I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SE PRESUME QUE EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL PODER JUDICIAL LOCAL PARA ACUDIR ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE. III. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. CONDICIONES A LAS QUE SE ENCUENTRAN SUJETOS LOS MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA A LA CONSTITUCIÓN LOCAL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE. IV. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. LA DISPOSICIÓN QUE ESTABLECE UN PERIODO MÁXIMO DE DIECISIETE AÑOS PARA QUE LOS MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DUREN EN EL EJERCICIO DE SU ENCARGO, NO ES APLICABLE A AQUELLOS QUE TENÍAN EL CARÁCTER DE INAMOVIBLES A LA FECHA EN QUE ENTRÓ EN VIGOR DICHA NORMA (INVALIDEZ DEL ACUERDO LEGISLATIVO APROBADO EL SEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO POR EL CONGRESO LOCAL). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DEL ACUERDO LEGISLATIVO QUE DETERMINÓ EL RETIRO FORZOSO DE UN MAGISTRADO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO, QUE VINCULAN AL CONGRESO LOCAL PARA QUE EMITA OTRO EN EL QUE CONSIDERE QUE ADQUIRIÓ LA INAMOVILIDAD EN EL CARGO (INVALIDEZ DEL ACUERDO LEGISLATIVO APROBADO EL SEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO POR EL CONGRESO LOCAL).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 100/2018. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, EDUARDO MEDINA MORA I., YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. EL MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS EMITIÓ SU VOTO EN CONTRA Y CON RESERVAS. EL MINISTRO EDUARDO MEDINA MORA I. EMITIÓ SU VOTO EN CONTRA DE CONSIDERACIONES. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIA: GUADALUPE DE JESÚS HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ.
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día once de septiembre de dos mil diecinueve.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación de la demanda, poderes demandados y actos impugnados. Por escrito recibido el catorce de mayo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial del Estado de Jalisco, por conducto de Ricardo Suro Esteves en su carácter de presidente del Supremo Tribunal de Justicia del propio Estado, promovió controversia constitucional en contra del Poder Legislativo, por la emisión de los siguientes actos:
"A) La totalidad del Acuerdo Legislativo Número 1683-LXl-18, aprobado por el referido demandado (Congreso del Estado de Jalisco) con fecha seis de marzo del año dos mil dieciocho, cuyos artículos, en lo conducente, a continuación se reproducen:
"‘Primero: Se determina, que se actualizan dos vacantes para ocupar el cargo de Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en razón del retiro forzoso del ciudadano José Carlos Herrera Palacios, por haber concluido el primer y segundo periodo a los que hace alusión el artículo 61, de la Constitución del Estado de Jalisco.
"Segundo: Se aprueba la convocatoria dirigida a la sociedad en general con excepción de los partidos políticos, a efecto de que presenten a esta Soberanía propuesta de candidatos para la elección de dos Magistrados para integrar el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, por un periodo de siete años contados a partir de que rindan protesta de ley.
"Tercero: Se autoriza la publicación de la convocatoria y los artículos primero y segundo del presente dictamen en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’, en dos periódicos locales de mayor circulación y en la página web del Congreso del Estado de Jalisco; así como en las redes sociales oficiales con pauta publicitaria en los términos que a continuación se expresen:
"...
"Cuarto: Notifíquese por oficio al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y al Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, para los efectos legales a que haya lugar.
"Quinto: Se instruye a la Comisión de Justicia a que realice el procedimiento para analizar los expedientes de los candidatos que se registren y presenten la lista de elegibles, en los términos de la convocatoria.
"Sexto: Una vez recibidos en el Congreso por parte del Consejo de la Judicatura los expedientes de los interesados en participar en el proceso; la Comisión de Justicia, a través de la secretaría general, publicará los nombres, las cartas de recomendación y una reseña de la currícula de éstos, en la página electrónica del Congreso y en las redes sociales con las que cuente este Poder Legislativo a más tardar el día 11 once de abril del año 2018 dos mil dieciocho.’
"B) Los actos de ejecución del mencionado Acuerdo Legislativo Número 1683-LXl-18, algunos de ellos de realización inminente, así como todas las consecuencias directas e inmediatas que del mismo deriven, como son:
"1. Las publicaciones que de dicho acuerdo legislativo se llevaron a cabo en distintos medios de difusión, tanto oficiales como no oficiales, resultando oportuno señalar que en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’ la publicación relativa se efectuó el ocho de marzo del año dos mil dieciocho.
"2. Las notificaciones que del citado acuerdo legislativo se realizaron, mediante oficios, tanto al Supremo Tribunal de Justicia como al Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco.
"3. La recepción, en el aludido Consejo de la Judicatura, de las propuestas de candidatos para sustituir en el cargo al Magistrado del referido Supremo Tribunal de Justicia José Carlos Herrera Palacios, así como de sus documentos de acreditación, con la que materialmente se inicia el correspondiente procedimiento de elección.
"4. La remisión de tales propuestas de candidatos y de sus documentos de acreditación, por parte del repetido Consejo de la Judicatura, a la Comisión de Justicia del Congreso Local.
"5. El cumplimiento del artículo sexto del multicitado acuerdo legislativo, o sea la publicación de los ‘nombres, las cartas de recomendación y una reseña de la currícula’ de los respectivos candidatos ‘en la página electrónica del Congreso y en las redes sociales con las que cuente este Poder Legislativo a más tardar el día 11 once de abril del año 2018 dos mil dieciocho’.
"6. El estudio que lleve a cabo la susodicha Comisión de Justicia de los expedientes formados con motivo de las referidas propuestas de candidatos, así como el respectivo dictamen que presente ésta a la Asamblea Legislativa estatal, en el que se contenga la lista de candidatos que cumplen con los requisitos de elegibilidad.
"7. La elección que efectúe la mencionada asamblea legislativa para designar al candidato que sustituirá en el cargo al nombrado Magistrado José Carlos Herrera Palacios, así como la toma de protesta que aquélla le haga al elegido.
"8. La separación física y material del acabado de nombrar en el cargo en cuestión, a partir del treinta de abril del año dos mil dieciocho.
"9. La privación al mismo de los derechos correspondientes a dicho cargo, tales como su desempeño y sus respectivos emolumentos y prestaciones, también a partir del treinta de abril del año dos mil dieciocho.
"10. La toma de posesión del elegido en el cargo de que se ha venido hablando."
SEGUNDO.—Preceptos constitucionales violados. La parte actora señaló como violados los artículos 14, 16, 17 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO.—Antecedentes. El Poder Judicial actor manifestó los siguientes hechos:
"Primero. El entonces Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco Alberto Cárdenas Jiménez, mediante oficio número DIGELAG/OF678/97, de fecha veintitrés de abril de mil novecientos noventa y siete, dirigido a los ‘diputados secretarios del Congreso del Estado’, designó como Magistrados Numerarios del Supremo Tribunal de Justicia del propio Estado, con fundamento en los artículos 58 y 59 de la Constitución jalisciense vigente en aquella época y ‘con sujeción a la aprobación’ de dicho ente legislativo, a los licenciados José Carlos Herrera Palacios y Marcelo Romero G. de Quevedo.
"Para una mayor ilustración, el oficio en cuestión se reproduce, por razón de espacio, en la siguiente página: (se transcribe).
"Los preceptos constitucionales fundatorios de aquellas designaciones, o sea los artículos 58 y 59 de la Carta Magna del Estado de Jalisco, en ese entonces establecían lo siguiente: (se transcriben).
"Segundo. En sesión verificada el veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete, el Congreso del Estado de Jalisco emitió el Acuerdo Económico Número 467/97, mediante el cual aprobó las designaciones de referencia de la siguiente manera: (se transcribe).
"Como se puede apreciar de lo relatado hasta el momento, para la fecha en que se aprobaron las aludidas designaciones (veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete), el transcrito artículo 59 sólo establecía que los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco ‘durarán en el ejercicio de su encargo cuatro años, contados a partir de la fecha en que rindan la protesta de ley, al término de los cuales, si fueren ratificados, sólo podrán ser privados de su puesto en los términos del título octavo de esta Constitución’, sin prever tal numeral causa alguna de retiro forzoso de los citados Magistrados.
"Tercero. Ese mismo día veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete, apareció publicado en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’ el Decreto Número 16541, por medio del cual ‘Se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco’, quedando sus artículos 60 y 61 –correlativos de los reformados 58 y 59 antes invocados– en los siguientes términos: (se transcriben).
"El decreto de mérito, de conformidad con su artículo transitorio décimo quinto, entró en vigor el veintinueve de abril de mil novecientos noventa y siete, esto es, un día después de que fueron designados Magistrados por cuatro años los licenciados José Carlos Herrera Palacios y Marcelo Romero G. de Quevedo.
"Cuarto. El veintiséis de abril del año dos mil uno, en la víspera de la conclusión del periodo de cuatro años para el que fueron designados en aquel cargo los acabados de nombrar, el Congreso del Estado de Jalisco, a través de los Acuerdos Económicos Números 84/01 y 85/01, ratificó a ambos en dicho cargo jurisdiccional a partir del día treinta de abril siguiente.
"Quinto. Mediante oficio sin número, de fecha cinco de febrero del año dos mil ocho, el diputado Juan Carlos Márquez Rosas, en su ‘calidad de presidente de la Comisión de Justicia’ del Legislativo Local, ‘de oficio y ante el próximo vencimiento del nombramiento de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, los licenciados José Carlos Herrera Palacios y Marcelo Romero García de Quevedo’, peticionó a dicho órgano jurisdiccional lo siguiente: (se transcribe).
"Sexto. En respuesta a tal petición, el Pleno del referido Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en sesión plenaria extraordinaria celebrada el diecinueve de febrero del año dos mil ocho, acordó lo siguiente: (se transcribe).
"Dicho acuerdo plenario fue comunicado al aludido diputado Márquez Rosas por medio del oficio número 01-319/2008, de fecha veintinueve de febrero del año dos mil ocho, signado por el presidente del repetido Supremo Tribunal de Justicia.
"Séptimo. En contra de tal acuerdo plenario y del mencionado oficio, así como de la omisión por parte de ese órgano jurisdiccional de remitir los respectivos dictámenes técnicos a que se refiere el artículo 61 de la Constitución Local, el Poder Legislativo del Estado de Jalisco promovió controversia constitucional demandando al Poder Judicial del propio Estado, la cual se radicó ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el número 49/2008, fallándose la misma por el Tribunal Pleno mediante ejecutoria de diez de mayo del año dos mil diez, cuyos dos primeros puntos resolutivos son del tenor siguiente: (se transcribe).
"Octavo. No obstante la firmeza legal que adquirió por ese sobreseimiento el multicitado Acuerdo Plenario del Supremo Tribunal de Justicia de esta entidad federativa, el Congreso jalisciense (aquí demandado), el seis de marzo del año dos mil dieciocho, emitió el Acuerdo Legislativo Número 1683-LXl-18, en cuyo primer artículo estipuló: (se transcribe).
"Por consiguiente, dicho órgano legislativo, en ese mismo acuerdo, aprobó la convocatoria a efecto de que se presenten propuestas de candidatos para sustituir en el cargo al Magistrado José Carlos Herrera Palacios.
"Noveno. En virtud de que el referido acuerdo legislativo, sus actos de ejecución y todas sus consecuencias directas e inmediatas conculcan diversos principios consagrados en la Carta Magna, el que esto suscribe, con la representación que ostenta, promueve la presente controversia en reparación de dicha transgresión."
CUARTO.—Conceptos de invalidez. La parte actora formuló los conceptos de invalidez que estimó pertinentes, los cuales se enunciarán a continuación:
Primero. la parte actora aduce de manera sustancial que los actos impugnados son violatorios de los artículos 14, 16, 17 y 116, fracción III, de la Constitución Federal y del principio general del derecho que reza: "Donde existe la misma razón, debe aplicarse la misma disposición", en virtud de que la situación jurídica de los Magistrados José Carlos Herrera Palacios y Marcelo Romero G. de Quevedo, desde que fueron designados en dicho cargo hasta antes de la emisión del impugnado Acuerdo Legislativo Número 1683-LXl-18, era exactamente idéntica, por tanto, es inconcuso que, en la actualidad debería encontrarse el primero de los nombrados en la misma situación jurídica en que el segundo se halla, esto es, ser inamovible en tal cargo jurisdiccional, por lo que sólo podría ser privado del mismo por causa de responsabilidad que le sea imputable, "quedando sujeto al retiro forzoso cuando alcance la edad de setenta años conforme a la Constitución Política del Estado de Jalisco."
Que el acuerdo plenario emitido por el Supremo Tribunal, de diecinueve de febrero del dos mil ocho, en el que determinó que los aludidos Magistrados no se encontraban en los supuestos previstos del artículo 61 de la Constitución Política del Estado de Jalisco en tanto que sus nombramientos fueron aprobados el veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete por lo que en términos del artículo 59 de la Constitución Local vigente en esa época eran inamovibles, adquirió firmeza legal, en virtud del sobreseimiento decretado sobre el particular en la controversia constitucional número 49/2008 (en la que se impugnó aquél por parte del Congreso jalisciense), indudablemente abarca a los dos Magistrados.
Que en atención al principio general del derecho invocado: "Donde existe la misma razón, debe aplicarse la misma disposición", es incuestionable que lo resuelto en el Acuerdo Legislativo Número 854-LX-14, emitido por el Congreso del Estado de Jalisco el veintinueve de mayo de dos mil catorce, también debe imperar para el Magistrado José Carlos Herrera Palacios.
Combate el Acuerdo Legislativo cuya invalidez aquí se demanda (Número 1683-LXl-18) porque el Congreso Estatal está privando al Magistrado José Carlos Herrera Palacios del ejercicio de dicho cargo por motivos distintos a los acabados de precisar y emitiendo convocatoria, a efecto de que se presenten propuestas de candidatos para sustituirlo, es indudable que en la especie aquella autoridad transgrede los principios contenidos en los artículos 17 y 116, fracción III, constitucionales.
Segundo. La parte actora aduce que los actos impugnados infringen los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, así como los principios de independencia y autonomía en el desempeño de su función jurisdiccional previsto en el artículo 116, fracción III, de la propia Norma Fundamental, en virtud de que el Acuerdo Legislativo Número 1683-LXl-18, desconoce la firmeza del acuerdo tomado por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del propio Estado en la sesión plenaria extraordinaria de diecinueve de febrero de dos mil ocho.
Manifiesta que en dicho acuerdo plenario, se determinó que: a) se consideran inamovibles en el cargo de Magistrados del Tribunal Pleno tanto José Carlos Herrera Palacios como Marcelo Romero G. de Quevedo, a partir de que fueron "ratificados para continuar desempeñando el aludido cargo" (veintiséis de abril del año dos mil uno); b) Que el derecho para ocupar el mismo, proviene de que sus respectivos nombramientos, fueron aprobados por el Congreso del Estado, el veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete, en los términos del numeral 59 de la Constitución Política del Estado de Jalisco vigente en aquella época; y que no resulta jurídicamente posible ubicar a los Magistrados Marcelo Romero G. de Quevedo y José Carlos Herrera Palacios, bajo el supuesto normativo estipulado por el artículo 61 de la Constitución Política del Estado vigente.
Afirma que si en el Acuerdo Plenario del Supremo Tribunal de Justicia de este Estado de fecha diecinueve de febrero del año dos mil ocho, cuya firmeza y subsistencia quedó evidenciada, se determinó de manera categórica que el Magistrado José Carlos Herrera Palacios es inamovible en el cargo de Magistrado a partir de que fue ratificado, que su situación jurídica en el mismo se rige en los términos del artículo 59 de la Constitución Local vigente en la época en que fue designado y que no es posible ubicarlo en el supuesto normativo del actual artículo 61 de esa propia Constitución, es inconcuso que es ilegal el desconocimiento que efectuó de ese acuerdo plenario, así como de su firmeza y subsistencia, el Congreso jalisciense al emitir el impugnado Acuerdo Legislativo Número 1683-LXl-18.
Tercero. El acuerdo legislativo combatido a través de esta demanda es violatorio de la independencia y autonomía del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en virtud de que transgrede el principio de no retroactividad previsto en el artículo 14 constitucional, porque implica una aplicación retroactiva del ya mencionado numeral 61, fracción I, porque el nombramiento de José Carlos Herrera Palacios como Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por cuatro años, fue aprobado por el Congreso de la entidad, mediante Acuerdo Económico Número 467/97, el día veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete.
Menciona que si la aprobación del nombramiento de José Carlos Herrera Palacios como Magistrado ocurrió el veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete, cuando estaba en vigor el transcrito artículo 59 –que establecía que los ‘Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, durarán en el ejercicio de su encargo cuatro años, contados a partir de la fecha en que rindan la protesta de ley, al término de los cuales, si fueren ratificados, sólo podrán ser privados de su puesto en los términos del título octavo de esta Constitución’–, resulta inconcuso que la aplicación de la norma posterior (donde sí se estipula como límite para el ejercicio del encargo el haber concluido los diez años del segundo periodo), a través del acuerdo legislativo aquí impugnado, entraña una aplicación retroactiva de la norma constitucional local en comento, puesto que indebidamente actúa sobre una situación jurídica acaecida y definida al amparo de una ley anterior.
Sostiene que al aplicar una ley posterior, desconoció el régimen jurídico que se originó con anterioridad a la vigencia de la misma, esto es, al momento de ocurrir la aprobación del nombramiento como Magistrado estatal de José Carlos Herrera Palacios.
QUINTO.—Trámite de admisión. Mediante proveído de presidencia de catorce de mayo de dos mil dieciocho (fojas 124 y 125), se ordenó formar y registrar el asunto bajo el número 100/2018 y se designó a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos para que fungiera como instructora en el procedimiento.
Mediante diverso de quince de mayo de dos mil dieciocho, la Ministra instructora tuvo al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco con la personalidad que ostenta; admitió la demanda, y ordenó emplazar como autoridad demandada al Poder Legislativo de la citada entidad federativa; asimismo dar vista al procurador general de la República (fojas 126 a 128).
SEXTO.—Contestación de la demanda del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. El seis de julio de dos mil dieciocho, la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco dio contestación a la demanda de cuenta (fojas 164 - 205), la cual se tuvo por recibida mediante acuerdo del día nueve de julio de dos mil dieciocho.
SÉPTIMO.—Cierre de instrucción. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el treinta de agosto de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia prevista en los artículos 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas y se puso el expediente en estado de resolución.
OCTAVO.—Radicación. Previo dictamen mediante proveído de ocho de febrero de dos mil diecinueve, el presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, determinó que esta Sala se avocaba al conocimiento del presente asunto.
NOVENO.—Returno. Por acuerdo de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el returno del presente asunto a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, para la formulación del proyecto de resolución respectivo.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) 1o. de la ley reglamentaria,(2) 10, fracción I,(3) y 11, fracción V,(4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I,(5) y tercero(6) del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este tribunal, del trece de mayo de dos mil trece, en virtud de que resulta innecesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal, toda vez que se plantea una controversia constitucional entre los Poderes Judicial y Legislativo del Estado de Jalisco, sin cuestionar norma general alguna.
SEGUNDO.—Legitimación activa. Enseguida se abordará el estudio de la legitimación de quien promovió la controversia constitucional.
Conforme a los artículos 10, fracción I y 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria de la materia,(7) el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo y, en todo caso, se presumirá que quien comparece a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
En el caso, promueve la demanda de controversia constitucional en representación del Poder Judicial del Estado de Jalisco Ricardo Suro Esteves, en su carácter de presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, lo que acredita con las copias certificadas del Acta de la Sesión Plenaria Solemne celebrada por los integrantes del mismo Supremo Tribunal de Justicia, de quince de diciembre de dos mil dieciséis, de cuya lectura se desprende que el promovente fue nombrado presidente para el bienio 2017- 2018 (fojas 88 a 95 del expediente principal).
Al efecto, resulta preciso hacer mención al contenido de los artículos 56, segundo párrafo, de la Constitución del Estado de Jalisco y 34, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la propia entidad, que disponen, respectivamente, lo siguiente:
(Reformado primer párrafo, P.O. 18 de julio de 2017)
"Artículo 56. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Supremo Tribunal de Justicia, en los juzgados de primera instancia, menores y de paz y jurados. Se compondrá además por dos órganos: el Consejo de la Judicatura del Estado y el Instituto de Justicia Alternativa del Estado.
(Reformado, P.O. 22 de enero de 2008)
"La representación del Poder Judicial recae en el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el cual será electo, de entre sus miembros, por el pleno. El presidente desempeñará su función por un período de dos años y podrá ser reelecto para el período inmediato. ..."
"Artículo 34. Son facultades del presidente del Supremo Tribunal de Justicia:
"I. Representar al Poder Judicial del Estado en los actos jurídicos y oficiales; ..."
En consecuencia, tomando en consideración que se encuentra acreditado que quien suscribe la demanda de controversia constitucional tiene la representación de la parte actora, y toda vez que el poder actor es uno de los órganos enunciados en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal, para intervenir en una controversia constitucional, debe concluirse que está acreditada la legitimación necesaria para promoverla.
TERCERO.—Legitimación pasiva. A continuación, se analizará la legitimación de la autoridad demandada, al ser un presupuesto necesario para la procedencia de la acción, en tanto dichas partes son las obligadas por la ley para satisfacer las pretensiones del actor, en caso de que éstas resulten fundadas.
Conforme a los artículos 10, fracción II(8) y 11, párrafo primero –antes citado–, de la ley reglamentaria, serán demandados en las controversias constitucionales, las entidades, poderes u órganos que hubiesen emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto impugnado, los cuales deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
En el caso, quienes contestan la demanda en controversia constitucional fueron Salvador Caro Cabrera, Silvia Cárdenas Castillas y Martha Susana Barajas del Toro, en su carácter de presidente y secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco. Esta calidad fue acreditada con copia certificada del acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Jalisco en el que presentan la propuesta de integrantes de la Mesa Directiva del Congreso para el periodo del primero de marzo al treinta de junio de dos mil dieciocho (foja 206 del expediente principal).
De acuerdo con el artículo 35, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, la Mesa Directiva del Congreso tiene la atribución de representar jurídicamente al Poder Legislativo de dicha entidad en los juicios de control constitucional en todas sus etapas procesales, incluyendo los recursos que señala la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(9)
Consecuentemente, consideramos que conforme a la documental aportada se tiene por acreditada la legitimación activa del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, en términos del artículo 11, primer párrafo, del ordenamiento referido.(10)
CUARTO.—Precisión de la litis. A fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de conformidad con los artículos 39, 40 y 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, resulta procedente hacer las siguientes precisiones que derivan de la lectura integral y sistemática de las constancias de autos, particularmente de la demanda, de la contestación y de las documentales exhibidas como pruebas.
De la lectura integral de la demanda, se advierte que los actos impugnados son los siguientes:
1. El Acuerdo Legislativo Número 1683-LXl-18, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco de seis de marzo de dos mil dieciocho.
2. Los actos de ejecución del mencionado Acuerdo Legislativo Número 1683-LXl-18, así como todas las consecuencias directas e inmediatas, como son:
a. Las publicaciones que de dicho acuerdo legislativo se llevaron a cabo en distintos medios de difusión, tanto oficiales como no oficiales, particularmente, en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" del ocho de marzo de dos mil dieciocho.
b. Las notificaciones que del citado acuerdo legislativo tanto al Supremo Tribunal de Justicia como al Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco.
c. La recepción, en el aludido Consejo de la Judicatura Federal, de las propuestas de candidatos para sustituir en el cargo al Magistrado del referido Supremo Tribunal de Justicia José Carlos Herrera Palacios, así como de sus documentos de acreditación, con la que materialmente se inicia el correspondiente procedimiento de elección.
d. La remisión de tales propuestas de candidatos y de sus documentos de acreditación, por parte del repetido Consejo de la Judicatura, a la Comisión de Justicia del Congreso Local.
e. El cumplimiento del artículo sexto del multicitado acuerdo legislativo, o sea la publicación de los "nombres, las cartas de recomendación y una reseña de la currícula" de los respectivos candidatos ‘en la página electrónica del Congreso y en las redes sociales con las que cuente este Poder Legislativo a más tardar el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho’.
f. El estudio que lleve a cabo la Comisión de Justicia de los expedientes formados con motivo de las referidas propuestas de candidatos, así como el respectivo dictamen que presente ésta a la asamblea legislativa estatal, en el que se contenga la lista de candidatos que cumplen con los requisitos de elegibilidad.
g. La elección que efectúe la mencionada asamblea legislativa para designar al candidato que susstituirá en el cargo al nombrado Magistrado José Carlos Herrera Palacios, así como la toma de protesta que aquélla le haga al elegido.
h. La separación física y material del acabado de nombrar en el cargo en cuestión, a partir del dieciséis de junio del año dos mil dieciocho.
i. La privación de los derechos correspondientes a dicho cargo, tales como su desempeño y sus respectivos emolumentos y prestaciones, también a partir del treinta de abril de dos mil dieciocho.
j. La toma de posesión del elegido en el cargo.
QUINTO.—Oportunidad. Procede analizar si la controversia constitucional fue promovida en forma oportuna.
En primer término, debe señalarse que el escrito de demanda principal fue remitido a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del Servicio Postal Mexicano, según se desprende del sello impreso en el sobre que obra a foja trescientos veinticuatro del expediente; por lo que su oportunidad deberá analizarse a la luz de lo dispuesto por el artículo 8o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 17/2002,(11) de rubro siguiente: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REQUISITOS, OBJETO Y FINALIDAD DE LAS PROMOCIONES PRESENTADAS POR CORREO MEDIANTE PIEZA CERTIFICADA CON ACUSE DE RECIBO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)."
Como se observa, en el
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29205-a4bd7395/i-controversia-constitucional-se-presume-que-el-presidente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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