FACULTADES DE COMPROBACIÓN Y DE GESTIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES. ASPECTOS QUE LAS DISTINGUEN.
AMPARO EN REVISIÓN 302/2016. 13 DE JULIO DE 2016. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN; VOTÓ CON SALVEDAD MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: JORGE JIMÉNEZ JIMÉNEZ.
Aspectos procesales
III. Competencia
20. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver los recursos de revisión principales y adhesivo.(21)
IV. Oportunidad
21. No será necesario analizar la oportunidad de la interposición de los recursos de revisión principales y adhesivo, en virtud de que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito ya comprobó este punto conforme a lo dispuesto en el considerando tercero de su ejecutoria y concluyó que se presentaron oportunamente.(22)
V. Legitimación
22. Resulta innecesario el estudio de dicha cuestión, pues el Tribunal Colegiado del conocimiento se ocupó de la misma.(23)
VI. Procedencia
23. El recurso de revisión interpuesto es procedente.(24)
VII. Cuestiones necesarias para resolver el asunto
24. A continuación se hace referencia a los conceptos de violación, la sentencia recurrida, los agravios hechos valer en los recursos de revisión, así como a la sentencia del Tribunal Colegiado que previno en el conocimiento del asunto.
25. Demanda de amparo. La quejosa en su demanda de amparo y su ampliación formuló 8 conceptos de violación, de los cuales 4 de ellos corresponden a temas de constitucionalidad planteado respecto del artículo 17-H, fracción X, inciso d), del Código Fiscal de la Federación, en el texto contenido en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, y los 4 restantes a temas de legalidad, por tanto, los argumentos de constitucionalidad se sintetizarán en el apartado de estudio correspondiente cuando sea necesario.
26. Sentencia recurrida. El Juez Federal resolvió negar el amparo respecto de la aplicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013; vigente a partir del 1 de enero de 2014, en específico, el artículo 17-H, fracción X, inciso d), así como de la resolución Miscelánea Fiscal para 2015, en particular la regla 2.2.3, y conceder la tutela federal para el efecto de que las autoridades responsables dejen insubsistentes los oficios **********, de 29 de mayo de 2015, emitido por la Administradora de Auditoría Fiscal de Naucalpan, y **********, emitido por la Administradora Central de Servicios Tributarios al Contribuyente y sus consecuencias y con plenitud de jurisdicción, haciendo uso de sus facultades, realicen los actos que consideren necesarios para que la promovente del amparo cumpla efectivamente las disposiciones fiscales que se estimaron violentadas, prescindiendo de justificar como origen de la detección de infracciones previstas en los artículos 79, 81 y 83 del Código Fiscal de la Federación:
a) Una carta invitación en la que no se aperciba al quejoso de que su conducta omisiva implicaría actualizarse en los supuestos que prevé el artículo 17-H, fracción X, inciso d), del Código Fiscal de la Federación; o,
b) Un requerimiento de información carente de fundamentación y motivación.
27. Recursos de revisión principales. Los 8 agravios formulados por la quejosa consistieron, fundamentalmente, del primero al séptimo en controvertir las razones por las que el Juez de Distrito negó el amparo (temas de constitucionalidad) y el octavo consiste en un tema de legalidad; por su parte el administrador local de Recaudación de Naucalpan formuló agravios para controvertir la concesión del amparo por indebida fundamentación y motivación (temas de legalidad). Por lo que sólo los argumentos de constitucionalidad se analizarán al realizar el estudio del fondo del asunto.
28. Recurso de revisión adhesiva. Resulta innecesario sintetizar los agravios formulados por el delegado del presidente de la República dado el sentido de la presente ejecutoria.
29. Resolución del Tribunal Colegiado. El Tribunal Colegiado analizó la temática relativa a las causales de improcedencia, estudiando las que fueron omitidas, declarándolas inatendibles; además resolvió reservar jurisdicción a este Alto Tribunal y remitió los autos para conocer de la inconstitucionalidad del artículo 17-H, fracción X, inciso d), del Código Fiscal de la Federación, en el texto contenido en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013.
VIII. Estudio de fondo
30. En virtud de que el Tribunal Colegiado que previno en el conocimiento del asunto reservó jurisdicción a este Tribunal Constitucional para analizar la temática relativa a la negativa de amparo dictada por el Juez de Distrito contra el artículo 17, fracción X, inciso d), del Código Fiscal de la Federación, a continuación se procede al examen de los agravios que se hacen valer por la recurrente quejosa en contra de esa determinación.
31. En el agravio identificado con el número 1 aduce la recurrente, en esencia, que el Juez adoptó los argumentos de las autoridades responsables sin tomar en consideración la naturaleza del acto con base en sus efectos y trascendencia, pues el precepto y porción normativa reclamados crean una facultad discrecional y la existencia de un procedimiento sumario.
32. Sin embargo, la reactivación del certificado se encuentra condicionado a que la resolución emitida por la autoridad fiscal sea favorable, lo cual se contiene en la regla de la resolución miscelánea fiscal que se impugna, esto es, hasta que se desvirtúen o subsanen las irregularidades detectadas, lo que implica que el plazo para la reactivación de los sellos sea indefinido, pudiendo ser de días, meses o años, generando inseguridad jurídica, por lo que la reactivación de los sellos digitales se torna indefinida.
33. Así, el artículo y fragmento normativo reclamados establecen un acto de privación, pues como el Juez de Distrito lo señaló, dichos actos causan efectos de forma permanente y sólo cesan cuando el acto se declare inválido o ilegal, destruyendo en forma total sus efectos.
34. Además, en el caso, la información que se le requirió a la recurrente es prácticamente la información que se requiere cuando la autoridad fiscal ejercita facultades de comprobación, con la excepción de que se solicitó al amparo de una carta invitación, la cual, por supuestamente no atenderse, se generó la cancelación de los certificados de los sellos digitales. De esta forma, la recurrente formula ejemplos con la finalidad de evidenciar su inconstitucionalidad.
35. Por lo anterior, el artículo 17-H, fracción X, inciso d), del Código Fiscal de la Federación establece un acto de naturaleza privativa, pues la consecuencia jurídica consistente en la cancelación de los sellos digitales, entraña una supresión de los derechos reconocidos en la Constitución.
36. Lo anterior, porque la recurrente se encuentra física y jurídicamente imposibilitada para expedir comprobantes fiscales, situación que, de facto, tiene paralizada a la empresa, al no poder vender los bienes que produce. Así, se acredita la naturaleza privativa de los preceptos reclamados, tal y como se señaló en la misma exposición de motivos de su creación. Al respecto es aplicable la tesis aislada 1a. CXXXII/2011.(25)
37. Finalmente, señala que aun en el caso de que no se reconozca la naturaleza privativa de los preceptos reclamados, de conformidad con el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las garantías judiciales deben ser observadas en toda determinación que realice el Estado sobre derechos y obligaciones del gobernado en materia fiscal.
38. El reseñado motivo de queja es infundado e inoperante.
39. Para arribar a la anterior conclusión, es conveniente traer a colación las consideraciones que respecto al artículo 17-H, fracción X, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, sostuvo esta Segunda Sala al resolver en sesión de 1 de junio de 2016, por unanimidad de 4 votos, el amparo en revisión 187/2016, bajo la ponencia del Ministro Franco González Salas, en el que se sostuvo lo siguiente:
"... para distinguir los actos de molestia de los privativos, en la especie, debemos atender al texto del artículo 17, fracción X, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, vigente en dos mil quince, que establece:
"‘Artículo 17-H. Los certificados que emita el Servicio de Administración Tributaria quedarán sin efectos cuando:
"‘...
"‘X. Las autoridades fiscales:
"‘a) Detecten que los contribuyentes, en un mismo ejercicio fiscal y estando obligados a ello, omitan la presentación de tres o más declaraciones periódicas consecutivas o seis no consecutivas, previo requerimiento de la autoridad para su cumplimiento.
"‘b) Durante el procedimiento administrativo de ejecución no localicen al contribuyente o éste desaparezca.
"‘c) En el ejercicio de sus facultades de comprobación, detecten que el contribuyente no puede ser localizado; éste desaparezca durante el procedimiento, o bien se tenga conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas.
"‘d) Aun sin ejercer sus facultades de comprobación, detecten la existencia de una o más infracciones previstas en los artículos 79, 81 y 83 de este ordenamiento, y la conducta sea realizada por el contribuyente titular del certificado.
"‘El Servicio de Administración Tributaria podrá cancelar sus propios certificados de sellos o firmas digitales, cuando se den hipótesis análogas a las previstas en las fracciones VII y IX de este artículo.
"‘Cuando el Servicio de Administración Tributaria revoque un certificado expedido por él, se anotará en el mismo la fecha y hora de su revocación.
"‘Para los terceros de buena fe, la revocación de un certificado que emita el Servicio de Administración Tributaria, surtirá efectos a partir de la fecha y hora que se dé a conocer la revocación en la página electrónica respectiva del citado órgano.
"‘Las solicitudes de revocación a que se refiere este artículo deberán presentarse de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria.
"‘Los contribuyentes a quienes se les haya dejado sin efectos el certificado de sello digital podrán llevar a cabo el procedimiento que, mediante reglas de carácter general, determine el Servicio de Administración Tributaria para subsanar las irregularidades detectadas, en el cual podrán aportar las pruebas que a su derecho convenga, a fin de obtener un nuevo certificado. La autoridad fiscal deberá emitir la resolución sobre dicho procedimiento en un plazo máximo de tres días, contado a partir del día siguiente a aquel en que se reciba la solicitud correspondiente.’
"De la transcripción anterior, se obtiene que la porción normativa impugnada, prevé que los certificados (de sellos o firmas digitales) que emita el Servicio de Administración Tributaria quedarán sin efectos, entre otros supuestos, cuando en el ejercicio de sus facultades de comprobación, detecten que el contribuyente no puede ser localizado; éste desaparezca durante el procedimiento, o bien se tenga conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas.
"Ahora bien, la inclusión de dicha hipótesis normativa, fue con motivo del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece.
"En la exposición de motivos del citado decreto, presentado en la Cámara de Diputados el ocho de septiembre de dos mil trece, el Ejecutivo Federal manifestó las siguientes razones para adicionar el artículo 17-H, del código tributario:
"‘...
"‘Medidas contra contribuyentes defraudadores
"‘No obstante que se ha logrado un avance considerable en el control sobre la expedición de comprobantes fiscales, mediante el proceso de certificación, y sobre las operaciones realizadas por los contribuyentes, un gran número de éstos continúa realizando conductas contrarias a los objetivos de la administración tributaria, que afectan a toda la colectividad, entre ellas:
"‘Al ser objeto del ejercicio de facultades de comprobación, desaparecen o bien no ponen a disposición de la autoridad fiscal su contabilidad.
"‘En diversas ocasiones utilizan los comprobantes fiscales digitales para amparar probables operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas.
"‘Omiten en un mismo ejercicio fiscal, estando obligados a ello, la presentación de tres o más declaraciones periódicas consecutivas o seis no consecutivas.
"‘Desaparecen del domicilio durante la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución.
"‘Ante ello y tomando en cuenta que es requisito indispensable que los contribuyentes cuenten con un certificado de sello digital vigente, cuyo uso adecuado debe ser verificado por la autoridad fiscal, se considera necesario proponer la inclusión de medidas de control en este instrumento.
"‘En ese sentido, se propone la modificación del artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación, con el fin de dejar sin efectos los certificados de sellos o firmas digitales, y de esa forma evitar la emisión de comprobantes fiscales, por parte de los contribuyentes que hayan incurrido en alguna de las conductas señaladas.
"‘Asimismo, considerando la necesidad de los contribuyentes de seguir realizando sus actividades económicas y, por ende, contar con el certificado de sello o firma digital, se propone un procedimiento sumamente ágil, en el cual el contribuyente realizará la aclaración correspondiente ante la autoridad fiscal en la que demuestre que dejó de encontrarse en los supuestos por los que fue sancionado, e inmediatamente se le generará un nuevo certificado para que esté en posibilidad de continuar con la emisión de comprobantes fiscales, lo que prácticamente significa restablecer su situación. ...’
"En el trámite del proceso legislativo, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados, en el dictamen de la referida iniciativa, de fecha quince de octubre de dos mil trece, señaló, al respecto:
"‘Medidas contra contribuyentes defraudadores.
"‘Cuarta. Esta Comisión Dictaminadora coincide con la propuesta del Ejecutivo Federal de reformar el artículo 17-H a fin de ampliar los supuestos en los que la autoridad fiscal esté facultada para dejar sin efectos los certificados de sellos o firmas digitales, en virtud de que se lesionan los intereses del fisco federal, al llevar a cabo el pago de las contribuciones (sic) y para tales efectos se proponen, entre otros, los siguientes supuestos de procedencia: i) que los contribuyentes, al ser objeto del ejercicio de facultades de comprobación, desaparecen o bien no ponen a disposición de la autoridad fiscal su contabilidad; ii) en diversas ocasiones utilizan los comprobantes fiscales digitales para amparar probables operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas; iii) omitan en un mismo ejercicio fiscal, estando obligados a ello, la presentación de tres o más declaraciones periódicas consecutivas o seis no consecutivas o seis no consecutivas; y, iv) desaparecen del domicilio durante la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución; ahora bien, esta comisión considera que los supuestos relativos a no poner a disposición de la autoridad fiscal o no presentar su contabilidad no amerita la consecuencia jurídica que se pretende, en virtud de lo cual se estima procedente suprimirlo. Asimismo, se propone aclarar en el inciso a) que el acto por el que la autoridad detecta las omisiones, debe ser una vez que ha existido un requerimiento previo, conforme a lo siguiente:
"‘«Artículo 17-H...
"‘«X. ...
"‘«a) Detecten que los contribuyentes, en un mismo ejercicio fiscal y estando obligados a ello, omitan la presentación de tres o más declaraciones periódicas consecutivas o seis no consecutivas, previo requerimiento de la autoridad para su cumplimiento.
"‘«b) ...
"‘«c) En el ejercicio de sus facultades de comprobación, detecten que el contribuyente no puede ser localizado; éste desaparezca durante el procedimiento; no ponga a disposición o no presente su contabilidad, o bien se tenga conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas.
"‘«d) ...»
"‘Bajo el contexto de lo estipulado respecto del artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación, si bien se coincide en que es necesario dejar sin efectos los certificados de sellos o firmas digitales y contar con elementos para tener por desistida una solicitud de devolución, cuando las autoridades fiscales detecten que se incurrió, entre otras, en algunas de las infracciones a que se refiere el artículo 83 del mismo ordenamiento, se estima que la redacción no es congruente con la pretensión, por lo que se considera llevar a cabo modificaciones respecto del artículo 83, para quedar como sigue:
"‘...
"‘Por otra parte, también se coincide con lo expresado en la exposición de motivos de la iniciativa en estudio respecto a que se establezca un procedimiento ágil en el cual el contribuyente pueda realizar la aclaración correspondiente ante la autoridad fiscal, en la que demuestre fehacientemente que dejó de encontrarse en los supuestos por los que fue sancionado, con lo cual inmediatamente se generará un nuevo certificado para que esté en posibilidad de continuar con la emisión de comprobantes fiscales. ...’
"Así, del proceso legislativo aludido se desprende que la cancelación de certificados de sellos o firmas digitales surgió como una medida de control de dicho instrumento, ante la necesidad de que los contribuyentes hagan un uso adecuado del mismo.
"Dicha medida de control se tradujo, en la cancelación de los certificados referidos, con el fin de evitar la emisión de comprobantes fiscales, por parte de los contribuyentes que hayan incurrido en alguna conducta contraria a los objetivos de la administración tributaria, tales como: omitir la presentación de declaraciones periódicas, pese a mediar requerimiento para su cumplimiento; que durante el procedimiento administrativo de ejecución o durante el ejercicio de facultades de comprobación, no puedan ser localizados o desaparezcan; emitan comprobantes fiscales para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas; o bien, actualicen una o más infracciones previstas en los artículos 79, 81 y 83 del Código Fiscal Federal.(26)
"No obstante lo anterior, considerando la necesidad de los contribuyentes de seguir realizando sus actividades económicas y, por ende, contar con el certificado de sello o firma digital, el legislador propuso un procedimiento ágil, en el cual el contribuyente realice la aclaración correspondiente ante la autoridad fiscal, demostrando que dejó de encontrarse en los supuestos por los que le fue cancelado su certificado, y, derivado de ello, de forma inmediata se le genere un nuevo certificado para que esté en posibilidad de continuar con la emisión de comprobantes fiscales, lo que prácticamente significa restablecer su situación.
"En ese sentido, el último párrafo del artículo impugnado prevé que el procedimiento para llevar a cabo dicha aclaración, se desarrollará conforme lo determine el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general;(27) esto es, el legislador facultó a dicha autoridad administrativa para que señale la forma de subsanar las irregularidades detectadas, con las pruebas que a su derecho convengan al contribuyente, a fin de que pueda obtener un nuevo certificado. En el mismo párrafo se establece que la autoridad fiscal deberá emitir la resolución sobre dicho procedimiento en un plazo máximo de tres días, contado a partir del día siguiente a aquel en que se reciba la solicitud correspondiente, lo que corrobora el hecho de que se trata de un procedimiento sumario, que tiene por objeto que el contribuyente pueda volver a desarrollar sus actividades económicas, y expedir comprobantes fiscales, con normalidad.
"Derivado de lo anterior, se advierte que, contrario a lo sostenido por el recurrente, la cancelación del certificado de sello o firma digital del contribuyente no constituye una medida de carácter definitivo, ni una supresión permanente de dicho certificado sino un acto de molestia temporal.
"En efecto, dicha medida constituye una afectación a la esfera jurídica del contribuyente que restringe sólo de manera provisional o preventiva sus derechos, cuando éste se ubica en alguna conducta que obstaculice o sea contraria a los objetivos de la administración tributaria; ello, con la finalidad de verificar el efectivo cumplimiento de la obligación prevista por el artículo 31, fracción IV, de la Ley Fundamental, así como de combatir las conductas tendentes a su evasión, fraudes o actos ilícitos, fin que es constitucionalmente válido.
Es ilustrativa en este sentido, la tesis sustentada por la Primera Sala 1a. CXVIII/2006, de rubro: ‘OBLIGACIONES FISCALES. EL COMBATE A CONDUCTAS TENDENTES A SU EVASIÓN, FRAUDES O ACTOS ILÍCITOS ES CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDO.’(28)
"Lo anterior es así, toda vez que, si bien el artículo reclamado establece la ‘cancelación’ del certificado de sello o firma digital del contribuyente, el objeto de la misma no es restringir de manera definitiva el uso del certificado de referencia, lo que queda de manifiesto, al prever la propia norma, un procedimiento sumario que le permite al gobernado subsanar la irregularidad que haya ocasionado su cancelación, de tal forma que, se puede afirmar que dicha medida sí tiene una temporalidad, que si bien no está definida en la ley, dependerá del propio contribuyente, en tanto aparezca y tome las medidas pertinentes para regularizar su situación, conforme a las disposiciones aplicables.
"...
"Cabe destacar que si bien es cierto que subsanadas las irregularidades por parte del contribuyente da lugar a que se emita un nuevo certificado y no permanezca el anterior, ello no torna inconstitucional el precepto, en virtud de que esa consecuencia atiende a la naturaleza digital del mismo ya que un certificado de este tipo es un documento electrónico, mediante el cual, una autoridad de certificación (Servicio de Administración Tributaria) garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad y su clave pública, por medio de ellos, el contribuyente puede sellar electrónicamente la cadena original de las facturas electrónicas que emita, garantizando así, el origen de la misma.
"Lo anterior tiene sustento en las disposiciones que regulan su emisión, contenidas en el capítulo II. De los medios electrónicos, del título I, del Código Fiscal de la Federación, vigente en dos mil quince, de donde se advierte que el artículo 17-G(29) de dicho ordenamiento señala que para que los certificados que emita el Servicio de Administración Tributaria se consideren válidos, deberán tener, entre otros requisitos, un código de identificación único, un periodo de vigencia y la mención de la tecnología empleada en la creación de la firma electrónica avanzada contenida en el certificado.
"Asimismo, según el diverso 17-D(30) del ordenamiento en estudio, los certificados tendrán una vigencia máxima de cuatro años, contados a partir de la fecha en que se expidan, por lo que, antes de que concluya el periodo de vigencia de un certificado, su titular podrá solicitar uno nuevo.
"De lo que deviene que, el hecho de que, conforme al artículo impugnado, una vez subsanadas las irregularidades del contribuyente, que dieron origen a la cancelación de su certificado, se le otorgue uno nuevo, obedece a que materialmente no es posible reactivar el que tenía, toda vez que cada certificado tiene un código de identificación único; sin embargo, ello no altera el carácter provisional de la medida ni la torna inconstitucional, pues éste atiende al hecho de que su finalidad no es que el certificado quede permanentemente revocado, sino que el contribuyente haga un uso correcto del mismo y no incurra en alguna conducta contraria a los objetivos de la administración tributaria.
"En este orden de ideas, atendiendo a la finalidad perseguida por el acto de autoridad, se concluye que el artículo 17, fracción X, inciso c), del Código Fiscal Federal, vigente a partir del uno de enero de dos mil catorce establece un acto de molestia y, consecuentemente, tal y como lo apuntó el Juez Federal no se rige por el principio de audiencia previa.
"En este contexto, son infundados los agravios en los que la recurrente reitera la transgresión al principio de audiencia previa porque como se ha visto, no constituye un acto privativo ni, consecuentemente, el de seguridad jurídica, en tanto que esa vulneración se hace derivar de que no se establece un plazo para la autoridad entre la fecha en que se incurrió en el incumplimiento que da origen a la cancelación y el momento en que se notifica al contribuyente, en tanto que tal y como lo apuntó el Juez Federal, eso ocurre de forma inmediata y la audiencia para el contribuyente se garantiza en vía sumaria a través del procedimiento aclaratorio en los términos en que apuntó el Juez a quo.
"En consecuencia, dado que con la facultad de la autoridad fiscal para dejar sin efectos los certificados de sello o firma digital, no se priva al contribuyente de forma definitiva de derecho alguno, sino sólo restringe de manera provisional su uso, no es necesaria la existencia de un procedimiento previo en el que se le proporcione audiencia y defensa, sino por el contrario, se controla y vigila el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, lo cual viene exigido por la obligación de contribuir a los gastos públicos, prevista en el numeral 31, fracción IV, constitucional; por tanto, el ejercicio de dicha facultad está sujeta al cumplimiento de los requisitos previstos en el numeral 16 de nuestra Ley Fundamental, referentes a que dicho acto debe constar por escrito, emitido por la autoridad competente, debidamente fundado y motivado."
40. Similares consideraciones a las antes transcritas sustentó la Primera Sala al resolver en sesión de 27 de enero de 2016, por unanimidad de 5 votos, el amparo en revisión 941/2015, bajo la ponencia del Ministro Pardo Rebolledo.
41. Ahora, como puede verse, esta Segunda Sala en el precedente transcrito concluyó que el artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación no establece ni tiene la naturaleza de un acto de privación sujeto al artículo 14 constitucional, por lo que no es exigible el derecho de audiencia previa, sino es de un acto de molestia regulado por el artículo 16 constitucional que requiere del cumplimiento de los requisitos previstos en dicho numeral (mandamiento escrito de autoridad competente debidamente fundado y motivado), por lo que no asiste razón a la recurrente al exigir que se cumpla con el derecho de audiencia previa.
42. Así, si el núcleo argumentativo de la recurrente parte de la premisa consistente en que el invocado precepto establece un acto privativo, entonces resultan inoperantes todos los argumentos que derivan de esa premisa, pues, como se vio, resulta falsa. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 108/2012.(31)
43. Adicionalmente, no resulta aplicable la tesis aislada 1a. CXXXII/2011 que cita la recurrente en apoyo de sus agravios, ya que versa sobre un procedimiento y sanción (clausura) diferente al previsto en el artículo y porción normativa tildada de inconstitucional.
44. De igual forma, no asiste razón a la recurrente cuando aduce que conforme al artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe otorgarse garantía judicial en el artículo impugnado. Ello es así, porque, como se dijo, dicho precepto prevé un procedimiento sumario para que el contribuyente pueda desvirtuar las razones para la cancelación del sello digital, con lo que el artículo combatido no sólo se encuentra apegado a la Ley Fundamental sino también al invocado tratado internacional.
45. No es obstáculo a lo expuesto, el hecho de que en el precedente citado, esta Segunda Sala se haya pronunciado respecto al inciso c), fracción X, del artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación, y en el caso la recurrente quejosa impugne el inciso d) del mismo precepto, dado que, por una parte, este último inciso se incardina en el referido artículo 17-H, de manera que no es factible realizar una interpretación aislada o descontextualiza de dicho inciso y, por otra, el numeral referido y los diversos supuestos que establece se introdujeron por el legislador como parte de un sistema que prescribe medidas en contra de contribuyentes que pretendan defraudar al fisco federal.
46. En el agravio contenido en el número 2 la recurrente quejosa manifiesta, en síntesis, que el Juez de Distrito efectúo, por una parte, una indebida valoración de los argumentos por los que hizo valer la violación al principio de seguridad jurídica y, por otra, omitió totalmente el estudio de dichos argumentos.
47. Lo anterior, porque al resolver el Juez de amparo que el vocablo detectar aun sin ejercer facultades de comprobación establecido en el artículo 17-H, fracción X, inciso d), del Código Fiscal de la Federación, no constituye un término ambiguo o impreciso, genera inseguridad jurídica al contribuyente al no tener la mínima noción de con base en qué elementos podrá detectar las infracciones previstas en los artículos 79, 81 y 83 del invocado código.
48. Que el vocablo detectar por sí mismo significa descubrir o recoger señales o pruebas de la existencia o la presencia de un fenómeno que está oculto; sin embargo, en el artículo combatido en ningún momento se desprende cuáles son los parámetros para que la autoridad fiscal pueda
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29339-e6634a2d/facultades-de-comprobacion-y-de-gestion-de-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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