TORTURA. NO CORRESPONDE ORDENAR REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO LA CONFESIÓN SE DECLARÓ ILÍCITA POR LA ILEGAL DETENCIÓN. SE ACTUALIZA ÚNICAMENTE LA HIPÓTESIS DE DAR VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE INVESTIGUE LA POSIBLE CONSTITUCIÓN DEL DELITO.
AMPARO DIRECTO 310/2016. 24 DE FEBRERO DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS, CON VOTO CONCURRENTE DEL MAGISTRADO FRANCISCO JAVIER SARABIA ASCENCIO. PONENTE: MIGUEL ENRIQUE SÁNCHEZ FRÍAS. SECRETARIA: DANIELA EDITH ÁVILA PALOMARES.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO.-Estudio del asunto.
A. Estructura de la resolución.
35. Este órgano colegiado advierte la existencia de violaciones a las garantías de debido proceso, legalidad y defensa adecuada en perjuicio del quejoso, que dan lugar a la concesión del amparo a efecto de que aquél se reponga.
36. Sin embargo, con independencia de que no se analizará el fondo del asunto -porque la sentencia combatida habrá de quedar insubsistente-; en términos del artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(30) es conveniente, de una vez, que este órgano colegiado verifique el resto de las formalidades del procedimiento, puesto que este tribunal tiene la obligación constitucional de analizar, en el primer amparo, todas las violaciones procesales aducidas e, incluso, hacerlas valer de oficio -si es el caso-, a fin de que se resuelvan íntegramente. Esto es, que en un solo juicio queden resueltas todas las violaciones procesales eventualmente advertidas.
37. Por tanto, esta ejecutoria se estructurará de la forma siguiente: en primer término, se examinará lo relativo a las formalidades procesales en los aspectos en que no fueron violentadas; luego, se abordarán las transgresiones al debido proceso vinculadas con la ilegalidad en la detención del quejoso (que genera la exclusión de las pruebas ilícitas), la inobservancia de la garantía de defensa adecuada durante la fase ministerial y, por último, lo relativo a los posibles datos de tortura advertidos del expediente, así como la falta de desahogo de una ampliación de cargo, esta última que motiva la reposición del procedimiento penal, para los efectos que se establecerán en la parte final de este fallo.
B. Decisión de este Tribunal Colegiado.
B. I. Debido proceso (derechos no violados).
Ver derechos no violados
C. Violaciones al debido proceso.
38. Como se anticipó, conforme a la obligación de suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, el presente caso no amerita ingresar al estudio de los conceptos de violación planteados por el quejoso, inherentes al fondo del asunto, en virtud de la existencia de diversas violaciones al debido proceso vinculadas con los temas que enseguida se analizarán; dos de las cuales, ameritan la reposición del procedimiento para los efectos que habrán de precisarse en la parte final de este fallo.
C. I. Ilegalidad en la detención del procesado.
39. En primer término, conviene establecer que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que es posible que en esta vía constitucional se analicen las violaciones eventualmente cometidas en la detención de un inculpado, con motivo de la excepción prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -flagrancia o caso urgente-, porque este tribunal, como órgano de control constitucional, tiene la obligación de verificar si la detención prolongada o sin cumplir con los requisitos constitucionales que justifican la excepción a la observancia del numeral aludido, generó elementos de prueba que incumplan con los requisitos legales; o bien, si las diligencias se realizaron en condiciones que no permitieron al inculpado ejercer su derecho de defensa, pues de ser así, podrían constituir transgresión al derecho humano de debido proceso, a la ilicitud de las pruebas, así como al ejercicio del derecho de adecuada defensa, a que refieren los artículos 14 y 20 de la Ley Fundamental.(37)
40. Bajo ese esquema, este Tribunal Colegiado considera que la detención del peticionario de amparo fue ilegal, en virtud de que se efectuó fuera de los requisitos que prevé el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al respecto.
41. Previamente a abordar el estudio correspondiente, es necesario relatar los antecedentes relevantes del caso.
I. Como se mencionó, la denuncia que dio origen a la averiguación previa que sustenta la sentencia de condena impugnada, fue presentada el treinta y uno de agosto de dos mil seis, en que ********** se presentó(38) ante el fiscal investigador a poner en su conocimiento los hechos vinculados con el homicidio de su hermano **********; asimismo, señaló a ********** y a otras personas como responsables de la comisión de ese delito.
II. Por lo anterior, a las cuatro horas con treinta y dos minutos de esa fecha, se dio inicio a las diligencias de investigación y se ordenó la práctica de las gestiones necesarias para el esclarecimiento de los hechos.(39)
III. Del informe de Policía Judicial de veinticuatro de junio de dos mil siete, se obtiene que el veintitrés de junio de ese año, aproximadamente a las veintitrés horas, los policías remitentes José Luis Medina Flores, César Hernández Santana y Francisco Flavio Cruz, circulaban por la avenida Aztecas esquina con Rey Nezahualcóyotl de la colonia Pedregal de Santo Domingo, cuando un sujeto del sexo masculino, del que posteriormente supieron se llamaba **********, les solicitó apoyo, ya que en la esquina de las calles Iziote y Xochipan, colonia Pedregal de Santo Domingo, delegación Coyoacán de esta ciudad, tenía a la vista a un sujeto de nombre ********** -quejoso-, quien en compañía de otros sujetos, había privado de la vida a su hermano ********** el pasado treinta y uno de agosto de dos mil seis. Por esa razón, se trasladaron al lugar indicado y, al llegar, el denunciante les señaló al sujeto mencionado, a quien, previa identificación como agentes de policía, detuvieron y pusieron a disposición de la representación social.(40)
IV. En diligencia celebrada a las tres horas con veinte minutos del veinticuatro de junio de dos mil siete, el denunciante ********** amplió su testimonio,(41) y al tener a la vista a **********, lo señaló como una de las personas que participó en los hechos violentos en los que se privó de la vida a su hermano. Asimismo, manifestó que en virtud de que tenía años de conocerlo, le era posible reconocerlo como tal; más tarde, a las veinte horas con veinte minutos de ese día, el detenido rindió su declaración ministerial en relación con los hechos.(42)
V. Por acuerdo de esa fecha, el agente del Ministerio Público investigador decretó la formal retención, por caso urgente, de **********.(43)
VI. Por último, el veintiséis de junio siguiente se consignó con detenido la averiguación previa **********, instruida en contra de ********** por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado.(44)
42. De la relatoría anterior, se advierte que la detención del peticionario de amparo no fue acorde con lo establecido en la Carta Magna. Es así, ya que fue capturado sin una orden previa, incumpliendo la autoridad investigadora con lo estipulado por el numeral 16 constitucional.
43. En efecto, en el artículo se establece como regla general, que la restricción a la libertad personal debe estar precedida de una orden de aprehensión judicial y, excepcionalmente, por actuación de la policía o cualquier persona en flagrancia; o por orden del Ministerio Público, en caso de urgencia.
44. Por otro lado, se dice que es excepcional en virtud de que "se aparta de la regla general sobre el control judicial previo dentro del régimen de detenciones".
45. De ahí que se considere que se trata de un supuesto de detención que necesariamente debe estar precedido de una orden del Ministerio Público, pues la detención motivada por caso urgente, no está determinada por factores de materialidad temporal en relación con el momento en que se comete el delito, sino por las posibilidades de éxito de la investigación, por lo que requiere que se cumplan plenamente los presupuestos fácticos y jurídicos siguientes:
a. Que el Ministerio Público emita la orden de detención en la que funde y exprese los indicios que motiven su proceder;
b. Que el mandato se refiera a un delito grave, así calificado por la ley;
c. Exista el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia; y,
d. Siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de hora, lugar o circunstancia.
46. Orden secuencial que debe ser estricto e inalterable, de manera que la violación a ello, no admite ser subsanada por actos posteriores de la autoridad, aun cuando se pretenda justificar la inversión de este orden establecido en la norma constitucional por razones de necesidad, en el caso concreto, o evitar que el indiciado pueda sustraerse de la acción de la justicia,(45) lo que significa que sólo mediante una orden -que constituye una resolución- emitida previamente por el Ministerio Público, que se encuentre debidamente fundada y motivada, podrá ejecutarse la detención posterior de una persona.
47. De ahí que, aun cuando se cumplan los requisitos que actualizan el caso urgente -ya marcados de la letra a. a la d.-, también es indispensable que se corrobore la existencia previa de la orden de detención y, en su caso, analizar si al momento de ordenar la detención el Ministerio Público, efectivamente tenía evidencia que justificara la creencia de que se había actualizado un supuesto de caso urgente.(46)
48. Ahora, en el caso, los hechos delictivos acaecieron casi diez meses antes de la detención -recuérdese que el ilícito se verificó el treinta y uno de agosto de dos mil seis-, por lo que la actuación de los policías no fue debida, toda vez que no se trató de una verdadera captura, puesto que se le privó de la libertad sin contar con una orden de captura librada por autoridad competente, tal como lo establece el artículo 16 de la Ley Suprema, aun cuando fuera señalado por el denunciante como una de las personas que participó en el evento delictivo cometido tiempo antes.
49. Como se advierte de las constancias, el Ministerio Público realmente decretó una retención, sin antes haber librado una orden de detención por urgencia; así como tampoco la policía había actuado en flagrancia. De modo que, lo que se obtiene es una verdadera detención disfrazada bajo el supuesto de "caso urgente".
50. En apoyo a lo anterior, se cita por ser aplicable la tesis 1a. CCLII/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación en su versión electrónica, con registro digital 2009821, de título, subtítulo y texto siguientes:
"DETENCIÓN POR CASO URGENTE. REQUISITOS PARA SU VALIDEZ. El artículo 16, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre que no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. Ahora bien, de las características ontológicas de la detención por caso urgente, destaca que: a) es una restricción al derecho a la libertad personal; b) es extraordinaria, pues deriva de condiciones no ordinarias, como el riesgo fundado de que la persona acusada de cometer un delito grave se sustraiga a la acción de la justicia y que por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público no pueda ocurrir ante la autoridad judicial a solicitar una orden de aprehensión; y, c) es excepcional, pues se aparta de la regla general sobre el control judicial previo dentro del régimen de detenciones. En ese sentido, para que sea válida o legal la detención por caso urgente debe estar precedida de una orden del Ministerio Público, una vez que se han acreditado los tres requisitos que la autorizan: i) que se trate de un delito grave; ii) que exista riesgo fundado de que el inculpado se fugue; y, iii) que por razones extraordinarias no sea posible el control judicial previo. Así, estos requisitos constitucionales a los que está sujeta la detención por caso urgente configuran un control normativo intenso dispuesto por el legislador, que eleva el estándar justificativo para que el Ministerio Público decida ordenar la detención de una persona sin control previo por parte de un Juez. Por ello, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera razonable que el Constituyente determinara que el Ministerio Público deba demostrar que los tres requisitos establecidos en el artículo 16 constitucional se actualizan concurrentemente. Además, deben existir motivos objetivos y razonables que el Ministerio Público tiene la carga de aportar para que la existencia de dichos elementos pueda corroborarse posteriormente por un Juez, cuando éste realice el control posterior de la detención, como lo dispone el artículo constitucional referido."
C. I. a. Exclusión de pruebas ilícitas.
51. Al no satisfacer la detención del solicitante de amparo los requisitos establecidos en la tesis transcrita, debe anularse lo que se obtuvo de su detención, esto, en restauración a esa violación a su derecho humano de libertad,(47) es decir, deben excluirse sólo las pruebas que no se hubieran podido obtener de no haber estado detenido el inculpado, -esto, porque son pruebas ilícitas-,(48) como lo son:(49)
1. Oficio de puesta a disposición del quejoso.(50)
2. Informe policiaco de la detención del quejoso.(51)
3. Dictámenes médicos de veinticuatro de junio de dos mil siete, realizados a la una hora con once minutos, a las diecinueve horas con cuarenta minutos y a las veintiuna horas.(52)
4. Manifestaciones de los policías remitentes José Luis Medina Flores, César Hernández Santana y Francisco Flavio Cruz Reyes ante el Ministerio Público.(53)
5. Ampliación ante el Ministerio Público del denunciante **********, sólo por lo que ve a la parte en que manifestó que, al tener a la vista al detenido, lo reconoció plenamente como uno de los que participó en el hecho por el cual fue privado de la vida **********.
6. Declaración ministerial del detenido **********.(54)
7. Fichas decadactilar y monodactilar del detenido.(55)
8. Identificación fotográfica de **********.(56)
C.II. Asistencia técnica insuficiente durante etapa ministerial.
52. Ahora, el veinticuatro de junio de dos mil siete,(57) la representación social hizo saber al imputado ********** las prerrogativas que en su favor le otorga el artículo 20 constitucional, entre las que se encuentra recibir una defensa adecuada, asistido por un abogado.
53. Sin embargo, en diligencia celebrada en la propia fecha, se advierte que ********** aceptó y protestó el cargo de persona de confianza del quejoso. Entre sus datos generales, entre otros, adujo tener escolaridad secundaria y desempeñarse como chofer. Enseguida, el quejoso ********** rindió su declaración ministerial en presencia de la referida persona de confianza, en la cual, a pesar de que exteriorizó su deseo de reservar el derecho a declarar, al dar respuesta a los cuestionamientos del fiscal investigador, entre otras manifestaciones, refirió haber sido él quien privó de la vida al ofendido del delito.(58)
54. Entonces, el hecho de que su declaración en sede ministerial fuera emitida con persona de confianza, sin contar con un experto en la materia, como lo hubiera sido un licenciado en derecho, entraña una vulneración al debido proceso en su vertiente de defensa adecuada, por contravenir lo dispuesto en los artículos 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho) y 269 del Código de Procedimientos Penales para esta ciudad. Pues, como lo ha determinado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(59) para garantizar la defensa adecuada y establecer su ejercicio eficaz, el gobernado debe estar asistido por abogado profesional en derecho en todas las etapas del procedimiento en las que intervenga.
55. Incluso, la circunstancia de que el quejoso no estuviera debidamente asistido por un abogado defensor durante su declaración preparatoria, trascendió en la vulneración de su derecho a no declarar contra sí mismo, pues se observa que durante esa audiencia, el imputado adujo que se reservaba su derecho a declarar y, no obstante, la autoridad ministerial no respetó esa manifestación y le formuló diversos cuestionamientos de los que derivaron respuestas relativas a la aceptación del hecho delictivo en cuestión.
56. Por tanto, al no reunir los requisitos legales la declaración ministerial de ********** también debe ser excluida por carecer de cualquier valor probatorio.(60)
C.III. Vista al Ministerio Público con posibles actos de tortura.
57. Acorde con la doctrina constitucional de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el derecho a no ser torturado, en las dos vertientes del tema -como delito y como violación al debido proceso-, para sostener que dentro de esta doctrina existe la noción de evidencia razonable, que es un elemento para determinar la procedencia de la reposición del procedimiento en una sentencia de amparo directo, debe considerarse un parámetro para los tribunales constitucionales y no reglas cerradas.
58. Al respecto, es importante tener presentes las jurisprudencias por contradicción 1a./J. 10/2016 (10a.) y 1a./J. 11/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos contenidos son los siguientes:
"ACTOS DE TORTURA. LA OMISIÓN DEL JUEZ PENAL DE INSTANCIA DE INVESTIGAR LOS DENUNCIADOS POR EL IMPUTADO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE TRASCIENDE A SU DEFENSA Y AMERITA LA REPOSICIÓN DE ÉSTE. Si los gobernados, constitucional y convencionalmente tienen el derecho fundamental a que el Estado investigue las violaciones a sus derechos humanos, en específico, el derecho a no ser objeto de tortura, la autoridad judicial, como parte integral del Estado Mexicano, ante la denuncia de que un gobernado ha sido víctima de aquélla, tiene la obligación de investigarla; lo que se constituye en una formalidad esencial del procedimiento, al incidir sobre las efectivas posibilidades de defensa de los gobernados previo al correspondiente acto de autoridad privativo de sus derechos. Ello, porque al ser la tortura una violación a los derechos humanos de la que pueden obtenerse datos o elementos de prueba que con posterioridad se utilicen para sustentar una imputación de carácter penal contra la presunta víctima de la tortura, se advierte una relación entre la violación a derechos humanos y el debido proceso; lo cual implica que, luego de realizarse la investigación necesaria para determinar si se actualizó o no la tortura, de obtenerse un resultado positivo, la autoridad que tenga a cargo resolver la situación jurídica de la víctima de violación a derechos humanos, estará obligada a realizar un estudio escrupuloso de los elementos en que se sustenta la imputación al tenor de los parámetros constitucionales fijados en relación con las reglas de exclusión de las pruebas ilícitas. Por tanto, soslayar una denuncia de tortura, sin realizar la investigación correspondiente, coloca en estado de indefensión a quien la alega, ya que la circunstancia de no verificar su dicho implica dejar de analizar una eventual ilicitud de las pruebas con las que se dictará la sentencia. Así, la omisión de la autoridad judicial de investigar una denuncia de tortura como violación a derechos fundamentales dentro del proceso penal, constituye una violación a las leyes que rigen el procedimiento, que trasciende a las defensas del quejoso, en términos de los artículos 173, fracción XXII, de la Ley de Amparo, 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1, 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y, consecuentemente, debe ordenarse la reposición del procedimiento de primera instancia para realizar la investigación correspondiente y analizar la denuncia de tortura, únicamente desde el punto de vista de violación de derechos humanos dentro del proceso penal, a efecto de corroborar si existió o no dicha transgresión para los efectos probatorios correspondientes al dictar la sentencia."(61)
"ACTOS DE TORTURA. LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, CON MOTIVO DE LA VIOLACIÓN A LAS LEYES QUE LO RIGEN POR LA OMISIÓN DE INVESTIGAR LOS DENUNCIADOS POR EL IMPUTADO, DEBE ORDENARSE A PARTIR DE LA DILIGENCIA INMEDIATA ANTERIOR AL AUTO DE CIERRE DE INSTRUCCIÓN. La violación al debido proceso, derivada de la omisión de investigar la existencia de actos de tortura, con motivo de una denuncia o la existencia de indicios concordantes para suponer bajo un parámetro de probabilidad razonable de que la violación a derechos humanos aconteció, da lugar a que la vía de reparación óptima sea ordenar la reposición del procedimiento con la finalidad de realizar la investigación respectiva. Lo anterior, porque sólo será posible determinar el impacto de la tortura en el proceso penal, una vez que ésta se acredite, como resultado de una investigación exhaustiva y diligente. Así, la reposición del procedimiento tiene como justificación que se investiguen los actos de tortura alegados para verificar su existencia, y no por la actualización de alguna otra violación concreta y constatada al derecho de defensa del imputado; por tanto, no existe razón para que se afecte todo lo desahogado en el proceso, pues en caso de que la existencia de actos de tortura no se constate con la investigación, las correspondientes actuaciones y diligencias subsistirán íntegramente en sus términos; y para el caso de que se acredite su existencia, los efectos únicamente trascenderán en relación con el material probatorio que en su caso será objeto de exclusión al dictar la sentencia; de ahí que la reposición del procedimiento deberá realizarse hasta la diligencia inmediata anterior al auto de cierre de instrucción, tratándose del sistema penal tradicional."
59. De los criterios jurisprudenciales anteriores se desprende que el tema tortura tiene dos vertientes:
(i) Debe ser analizado en los juicios de amparo directo para determinar si se da vista con el caso al agente del Ministerio Público para que lo investigue como delito y, por otro lado,
(ii) Se debe observar si lleva a la reposición del procedimiento para que se indague y, de ser el caso, se eliminen pruebas ilícitas.
60. Además, de las jurisprudencias antes citadas se desprende, en sentido genérico, que es obligatorio para las autoridades de instancia investigar los actos de tortura cuando el procesado manifieste que fue torturado, para conocer si la misma existió, pues en ese caso, deberían dejarse sin efectos las pruebas derivadas de ésta, al ser ilícitas; por tanto, cuando la autoridad del proceso penal no hubiese investigado los actos de tortura denunciados, entonces, el Tribunal Colegiado, en amparo directo, debe considerar esa omisión como una violación al procedimiento y reponer para que se investigue la misma, en su vertiente de violación a derechos humanos, por ser juzgado con pruebas ilícitas y denunciar ante el Ministerio Público la vertiente de tortura como delito.
61. En la última ejecutoria referida conviene destacar lo siguiente:
a. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteró la doctrina constitucional del derecho humano a no sufrir tortura, establecida en la ejecutoria de la contradicción de tesis 315/2014, antes citada.
b. La Primera Sala especificó:
• El delito de tortura no se presume, debe demostrarse.
• Las autoridades, en el ámbito de su competencia, deben investigar la tortura.
• La carga de la prueba para acreditar la tortura no es del que la alega.
• Para demostrar el delito de tortura debe demostrarse que la víctima fue agredida en su integridad personal (física o mental); demostrar más allá de toda duda razonable la responsabilidad penal del autor; lo que deberá decidirse en el proceso penal abierto con motivo del ilícito citado.
• En el supuesto de tortura como violación a la integridad física con repercusión al derecho humano del debido proceso, basta con la acreditación de la violación a la integridad física, aun cuando se desconozca su autor.
• El Juez de la causa penal en la que el acusado alegue ser víctima de tortura o la noticia de esa agresión surge en el proceso penal de mérito (sic), entonces, el Juez de la causa debe verificar la veracidad de la alegación y determinar su impacto procesal.
• En el supuesto de tortura como violación a la integridad de la persona con repercusión en el derecho humano al debido proceso, el estándar probatorio es más bajo que el exigido para la demostración del delito de tortura, por lo que bastan indicios que permitan sostener válidamente que existió.
• El estándar para acreditar este segundo supuesto de tortura, implica que la autoridad jurisdiccional competente deberá ordenar de inmediato la realización de exámenes para esclarecer el hecho, que dependerán del tipo de maltrato alegado, aplicándose el Protocolo de Estambul, pues de no hacerlo, se vulneran las reglas del procedimiento.
• La prueba obtenida a partir de hechos de tortura es invalida (probada como delito o como violación al derecho humano al debido proceso).
• La regla de exclusión aplica a las pruebas directas y derivadas.
62. Así las cosas, respecto a la tortura como delito, basta con el señalamiento del quejoso de que la sufrió, para dar vista al agente del Ministerio Público, o sin alegación si existen indicios de que el quejoso fue agredido físicamente o psicológicamente, debe darse esa vista.
63. Y, en relación con la tortura como violación al debido proceso, no basta el solo dicho del quejoso en el sentido de que fue torturado, sino que debe existir evidencia razonable de haber sufrido la agresión que afirma, sin exigir pruebas plenas, pero sí alguna noticia sobre el daño que afirma le causaron agentes del Estado, pues pueden existir casos en los que exista algún signo de lesiones en el quejoso, pero el mismo no corresponda a las situaciones de tortura que alegó, o sean consecuencia de la mecánica de los hechos y de la detención, por el intento de fuga de éste o porque personas diversas a los agentes policiacos lo retuvieron hasta la llegada de los oficiales de la policía; entonces, para esta vertiente de tortura, no bastaría la sola afirmación del peticionario de amparo de que fue objeto de ésta, sino que debe contarse con indicios de los hechos de tortura que alegó y que éstos sean acorde con las circunstancias descritas por el justiciable, es decir, que exista la evidencia razonable, a efecto de que se ordene la reposición del procedimiento.
64. De la ejecutoria de la contradicción de tesis 315/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del criterio del amparo directo en revisión 332/2015 del mismo órgano, se establece lo siguiente:
65. En lo relativo al tema de tortura como delito, la autoridad administrativa, la autoridad jurisdiccional de instancia (Juez de la causa o tribunal de alzada) y los órganos constitucionales de amparo, siempre deberán dar vista al agente del Ministerio Público para la investigación de ese ilícito y determinar la responsabilidad penal correspondiente, cuando:
a. Exista denuncia de la presunta víctima del delito de tortura o cuando;
b. No exista denuncia del delito de tortura, pero esa presunta víctima manifieste en cualquier etapa de la investigación, del proceso penal o de los juicios de amparo, que sufrió actos de tortura o cuando;
c. La autoridad administrativa, los órganos jurisdiccionales de instancia (Juez de primera instancia o tribunal de alzada) o los juzgadores de amparo encuentren razones suficientes o indicios para considerar que el imputado, procesado o sentenciado fue objeto de tortura, en cualquier vertiente, considerando un estándar de prueba moderado.
66. En el entendido que sólo se requiere en los supuestos marcados con las letras a. y b., que la presunta víctima de tortura manifieste que la sufrió, sin ser necesarios indicios razonables de esa situación, porque ese requisito sólo procede para el supuesto c., en el que de oficio la autoridad, en el ámbito de su competencia, encuentra que el imputado, procesado o sentenciado probablemente fue víctima del delito de tortura.
67. Esto es así, porque ese órgano del Máximo Tribunal se refiere a la denuncia o existencia de indicios de ocurrencia de la práctica de la tortura, en el contexto genérico de delito, lo que actualiza la obligación de investigación de la autoridad que conozca en ese momento del caso. Lo cual involucra tanto a autoridades administrativas -agentes de cuerpos de seguridad pública y Ministerio Público-, así como autoridades judiciales de primera o segunda instancia, que durante el trámite de un proceso penal tengan conocimiento de una denuncia o adviertan la existencia de evidencia razonable o tengan razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura contra el inculpado; y también a los órganos de control constitucional que, en el ámbito de sus competencias, al conocer de un juicio de amparo indirecto o directo, tengan información sobre la comisión de un hecho de tortura.
68. De lo anterior, es dable establecer que el Máximo Órgano del País se está refiriendo a dos supuestos diferenciados y no concurrentes, esto es, por una parte, a la existencia de denuncia (o simple alegato de tortura) y, por otra, razones o evidencias fundadas que observe la autoridad (administrativa o jurisdiccional) a la que le corresponde analizar el caso, ya que al referirse a esos dos supuestos diferenciados el Máximo Tribunal del País utiliza la conjunción disyuntiva "o", lo que si
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27317-1c8f7ef7/tortura-no-corresponde-ordenar-reponer-el-procedimiento-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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