I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SE PRESUME QUE EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL PODER JUDICIAL LOCAL PARA ACUDIR ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA RATIFICACIÓN TÁCITA DE UN MAGISTRADO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO NO PUEDE TOMARSE EN CONSIDERACIÓN PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE. IV. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. CONDICIONES A LAS QUE SE ENCUENTRAN SUJETOS LOS MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA A LA CONSTITUCIÓN LOCAL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE. V. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. LA DISPOSICIÓN QUE ESTABLECE UN PERIODO MÁXIMO DE DIECISIETE AÑOS PARA QUE LOS MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DUREN EN EL EJERCICIO DE SU ENCARGO, NO ES APLICABLE A AQUELLOS QUE TENÍAN EL CARÁCTER DE INAMOVIBLES A LA FECHA EN QUE ENTRÓ EN VIGOR DICHA NORMA (INVALIDEZ DEL ACUERDO LEGISLATIVO APROBADO EL SEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO POR EL CONGRESO LOCAL). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DEL ACUERDO LEGISLATIVO QUE DETERMINÓ EL RETIRO FORZOSO DE UN MAGISTRADO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO, QUE VINCULAN AL CONGRESO LOCAL PARA QUE EMITA OTRO EN EL QUE CONSIDERE QUE ADQUIRIÓ LA INAMOVILIDAD EN EL CARGO (INVALIDEZ DEL ACUERDO LEGISLATIVO APROBADO EL SEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO POR EL CONGRESO LOCAL). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ CUYOS EFECTOS INCIDEN SOBRE LOS DERECHOS PATRIMONIALES DEL MAGISTRADO FALLECIDO DERIVADO DE SU INAMOVILIDAD (INVALIDEZ DEL ACUERDO LEGISLATIVO APROBADO EL SEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO POR EL CONGRESO LOCAL).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 107/2018. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, EDUARDO MEDINA MORA I., YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. EL MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS EMITIÓ SU VOTO EN CONTRA Y CON RESERVAS. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIA: GUADALUPE DE JESÚS HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ.
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al once de septiembre de dos mil diecinueve.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación de la demanda, poderes demandados y actos impugnados. Por escrito recibido el cuatro de junio de dos mil dieciocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial del Estado de Jalisco, por conducto de Ricardo Suro Esteves, en su carácter de presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y representante del Poder Judicial de dicha entidad federativa, promovió controversia constitucional en contra del Poder Legislativo Local, por la emisión de los siguientes actos:
"A) La totalidad del Acuerdo Legislativo Número 1752-LXl-18, aprobado por el referido demandado (Congreso del Estado de Jalisco), con fecha diecinueve de abril del año dos mil dieciocho, cuyos artículos, en lo conducente, a continuación se reproducen:
"Acuerdo legislativo
"Primero: Se determina, que se actualizan dos vacantes para ocupar el cargo de Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en razón del retiro forzoso de los ciudadanos José Félix Padilla Lozano y Héctor Delfino León Garibaldi, por haber concluido el primero y segundo periodos a los que hace alusión el artículo 61 de la Constitución del Estado de Jalisco.
"Segundo: Se aprueba la convocatoria dirigida a la sociedad en general con excepción de los partidos políticos, a efecto de que presenten a esta Soberanía propuesta de candidatos para la elección de dos Magistrados para integrar el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, por un periodo de siete años contados a partir de que rindan protesta de ley.
"Tercero: Se autoriza la publicación de la convocatoria y los artículos primero y segundo del presente dictamen en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’, en dos periódicos locales de mayor circulación y en la página web del Congreso del Estado de Jalisco; así como en las redes sociales oficiales en los términos que a continuación se expresen:
"...
"Cuarto: Notifíquese por oficio al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y al Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, para los efectos legales a que haya lugar.
"Quinto: Se instruye a la Comisión de Justicia a que realice el procedimiento para analizar los expedientes de los candidatos que se registren y presenten la lista de elegibles, en los términos de la convocatoria.
"Sexto: Una vez recibidos en el Congreso por parte del Consejo de la Judicatura los expedientes de los interesados en participar en el proceso; la Comisión de Justicia a través de la Secretaría General, publicará los nombres, las cartas de recomendación y una reseña de la currícula de éstos, en la página electrónica del Congreso y en las redes sociales con las que cuente este Poder Legislativo a más tardar el día 28 veintiocho de mayo del año 2018 dos mil dieciocho.
"B) Los actos de ejecución del mencionado Acuerdo Legislativo Número 1752-LXl-18, algunos de ellos de realización inminente, así como todas las consecuencias directas e inmediatas que del mismo deriven, como son:
"1. Las publicaciones que de dicho acuerdo legislativo se llevaron a cabo en distintos medios de difusión, tanto oficiales como no oficiales, resultando oportuno señalar que en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’ la publicación relativa se efectuó el veintiuno de abril del año dos mil dieciocho.
"2. Las notificaciones que del citado acuerdo legislativo se realizaron, mediante oficios, tanto al Supremo Tribunal de Justicia como al Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco.
"3. La recepción, en el aludido Consejo de la Judicatura, de las propuestas de candidatos para sustituir en el cargo al Magistrado del referido Supremo Tribunal de Justicia Héctor Delfino León Garibaldi, así como de sus documentos de acreditación, con la que materialmente se inicia el correspondiente procedimiento de elección.
"4. La remisión de tales propuestas de candidatos y de sus documentos de acreditación, por parte del repetido Consejo de la Judicatura, a la Comisión de Justicia del Congreso Local.
"5. El cumplimiento del artículo sexto del multicitado acuerdo legislativo, o sea la publicación de los ‘nombres, las cartas de recomendación y una reseña de la currícula’ de los respectivos candidatos ‘en la página electrónica del Congreso y en las redes sociales con las que cuente este Poder Legislativo a más tardar el día 28 veintiocho de mayo del año 2018 dos mil dieciocho’.
"6. El estudio que lleve a cabo la susodicha Comisión de Justicia de los expedientes formados con motivo de las referidas propuestas de candidatos, así como el respectivo dictamen que presente ésta a la Asamblea Legislativa Estatal, en el que se contenga la lista de candidatos que cumplen con los requisitos de elegibilidad.
"7. La elección que efectúe la mencionada asamblea legislativa para designar al candidato que sustituirá en el cargo al nombrado Magistrado Héctor Delfino León Garibaldi, así como la toma de protesta que aquélla le haga al elegido.
"8. La separación física y material del acabado de nombrar en el cargo en cuestión, a partir del dieciséis de junio del año dos mil dieciocho.
"9. La privación al mismo de los derechos correspondientes a dicho cargo, tales como su desempeño y sus respectivos emolumentos y prestaciones, también a partir del dieciséis de junio del año dos mil dieciocho.
"10. La toma de posesión del elegido en el cargo de que se ha venido hablando."
SEGUNDO.—Preceptos constitucionales violados. La parte actora señaló como violados los artículos 14, 16, 17 y 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO.—Antecedentes. El Poder Judicial actor manifestó los siguientes hechos:
"VI. Antecedentes de los actos cuya invalidez se demanda: Manifiesto que los hechos o abstenciones que me constan y que constituyen tales antecedentes son los que enseguida narro:
"Primero. El entonces Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco Alberto Cárdenas Jiménez, mediante oficio número DIGELAG/OF679/97, de fecha veintitrés de abril de mil novecientos noventa y siete, dirigido a los ‘diputados secretarios del Congreso del Estado’, designó como Magistrado Numerario del Supremo Tribunal de Justicia del propio Estado, con fundamento en el artículo 58 de la Constitución jalisciense vigente en aquella época, ‘por el término de 4 años’ y ‘con sujeción a la aprobación’ de dicho ente legislativo, entre otros, al licenciado Héctor Delfino León Garibaldi.
"Para una mayor ilustración, el oficio en cuestión se reproduce, por razón de espacio, en la siguiente página:
"...
"El precepto constitucional fundatorio de aquella designación, o sea el artículo 58 de la Carta Magna del Estado de Jalisco, así como el 59 de la misma, en ese entonces establecían lo siguiente: (se transcribe)
"...
"Como se puede apreciar de lo anterior, para la fecha de la aludida designación (veintitrés de abril de mil novecientos noventa y siete), el transcrito artículo 59 sólo establecía que los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco ‘durarán en el ejercicio de su encargo cuatro años, contados a partir de la fecha en que rindan la protesta de ley, al término de los cuales, si fueren ratificados, sólo podrán ser privados de su puesto en los términos del título octavo de esta Constitución’, sin prever tal numeral causa alguna de retiro forzoso de los citados Magistrados.
"Segundo. El día veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete, apareció publicado en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’ el Decreto Número 16541 (que entró en vigor al día siguiente de conformidad con su artículo transitorio décimo quinto), por medio del cual ‘Se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco’, quedando sus artículos 60 y 61 –correlativos de los reformados 58 y 59 antes invocados– en los siguientes términos: (se transcribe)
"...
"Tercero. En sesión verificada el trece de junio de mil novecientos noventa y siete, el Congreso del Estado de Jalisco emitió el Acuerdo Económico Número 517/97, mediante el cual aprobó la designación de referencia, entre otras, de la siguiente manera: (se transcribe)
"...
"Según se advierte de lo acabado de reproducir, a pesar de la reforma de mérito, el legislativo local aprobó la designación de que se trata en los términos propuestos por el Ejecutivo Estatal, esto es, ‘por cuatro años contados a partir del día en que rindan la protesta de ley respectiva’; lo que implica que la designación de Héctor Delfino León Garibaldi en dicho cargo se rigió, desde el inicio del mismo, por lo que establecían los mencionados artículos 58 y 59 de la Constitución jalisciense, el último de los cuales, se reitera, no preveía causa alguna de retiro forzoso de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad.
"Lo que se corrobora fehacientemente con el hecho de que la referida protesta de ley, que se rindió el dieciséis de junio de mil novecientos noventa y siete, se fundamentó, entre otros artículos, en el ‘58 de la Constitución Política del Estado de Jalisco’, como se puede constatar del ‘Acta de la Sesión Ordinaria Verificada por el Congreso del Estado’ en esa fecha.
"Cuarto. El siete de junio del año dos mil uno, en la víspera de la conclusión del periodo de cuatro años para el que fue designado en aquel cargo el antes nombrado, el Congreso del Estado de Jalisco, a través del Acuerdo Económico Número 120/01, lo ratificó en dicho cargo jurisdiccional a partir del día dieciséis de junio siguiente.
"Quinto. El citado Congreso, mediante Acuerdo Legislativo Número 485-LVlll-08, aprobado con fecha dieciséis de abril del año dos mil ocho, peticionó al aludido Supremo Tribunal de Justicia lo siguiente: (se transcribe)
"...
"Ese acuerdo legislativo, el mismo día de su aprobación, fue notificado al presidente del referido Supremo Tribunal a través del oficio número OF-DPL-564-LVlll, signado por el secretario general del repetido Congreso Estatal.
"Sexto. En respuesta a la petición legislativa en comento, el Pleno de dicho órgano jurisdiccional, en sesión plenaria ordinaria celebrada por sus integrantes el veinticinco de abril del año dos mil ocho, acordó por unanimidad lo siguiente: (se transcribe)
"...
"Dicho acuerdo plenario fue comunicado al aludido ente legislativo por medio del oficio número 05-384/2008, de fecha veinticinco de abril del año dos mil ocho, signado por el referido presidente del Supremo Tribunal de Justicia de esta entidad federativa.
"Séptimo. No obstante lo determinado en el multicitado acuerdo plenario por ese órgano jurisdiccional, el Congreso jalisciense (aquí demandado), el diecinueve de abril del año dos mil dieciocho, emitió el Acuerdo Legislativo Número 1752-LXl-18, en cuyo primer artículo estipuló: (se transcribe)
"...
"Por consiguiente, dicho Congreso, en ese mismo acuerdo legislativo, aprobó la convocatoria a efecto de que se presenten propuestas de candidatos para sustituir en el cargo al Magistrado Héctor Delfino León Garibaldi.
"Octavo. En virtud de que el referido acuerdo legislativo, sus actos de ejecución y todas sus consecuencias directas e inmediatas conculcan diversos principios consagrados en la Carta Magna, el que esto suscribe, con la representación que ostenta, promueve la presente controversia en reparación de dicha transgresión."
CUARTO.—Conceptos de invalidez. La parte actora formuló los conceptos de invalidez que estimó pertinentes, los cuales se enunciarán a continuación:
Primero. La parte actora aduce de manera sustancial que los actos impugnados son violatorios de los artículos 14, 16, 17 y 116, fracción III, de la Constitución Federal y del principio general del derecho que reza: "Donde existe la misma razón, debe aplicarse la misma disposición", en virtud de que la situación jurídica de los Magistrados Héctor Delfino León Garibaldi y Marcelo Romero G. de Quevedo, desde que fueron designados en dicho cargo hasta antes de la emisión del impugnado Acuerdo Legislativo Número 1752-LXl-18, era exactamente idéntica, por tanto, es inconcuso que en la actualidad debería encontrarse el primero de los nombrados en la misma situación jurídica en que el segundo se halla, esto es, ser inamovible en tal cargo jurisdiccional, por lo que sólo podría ser privado del mismo por causa de responsabilidad que le sea imputable, "quedando sujeto al retiro forzoso cuando alcance la edad de setenta años conforme a la Constitución Política del Estado de Jalisco."
Que en atención al principio general del derecho invocado: "Donde existe la misma razón, debe aplicarse la misma disposición", es incuestionable que lo resuelto en el Acuerdo Legislativo Número 854-LX-14, emitido por el Congreso del Estado de Jalisco el veintinueve de mayo de dos mil catorce, también debe imperar para el Magistrado Héctor Delfino León Garibaldi.
Combate el acuerdo legislativo cuya invalidez aquí se demanda (Número 1752-LXl-18), porque el Congreso Estatal está privando al Magistrado Héctor Delfino León Garibaldi del ejercicio de dicho cargo por motivos distintos a los acabados de precisar y emitiendo convocatoria a efecto de que se presenten propuestas de candidatos para sustituirlo, es indudable que en la especie aquella autoridad transgrede los principios contenidos en los artículos 17 y 116, fracción III, constitucionales.
Segundo. El acuerdo legislativo combatido a través de esta demanda es violatorio de la independencia y autonomía del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en virtud de que transgrede el principio de no retroactividad previsto en el artículo 14 constitucional, porque implica una aplicación retroactiva del ya mencionado numeral 61, fracción I, porque el nombramiento de Héctor Delfino León Garibaldi como Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por cuatro años, fue aprobado por el Congreso de la entidad, mediante Acuerdo Económico Número 467/97, el día veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete.
Sostiene que, al aplicar una ley posterior, desconoció el régimen jurídico que se originó con anterioridad a la vigencia de la misma, esto es, al momento de ocurrir la aprobación del nombramiento como Magistrado estatal de Héctor Delfino León Garibaldi.
QUINTO.—Trámite de admisión. Mediante proveído de presidencia de cuatro de junio de dos mil dieciocho (fojas 103 y 104) se ordenó formar y registrar el asunto bajo el número 107/2018 y se designó a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos para que fungiera como instructora en el procedimiento.
Mediante diverso de cinco de junio de dos mil dieciocho, la Ministra instructora tuvo al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco con la personalidad que ostenta; admitió la demanda, y ordenó emplazar como autoridad demandada al Poder Legislativo de la citada entidad federativa; asimismo, dar vista al procurador general de la República (fojas 105 a 107).
SEXTO.—Contestación de la demanda del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. El diez de agosto de dos mil dieciocho, Jorge Arana Arana, Victoria Anahí Olguín Rojas y María Antonieta Vizcaíno Huerta, presidente y las últimas como secretarias de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco dieron contestación a la demanda de cuenta (fojas 169 a 242), la cual se tuvo por recibida mediante acuerdo del día trece de agosto de dos mil dieciocho.
SÉPTIMO.—Cierre de instrucción. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el seis de septiembre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia prevista en los artículos 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas y se puso el expediente en estado de resolución.
OCTAVO.—Avocamiento. Mediante acuerdo de ocho de febrero de dos mil diecinueve, el presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación determinó que esta Sala se avocaba al conocimiento del presente asunto.
NOVENO.—Returno. Por diverso de veintidós de marzo de la mencionada anualidad, el presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el returno del presente asunto a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, para la formulación del proyecto de resolución respectivo.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) 1o. de la ley reglamentaria,(2) 10, fracción I(3) y 11, fracción V,(4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I,(5) y tercero(6) del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de este tribunal, del trece de mayo de dos mil trece, en virtud de que resulta innecesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal, toda vez que se plantea una controversia constitucional entre los Poderes Judicial y Legislativo del Estado de Jalisco, sin cuestionar norma general alguna.
SEGUNDO.—Legitimación activa. Enseguida se abordará el estudio de la legitimación de quien promovió la controversia constitucional:
Conforme a los artículos 10, fracción I y 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria de la materia,(7) el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo y, en todo caso, se presumirá que quien comparece a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
En el caso, promueve la demanda de controversia constitucional en representación del Poder Judicial del Estado de Jalisco, Ricardo Suro Esteves, en su carácter de presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, lo que acredita con las copias certificadas del acta de la Sesión Plenaria Solemne, celebrada por los integrantes del propio Supremo Tribunal de quince de diciembre de dos mil dieciséis, de cuya lectura se desprende que el promovente fue nombrado presidente para el Bienio 2017-2018 (fojas 71 a 78 del expediente).
Al efecto, resulta preciso hacer mención del contenido de los artículos 56, segundo párrafo, de la Constitución del Estado de Jalisco y 34, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la propia entidad, que disponen, respectivamente, lo siguiente:
(Reformado primer párrafo, P.O. 18 de julio de 2017)
"Artículo 56. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Supremo Tribunal de Justicia, en los juzgados de primera instancia, menores y de paz y jurados. Se compondrá además por dos órganos: el Consejo de la Judicatura del Estado y el Instituto de Justicia Alternativa del Estado.
(Reformado, P.O. 22 de enero de 2008)
"La representación del Poder Judicial recae en el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el cual será electo, de entre sus miembros, por el Pleno. El presidente desempeñará su función por un periodo de dos años y podrá ser reelecto para el periodo inmediato."
"Artículo 34. Son facultades del presidente del Supremo Tribunal de Justicia:
"I. Representar al Poder Judicial del Estado en los actos jurídicos y oficiales."
En consecuencia, tomando en consideración que se encuentra acreditado que quien suscribe la demanda de controversia constitucional tiene la representación de la parte actora, y toda vez que el poder actor es uno de los órganos enunciados en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal, para intervenir en una controversia constitucional, debe concluirse que está acreditada la legitimación necesaria para promoverla.
TERCERO.—Legitimación pasiva. A continuación, se analizará la legitimación de la autoridad demandada, al ser un presupuesto necesario para la procedencia de la acción, en tanto dichas partes son las obligadas por la ley para satisfacer las pretensiones del actor, en caso de que éstas resulten fundadas.
Conforme a los artículos 10, fracción II(8) y 11, párrafo primero –antes citado–, de la ley reglamentaria, serán demandados en las controversias constitucionales, las entidades, poderes u órganos que hubiesen emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto impugnado, los cuales deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
En el caso, quienes contestan la controversia constitucional fueron Jorge Arana Arana, Victoria Anahí Olguín y María Antonieta Vizcaíno Huerta en su carácter de presidente y secretarias de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco. Esta calidad fue acreditada con copia certificada del acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Jalisco en el que presentan la propuesta de integrantes de la Mesa Directiva del Congreso para el periodo del uno de julio al treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho (fojas 243 a 253 del expediente principal).
De acuerdo con el artículo 35, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, la Mesa Directiva del Congreso tiene la atribución de representar jurídicamente al Poder Legislativo de dicha entidad en los juicios de control constitucional en todas sus etapas procesales, incluyendo los recursos que señala la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (a la fecha de la promoción de la controversia constitucional).(9) Consecuentemente, consideramos que conforme a la documental aportada se tiene por acreditada la legitimación activa del Poder Legislativo del Estado de Jalisco en términos del artículo 10, fracción I, del ordenamiento referido.
CUARTO.—Precisión de la litis. A fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de conformidad con los artículos 39, 40 y 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, resulta procedente hacer las siguientes precisiones que derivan de la lectura integral y sistemática de las constancias de autos, particularmente de la demanda, de la contestación y de las documentales exhibidas como pruebas.
De la lectura integral de la demanda, se advierte que los actos impugnados son los siguientes:
1. El Acuerdo Legislativo Número 1752-LXl-18, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco de veintiuno de abril de dos mil dieciocho.
2. Los actos de ejecución del mencionado Acuerdo Legislativo Número 1752-LXl-18, así como todas las consecuencias directas e inmediatas, como son:
a. Las publicaciones que de dicho acuerdo legislativo se llevaron a cabo en distintos medios de difusión, tanto oficiales como no oficiales, particularmente, en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" se efectuó el veintiuno de abril de dos mil dieciocho.
b. Las notificaciones del citado acuerdo legislativo tanto al Supremo Tribunal de Justicia como al Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco.
c. La recepción, en el aludido Consejo de la Judicatura Federal, de las propuestas de candidatos para sustituir en el cargo al Magistrado del referido Supremo Tribunal de Justicia Héctor Delfino León Garibaldi, así como de sus documentos de acreditación, con la que materialmente se inicia el correspondiente procedimiento de elección.
d. La remisión de tales propuestas de candidatos y de sus documentos de acreditación, por parte del repetido Consejo de la Judicatura Federal, a la Comisión de Justicia del Congreso Local.
e. El cumplimiento del artículo sexto del multicitado acuerdo legislativo, o sea la publicación de los "nombres, las cartas de recomendación y una reseña de la currícula" de los respectivos candidatos "en la página electrónica del Congreso y en las redes sociales con las que cuente este Poder Legislativo a más tardar el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho".
f. El estudio que llevó a cabo la Comisión de Justicia de los expedientes formados con motivo de las referidas propuestas de candidatos, así como el respectivo dictamen que presenta ésta a la asamblea legislativa estatal, en el que se contenga la lista de candidatos que cumplen con los requisitos de elegibilidad.
g. La elección que efectúe la mencionada asamblea legislativa para designar al candidato que sustituirá en el cargo al nombrado Magistrado Héctor Delfino León Garibaldi, así como la toma de protesta que aquélla le haga al elegido.
h. La separación física y material del acabado de nombrar en el cargo en cuestión, a partir del dieciséis de junio del año dos mil dieciocho.
i. La privación al mismo de los derechos correspondientes a dicho cargo, tales como su desempeño y sus respectivos emolumentos y prestaciones, también a partir del dieciséis de junio de dos mil dieciocho.
j. La toma de posesión del elegido en el cargo.
QUINTO.—Oportunidad. Procede analizar si la controversia constitucional fue promovida en forma oportuna.
Debe señalarse que el escrito de demanda principal fue remitido a la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante envío de cuatro de junio de dos mil dieciocho.
Luego entonces, procede determinar el plazo legal para la interposición de la demanda, para lo cual debe tenerse presente el contenido del artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia, que establece lo siguiente:
"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:
"I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos."
De conformidad con el precepto antes transcrito, el plazo para la presentación de la demanda de controversia constitucional será de treinta días, tratándose de actos y disposiciones generales.
La presente controversia constitucional es oportuna, toda vez que su reclamo fue formulado dentro del plazo de treinta días previsto en el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(10)
En el caso, el Acuerdo Legislativo Número 1752-LXl-18, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco fue publicado en el Periódico Oficial de Jalisco el sábado veintiuno de abril de dos mil dieciocho (fojas 79 a 102), por lo que el plazo para presentar la demanda transcurrió del martes veinticuatro de abril al martes cinco de junio de dos mil dieciocho, descontándose del cómputo respectivo los días inhábiles, como se demuestra de la siguiente manera:
Ver tabla
Del plazo se descontaron los siguientes días inhábiles:
Sábados: veintiocho de abril; cinco, doce, diecinueve y veintiséis de mayo; y dos de junio de dos mil dieciocho.
Domingos: veintinueve de abril; seis, trece, veinte, veintisiete de mayo; y tres de junio de dos mil dieciocho.
Martes: primero de mayo de dos mil dieciocho.
Lo anterior, de conformidad con los artículos 2o. y 3o. de la ley reglamentaria de la materia,(11) en relación con el numeral 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(12) y el punto primero, incisos a), b) y g), del Acuerdo General Número 18/2013,(13) dictado por el Pleno de esta Suprema Corte el diecinueve de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de noviembre siguiente, relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia, así como los de descanso para su personal.
De esta forma, al haberse depositado la demanda de controversia constitucional el lunes cuatro de junio de dos mil dieciocho, según sello fechador que obra en la misma, debe concluirse que fue promovido oportunamente por lo que hace a la impugnación del acto.
En estas condiciones, se desestima la segunda causal de improcedencia invocada por el Poder Legislativo Local demandado, relativa a que la presente controversia constitucional es improcedente, en virtud de que se presentó fuera de los plazos a que se refiere el artículo 21 de la ley de la materia.
No es óbice el argumento de la autoridad demandada, en el sentido de que el siete de junio de dos mil uno, a través del Acuerdo Económico 120/01, emitido por el Congreso del Estado, Héctor Delfino León Garibaldi fue ratificado en el cargo de Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, por un periodo de siete años a partir del dieciséis de junio de dos mil uno, y hasta el dieciséis de junio de dos mil ocho, conforme al artículo 61 de la Constitución Política del Estado de Jalisco y que, al no existir pronunciamiento expreso por parte del Congreso del Estado de Jalisco, operó una ratificación tácita por diez años, lo cual fue evidenciado por esta Suprema Corte, al resolver la controversia constitucional 49/2008.
La anterior circunstancia no hace extemporánea la interposición de este medio constitucional, en virtud de que no se puede tomar en consideración la ratificación tácita del poder actor a que se refiere la autoridad a efecto de determinar la oportun
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29206-b18595a9/i-controversia-constitucional-se-presume-que-el-presidente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. CRITERIOS QUE LA SUPREMA CORTE HA ESTABLECIDO SOBRE SU SITUACIÓN CONFORME A LA INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUC (2113)
- PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. CRITERIOS QUE LA SUPREMA CORTE HA ESTABLECIDO SOBRE SU SITUACIÓN, CONFORME A LA INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITU (P./J. 107/2000)
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