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Modo: Corpus Pro

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD RESARCITORIA. AL CUMPLIR LOS REQUISITOS PARA CONSIDERARLO PARTE DEL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DE TIPICIDAD Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, POR LO QUE LA CARGA DE LA PRUEBA SOBRE EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO AL ERARIO RECAE EN LA AUTORIDAD FISCALIZADORA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2019. · Registro digital (IUS): 29373
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2020-08-07
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEXTO, EL DÉCIMO SEGUNDO Y EL DÉCIMO TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo VI, Pág. 5442.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEXTO, EL DÉCIMO SEGUNDO Y EL DÉCIMO TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 29 DE OCTUBRE DE 2019. MAYORÍA DE ONCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ, JESÚS ANTONIO NAZAR SEVILLA, RICARDO OLVERA GARCÍA, ÓSCAR GERMÁN CENDEJAS GLEASON, J. JESÚS GUTIÉRREZ LEGORRETA, JOSÉ EDUARDO ALVARADO RAMÍREZ, ERNESTO MARTÍNEZ ANDREU, LUZ MARÍA DÍAZ BARRIGA, ADRIANA ESCORZA CARRANZA, MARTHA LLAMILE ORTIZ BRENA Y MARÍA ALEJANDRA DE LEÓN GONZÁLEZ. DISIDENTES: JULIO HUMBERTO HERNÁNDEZ FONSECA, ARTURO ITURBE RIVAS, MARÍA ELENA ROSAS LÓPEZ, FROYLÁN BORGES ARANDA, MANUEL SUÁREZ FRAGOSO, EDWIN NOÉ GARCÍA BAEZA, ALFREDO ENRIQUE BÁEZ LÓPEZ, JESÚS ALFREDO SILVA GARCÍA, LUZ CUETO MARTÍNEZ Y HUGO GUZMÁN LÓPEZ. PONENTE: MARÍA ALEJANDRA DE LEÓN GONZÁLEZ. SECRETARIO: HERMES GODÍNEZ SALAS.

Ciudad de México. El Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la sesión correspondiente al día veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, emite la siguiente resolución.

VISTOS;

Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Denuncia de la contradicción. Mediante oficio sin número, recibido el veintinueve de enero de dos mil diecinueve, por la Secretaría de Acuerdos del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Magistrado José Antonio García Guillén, integrante del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por dicho tribunal, con el sostenido por los Tribunales Colegiados Sexto y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito.

SEGUNDO.—Radicación, admisión y solicitud de informes. Por acuerdo de uno de febrero de dos mil diecinueve, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito ordenó formar y registrar el expediente de contradicción de tesis 2/2019, así como el cuaderno auxiliar de turno virtual relativo.

En el mismo proveído, el presidente de este Pleno de Circuito admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis y solicitó a las presidencias de los tribunales contendientes que remitieran las ejecutorias correspondientes e informaran si los criterios ahí contenidos seguían vigentes o no.

TERCERO.—Subsistencia de los criterios contendientes. En su oportunidad, los Tribunales Colegiados contendientes manifestaron que continúan vigentes los criterios materia de la denuncia de contradicción de tesis.

CUARTO.—Turno. El presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, por acuerdo de tres de junio de dos mil diecinueve, turnó el expediente virtual a la Magistrada María Alejandra de León González, integrante del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.

QUINTO.—En sesión de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, se ordenó retirar el asunto para su estudio posterior.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, toda vez que se trata de una posible contradicción de criterios sustentados entre Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por el Magistrado José Antonio García Guillén, integrante del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

TERCERO.—Criterios contendientes. Resulta conveniente destacar los argumentos que integran a los criterios contendientes para, a partir de ellos, estar en aptitud de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada.

Criterio del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Al conocer del amparo directo DA. 561/2017, el mencionado órgano colegiado resolvió lo siguiente:

"SÉPTIMO.—A continuación, de conformidad, con lo establecido en el artículo 189 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de los argumentos que el quejoso formula en los conceptos de violación, los cuales, por cuestión de lógica y atendiendo a los que redunden en un mayor beneficio para el quejoso, serán analizados en diverso orden al planteado.

"En el primero, marcado con el punto número 5, el peticionario del amparo refiere que la Sala responsable reconoció que la autoridad demandada mejoró la fundamentación y motivación del oficio citatorio, al emitir la resolución impugnada, al precisar: ‘No pasa inadvertido que en el oficio ********** la autoridad demandada no hubiera citado el catálogo de localidades que fue publicado en la página web de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y en la resolución impugnada, porque aun y cuando en el año que se ejecutaron las obras no existían parámetros válidos para definir, identificar y medir la pobreza, al pagarse las obras con fondos para la infraestructura social municipal 2009, lo cierto es, que las obras no cumplen con los requisitos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal ...’, con lo que, dice, se acredita que la autoridad demandada, al emitir la resolución sancionadora, cambió las razones y fundamentos del oficio citatorio, para mejorar sus argumentos y perfeccionar la acusación.

"El planteamiento sintetizado es fundado.

En efecto, las responsabilidades que se fincan en un procedimiento resarcitorio tienen por objeto resarcir el monto de los daños y perjuicios estimables en dinero, de manera que la conducta del infractor se sanciona en la medida en que dicho daño o perjuicio se haya ocasionado; de ahí que la fijación del monto de éstos sea de gran importancia al momento de determinar la conducta infractora y la sanción.

"De esa manera, en este tipo de procedimientos, en los que están en controversia intereses de gran relevancia como lo es el manejo de recursos públicos de la Federación y las consecuencias para las personas que en él intervienen, es trascendental verificar el pleno respeto a los derechos fundamentales de legalidad y debido proceso, pues, de esa forma podrá garantizarse tanto el interés de la Federación en que los recursos sean administrados bajo los principios que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de las personas que intervienen en ese sistema en cuanto a que sus derechos fundamentales, también protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sean debidamente respetados, en caso de ser sujetos a un procedimiento sancionador.

"En cuanto al procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias, el artículo 57 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación establece lo siguiente:

"(se transcribe)

"De acuerdo al precepto legal antes transcrito, se llega al conocimiento de que se citará al presunto o presuntos responsables a una audiencia para que comparezcan personalmente y que, en el citatorio, se le darán a conocer los hechos que se le imputan (fracción I).

"Una vez que el presunto infractor es citado al procedimiento de responsabilidad resarcitoria, esto es, por medio del oficio citatorio, se le dará la oportunidad de defenderse (fracción II), y la autoridad deberá celebrar la audiencia en el lugar, día y hora señalados en dicha citación (fracción III).

"En la audiencia, el imputado puede ofrecer las pruebas que a su derecho convengan; y, una vez desahogadas las que hayan sido admitidas, tiene derecho a formular alegatos en forma oral o escrita (fracción IV).

"Posteriormente, la fracción V, del mencionado precepto legal, prevé que, una vez concluida la audiencia, la Auditoría Superior de la Federación debe elaborar y acordar el cierre de instrucción, y resolver dentro de los noventa días naturales siguientes sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad resarcitoria y fincará, en su caso, el pliego definitivo de responsabilidades en el que se determine la indemnización resarcitoria correspondiente, debiéndolo notificar al o los responsables, así como a la Tesorería de la Federación y a las entidades fiscalizadas involucradas.

"Por su parte, en la fracción VI, se establece que si, durante el desahogo de la audiencia, la Auditoría Superior de la Federación considera que no cuenta con elementos suficientes para resolver o advierte la existencia de elementos que impliquen una nueva responsabilidad a cargo del presunto o presuntos responsables o de otras personas relacionadas, podrá disponer la práctica de investigaciones y citar para otras audiencias.

"Asimismo, dispone que la Auditoría Superior de la Federación podrá señalar nuevo día y hora para la continuación de la audiencia, la cual se celebrará dentro de los siguientes diez días naturales, a fin de resolver sobre la admisión de pruebas y dentro de los siguientes veinte días naturales para su desahogo, a partir de la admisión, pudiéndose ampliar este último plazo, a juicio de la Auditoría Superior de la Federación, el tiempo necesario para el mismo efecto.

"Con base en lo expuesto, asiste razón al quejoso, al sostener que fue ilegal que la Sala responsable determinara ‘... No pasa inadvertido que en el oficio *********** la autoridad demandada no hubiera citado el catálogo de localidades que fue publicado en la página web de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y en la resolución impugnada, porque aun y cuando en el año que se ejecutaron las obras no existían parámetros válidos para definir, identificar y medir la pobreza, al pagarse las obras con fondos para la infraestructura social municipal 2009, lo cierto es, que las obras no cumplen con los requisitos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal ...’, en tanto, que fue, justamente, ese catálogo por el que la autoridad determinó que las obras realizadas por el quejoso no se ejecutaron en localidades que se encuentran en condiciones de rezago y de pobreza extrema, como se constata con el contenido de la resolución sancionadora, la cual en la parte que interesa, a continuación se transcribe:

"(la transcribe)

"Lo hasta aquí expuesto revela que es incorrecto lo determinado por la Sala responsable en el sentido de que el oficio citatorio estaba debidamente fundado y motivado, y que el hecho de que la autoridad demandada se haya allegado del mencionado catálogo al dictar la resolución sancionadora resultaba irrelevante, en tanto que la autoridad demandada sólo lo relacionó a manera de ‘ejemplo’, y que el hecho de que no se haya hecho mención de dicho documento en el oficio citatorio no es ilegal.

"En efecto, del análisis antes realizado, se desprende que, contrariamente a lo determinado por la Sala responsable, el catálogo no se tomó como un simple ‘ejemplo’, sino como un sustento toral para tener por acreditada la responsabilidad que se le atribuyó al quejoso, pues, la autoridad demandada, de manera expresa, determinó: ‘... si bien es cierto que dicho organismo no cuenta con indicadores de pobreza extrema y rezago social para el año dos mil nueve, sí tiene información respecto de rezago social en las distintas localidades del Municipio de Naucalpan, Estado de México... si bien es cierto que la referida información corresponde al año dos mil diez, no menos lo es que da un parámetro de las localidades respecto de las cuales debieron haberse destinado los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal dos mil nueve (apenas el año inmediato anterior) y como puede observarse ninguna de las obras realizadas con los recursos del referido fondo, materia de las irregularidades que se reprochan a los presuntos responsables, se realizó en las localidades relacionadas en el cuadro antes transcrito ...’.

"Con base en lo expuesto, resulta evidente que en el procedimiento de responsabilidad resarcitoria se transgredió en perjuicio del quejoso el derecho fundamental de debido proceso, pues, no fue correcto, por no establecerlo así la ley, que con posterioridad a la celebración de la audiencia de ley la autoridad recabara más elementos para juzgarlo y sancionarlo, máxime si se toma en consideración que la información recabada por la autoridad auditora, al momento de resolver el procedimiento, data de un año posterior a la fecha en que se cometieron las conductas por las que el demandante fue sujeto a procedimiento y sancionado.

"Sobre el particular, resulta oportuno destacar que existen diversos principios que son fundamentales en tratándose del derecho administrativo sancionador, tales como la tipicidad, la exacta aplicación de la norma y la presunción de inocencia.

"En cuanto a la tipicidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que es un principio fundamental que se cumple cuando consta en la norma el establecimiento claro tanto de la infracción como de la sanción, por lo que supone, en todo caso, la presencia de una disposición que permita predecir, con suficiente grado de seguridad, las conductas infractoras y sanciones que, en caso de actualizar el supuesto normativo relativo, serán impuestas al sujeto que las realice; de tal forma que la descripción, que al efecto realice el legislador respecto de las conductas ilícitas, debe gozar de tal claridad que los juzgadores puedan conocer su alcance y significado al realizar el proceso mental de adecuación típica, sin necesidad de recurrir a complementaciones legales para suplir las imprecisiones de la norma.

"En esas condiciones, en atención a la similitud existente entre el derecho administrativo sancionador y el derecho penal, como manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, el Supremo Tribunal de la Nación ha definido que en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador debe acudirse al aducido principio de tipicidad, haciéndolo, por ende, extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, de tal forma que si cierta disposición administrativa establece una sanción, por alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta por analogía o por mayoría de razón.

"A lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XXIV, agosto de 2006, página 1667 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y textos son los siguientes:

"‘TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS.’ (la transcribe)

"Respecto del principio constitucional de exacta aplicación de la norma, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis CLXXXIII/2001, de rubro: ‘RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS EN LA LEY FEDERAL RELATIVA TAMBIÉN SE RIGEN POR EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY QUE IMPERA EN LAS DE CARÁCTER PENAL, AUN CUANDO SEAN DE DIVERSA NATURALEZA.’, determinó que dicho principio no sólo constituye un derecho fundamental para todo gobernado en los juicios del orden criminal, sino que también alcanza a los del orden administrativo, razón por la cual, al aplicar una sanción administrativa a un servidor público, las autoridades competentes sólo podrán aplicar aquellas que previamente se encuentren previstas en la ley de la materia.

"La tesis que se cita es de la literalidad siguiente:

"‘RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS EN LA LEY FEDERAL RELATIVA TAMBIÉN SE RIGEN POR EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY QUE IMPERA EN LAS DE CARÁCTER PENAL, AUN CUANDO SEAN DE DIVERSA NATURALEZA.’ (la transcribe)

"Por su parte, respecto del principio de presunción de inocencia, en la jurisprudencia P./J. 43/2014, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que debe aplicarse en todos los procedimientos, de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, razón por la cual resulta evidente su aplicación al procedimiento administrativo sancionador.

"El criterio jurisprudencial, que se menciona, es de rubro y texto siguientes:

"‘PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES.’ (la transcribe)

"De lo anterior se concluye que, al resolver el asunto que en el caso se analiza, la Sala responsable debió tomar en consideración los principios que rigen al derecho penal, como lo son, específicamente, los de tipicidad, exacta aplicación de la norma y presunción de inocencia, de tal forma que, al analizar la litis planteada por las partes, se encontrara en posibilidades de partir de bases firmes y legales para la resolución del asunto.

"Luego, en el caso, respecto a la responsabilidad atribuida al quejoso, debe mencionarse lo siguiente:

"La autoridad auditora resolvió sancionar al ahora quejoso al estimar que omitió administrar debidamente la hacienda pública municipal, específicamente el fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal de 2009, con lo que infringió, entre otros, lo previsto en el artículo 33, inciso a), de la Ley de Coordinación Fiscal vigente en dos mil nueve, pues, las obras que se realizaron con el mencionado fondo de aportaciones no beneficiaron a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema.

"En el mencionado precepto legal, a la literalidad, se establece:

"(lo transcribe)

"Como se ve, el precepto legal dispone que las aportaciones al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social que reciban los Estados y los Municipios se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población, que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema, en los siguientes rubros:

"a) Agua potable

"b) Alcantarillado

"c) Drenaje y letrinas

"d) Urbanización municipal

"e) Electrificación rural y de colonias pobres

"f) Infraestructura básica de salud

"g) Infraestructura básica educativa; y,

"h) Mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.

"No obstante, del citado precepto legal, no se advierte que proporcione un parámetro o defina qué debe entenderse por ‘extrema pobreza’ y ‘rezago social’, ni tampoco alude a las localidades que se encuentren en dichas condiciones.

"Lo cual, incluso, fue reconocido por la propia autoridad demandada en la resolución sancionadora, al señalar: ‘... si bien es cierto que dicho organismo no cuenta con indicadores de pobreza extrema y rezago social para el año dos mil nueve ...’; luego, ante tal circunstancia, la propia autoridad auditora, para dar sustento a la responsabilidad atribuida al ahora quejoso, como sustento toral, se apoyó de una información contenida en una liga de internet del Consejo Nacional de Evaluación, que contiene un catálogo de las localidades que se encuentran en pobreza extrema y rezago social en el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, que corresponde al año dos mil diez, como se constata con la siguiente transcripción:

"(lo transcribe)

"Además, la autoridad auditora, para tener por acreditada la responsabilidad atribuida al quejoso, realizó una valoración de las copias certificadas de diversas cédulas analíticas de la revisión física de las obras, elaboradas por la Dirección General de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación, respecto de diversas obras realizadas, lo que se corrobora con la siguiente reproducción:

"(lo transcribe)

"De lo expuesto, se llega al conocimiento de que la autoridad demandada, para sostener que las obras especificadas en las tablas transcritas no beneficiaron a sectores poblacionales en condiciones de rezago social y extrema pobreza, realizó una valoración de las mencionadas cédulas analíticas y concluyó de manera genérica que: ‘... sin que de las constancias que obran en el expediente en que se actúa ni de las fotografías que obran en el mismo, se advierta que dichas obras se realizaron en un sector de la población con rezago social y de pobreza extrema ...’; y ‘... sin que de las constancias que obran en el expediente en que se actúa ni de las fotografías que obran en el mismo, se advierta que dichas obras se realizaron en una colonia catalogada conforme a la ley como de rezago social y de pobreza extrema...’; esto es, fue fundamental para la autoridad demandada lo asentado en las cédulas analíticas, en las cuales se sostuvo de manera uniforme una conclusión.

"No obstante, la información contenida en las mencionadas cédulas no resulta ser suficiente para causar convicción respecto a que, como lo adujo la autoridad auditora, las obras ahí detalladas no se realizaron en un sector de la población o en una colonia catalogada de rezago social y pobreza extrema, pues, no se señalaron mayores elementos que puedan servir de base para sustentar plenamente que las obras en mención no se realizaron en un sector de la población con rezago social y de extrema pobreza, máxime si se toma en consideración que constituyen una simple afirmación al respecto, derivada de la inspección física que realizó la autoridad demandada a cada obra, pero que, por sí sola es insuficiente para sustentar la conclusión a la que llegó la autoridad auditora.

"Conforme a lo expuesto, resulta evidente que en la resolución sancionadora no se encuentra debidamente razonado el porqué las obras descritas no fueron realizadas en un sector de la población con rezago social y de extrema pobreza, además de que tampoco se advierten las razones por las que, a juicio de la autoridad, las citadas obras no son de aquellas que se ubiquen en los rubros a que alude el artículo 33, inciso a), de la Ley de Coordinación Fiscal, pues, se reitera, únicamente se limitó a señalar que dichas obras no fueron realizadas en un sector de la población con rezago social y de pobreza extrema, de manera que resulta evidente que tales deficiencias de la resolución sancionadora trascienden a su legalidad, al no haberse cumplido cabalmente con el requisito de motivación que todo acto de autoridad debe revestir.

"Como se advierte, asiste razón al quejoso, pues, en el caso, no existió tipicidad o conductas que exactamente se adecuaran a la norma, para traer su consecuencia, consistente en la responsabilidad administrativa, aunado a que la resolución sancionadora no cumple con los requisitos necesarios para considerarla legal, puesto que, en el caso, el auditor superior de Fiscalización del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México no fundó ni motivó debidamente su actualización.

"En esas condiciones, resulta evidente lo ilegal de lo determinado por la Sala responsable, en tanto que la autoridad demandada, en la resolución sancionadora, en ningún momento relaciona la conducta atribuida al hoy quejoso con fundamento legal exactamente aplicable, pues, se reitera, para encuadrar la responsabilidad que le atribuyó, se apoyó como complemento en un ‘catálogo de localidades’ que es posterior a los hechos que se atribuyeron al peticionario del amparo, siendo que, tal como se expuso previamente, en tratándose de la materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos opera el principio de tipicidad, conforme al cual la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliarla por analogía o por mayoría de razón, lo cual fue definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 100/2006, de rubro: ‘TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS.’

"Máxime que la autoridad auditora tampoco motivó el por qué las obras descritas no fueron realizadas en un sector de la población con rezago social y de extrema pobreza, ni precisó las razones específicas por las que, a su juicio, las obras descritas en la resolución sancionadora no son de aquellas que se ubiquen en los rubros a que alude el artículo 33, inciso a), de la Ley de Coordinación Fiscal.

"Por tanto, se impone conceder a la quejosa el amparo solicitado, a efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, emita otra, en la que, de acuerdo con los lineamentos dados en esta ejecutoria, considere ilegal la resolución sancionadora de diez de febrero de dos mil dieciséis, dictada en el procedimiento de responsabilidad resarcitoria *********** y resuelva lo que en derecho proceda. ..."

Criterio del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

En la revisión fiscal RF. 227/2018, dicho órgano colegiado resolvió lo siguiente:

"SÉPTIMO.—A continuación, se procede al análisis de los agravios planteados por la recurrente, los cuales se analizan en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo, sin que ello irrogue perjuicio alguno a las partes.

"...

"Establecido lo anterior, conviene precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos criterios contenidos en tesis y jurisprudencia, sostiene que la sanción administrativa guarda una similitud fundamental con las penas, toda vez que ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico, por lo que, tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador resultan ser manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, entendida como la facultad que tiene éste de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos.

"Ahora, dada la similitud y la unidad de la potestad punitiva, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador puede acudirse a los principios penales sustantivos, aun cuando la traslación de los mismos en cuanto a grados de exigencia no pueda hacerse de forma automática, porque la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo sólo es posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza.

"Lo anterior, se contiene en la jurisprudencia P./J. 99/2006 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja 1565 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, agosto de 2006, Novena Época, que se lee:

"‘DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO.’ (la transcribe)

"Del criterio inserto, se deduce que en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador puede acudirse a los principios penales sustantivos, en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza; por ello, es factible tener en cuenta el principio de presunción de inocencia el cual, como se estableció, consiste básicamente en que el gobernado no está obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, en tanto que el acusado no tiene la carga de probar su inocencia.

"En relación al principio de presunción de inocencia en el procedimiento administrativo sancionador, resulta necesario reproducir, en lo que interesa, la contradicción de tesis 200/2013, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

"...

"Las consideraciones anteriores motivaron la jurisprudencia P./J. 43/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 4, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, materia constitucional, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente:

"‘PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES.’ (la transcribe)

"Como aspectos relevantes de la ejecutoria que motivó la jurisprudencia de mérito, se desprenden los siguientes:

"• Que el procedimiento administrativo sancionador es el conjunto de actos o formalidades concatenados entre sí en forma de juicio por autoridad competente, con el objeto de conocer irregularidades o faltas, ya sean de servidores públicos o particulares, cuya finalidad, en todo caso, sea imponer alguna sanción.

"• Que los principios constitucionales son de aplicación general y atienden a la protección de la persona, desde el punto de vista de protección de los derechos humanos.

"• Que el principio de presunción de inocencia aplica al ámbito administrativo sancionador, bajo la óptica de cada caso en concreto, porque en este tipo de procedimientos se deben respetar los derechos y garantías propias del procedimiento administrativo común y además, cuidar los derechos fundamentales que involucran a particulares o servidores públicos sometidos a una evaluación por determinada conducta o infracción sancionada por la ley.

"• Que el principio de presunción de inocencia exige que en el procedimiento administrativo sancionador exista acervo probatorio suficiente, recayendo sobre la autoridad, por regla general, la carga probatoria tanto de la comisión de la infracción o falta como de la participación del probable responsable, sin que a éste pueda exigírsele una prueba de hechos negativos.

"Sobre este último aspecto –carga de la prueba–, el Máximo Tribunal del País ha resuelto qu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29373-b69ca9fe/procedimiento-de-responsabilidad-resarcitoria-al-cumplir-los-requisitos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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