Corpus
Modo: Corpus Pro

RESPONSABILIDADES INDEMNIZATORIAS O RESARCITORIAS. EL INFORME DE RESULTADOS QUE CONTIENE LA REVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y PLIEGO DE OBSERVACIONES A LA CUENTA PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES CONSTITUYE PRUEBA IDÓNEA Y SUFICIENTE EN EL PROCEDIMIENTO PARA SU FINCAMIENTO, PREVISTO EN LA ABROGADA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2020. · Registro digital (IUS): 30062
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2021-09-03
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO O
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, Pág. 2651.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN APIZACO, TLAXCALA. 6 DE JULIO DE 2021. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ FONSECA, NICOLÁS CASTILLO MARTÍNEZ, MYRIAM DEL PERPETUO SOCORRO RODRÍGUEZ JARA, MIGUEL NAHIM NICOLÁS JIMÉNEZ, JOSÉ MANUEL VÉLEZ BARAJAS Y JOSÉ DANIEL NOGUEIRA RUIZ. PONENTE: NICOLÁS CASTILLO MARTÍNEZ. SECRETARIO: ALEJANDRO BERNAL VALDÉS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Vigésimo Octavo Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, porque si bien se trata de una contradicción suscitada entre dos órganos que no residen en el mismo Circuito, lo cierto es que el Tribunal Colegiado Auxiliar sustentó el criterio denunciado como opuesto, al asumir la jurisdicción del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ya que lo hizo al fallar en auxilio de éste un recurso de revisión.

Además, el tema de la contradicción corresponde a la materia administrativa, cuyo conocimiento le corresponde a este Pleno de Circuito por no tener especialización alguna.

La competencia para resolver esta contradicción de tesis también se sustenta en la jurisprudencia 2a./J. 3/2015 (10a.), registro digital: 2008428, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1656 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, febrero de 2015, Tomo II, Décima Época, materias constitucional y común,(1) que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AUXILIAR, EN APOYO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE AQUÉLLA EL PLENO DE ESE CIRCUITO Y, SI NO EXISTE, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Los Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares tienen jurisdicción en todo el territorio de la República Mexicana y, sin modificar su sede territorial, brindan apoyo a los Tribunales Colegiados de Circuito durante un determinado periodo, concluido el cual pueden auxiliar a otros, por lo que su competencia se modifica en razón del órgano jurisdiccional al que auxilie, así como de los expedientes y el lapso en el que brinden su apoyo. Ahora, aun cuando los Tribunales Auxiliares apoyan a órganos de distintos circuitos y cuentan con una competencia restringida, limitada al dictado de la sentencia, al prestar su ayuda a determinado Tribunal Colegiado de Circuito asumen la jurisdicción de éste, lo que implica que el Auxiliar tenga que interpretar la normatividad estatal aplicable en dicho circuito. En ese sentido, ya que el Constituyente, el legislador ordinario y el Consejo de la Judicatura Federal establecieron una regla de competencia para decidir las contradicciones de tesis en las que participen Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares, se considera que éstos pertenecen al Circuito del Tribunal Colegiado auxiliado; por tanto, si los Tribunales Colegiados contendientes corresponden a un mismo circuito y a una misma especialidad, el competente para conocer de las contradicciones de tesis que sustenten será el Pleno de Circuito de los Tribunales correspondientes, en el entendido de que si en el circuito de que se trate no existe integrado Pleno, en términos del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, abrogado por el diverso Acuerdo General 11/2014 del propio órgano, quien debe conocer de la contradicción es esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues debe asumir la competencia para conocer de las contradicciones de tesis en que se actualice el supuesto de referencia, a fin de resolver la cuestión planteada, porque así se otorga certeza jurídica para resolver los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados únicos en un circuito que fueron apoyados en el dictado de resoluciones por un Tribunal Colegiado Auxiliar que asumió su jurisdicción."

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala.

TERCERO.—Existencia de la contradicción de tesis.

I. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que existe contradicción de tesis cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.

Así se advierte de la jurisprudencia P./J. 72/2010, registro digital: 164120, publicada en la página 7 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, Novena Época, materia común, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’,(2) al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

Así, la existencia de la contradicción de tesis no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no incida o sea determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los Tribunales Colegiados de Circuito, sino que sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

En tal virtud, si las cuestiones fácticas, aun siendo parecidas influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de tesis, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

De modo que, si la disparidad de criterios proviene de temas, elementos jurídicos y razonamientos diferentes, que no convergen en el mismo punto de derecho, la contradicción de tesis debe declararse inexistente.

II. Para establecer si en el caso existe o no la contradicción de criterios denunciada, es necesario tener presentes algunos antecedentes y consideraciones que expusieron los Tribunales Colegiados contendientes al resolver los amparos en revisión mencionados; los cuales enseguida se exponen:

1. En cuanto al recurso de revisión administrativo 330/2019 (cuaderno auxiliar 19/2020), fallado por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en La Paz, Baja California Sur.

a) **********, ********** y **********, por propio derecho, mediante escrito presentado el trece de junio de dos mil diecinueve promovieron juicio de amparo indirecto en contra del acto reclamado al auditor especial de cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, consistente en la resolución de veinte de mayo anterior, dictada dentro del procedimiento de responsabilidad indemnizatoria **********, mediante el cual se les impuso un crédito fiscal por la cantidad de $**********.

b) El Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien por razón de turno conoció del asunto, registró la demanda con el número **********, la admitió a trámite y emitió diversos pronunciamientos para la integración del juicio.

Juicio de amparo en el que se reconoció como tercero interesado al Ayuntamiento de **********, Tlaxcala.

c) Seguido el procedimiento correspondiente se celebró la audiencia constitucional, y el treinta de septiembre de dos mil diecinueve se dictó sentencia en la que se concedió la protección constitucional solicitada.

En el acto ahí reclamado se impuso aquella sanción a los peticionarios de amparo, en su carácter de expresidente, exsíndico y extesorero, respectivamente, del Municipio de **********, Tlaxcala, por concepto de daño patrimonial causado a dicho Ayuntamiento, en el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis; lo cual el juzgador consideró que fue ilegal.

d) Inconforme con la sentencia, la autoridad responsable interpuso el recurso de revisión 330/2019, radicado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, resuelto en sesión de veinticinco de febrero de dos mil veinte por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en La Paz, Baja California Sur; en la que por diferentes razones se determinó confirmar el fallo recurrido.

En la parte que interesa de aquella ejecutoria, el Tribunal Colegiado Auxiliar determinó:

"...Este Tribunal Colegiado considera que asiste razón a la recurrente, porque contrario a lo determinado por el Juez de Distrito, sí existen pruebas que sustentan la resolución de responsabilidad indemnizatoria, ya que, como lo aduce la inconforme, la determinación reclamada tiene sustento idóneo y suficiente en el informe de resultados y su actualización.

"Para avalar la postura anterior, debe señalarse que el artículo 46 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, establece que para la emisión de la responsabilidad indemnizatoria, el órgano respectivo se basará en los resultados de la fiscalización que realice sobre la cuenta pública.

"Así es, del citado numeral se aprecia que la responsabilidad indemnizatoria procederá cuando se detecte alguna irregularidad que permita determinar daño patrimonial e indicios de posibles daños por parte de los entes fiscalizables.

"Al efecto, conviene transcribir la parte conducente del artículo invocado, que dispone:

"‘Artículo 46. El Órgano con base en los resultados de la fiscalización que realice de la cuenta pública, podrá determinar responsabilidades indemnizatorias cuando detecte irregularidades que permitan presumir daño al patrimonio e indicios de hechos o conductas que produzcan daños y perjuicios causados a los entes fiscalizables. ...’

"Conforme a dicha porción normativa, en principio, es menester acotar que la propia ley que rige el acto reclamado, establece que los resultados de la fiscalización, son suficientes para determinar la responsabilidad indemnizatoria en el Estado de Tlaxcala, es decir, no exige mayores pruebas para ello.

"Lo anterior, porque ese resultado de la fiscalización, constituye precisamente el informe de resultados y su emisión deriva de la revisión de la cuenta pública, lo cual integra el soporte aportado por el ente fiscalizable.

"Asimismo, para lograr una mayor claridad sobre la existencia de pruebas documentales suficientes, conviene citar la definición de diversos conceptos que establece la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en su artículo 2, cuyo contenido es:

"‘Artículo 2. Para efectos de la presente ley, se entenderá por:

"‘...

"‘V. Órgano: Órgano de Fiscalización Superior que es la entidad de fiscalización superior del Estado y sus Municipios, creada por disposición de la Constitución Local y regulada por esta ley;

"‘VI. Entes fiscalizables: Los Poderes, los organismos públicos autónomos, los Municipios, las dependencias, entidades, patronatos y en general cualquier persona pública o privada que haya recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos, serán sujetos de fiscalización superior;

"‘ ...

"‘X. Fiscalización superior: La facultad que ejerce el Órgano de Fiscalización Superior, para la revisión posterior de las cuentas públicas que presentan los entes fiscalizables, bajo criterios de vigilancia, control, revisión, evaluación y examen de los mismos;

"‘...

"‘XII. Cuenta pública: El informe que los entes fiscalizables rinden de manera consolidada respecto de los resultados de su gestión financiera a efecto de comprobar que la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos estatales y municipales durante un ejercicio fiscal se ejercieron en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables y con base en los programas aprobados;

"‘...

"‘XV. Informe de resultados: Documento que contiene el informe sobre la fase de revisión, fiscalización, emisión de pliegos de observaciones a la cuenta pública, que se presenta al Congreso por el órgano;

"‘...

"‘XXIV. Revisión: El examen a que se somete la actividad de los entes fiscalizables durante la gestión financiera, a efecto de que la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos, se ejerzan en término (sic) de las disposiciones legales y administrativas aplicables, conforme a los criterios y con base a los programas aprobados, y (sic)

"‘...

"‘XXVII. Pliego de observaciones: Es el documento técnico emitido por el órgano, derivado de la revisión y fiscalización superior que contiene las recomendaciones, faltantes, irregularidades y/o deficiencias detectadas en la gestión financiera del ente fiscalizable; ...’

"Del contenido del artículo transcrito, se obtiene que el informe de resultados constituye la conclusión de la etapa de revisión y fiscalización, mismo que, de acuerdo a la ley, se integra como el documento que contiene la información necesaria para fincar la responsabilidad indemnizatoria (artículo 46 antes transcrito).

"Lo anterior, porque el citado informe de resultados se basa en la información que originalmente integra la cuenta pública; de tal forma que esta última, de acuerdo al contenido del diverso numeral 9 de la normatividad en estudio, se compone de la siguiente forma:

"‘Artículo 9. La cuenta pública estará constituida por:

"‘A) Información financiera generada por el Sistema de Contabilidad Gubernamental «SCG II» implementado:

"‘I. Balance general o estado de situación financiera;

"‘II. Estado de ingresos y egresos del periodo y acumulado;

"‘III. Estado presupuestario de ingresos y egresos del periodo y del acumulado;

"‘IV. Estado de origen y aplicación de recursos del periodo y el acumulado;

"‘V. Balanza de comprobación;

"‘VI. Diario;

"‘VII. Auxiliares;

"‘VIII. Acumulados de obra;

"‘IX. Reportes trimestrales de obra; y

"‘X. Adicionar los siguientes:

"‘i. Avance del Programa Operativo Anual;

"‘ii. Estado de deuda pública, en su caso;

"‘iii. Reportes de cobro por derechos de agua potable, predial y registro civil, e

"‘iv. Indicadores de resultados mensuales y/o bimestrales.

"‘En los casos de los entes fiscalizables que cuenten con el Sistema de Contabilidad Gubernamental «SCG II» presentarán la información generada por éste y para aquellos entes fiscalizables que no cuenten con este sistema, deberán presentar: la información mencionada que genera el sistema que utilicen, siempre y cuando se apegue a lo establecido en las leyes vigentes.

"‘B) Información adicional, que deberá contener la primera cuenta pública que se presente en el año:

"‘I. Pronóstico de ingresos calendarizado del ejercicio de que se trate;

"‘II. Presupuesto de egresos calendarizado para el ejercicio de que se trate;

"‘III. Organigrama, plantilla y tabulador de sueldos debidamente autorizados;

"‘IV. Programa operativo anual;

"‘V. Inventario de bienes muebles e inmuebles, clasificado y cuantificado, y

"‘VI. Metodología para la construcción de indicadores.

"‘C) El Plan Estatal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Municipal, los que se remitirán al Órgano dentro de los plazos que se establezcan en la ley.

"‘El resto de información que los entes fiscalizables integran en la cuenta pública, únicamente deberán presentarse en forma digitalizada a través del medio óptico.

"‘Para los Municipios la documentación que integra la cuenta pública de manera física y digitalizada, deberá estar firmada por el presidente Municipal, síndico, tesorero y director de obras, este último en lo relativo a obra pública.’

"Ahora bien, el contenido del informe de resultados se encuentra descrito en los artículos 25 a 27 de la «ley» de la materia, cuyo texto es:

"‘Artículo 25. El Órgano entregará un informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de la Comisión, a más tardar el día treinta y uno de mayo del año siguiente al del ejercicio; guardando absoluta reserva y confidencialidad de sus actuaciones y resultados hasta la dictaminación. La dictaminación deberá efectuarse a más tardar el treinta y uno de agosto posterior al ejercicio fiscalizado.

"‘En el año de elecciones para la renovación del Poder Ejecutivo, el Órgano deberá presentar el informe al que se refiere el párrafo anterior a más tardar el quince de noviembre del mismo año. Para tal efecto, los entes fiscalizables deberán cerrar el ejercicio fiscal respectivo al treinta de septiembre y presentar su cuenta pública a más tardar el treinta de octubre del mismo año. La fecha límite para la dictaminación del periodo enero-septiembre de ese año será el quince de diciembre, mientras que el trimestre restante, octubre-diciembre, se sujetará al periodo ordinario de presentación y dictaminación.

(Adicionado, P.O. 12 de abril de 2018)

"‘El Congreso remitirá copia del Informe General al Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala y al Comité de Participación Ciudadana.’

"‘Artículo 26. El informe del resultado a que se refiere el artículo anterior, deberá contener como mínimo lo siguiente:

"‘a) El apartado correspondiente a la fiscalización y verificación del cumplimiento de los programas, con respecto a la evaluación de la consecución de sus objetivos y metas, así como de la satisfacción de las necesidades correspondientes, bajo criterios de racionalidad y austeridad; lo anterior con base a los indicadores estratégicos que se aprueben en los presupuestos;

(Reformado, P.O. 18 de enero de 2011)

"‘b) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública presentada está de acuerdo con los postulados básicos de contabilidad gubernamental, normas de auditoría y las disposiciones contenidas en los ordenamientos legales correspondientes;

"‘c) Los análisis de los resultados de la gestión financiera;

"‘d) La comprobación de que los entes fiscalizables durante su gestión financiera, se ajustaron a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado, las leyes fiscales, de ingresos y presupuestos de egresos del Estado y de los Municipios y en las demás normas aplicables en la materia;

(Reformado, P.O. 18 de enero de 2011)

"‘e) El análisis de las posibles desviaciones de recursos públicos;

"‘f) El análisis de las irregularidades de la cuenta pública, en su caso;

(Reformado [N. de e. republicado], P.O. 18 de enero de 2011)

"‘g) Las observaciones pendientes de solventar, e (sic)

"‘h) El análisis de la integración y variaciones del patrimonio de los entes fiscalizables.’

"‘Artículo 27. El Órgano, en el informe de resultados, dará cuenta al Congreso de los pliegos de observaciones que hubieren fincado, así como de las observaciones que a la fecha de entrega del informe estuvieran pendientes de solventar, de los procedimientos iniciados para el fincamiento de responsabilidades e imposición de la sanción respectiva, así como de la promoción de otro tipo de responsabilidades y denuncias de hechos presuntamente ilícitas, que realicen de conformidad con lo dispuesto en esta ley.’

"En ese sentido, debe precisarse que, desde la rendición de la cuenta pública, luego del proceso de revisión y fiscalización, así como la emisión del pliego de observaciones y finalmente, de ser el caso, en el informe de resultados, el material probatorio que se emplea es el descrito en el artículo 9 previamente transcrito.

"Así, es importante resaltar que dicho material probatorio se va adicionando con el resultado de su análisis respectivo, e incluso con lo que resulte de la vista concedida a la parte involucrada con las irregularidades advertidas u observaciones a solventar.

"De ahí que, la interpretación a ese acervo documental que constituyen la cuenta pública, su interpretación y el resultado de cada etapa, es lo que va conformando el material probatorio que finalmente integra el informe de resultados.

"De acuerdo a lo anterior, debe precisarse que la cuenta pública constituye el informe que los entes fiscalizables rinden de manera consolidada respecto de los resultados de su gestión financiera, a efecto de comprobar que la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos estatales y municipales durante un determinado ejercicio fiscal, es decir, por medio de la cuenta pública se documenta el manejo y aplicación de recursos públicos, para justificar si se ejercieron tales recursos en términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables, así como con base en los programas aprobados.

"En ese sentido, la revisión y fiscalización es el examen a que es sometida la actividad de los entes fiscalizables durante determinada gestión financiera, a través de la cual se califica la aplicación de los ingresos y egresos, de acuerdo con las disposiciones legales y administrativas aplicables, por lo que resulta claro que, en su momento, habrá un pronunciamiento sobre las inconsistencias o irregularidades advertidas, para lo cual se dará oportunidad al ente fiscalizable para que las solvente.

"De tal forma que, si derivado de la revisión y fiscalización de la cuenta pública, se advierten irregularidades, el órgano respectivo procederá a la emisión del pliego de observaciones, que constituye el documento técnico que resulta de la revisión y fiscalización superior, a través del cual se establecen las recomendaciones y observaciones con motivo de los faltantes, irregularidades y/o deficiencias detectadas en la gestión financiera del ente fiscalizable en el ejercicio fiscal estudiado.

"Ahora, para el caso de que no se solventen oportunamente las observaciones formuladas en el referido pliego, el Órgano de Fiscalización Superior procederá a la emisión del informe de resultados, que de acuerdo a la ley de la materia, constituye prueba suficiente para proceder a la determinación de la responsabilidad indemnizatoria (artículo 46 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios).

"Además, para evidenciar la forma en que invariablemente se integra el informe de resultados, al iniciarse con la emisión en la cuenta pública respectiva, conviene señalar que, de acuerdo a lo previsto en los artículos 6 y 7 de la normatividad en consulta, su emisión por parte de los órganos fiscalizables, constituye una obligación ineludible.

"Así, el contenido de los citados numerales es:

"‘Artículo 6. La cuenta pública será presentada por los titulares de los entes fiscalizables para su revisión y fiscalización al Congreso, en forma impresa y digitalizada, la cual será remitida al órgano para su revisión y fiscalización.

"‘Será presentada en forma impresa y en un archivo electrónico de datos que permita su uso informático y facilite su procesamiento.

"‘Artículo 7. La cuenta pública se presentará por periodos trimestrales dentro de los treinta días naturales posteriores al periodo de que se trate.

(Reformado, P.O. 19 de mayo de 2016)

"‘En caso de incumplimiento en la presentación de la cuenta pública, en el plazo a que alude el párrafo anterior, el órgano requerirá y apercibirá a los servidores públicos responsables para que presenten la cuenta pública y en el caso de que no lo realicen en un último término de cinco días, contados a partir de la notificación del requerimiento y apercibimiento, procederá a fincar la responsabilidad correspondiente y se impondrán las multas conforme a lo que establece el artículo 73 de esta ley.

"‘Independientemente de las multas y sanciones que se impongan, los entes fiscalizables están obligados a presentar la cuenta pública.

(Reformado, P.O. 19 de mayo de 2016)

"‘El Órgano informará al Congreso en un lapso no mayor de diez días, de las cuentas públicas que sin causa justificada no se hayan presentado por los entes fiscalizables por el trimestre que corresponda, para que éste denuncie ante la autoridad ministerial por la probable comisión del delito que resulte, además de las diversas acciones que correspondan.’

"Conforme a lo antes destacado, se tiene que del proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública se obtiene un informe de resultado por el órgano fiscalizador, dentro del cual se analiza la gestión financiera del Municipio para de ahí obtener las irregularidades conducentes, por lo tanto, lo que soporta el procedimiento para fincar responsabilidad indemnizatoria lo es el propio informe, de donde se obtiene el análisis que realizó el ente fiscalizador a dicha gestión financiera para de ahí obtener la actualización de alguna irregularidad.

"Lo que en la especie se cumplió, porque en las constancias certificadas remitidas por la autoridad responsable al rendir su informe con justificación (anexo I), está el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, del Municipio de **********, correspondiente al periodo de enero a septiembre de dos mil dieciséis (fojas 42 a 90), así como el informe de resultado de la revisión y fiscalización de la cuenta pública para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, del mencionado Municipio, correspondiente al periodo de octubre a diciembre de la citada anualidad (fojas 184 a 236).

"Además, se adjuntó a dichos informes los anexos que lo respaldan, y entre los cuales corren agregadas las observaciones pendientes de solventar.

"De ahí que, lo resuelto por el juzgador de amparo en el sentido de que no h

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30062-31b0d3d4/responsabilidades-indemnizatorias-o-resarcitorias-el-informe-de-resultados · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.