pronta y expedita impartición de justicia, que se consagra en el artículo 17 constitucional, así como el derecho fundamental de los inculpados a no ser objeto de tortura, y los correspondientes derechos fundamentales de las víctimas u ofendidos de los delitos; pues no puede soslayarse que el objeto de la reposición del procedimiento únicamente se relaciona con la práctica de las diligencias necesarias para verificar la veracidad de la denuncia de actos de tortura, a través de una investigación diligente, que implica exclusivamente la práctica de los exámenes periciales correspondientes que determinen la existencia o no de los actos de tortura.

39. En síntesis, se tiene que el ámbito de una reposición del procedimiento que es desencadenada por una denuncia de tortura que no ha sido previamente atendida, atañe procesalmente hasta el último acto previo al cierre de instrucción, considerando que el objetivo no es anular todo lo actuado, sino únicamente brindar la posibilidad de realizar la investigación de tortura y dejar el proceso en el estado de más pronta resolución.

b) Alcances del auto de formal prisión en los casos en que existe una reposición del procedimiento

40. Es debido destacar, frente al acto de reposición, y considerando la materia del juicio de amparo directo en el cual se dispuso esa determinación, que sus implicaciones directas conllevan la anulación del acto reclamado (en estos casos, las sentencias de apelación que confirmaban las condenas de los quejosos fijadas en primera instancia), y por parte de la autoridad responsable –correlativamente– la instrucción al Juez de la causa de dejar sin efectos su resolución.

41. Bajo esas condiciones, cuando la sentencia de primera instancia queda sin efectos y en su lugar se ordena reponer el procedimiento penal, es inconcuso que el auto de formal prisión reclamado continúa siendo el motivo legal que justifica la existencia del proceso penal,(6) pues en esos casos, la calidad del justiciable vuelve a ser la de procesado y su situación jurídica se rige por el auto de plazo constitucional dictado en su contra.

42. De la mano de lo establecido en el inciso anterior, los efectos de la reposición del procedimiento consisten en retrotraerse jurídicamente hasta el último acto previo al cierre de instrucción, oportunidad procesal en la cual si bien es cierto que el debate probatorio –principal objeto de esa fase procesal– no se encuentra plenamente abierto, la condición del quejoso se origina y viene determinada por la existencia del auto de formal prisión.

43. Si bien la concesión de amparo desencadenó que el procedimiento de primer grado se repusiera, lo cierto es que tal determinación no rige la situación jurídica del quejoso, esto es, no es la que genera todos sus efectos en el procesado, sino el auto de formal prisión, precisamente con motivo de la reposición del procedimiento.

44. De lo brevemente reseñado se tiene que de ninguna manera la reposición del procedimiento anula o tiene por superados la importancia capital que en térm

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29179-33f55ad0/auto-de-formal-prision-no-es-obstaculo-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.