Corpus
Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA SE SURTE CUANDO EN SU DEMANDA ADUZCA UNA VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CUANDO SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO ES NECESARIO AGOTAR UN MEDIO DE DEFENSA LOCAL PARA SU PROCEDENCIA (LEY DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 5; 19, FRACCIÓN II; 37, FRACCIÓN I Y 131, FRACCIONES II Y VII, DE LA LEY DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO). IV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS IRREGULARIDADES ACONTECIDAS EN AQUÉL (PROCESO LEGISLATIVO QUE REFORMÓ Y DEROGÓ DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO). V. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. SUS FORMALIDADES Y ESTÁNDARES (PROCESO LEGISLATIVO QUE REFORMÓ Y DEROGÓ DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO). VI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO. FASES QUE LO COMPONEN. VII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO. EL HECHO DE QUE UNA LEY SE HAYA EMITIDO EN UN LAPSO BREVE NO CONLLEVA, POR SÍ MISMO, LA VIOLACIÓN DE LAS FORMALIDADES QUE LO RIGEN (PROCESO LEGISLATIVO QUE REFORMÓ Y DEROGÓ DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO). VIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO. LA AUSENCIA DE UNA CONSTANCIA QUE DEMUESTRE QUE LA GACETA LEGISLATIVA CORRESPONDIENTE FUE REMITIDA VÍA ELECTRÓNICA A LOS DIPUTADOS EL DÍA ANTERIOR A AQUEL EN QUE SE CELEBRÓ LA SESIÓN EN LA QUE SE APROBÓ LA LEY IMPUGNADA NO IMPLICA QUE SE HAYA OMITIDO CIRCULARLA Y, POR ENDE, QUE ÉSTOS NO CONOCIERAN PREVIAMENTE EL CONTENIDO DEL DICTAMEN RESPECTIVO (PROCESO LEGISLATIVO QUE REFORMÓ Y DEROGÓ DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO). IX. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO. PARA QUE UNA INICIATIVA DE LEY PUEDA INTEGRARSE A LA ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN CORRESPONDIENTE, ES NECESARIO QUE SE PRESENTE EN LA OFICIALÍA DE PARTES CON CUARENTA Y OCHO HORAS DE ANTICIPACIÓN (PROCESO LEGISLATIVO QUE REFORMÓ Y DEROGÓ DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO). X. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO. EL QUE DIO ORIGEN A LA LEY DE DERECHOS HUMANOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA CUMPLIÓ CON EL REQUISITO DE REMITIR EL PROYECTO RESPECTIVO A LA COMISIÓN DE REDACCIÓN Y ESTILO, PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO (PROCESO LEGISLATIVO QUE REFORMÓ Y DEROGÓ DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO). XI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO. DEROGACIÓN DE UNA NORMA DIRECTAMENTE RELACIONADA CON LA MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SIN QUE AL MOMENTO SE ENCUENTRE VIGENTE EL MARCO CONSTITUCIONAL EN LA MATERIA (DESESTIMACIÓN DE LA DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 131, FRACCIONES II Y VII, DE LA LEY DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO). XII. PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO. XIII. PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SUS EXIGENCIAS POSITIVAS O NEGATIVAS. XIV. DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE QUERÉTARO. DEROGACIÓN DE UNA NORMA QUE POSIBILITA A LOS GOBERNADOS EJERCITAR UN INSTRUMENTO POR EL QUE PUEDEN OBTENER LA OPINIÓN SOBRE LA CONGRUENCIA DE LA INTERPRETACIÓN DE DISPOSICIONES JURÍDICAS LOCALES FRENTE A LOS DERECHOS HUMANOS (DESESTIMACIÓN DE LA DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO). XV. ORGANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO ESTABLECE COMO REQUISITO PARA LOS ASPIRANTES AL CARGO DE PRESIDENTE DE AQUÉLLOS CONTAR CON TÍTULO DE LICENCIADO EN DERECHO (ARTÍCULO 19, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO). XVI. DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO. REQUISITO PARA DESIGNAR A SU PRESIDENTE DE TENER PREFERENTEMENTE TÍTULO DE LICENCIADO EN DERECHO Y CONTAR CON EXPERIENCIA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS O ACTIVIDADES AFINES (ARTÍCULO 19, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO). XVII. DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO. EL REQUISITO PARA DESIGNAR A SU PRESIDENTE DE TENER PREFERENTEMENTE TÍTULO DE LICENCIADO EN DERECHO NO IMPLICA QUE SU DESIGNACIÓN PUEDA RECAER EN ALGUIEN QUE NO CUENTE CON LA PERICIA Y LOS CONOCIMIENTOS RELACIONADOS CON LA DEFENSA, PROMOCIÓN Y TUTELA DE LOS DERECHOS HUMANOS (ARTÍCULO 19, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO). XVIII. PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. LOS PRINCIPIOS DEL ESTATUTO DE LAS INSTITUCIONES NACIONALES DE

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 73/2016. · Registro digital (IUS): 29288
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-02-07
Promovente: DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE QUERÉTARO.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 75, Febrero de 2020, Tomo I, Pág. 137.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 73/2016. DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE QUERÉTARO. 6 DE AGOSTO DE 2019. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: ROBERTO FRAGA JIMÉNEZ.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al seis de agosto de dos mil diecinueve.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Por escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil dieciséis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro promovió acción de inconstitucionalidad, solicitando la invalidez de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro en lo general, y en lo particular, los artículos 19, fracción II, y 37, fracción I, y todo el título sexto, así como la derogación de los diversos 5 y 131, fracciones II y III, de la citada legislación; publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" el veintidós de julio del dos mil dieciséis; emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:

"II. Órgano legislativo emisor de la norma general impugnada.

"La Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Querétaro ...

"III. Órgano ejecutivo promulgador de la norma impugnada.

"El Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro ..."

SEGUNDO.—El organismo demandante formuló los conceptos de invalidez que se sintetizarán en la parte considerativa de esta sentencia.

TERCERO.—Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro estima infringidos son los artículos 1o., 14, 16, 39, 40, 73, fracción XXIX-V, 102, apartado B, 116, 124 y 133; así como los diversos 1o., 2o. y 28 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los principios relativos al Estatuto de las Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, adoptados en la resolución aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas A/ARES/48/134 el veinte de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (en adelante "principios de París").

CUARTO.—Mediante proveído del veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 73/2016, así como su turno al Ministro José Fernando Franco González Salas para que fungiera como instructor del procedimiento.

En diverso proveído del veinticuatro del mes y año citados, el Ministro instructor admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los órganos legislativo y ejecutivo locales, emisor y promulgador de la norma impugnada, para que rindieran sus respectivos informes, así como al procurador general de la República, para que emitiera su opinión.

QUINTO.—En el informe rendido por el Congreso del Estado de Querétaro se señala, en síntesis, lo siguiente.

• En relación con el primer concepto de invalidez, sostiene que debe declararse infundado y, por ende, inoperante, ya que el procedimiento legislativo que precedió a la emisión de la norma controvertida satisfizo todas y cada una de las etapas procedimentales contenidas en el artículo 19 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, en otras palabras, de las constancias se advierte que se cumplieron con los requisitos de iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulgación, publicación e inicio de vigencia de la norma.

• Que en oposición a lo aseverado por la defensoría accionante, el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro no señala un término mínimo o máximo para que las comisiones emitan los dictámenes de las iniciativas que les sean turnadas, por lo que no puede hablarse de la existencia de un procedimiento sumario en el que la comisión haya dictaminado la iniciativa de ley de la norma controvertida.

• Cuestiona el argumento de la accionante, en el que ésta afirma que la Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública de la Legislatura Local, aprobó el dictamen sin conocer previamente el proyecto de ley; lo anterior lo refuta en virtud de que el proyecto de ley referido no puede existir sino hasta después de la aprobación, por el Pleno de la Legislatura, del dictamen correspondiente, según lo disponen los artículos 49 y 81 de la ley orgánica antes referida.

• Menciona que es ilógico que la comisión no hubiere analizado ni estudiado el dictamen antes de su aprobación, puesto que las autoras de la iniciativa dictaminada son precisamente integrantes de la Comisión Dictaminadora.

• Sostiene que el Pleno del Poder Legislativo de Querétaro no hizo caso omiso a la moción suspensiva presentada por un diputado integrante de la misma como lo asevera la defensoría; lo anterior así es porque dicha moción se sometió a votación y se declaró improcedente por virtud de haberse emitido un voto a favor y veintidós en contra, cuenta habida de que la citada moción tuvo su origen en una confusión del propio legislador que la propuso.

• Afirma que de ninguna manera puede sostenerse que la diversa iniciativa formulada por la defensoría actora –respecto de la norma controvertida–, fue ingresada en tiempo y forma para que fuera dictaminada de manera conjunta por la presentada por los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública de la Legislatura Estatal.

• Lo anterior ya que la iniciativa primeramente nombrada fue presentada el veintiuno de julio de dos mil dieciséis, siendo que la formulada por la comisión legislativa se presentó el día trece del mes y año citados y se dictaminó el diecinueve siguiente, consecuentemente, resultó material y jurídicamente imposible discutir y analizar la iniciativa presentada por el órgano constitucional autónomo en esa fecha, y haber hecho lo contrarío sí hubiera significado una violación al proceso legislativo.

• Señala que el hecho de que los legisladores elijan de manera voluntaria no hacer uso de la voz para expresar argumentos a favor o en contra del proyecto del dictamen, sólo denota que están de acuerdo con el contenido del documento.

• Finalmente, aduce que es erróneo que la reforma impugnada se haya aprobado a unas horas de haberse elaborado el dictamen, pues éste se presentó el diecinueve de julio de dos mil dieciséis y la aprobación del Pleno sucedió el día veintiuno siguiente. Asimismo, también es falso que la Comisión de Redacción y Estilo omitiera dar cumplimiento al artículo 81 de la ley orgánica mencionada anteriormente, pues así se acredita con las constancias de autos.

• En relación con el segundo concepto de invalidez, refiere que resulta infundado el argumento relativo a que la derogación de las fracciones II y VII del artículo 131 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro vulneren los numerales 16, 73, fracción XXIX-V, 116 y 124 de la Constitución Federal.

• Refiere que si bien el artículo 73, fracción XXIX-V, de la Constitución General otorga facultad al Congreso de la Unión para legislar en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos incluyendo sus obligaciones, sanciones aplicables y procedimientos a seguir; sin embargo, la reforma impugnada no contraviene tal precepto constitucional, en razón de que tal reforma no fue dirigida al establecimiento de responsabilidades, obligaciones ni sanciones.

• Contrario a lo manifestado por la defensoría actora, se eliminó del párrafo segundo del artículo 131 de la ley combatida, lo referente a la remoción del presidente de la Defensoría cuando éste incurra en faltas graves descritas en el citado párrafo; por lo que no se vulnera la competencia del legislador federal.

• El hecho de que le competa al Congreso de la Unión legislar en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos no implica que las Legislaturas Locales, en ejercicio de su competencia, no puedan realizar adecuaciones a su sistema normativo interno –incluyendo leyes en materia de derechos humanos–, relacionadas con las responsabilidades de quienes conforman los órganos garantes de derechos humanos; en este caso la única limitante es no traspasar la competencia que a cada órgano legislativo le corresponde.

• El artículo tercero transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y diversas normatividades, publicado el dieciocho de junio de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación que señala la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades, en forma alguna impide o prohíbe al legislador local la realización de adecuaciones a las leyes locales.

• Resulta inverosímil la manifestación de la accionante en el sentido de que se deba derogar la totalidad del artículo 131 de la ley impugnada, esto porque un acto de tal naturaleza representaría soslayar la comisión de conductas arbitrarias u omisiones de las obligaciones del presidente de la propia Defensoría de Derechos Humanos de la entidad.

• En contestación al tercer concepto de invalidez referente a la inconstitucionalidad de la derogación del artículo 5 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro; señala que la derogación del referido precepto legal no priva a la defensoría actora –y a la ciudadanía– de un instrumento fundamental para la promoción de los derechos humanos en el ámbito no jurisdiccional de protección.

• Lo anterior se refuerza, ya que si bien el artículo derogado otorgaba a la Defensoría Local de Derechos Humanos la facultad de interpretar disposiciones potencialmente transgresoras de derechos humanos –con la naturaleza de una mera opinión no vinculatoria–, lo cierto es que esa facultad sólo corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

• La derogación del aludido artículo no agravia lo previsto en los artículos 1o., párrafo tercero, y 102, apartado B, de la Constitución Federal, dado que no se limita a la actora para que cumpla con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

• En respuesta al cuarto concepto de invalidez, señala que contrario a lo aducido por la actora, el artículo 19, fracción II, de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, no vulnera el carácter especializado de la defensoría como órgano constitucional autónomo y, por ende, los principios de París, y el artículo 10, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Argumenta que el artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal al igual que los principios de París, no precisan que quién presida el órgano constitucional autónomo de protección de los derechos humanos deba contar con una preparación profesional determinada ni con ciertos años de experiencia laboral en esa materia.

• En esa tesitura, menciona que el hecho de que la reforma impugnada permita que otras personas que no cuenten preferentemente con licenciatura en derecho, pero tengan conocimientos y experiencia afines con los derechos humanos –siempre y cuando cumplan con los demás requisitos legales– acceder a la presidencia del mencionado organismo constitucional autónomo, no impacta en el carácter de su especialización.

• En atención al quinto concepto de invalidez, puntualiza que resulta insuficiente e inoperante lo referente a la inconstitucionalidad del artículo 37, fracción I, de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, que faculta al visitador general la designación de visitadores adjuntos y adjuntos auxiliares, lo cual –según la Defensoría– vulnera la autonomía del organismo local consagrada en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal, así como en los principios de París.

• Desestima el anterior argumento, en razón de que es el presidente del propio organismo constitucional autónomo, quien designa al visitador general y éste a los visitadores adjuntos y visitadores auxiliares, en otras palabras, es la Visitaduría General perteneciente a la propia defensoría, la que designa a los visitadores adjuntos y adjuntos auxiliares.

• Finalmente, refiere que lejos de debilitar o mermar las facultades del presidente del órgano garante, se le está brindado la posibilidad de integrar un equipo de trabajo robusto según sus criterios, pues se le dota a dicho presidente la designación del visitador general, como así se dispone en el artículo 35, párrafo primero, de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro (precepto cuya invalidez no se impugna).

SEXTO.—En el informe rendido por el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro se manifiesta, fundamentalmente, lo siguiente:

• Por cuanto al primer concepto de invalidez, señala que los argumentos que ahí se contienen son infundados e ineficaces, puesto que descansan en una interpretación aislada, restrictiva e imparcial de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, en relación con la Constitución Política del Estado de Querétaro y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Sostiene que la ley impugnada sí cumplió con los parámetros de validez previstos en la Constitución Local (artículos 16, 17, 18 y 19) y en la ley orgánica referida (título tercero); en todo caso, las violaciones que refiere la accionante son intrascendentes para el contenido efectivo de la norma.

• Reitera que contrario a lo alegado, la moción suspensiva propuesta por un diputado integrante de la Legislatura Local en la sesión del Pleno del Poder Legislativo Local sí fue atendida; explica que en dicha moción se solicitó se aclarara y se devolviera el dictamen inicial de la ley impugnada a fin de que la comisión correspondiente dictaminara conjuntamente ambas iniciativas, es decir, la que fue presentada en un principio y la que fue presentada posteriormente por la Defensoría del organismo actor; sin embargo, dicha moción fue puesta en votación económica y fue rechazada por veintidós votos en contra y uno a favor.

• Refiere que es ilógico que se atendiera a la moción suspensiva y se retrasara de esta manera la discusión de un proyecto de ley que pasó por todo el proceso legislativo necesario para estar en la orden del día de la sesión ordinaria del Pleno de la Legislatura del Estado, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 36, último párrafo, 42 y 44 de la ley orgánica de dicho Poder Estatal; por lo que de haber atendido la moción en los términos solicitados, se hubiera violado claramente el último párrafo del artículo 36 de la ley orgánica en cita.

• Por lo que hace al segundo concepto de invalidez, aduce que la accionante parte de una premisa falsa al aseverar que la ley controvertida es inconstitucional, en tanto que la Legislatura del Estado de Querétaro vulneró el artículo 73, fracción XXIX-V, de la Constitución Federal que faculta al Congreso de la Unión para legislar las bases del Sistema Nacional Anticorrupción.

• Derivado de lo anterior, afirma que la Constitución General de la República no prevé un ámbito exclusivo de competencia en favor de la Federación para legislar en materia de responsabilidades de servidores públicos, sino que establece la implementación de un sistema complementario que involucra la participación conjunta de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

• Asimismo, refiere que el establecimiento de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, son facultades legislativas que se ejercen simultáneamente en un plano de coordinación entre Federación y Estados, con el fin de unificar criterios que impidan la evasión de dichas responsabilidades.

• Así, es claro que la intención del legislador no fue conceder a la Federación la exclusividad para regular la materia de responsabilidades de los servidores públicos, sino el establecimiento de aspectos generales, que en todo caso, deberán las autoridades legislativas, federales o locales, tomar en consideración para sancionar las acciones que deban regularse en leyes específicas.

• En conclusión a este aspecto, la facultad del Congreso de la Unión para legislar en esta materia, no limita a las Legislaturas Locales su libertad de configuración normativa para el establecimiento de supuestos que deban sancionarse conforme a las particularidades de cada entidad federativa y sólo en su ámbito territorial de aplicación.

• En relación con el tercer concepto de invalidez, refiere que la derogación del artículo 5 de la ley atacada no es violatoria del artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal ni de los principios de París, en función de que no se le quita a la Defensoría actora ni a la ciudadanía de un instrumento para la defensa de los derechos humanos, puesto que la facultad interpretativa y la opinión no vinculante derivada de ella, no representa una atribución de mayor trascendencia y utilidad para la propia ciudadanía, por lo que la Legislatura optó por eliminarla.

• En suma, concluye que con la derogación reclamada no se le quita al organismo actor la atribución principal que la constitución y la ley le otorgan, ni se deja sin materia su actuar.

• En lo tocante al cuarto concepto de invalidez, afirma que resulta improcedente ya que, contrario a lo aducido por la Defensoría, el artículo 19 de la ley impugnada no vulnera el artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal ni los principios de París.

• En ese sentido, argumenta que el precepto constitucional antes citado no establece los requisitos para ser presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ni de los organismos constitucionales autónomos análogos pertenecientes a las entidades federativas.

• En igual orden de ideas, sostiene que tampoco los principios de París establecen algún requisito especial para el cual una persona deba ser integrante de un organismo de defensa de los derechos humanos.

• Por último, menciona que la Legislatura del Estado cuenta con libertad de configuración normativa para determinar los requisitos para ser presidente de la Defensoría de Derechos Humanos Estatal, en virtud de que en la Constitución Federal no se expresan tales requisitos, ni reserva competencia legislativa en esos aspectos al Congreso de la Unión, sirviendo de apoyo la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número P./J. 5/2013 (10a.) «con número de registro digital 2002717» de rubro: "CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR EN LOS ESTADOS. CORRESPONDE A LOS CONGRESOS LOCALES LEGISLAR SOBRE LOS REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACER QUIENES PRETENDAN ACCEDER A AQUÉLLOS."

• Finalmente, en relación al quinto concepto de invalidez, relacionado con la impugnación del artículo 37, fracción I, de la Ley de Derechos Humanos de la entidad, refiere que la promovente pretende demostrar que la facultad del visitador general de designar visitadores adjuntos y visitadores auxiliares vulnera el principio de autonomía del organismo, ya que la Legislatura insiste en debilitar la facultades del presidente de la Defensoría; lo cual –a juicio del Poder Ejecutivo de la entidad– es inoperante.

• Lo anterior así lo afirma, ya que el segundo párrafo del artículo 35 de la ley atacada es exactamente igual al texto de la ley aprobada, promulgada y publicada con anterioridad en el Periódico Oficial "La Sombra de Arteaga" el tres de septiembre de dos mil quince, de tal suerte que sólo sufrió un reacomodo en su estructura al haberse reformado a través de la ley que se combate, así como la primera porción normativa de la fracción I del artículo 37 de la mencionada ley.

• Luego, por no ser esos preceptos sustancialmente novedosos, no son susceptibles de ser impugnados mediante la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con la jurisprudencia sustentada por el Pleno del Alto Tribunal número P./J. 96/2007 «con número de registro digital 170882» de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL CAMBIO DE LA IDENTIFICACIÓN NUMÉRICA DE UNA NORMA GENERAL NO CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO PARA EFECTOS DE SU IMPUGNACIÓN A TRAVÉS DE AQUÉL MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL."

SÉPTIMO.—La Procuraduría General de la República no formuló pedimento en relación con el presente asunto.

OCTAVO.—Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos de las partes y encontrándose debidamente instruido el procedimiento, se puso el expediente en estado de resolución; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal; y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno de trece de mayo de dos mil trece, toda vez que se plantea la posible contradicción entre la reforma que dio origen a la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, así como diversas disposiciones de ésta, y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso instrumento internacional denominado "principios de París", emitido por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

SEGUNDO.—Oportunidad. Por cuestión de orden, en primer lugar, se analizará si la acción de inconstitucionalidad fue promovida oportunamente.

El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, dispone:

"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente. ..."

Conforme a este precepto, el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional cuya invalidez se solicita, haya sido publicado en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

Ahora bien, tenemos que la Ley que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro fue publicada en el Periódico Oficial Local el veintidós de julio de dos mil dieciséis, como se advierte del ejemplar de la edición correspondiente que obra agregado a los presentes autos,(1) por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo transcrito, el plazo para promover la presente acción transcurrió a partir del día siguiente al de la fecha de su publicación, es decir, del sábado veintitrés de julio al domingo veintiuno de agosto de dos mil dieciséis.

En el caso concreto, según consta en el sello asentado al reverso de la página veinte del expediente, la demanda se presentó el lunes veintidós de agosto de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, día hábil siguiente al de fenecimiento del plazo, por lo que es evidente que la presentación de la demanda es oportuna en términos del párrafo primero del artículo 60, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal ya referido.

TERCERO.—Legitimación. Se procederá a analizar la legitimación de quien promueve la acción de inconstitucionalidad, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.

Suscribe la demanda Miguel Nava Alvarado, en su carácter de presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro, lo que acredita con la certificación expedida por el Segundo secretario de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado, así como con la copia certificada del Periódico Oficial de la entidad del seis de abril de dos mil doce, en las que consta que fue electo para ocupar dicho cargo para el periodo comprendido del doce de febrero de dos mil doce al once de febrero de dos mil diecisiete.(2)

Al respecto, el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta a los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas, a promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por las Legislaturas Locales y, en el caso, como se ha indicado, se combate la invalidez de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, en lo general y, en lo particular, los artículos 19, fracción II, y 37, fracción I, así como la derogación de los diversos 5 y 131, fracciones II y III de la citada legislación, la cual fue expedida por la Legislatura del Estado a la que pertenece dicha Defensoría actora.

Así, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del propio artículo 105 constitucional, aplicable en términos del diverso numeral 59 de la propia ley,(3) el promovente de este medio impugnativo cuenta con la legitimación para ello, pues acredita su cargo y, además, impugna una ley local de carácter general, y diversas disposiciones de ésta, que estima contraria a la Constitución Federal y a diversos tratados internacionales que protegen derechos humanos, pues planteó la vulneración a los artículos 14, 16, 73, fracción XXIX-V, 102, apartado B, 116 y 124, así como los diversos 1, 2 y 28 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y los principios de París; mismos que consagran diversos principios relativos a la legalidad y seguridad jurídica en la expedición de las leyes, a las facultades legislativas exclusivas del Congreso de la Unión y reservadas para los Estados de la Federación, la existencia de mecanismos protectores de los derechos humanos en favor de los gobernados de sede no jurisdiccional, así como la especialización y autonomía de los organismos constitucionales autónomos de defensa de los derechos humanos.

Por tanto, no cabe duda que la Defensoría accionante cuenta con la legitimación necesaria para promover la presente acción de inconstitucionalidad y quien comparece en su representación también tiene facultades para ello ya que en términos del invocado precepto constitucional, en relación con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro,(4) dicho funcionario cuenta con la representación necesaria.

CUARTO.—Improcedencia. El Poder Legislativo del Estado de Querétaro, hace valer dos causales que en su concepto ameritan la improcedencia y, consiguientemente, el sobreseimiento del presente asunto.

En la causal de improcedencia que identifica con la letra A, sostiene que en la especie se actualiza la hipótesis prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, ya que la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro carece de legitimación para ejercitar la presente acción de inconstitucionalidad, en términos del artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución General de la República, en relación con el numeral 1 de la citada ley reglamentaria, ya que dicho organismo sólo puede impugnar, en ésta vía de control constitucional, normas generales que vulneren derechos humanos tutelados por la Norma Fundamental o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, lo que no acontece en el caso en virtud de que la defensa emprendida por la accionante se dirige a la protección de su propia competencia, mas no a la protección de los derechos humanos de los gobernados.

La causa de improcedencia antes mencionada deviene infundada por las siguientes razones.

En efecto, como ya se precisó, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro planteó, entre otros aspectos, la vulneración a los principios de legalidad y seguridad jurídica en la expedición de la norma impugnada, así como al derecho a un instrumento al alcance de los gobernados con el fin de proteger los derechos humanos; por lo que es evidente que en la presente acción de inconstitucionalidad, se plantearon violaciones a derechos humanos cuyos titulares son los gobernados que pudieran verse afectados por los actos de autoridad emanados de los entes públicos del Estado de Querétaro.

Así entonces, no pasa inadvertido para este Alto Tribunal el hecho de que el órgano promovente endereza la acción de inconstitucionalidad en defensa de los derechos humanos a que aluden en la elaboración de sus conceptos de invalidez, ello con independencia de si la norma controvertida vulnera o no los derechos humanos aludidos, pues esa determinación no es propia del pronunciamiento sobre la legitimación activa, ya que basta con la expresión de los conceptos de invalidez en los que se expongan violaciones a la Norma Fundamental, para que se esté en aptitud de considerar que se materializa el supuesto de legitimación previsto en el artículo 105, fracción II, inciso g), constitucional .

Lo anterior, en términos de la jurisprudencia P./J. 36/2004 de este Tribunal Pleno de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE."(5)

Ahora bien, por lo que toca a la diversa causa de improcedencia señalada con la letra B, en el que la autoridad legislativa informante refiere en esencia que se actualiza el contenido de la fracción IV del artículo 19 de la ley reglamentaria, por cuanto a que se debieron agotar las vías legales para la solución del conflicto constitucional, atendiendo al medio de control constitucional local estatuido en los capítulos segundo y cuarto del título segundo, de la Ley de Justicia Constitucional del Estado de Querétaro, lo anterior por así derivarse del numeral 29

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29288-f93f6769/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-legitimacion-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.