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AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PRUEBAS QUE DEBE VALORAR EL JUEZ PENAL EN EL CASO DE DICTAR UN NUEVO AUTO DE FORMAL PRISIÓN EN CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 195/2011. · Registro digital (IUS): 23278
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2011. CINCO VOTOS. PONENTE: OLGA S
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3, Pág. 2091.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 195/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2011. CINCO VOTOS. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIA: BEATRIZ JOAQUINA JAIMES RAMOS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos de naturaleza penal, que es una de las materias de especialización de esta Primera Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, ya que fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, quienes se encuentran facultados para ello, de conformidad con el artículo 197-A de la Ley de Amparo que, en su parte conducente, establece lo siguiente:

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia la que decidirá cuál tesis debe prevalecer."

TERCERO. El artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo dispone que en la denuncia de contradicción de tesis el procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

En la especie, el plazo de los treinta días para que el procurador general de la República emita su parecer en relación con la contradicción en estudio, comenzó a correr del ocho de junio al dos de agosto de dos mil once, descontándose de dicho cómputo los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de junio, dos, tres, nueve y diez de julio, por ser sábados y domingos, respectivamente, y en consecuencia, inhábiles en términos del primer párrafo del artículo 23 de la Ley de Amparo, además del lapso comprendido del dieciséis al treinta y uno de julio de dos mil once, por ser el primer periodo de receso de este Alto Tribunal, a que se refieren los artículos 3o. de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 286 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2o. de la Ley de Amparo, ya que durante los días en que no tienen lugar actuaciones judiciales, no corren términos.

Ahora bien, el agente del Ministerio Público de la Federación, mediante oficio **********, formuló pedimento en el sentido de declarar inexistente la contradicción de tesis denunciada.

CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, en sesión del dieciséis de febrero de dos mil once, resolvió el amparo en revisión penal **********, por unanimidad de votos y, en lo atinente al criterio materia de la contradicción, sostuvo lo siguiente:

"... e) Por último, en su sexta disconformidad, se señala que es inconcebible que existiendo un criterio del Poder Judicial que beneficia al inculpado, se estime que no deben tomarse en consideración documentos definitivos y de pleno valor probatorio, que eliminan la participación del acusado en el delito que se le imputa, pero que se anexaron con posterioridad al primer auto de formal prisión, para solamente decir que ese criterio no le es aplicable al acusado, por pertenecer a un circuito que no es el propio del juzgador de amparo; que además no se explica por qué no le es aplicable el criterio que se desestima.

"El argumento carece de razón, pues válidamente la Juez de Distrito denegó vinculación jurídica obligatoria a la tesis citada por el quejoso en su demanda de garantías, bajo la base de que no constituía jurisprudencia.

"En efecto, el artículo 193 de la Ley de Amparo establece que únicamente la jurisprudencia, y no una tesis aislada, obliga a un juzgador de distrito; en el caso, el criterio invocado corresponde a una tesis aislada, de acuerdo con la publicación de la misma, que puede ser consultada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 2835, Tomo XXIX, marzo de 2009, Novena Época, con registro de compilación 167654, tesis II.2o.P.235 P.

"En tal circunstancia, la Juez de Distrito estuvo en lo correcto al omitir el análisis de constancias probatorias aportadas al sumario con posterioridad al dictado del auto de formal prisión en contra del quejoso, aquí reclamado, pues estaba vinculada a ello con fundamento en el invocado artículo 193, en observancia a los criterios jurisprudenciales publicados, el primero, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, julio de 1997, Novena Época, página 318 y, el segundo, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 62, febrero de 1993, Octava Época, página 33, con los rubros: ‘ORDEN DE APREHENSIÓN, APRECIACIÓN Y ESTUDIO DE LA, POR LOS JUECES DE DISTRITO.’ y ‘AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SÓLO LAS PRUEBAS RENDIDAS DENTRO DEL TÉRMINO CONSTITUCIONAL PUEDEN EXAMINARSE.’, respectivamente.

"Debe mencionarse, que este tribunal estima acertado que la Juez de amparo no hubiera aplicado el criterio aislado en comento, pues no se comparte lo que en ella se sostiene.

"La tesis señala lo siguiente:

"‘PRUEBAS EN LA RESOLUCIÓN QUE CUMPLIMENTA UNA SENTENCIA DE AMPARO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE VALORAR LA TOTALIDAD DE LAS CONSTANCIAS QUE FORMABAN PARTE DE LA CAUSA ANTES DEL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN QUE NUEVAMENTE SE IMPUGNA AUN CUANDO ALGUNAS SE HAYAN INCORPORADO DESPUÉS DE DICTADO EL PRIMER ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable está obligada a atender la totalidad de las constancias que obren en autos aunque algunas se alleguen después de dictado el primer acto reclamado (resolución de término constitucional, la cual quedó sin efectos en virtud de una ejecutoria de amparo), pues ya formaban parte de la causa antes del dictado de la segunda resolución que nuevamente se reclama; lo anterior es así, toda vez que la valoración de las pruebas, en principio, es obligación de la autoridad de instancia y en esa tarea no puede, por tanto, sustituirse la autoridad de amparo (salvo los casos jurisprudencialmente reconocidos), además, porque la omisión de su valoración afecta las garantías del quejoso, y esa afectación es la que compete destacar al órgano de control constitucional. Cabe aclarar que el llamado principio de limitación de pruebas en el amparo que recoge el artículo 78 de la Ley de Amparo, no es obstáculo para exigir de la responsable la valoración de las pruebas que sean incorporadas hasta antes del dictado de la resolución cumplimentadora, pues legalmente ya forman parte de la causa respectiva y, por ende, obran a la vista de la responsable, la cual debe atenderlas a fin de contribuir con los principios de tutela judicial efectiva y de justicia pronta, completa e imparcial, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, debe recordarse que el aludido principio de limitación rige precisamente para las resoluciones de los órganos jurisdiccionales de amparo dentro del juicio de constitucionalidad, donde la materia de estudio es precisamente el actuar de la autoridad, pero no de la responsable que actúa como órgano ordinario de instancia, sino del tribunal de amparo, el cual no debe eludir su obligación de respetar los derechos fundamentales de los gobernados (justiciables) entre los que se encuentra el de acceso a una justicia completa e imparcial.’

"En efecto, se estima desacertado lo sostenido en la tesis transcrita, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por cuanto a que sostiene la obligación de la autoridad responsable a atender la totalidad de las constancias que obren en autos aunque algunas se alleguen después de dictado el primer auto de término constitucional, la cual quedó sin efectos en virtud de una ejecutoria de amparo, bajo el argumento de contribuir con los principios de tutela judicial efectiva y de justicia pronta, completa e imparcial.

"Esto, porque analizado el problema bajo la correcta interpretación del artículo 78 de la Ley de Amparo, que si bien es vinculativo para las resoluciones de órganos jurisdiccionales federales, lo que debe destacarse es que el auto de plazo constitucional se trata de una resolución que por su naturaleza, indefectiblemente debe emitirse una vez concluidas las setenta y dos, o las ciento cuarenta y cuatro horas, según sea el caso; y para tal efecto sólo deben tomarse en consideración las evidencias probatorias recibidas y practicadas ya en la fase de averiguación previa, ya en la de preinstrucción. Por lo tanto, para el caso fáctico planteado, en el que se hubiera dejado sin efecto la determinación de bien preso reclamada en un primer amparo, la resolución cumplimentadora debe dictarse por el Juez responsable en las mismas condiciones, pues en caso contrario se le estaría obligando a tomar en cuenta constancias que en un principio no habían sido sometidas a su potestad, modificándose así el estado de cosas que el proceso tenía cuando se conoció del primer amparo.

"Además, sostener el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, conduciría a la interposición indefinida de tantos amparos como nuevas constancias probatorias se aportaran por las partes en seguimiento del proceso, pues ello daría lugar a que se pudieran enderezar nuevos y distintos conceptos de violación en relación a esos nuevos elementos convictivos."

QUINTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito resolvió, por unanimidad de votos, en sesión del cuatro de diciembre dos mil ocho, el recurso de revisión número ********** y, en lo que interesa a la materia de la presente contradicción, se pronunció al tenor de las siguientes consideraciones:

"... No obstante lo anterior, como se indicó al inicio de este estudio, los agravios resultan esencialmente fundados en lo tocante a que el Juez a quo inadvirtió que en lo que respecta al acreditamiento de la probable responsabilidad del quejoso, la autoridad responsable incurre en una violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica, que se traducen en una incorrecta fundamentación y motivación, pues elude atender en una justa dimensión la totalidad de constancias existentes en la causa al momento de emitir la resolución con la que cumplimenta el primero de los amparos concedidos, es decir, incluyendo aquellos que se incorporaron para tratar de robustecer la eficacia demostrativa de la escritura pública a través de la cual el ahora recurrente sostiene que al momento de la realización de los hechos delictivos él ya no formaba parte del Consejo de Administración de la empresa; escritura que si bien la responsable aduce no le merece valor, por cierto, entrando a criticar aspectos de formalidad de las actuaciones notariales en cuanto a sus ámbitos de competencia para ejercer funciones de carácter de asociado con algún otro notario (pero sin invocar un fundamento legal y mucho menos argumentos para sostener la ausencia del valor convictivo inherente a un documento público debidamente protocolizado y registrado públicamente), se relaciona precisamente con las restantes constancias incorporadas en apoyo de su pretendida eficacia, como la fe de existencia protocolaria y de registro.

"Por tanto, la responsable, estaba obligada a atender la totalidad de constancias con independencia de que algunas se allegaran después de dictado el primer acto reclamado (resolución del término constitucional la cual quedó sin efectos en virtud de una ejecutoria de amparo), pues ya formaban parte de la causa antes del dictado de la segunda resolución, que ahora se reclama.

"Pues la valoración de las pruebas es obligación de la autoridad de instancia y en esa tarea no puede, por tanto, sustituirse la autoridad de amparo, pero la omisión de su valoración afecta sin duda las garantías del quejoso, y esa afectación es la que compete destacar a este órgano de control constitucional.

"Cabe aclarar que el llamado principio de limitación de pruebas en el amparo, no es obstáculo para exigir de la responsable la valoración de las pruebas incorporadas a la causa penal después de la emisión del acto reclamado en un amparo previo, pero antes del dictado de la resolución cumplimentadora, pues legalmente forman ya parte de la causa respectiva y, por ende, obran a la vista de la responsable y debe atenderlas a fin de contribuir a lograr una verdadera tutela judicial efectiva y una justicia pronta, completa e imparcial, en términos del artículo 17 constitucional. Además, debe recordarse, que el aludido principio de limitación que recoge el artículo 78 de la Ley de Amparo, rige precisamente para las resoluciones de los órganos jurisdiccionales de amparo dentro del juicio de constitucionalidad donde la materia de estudio es precisamente el actuar de la autoridad, pero no rige para la responsable, que actúa como órgano ordinario de instancia, pues ésta no es tribunal de amparo y, además, no debe eludir su obligación de respetar los derechos fundamentales de los gobernados (justiciables) entre los que se encuentra el de acceso a una justicia completa e imparcial."

Dicho criterio dio origen a la tesis cuyos datos de localización, texto y precedente a continuación se transcriben:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"XXIX, marzo de 2009

"Tesis: II.2o.P.235 P

"Página: 2835

"PRUEBAS EN LA RESOLUCIÓN QUE CUMPLIMENTA UNA SENTENCIA DE AMPARO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE VALORAR LA TOTALIDAD DE LAS CONSTANCIAS QUE FORMABAN PARTE DE LA CAUSA ANTES DEL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN QUE NUEVAMENTE SE IMPUGNA AUN CUANDO ALGUNAS SE HAYAN INCORPORADO DESPUÉS DE DICTADO EL PRIMER ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable está obligada a atender la totalidad de las constancias que obren en autos aunque algunas se alleguen después de dictado el primer acto reclamado (resolución de término constitucional, la cual quedó sin efectos en virtud de una ejecutoria de amparo), pues ya formaban parte de la causa antes del dictado de la segunda resolución que nuevamente se reclama; lo anterior es así, toda vez que la valoración de las pruebas, en principio, es obligación de la autoridad de instancia y en esa tarea no puede, por tanto, sustituirse la autoridad de amparo (salvo los casos jurisprudencialmente reconocidos), además, porque la omisión de su valoración afecta las garantías del quejoso, y esa afectación es la que compete destacar al órgano de control constitucional. Cabe aclarar que el llamado principio de limitación de pruebas en el amparo que recoge el artículo 78 de la Ley de Amparo, no es obstáculo para exigir de la responsable la valoración de las pruebas que sean incorporadas hasta antes del dictado de la resolución cumplimentadora, pues legalmente ya forman parte de la causa respectiva y, por ende, obran a la vista de la responsable, la cual debe atenderlas a fin de contribuir con los principios de tutela judicial efectiva y de justicia pronta, completa e imparcial, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, debe recordarse que el aludido principio de limitación rige precisamente para las resoluciones de los órganos jurisdiccionales de amparo dentro del juicio de constitucionalidad, donde la materia de estudio es precisamente el actuar de la autoridad, pero no de la responsable que actúa como órgano ordinario de instancia, sino del tribunal de amparo, el cual no debe eludir su obligación de respetar los derechos fundamentales de los gobernados (justiciables) entre los que se encuentra el de acceso a una justicia completa e imparcial.

"Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.

"Amparo en revisión 178/2008. 4 de diciembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: José Nieves Luna Castro. Secretario: Fernando Horacio Orendain Carrillo."

SEXTO. Por cuestión de orden sistemático, antes de proceder al análisis correspondiente, es oportuno establecer si en el caso sujeto a estudio existe contradicción entre el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el amparo en revisión penal número **********, con el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión ***********, cuyas consideraciones esenciales se precisarán a continuación, ya que sólo bajo ese supuesto es posible efectuar el estudio relativo con el fin de determinar cuál es el criterio que debe prevalecer.

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apoya en el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, al resolver, por unanimidad de diez votos, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la contradicción de tesis 36/2007-PL, en cuanto a que de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por tesis el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho.

De ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos.

Que, por tanto, es de precisar que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.

De lo anterior se sigue que la actual integración del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de esta Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien:

a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia.

b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.

La finalidad de dicha determinación es definir puntos jurídicos que den seguridad jurídica a los gobernados, pues para ello fue creada desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la figura jurídica de la contradicción de tesis, y no para buscar diferencias de detalle que impidan analizar dicha cuestión.

Al respecto, tienen aplicación los criterios sustentados por el Tribunal Pleno en las tesis de jurisprudencia y aislada que a continuación se transcriben:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"XXXII, agosto de 2010

"Tesis: P./J. 72/2010

"Página: 7

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"XXX, julio de 2009

"Tesis: P. XLVII/2009

"Página: 67

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan.

"Contradicción de tesis 36/2007-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de abril de 2009. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala.

"El Tribunal Pleno, el diecinueve de junio en curso, aprobó, con el número XLVII/2009, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve de junio de dos mil nueve.

"Notas:

"Esta tesis no constituye jurisprudencia, porque no resuelve el tema de la contradicción planteada.

"La tesis P./J. 26/2001 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76."

En el mismo sentido se pronunció esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que a continuación se transcribe:

"Novena Época

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"XXXI, marzo de 2010

"Tesis: 1a./J. 22/2010

"Página: 122

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."

SÉPTIMO. Establecido lo anterior, es necesario analizar las ejecutorias, destacadas en los considerandos cuarto y quinto, que fueron remitidas en copia certificada por los correspondientes Tribunales Colegiados, con valor probatorio pleno, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23278-eb3dd015/auto-de-formal-prision-pruebas-que-debe-valorar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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