I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE SOCONUSCO, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES POR DESCUENTO O PAGO PARCIALES Y NEGATIVA DE ENTREGA DE RECURSOS, ES EL DE TREINTA DÍAS POSTERIORES A AQUÉL EN QUE LA ENTREGA DE RECURSOS TUVO LUGAR (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE SOCONUSCO, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ RECAE SOBRE EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE ESA ENTIDAD (ARTÍCULOS 42 Y 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; 8, FRACCIÓN X, 9, FRACCIÓN I, Y 17, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD; Y 15, FRACCIÓN XXXII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA MISMA). V. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VI. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS, IMPLICA EL DERECHO DE ÉSTOS A LA RECEPCIÓN PUNTUAL, EFECTIVA Y COMPLETA DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES AL AYUNTAMIENTO GENERA INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE SOCONUSCO, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD). VII. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. CONFORME AL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE SUS RECURSOS ECONÓMICOS, LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE AQUÉLLOS GENERA INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE SOCONUSCO, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD). VIII. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. LAS CORRESPONDIENTES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN Y AL FONDO METROPOLITANO PARA LA ZONA METROPOLITANA DE ACAYUCAN SON CONTROLADAS DIRECTAMENTE POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A PARTIR DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE SOCONUSCO, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD). IX. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. DEBEN TENERSE POR CIERTAS LAS CANTIDADES RECLAMADAS, AUN CUANDO NO OBRE EN AUTOS EL CONVENIO RESPECTIVO, ANTE LA CONTESTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA PARTE DEMANDADA Y LA AUSENCIA DE PRUEBAS QUE LAS DESVIRTÚEN (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE SOCONUSCO, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD). X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA OMISIÓN DE PAGO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES RESPECTO DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL QUE LO VINCULA PARA QUE EN UN PLAZO DE NOVENTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, ENTREGUE LAS CANTIDADES ADEUDADAS Y LOS INTERESES QUE SE HAYAN GENERADO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE SOCONUSCO, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 221/2019. MUNICIPIO DE SOCONUSCO, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 27 DE NOVIEMBRE DE 2019. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LA MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y LOS MINISTROS: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. DISIDENTE Y PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: ÚRSULA HERNÁNDEZ MAQUÍVAR.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve.
VISTOS los autos para resolver la controversia constitucional 221/2019, promovida por el Municipio de Soconusco, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Presentación de la demanda. Por escrito presentado el siete de junio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lucinda Joachín Culebro y Rolando Sinforoso Rosas, en su carácter de síndica municipal y presidente municipal, respectivamente, del Municipio de Soconusco, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, promovieron controversia constitucional en representación del citado Municipio, en la que combaten los siguientes actos atribuidos al gobernador de Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave:
"IV. Actos reclamados:
"1) Del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz se demanda la invalidez de las órdenes, instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones que se haya emitido para la realización de la indebida retención de las aportaciones y participaciones federales que le corresponden al Municipio de Soconusco, Veracruz, por concepto de Ramo General 33 y 23, y en lo particular a:
"a. Aportación del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del año 2016, por el total de $1'891,265.06 (un millón ochocientos noventa y un mil doscientos sesenta y cinco pesos 06/100 M.N.).
"b. Aportación del Fondo de Fortalecimiento Financiero para la Inversión, como se desglosa a continuación:
"1. FORTAFIN-A-2016 por un monto de $4'200.000.00 (cuatro millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.).
"2. FORTAFIN-B-2016, por un monto de $4'900.000.00 (cuatro millones novecientos mil pesos 00/100 M.N.).
"c. Aportación del Fondo Metropolitano para la Zona Metropolitana de Acayucan ejercicio 2013 por la cantidad de $6'246,874.33 (seis millones doscientos cuarenta y seis mil ochocientos setenta y cuatro pesos 33/100 M.N.), del ejercicio 2014 por un monto de $11'064,252.81 (once millones sesenta y cuatro mil doscientos cincuenta y dos pesos 81/100 M.N.) y ejercicio fiscal 2015, por el total de $12'180,780.12 (doce millones ciento ochenta mil setecientos ochenta pesos 12/100 M.N.).
"Se reclama también la omisión de pago de los intereses por el retraso injustificado en el pago del FISMDF (agosto-octubre 2016), FORTAFIN-A-2016 y FORTAFIN-B-2016, y Fondo Metropolitano para la Zona Metropolitana de Acayucan ejercicios 2013, 2014 y 2015; pago de interés que deberá hacer a mi representado, hasta que se realice el pago total de dichas aportaciones y participaciones.
"2) Se reclama del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la omisión en el cumplimiento de las obligaciones Constitucionales a su cargo, así como a lo dispuesto en el numeral sexto párrafo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal, toda vez que ha sido omiso en entregar las aportaciones y participaciones federales que le corresponden al Municipio de Soconusco, Veracruz, por concepto de Ramo General 33 y 23, y en lo particular a:
"a. Aportación del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del año 2016, por el total de $1'891,265.06 (un millón ochocientos noventa y un mil doscientos sesenta y cinco pesos 06/100 M.N.).
"b. Aportación del Fondo de Fortalecimiento Financiero para la Inversión, como se desglosa a continuación:
"1. FORTAFIN-A-2016 por un monto de $4'200.000.00 (cuatro millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.).
"2. FORTAFIN-B-2016, por un monto de $4'900.000.00 (cuatro millones novecientos mil pesos 00/100 M.N.).
"c. Aportación del Fondo Metropolitano para la Zona Metropolitana de Acayucan ejercicio 2013 por la cantidad de $6'246,874.33 (seis millones doscientos cuarenta y seis mil ochocientos setenta y cuatro pesos 33/100 M.N.), del ejercicio 2014 por un monto de $11'064,252.81 (once millones sesenta y cuatro mil doscientos cincuenta y dos pesos 81/100 M.N.) y ejercicio fiscal 2015, por el total de $12'180,780.12 (doce millones ciento ochenta mil setecientos ochenta pesos 12/100 M.N.).
"3) Se declare en la sentencia que se pronuncie en la controversia constitucional que ahora inicio, la obligación de las autoridades demandadas de restituir y entregar las cantidades que inconstitucionalmente han retenido a las participaciones que corresponden al Municipio que represento provenientes del Fondo por concepto de Ramo General 33 y 23, y en lo particular a:
"a. Aportación del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del año 2016, por el total de $1'891,265.06 (un millón ochocientos noventa y un mil doscientos sesenta y cinco pesos 06/100 M.N.).
"b. Aportación del Fondo de Fortalecimiento Financiero para la Inversión, como se desglosa a continuación:
"1. FORTAFIN-A-2016 por un monto de $4'200.000.00 (cuatro millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.).
"2. FORTAFIN-B-2016, por un monto de $4'900.000.00 (cuatro millones novecientos mil pesos 00/100 M.N.).
"c. Aportación del Fondo Metropolitano para la Zona Metropolitana de Acayucan ejercicio 2013 por la cantidad de $6'246,874.33 (seis millones doscientos cuarenta y seis mil ochocientos setenta y cuatro pesos 33/100 M.N.), del ejercicio 2014 por un monto de $11'064,252.81 (once millones sesenta y cuatro mil doscientos cincuenta y dos pesos 81/100 M.N.) y ejercicio fiscal 2015, por el total de $12'180,780.12 (doce millones ciento ochenta mil setecientos ochenta pesos 12/100 M.N.).
"Cantidades que fueron entregadas hace meses al Gobierno del Estado de Veracruz, por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
"Así como también se le condene al pago de intereses, a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones vigente al momento en que se dicte la resolución respectiva, por el retraso injustificado en entregarlas a mi representado."
2. SEGUNDO.—Antecedentes. En su escrito de demanda, el Municipio actor señaló, para lo que interesa destacar, los siguientes antecedentes:
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
1. El veintinueve de enero de dos mil dieciséis se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, el Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los recursos del "Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal" (FISMDF) entre los Municipios del Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal de 2016.
2. En términos del referido acuerdo, se asignó el monto que recibiría el Municipio de Soconusco, el cual debería cubrirse en diez pagos mensuales de enero a octubre de dos mil dieciséis; sin embargo, y a pesar de las distintas solicitudes y requerimientos a la secretaria de Finanzas de la entidad, el Gobierno del Estado de Veracruz ha sido omiso en realizar la entrega de las cantidades correspondientes a las mensualidades de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis, que asciende a la cantidad de $1'891,265.96 (un millón ochocientos noventa y un mil doscientos sesenta y cinco pesos 06/100 M.N.).
Fondo de Fortalecimiento Financiero para la Inversión
1. El diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Veracruz celebraron convenio para el otorgamiento de subsidios para la transferencia de los recursos federales con cargo al "Fondo de Fortalecimiento Financiero para la Inversión", autorizando distintos recursos a favor del Municipio actor.
2. En cumplimiento a lo anterior, el Municipio actor, previo cumplimiento de los requisitos necesarios, celebró dos convenios de coordinación para la transferencia, aplicación, destino, seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos federales con cargo al "Fondo de Fortalecimiento Financiero para Inversión-A-2016 (FORTAFIN-A-2016)" y al "Fondo de Fortalecimiento Financiero para Inversión-B-2016 (FORTAFIN-B-2016)" con el Gobierno del Estado de Veracruz, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
3. Por cuanto hace al FORTAFIN-A-2016, el convenio fue autorizado el siete de octubre de dos mil dieciséis por la Legislatura del Congreso del Estado; sin embargo, a la fecha el Gobierno del Estado de Veracruz ha sido omiso en realizar la entrega de los recursos desde diciembre de dos mil dieciséis, lo que asciende a la cantidad de $4'200,000.00 (cuatro millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.)
4. En relación al FORTAFIN-B-2016, el convenio fue autorizado el diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis por la Legislatura del Congreso del Estado, sin que a la fecha y desde el pasado diciembre de dos mil dieciséis el Estado de Veracruz haya entregado los recursos correspondientes por la cantidad de $4'900,000.00 (cuatro millones novecientos mil pesos 00/100 M.N.)
Fondo Metropolitano para la Zona Metropolitana de Acayucan
1. El Congreso del Estado aprobó la celebración del convenio de coordinación entre el Municipio actor y el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, para la aplicación, ejercicio, control y rendición de cuentas de los recursos federales del referido fondo, para los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015; sin embargo, y a pesar de que el actor cumplió los distintos requisitos establecidos y que dichos recursos ya han sido transferidos por parte de la secretaria de Hacienda y Crédito Público al Gobierno del Estado, éste ha sido omiso en la entrega de los recursos correspondientes que generan un total de "$40'482,392.32 (cuarenta millones cuatrocientos ochenta y dos mil trescientos noventa y dos pesos 32/100 M.N.)".
3. TERCERO.—Conceptos de invalidez. El Municipio actor expone, en esencia, lo siguiente:
- La autoridad demandada, al omitir la entrega de los recursos, transgrede el principio de integridad de los recursos federales, así como la libertad de administración hacendaria, prevista en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal.
- En términos del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal puede haber casos de excepción en los que resulte válida la afectación y retención de las participaciones federales que le corresponden a los Municipios; sin embargo, el caso no se encuentra en ninguna de esas hipótesis, por lo que resulta ilegal que las autoridades demandadas retengan sin justificación alguna los fondos y participaciones federales que se reclaman.
- No existe por parte del Municipio alguna manifestación de voluntad o consentimiento para que las autoridades estatales llevaran a cabo la omisión de entrega de tales fondos, esto es, no existe ningún acuerdo o convenio celebrado entre el Gobierno del Estado de Veracruz y el Municipio Soconusco en el que se comprometan los recursos que se reclaman, por lo que se transgrede su autonomía financiera.
- La entrega extemporánea de los recursos genera intereses de acuerdo con la jurisprudencia P./J. 46/2004 de rubro: "RECURSOS FEDERALES A LOS MUNICIPIOS. CONFORME AL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE SUS RECURSOS ECONÓMICOS, LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA GENERA INTERESES."
- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha determinado que el principio de integridad de los recursos municipales, consagrado en el artículo 115 de la Constitución Federal, ampara tanto a las aportaciones como participaciones federales, así como a los recursos transferidos por la Federación a los Municipios a través de las entidades federativas.
- Al retener los fondos correspondientes al Ramo 33, la autoridad demandada transgrede los principios de integridad y libre administración de los recursos municipales, así como el Sistema Federal de Coordinación Fiscal.
- Los citados principios también resultan aplicables a los recursos provenientes del Fondo Metropolitano para la Zona Metropolitana de Acayucan y del Fondo de Fortalecimiento para la Inversión, pues se trata de recursos transferidos por la Federación a los Municipios a través de los Estados.
- Al no haber entregado los recursos de los fondos correspondientes al Ramo 23, la autoridad demandada contraviene lo dispuesto en el artículo 6o., párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, pues no cuenta con elementos que acrediten que no recibió dichos recursos o, en su caso, que hayan sido devueltos a la Tesorería de la Federación ante algún incumplimiento por parte del Municipio actor.
4. CUARTO.—Artículos constitucionales señalados como violados. El Municipio actor expone que se contravienen los artículos 14, 16, 17, 20, 40, 41, 49, 115, 116, 122 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5. QUINTO.—Trámite de la controversia. Por acuerdo de diez de junio de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el expediente 221/2019; asimismo, ordenó turnarla al Ministro Luis María Aguilar Morales, como instructor del procedimiento, de conformidad con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.(1)
6. Posteriormente, mediante proveído de once de junio de dos mil diecinueve, el Ministro Luis María Aguilar Morales, en su calidad de instructor de la controversia constitucional, tuvo por presentada sólo a la síndica del Municipio actor con la personalidad que ostentó, al ser su atribución la representación legal del Ayuntamiento, admitió a trámite la demanda, y, entre otras cuestiones, ordenó emplazar como demandado al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
7. Además, requirió a la autoridad demandada para que, al rendir su contestación, enviara a este Alto Tribunal copias certificadas de todas las documentales relacionadas con los actos impugnados y ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.(2)
8. SEXTO.—Contestación extemporánea de la demanda. Por acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, el Ministro instructor determinó que el secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, en representación del Poder Ejecutivo de dicha entidad, dio contestación a la demanda de controversia constitucional de manera extemporánea; por otra parte, se le tuvo desahogando el requerimiento formulado al haber remitido copia certificada del oficio por el que se solicitó a la Secretaría de Finanzas de la entidad las documentales relacionadas con los actos impugnados.
9. Sin embargo, se requirió a la autoridad demandada para que exhibiera copia certificada de los convenios de coordinación celebrados con el Municipio actor, correspondientes a los Fondos para el Fortalecimiento Financiero del año 2016 (FORTAFIN-A-2016 y FORTAFIN-B-2016) y el Fondo Metropolitano para la Zona de Acayucan 2013 y 2014, así como de las constancias donde se establecieran los montos y periodos de pago de tales fondos, apercibiéndose que, en caso de no hacerlo, se le impondría una multa.
10. De la misma manera, se requirió al Municipio actor a efecto de que presentara en copia certificada los referidos convenios de coordinación, así como los documentos que demuestren que cumplió con los requisitos establecidos para la obtención de los montos y proyectos autorizados en los fondos en comento por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, apercibido que, de ser omiso, se resolvería lo que en derecho correspondiera conforme a las constancias que obren en autos.(3)
11. SÉPTIMO.—Opinión del fiscal general de la República y de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. El fiscal general de la República y de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal se abstuvieron de formular pedimento.
12. OCTAVO.—Audiencia. Agotado el trámite respectivo, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes y por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.(4)
13. Asimismo, y en cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de veintiséis de agosto de la presente anualidad, se tuvo al Poder Ejecutivo del Estado remitiendo los originales de los acuses de recibo de los oficios por los cuales solicitó a la Secretaría de Finanzas de la entidad las documentales relacionadas con los actos impugnados.(5)
CONSIDERANDO:
14. PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio actor y el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal en Pleno.
15. SEGUNDO.—Precisión de los actos impugnados. Antes de entrar al análisis de la oportunidad de la demanda, es preciso determinar cuál es el acto o los actos concretos y específicamente reclamados por el Ayuntamiento actor.
16. A fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de conformidad con los artículos 39, 40 y 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II, del Artículo 105 Constitucional, resulta procedente hacer las siguientes precisiones que derivan de la lectura integral y sistemática de la demanda, de las documentales exhibidas como pruebas.
17. En cuanto a lo señalado por el Municipio actor, destaca que ha solicitado a la Secretaría de Finanzas del Estado de Veracruz el pago del recurso federal correspondiente al concepto del Ramo 33, sin que a la fecha de presentación de la demanda se haya realizado. Asimismo, menciona que reclama como adeudo los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis.
18. Asimismo, sostiene que el Gobierno del Estado de Veracruz ha sido omiso en entregar desde el mes de diciembre, los recursos del FORTAFIN-A-2016, así como del FORTAFIN-B-2016, correspondientes al concepto del Ramo 23.
19. De la misma manera señala en su demanda que la autoridad demandada no le ha transferido los recursos del Fondo Metropolitano para la Zona Metropolitana de Acayucan, correspondientes a los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015, aun cuando fueron entregados de manera oportuna por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz.
20. Por último, solicita que se condene a la demandada al pago de intereses que se hayan generado, en virtud de la falta de pago injustificada de los fondos reclamados.
21. De lo anterior, se puede afirmar que el Municipio actor efectivamente impugna:
1) La omisión de pago de las aportaciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis;
2) La omisión de pago de las aportaciones del Fondo de Fortalecimiento Financiero para la Inversión (FORTAFIN-A-2016 Y FORTAFIN-B-2016) desde el mes de diciembre de dos mil dieciséis;
3) La omisión de pago de las aportaciones del Fondo Metropolitano para la Zona Metropolitana de Acayucan correspondientes a los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015; y,
4) El pago de intereses que se hubieren generado por el retraso injustificado en el pago de los recursos correspondientes a los referidos fondos.
22. En consecuencia, los actos impugnados que se precisan en este apartado serán los que se estudiarán a la luz de los preceptos constitucionales aplicables al caso, en atención a la jurisprudencia P./J. 98/2009,(6) emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA."
23. TERCERO.—Oportunidad. A continuación se determinará si la controversia fue promovida en tiempo.
24. En virtud de los actos precisados, cabe destacar que respecto de las controversias constitucionales en las que se impugnan actos de naturaleza negativa –es decir, los que implican un no hacer– el Pleno de este Alto Tribunal ha establecido diversas directrices para proceder a su estudio, las cuales fueron reiteradas al resolverse la controversia constitucional 135/2016.
25. Al resolver la controversia constitucional 3/97,(7) se destacó que de conformidad con los artículos 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 10 y 21 de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del propio precepto constitucional, corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre las entidades, poderes u órganos que se precisan en la fracción I del artículo 105 constitucional y 10 de su ley reglamentaria, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, sin que hagan distinción alguna sobre la naturaleza de los actos que pueden ser objeto de la acción, por lo que al referirse dichos numerales, en forma genérica a "actos", debe entenderse que éstos pueden ser, atendiendo a su naturaleza, tanto positivos –implican un hacer– como negativos –implican un no hacer u omisión–.
26. Lo anterior se reflejó en la jurisprudencia P./J. 82/99,(8) de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. PROCEDE IMPUGNAR EN ESTA VÍA LAS QUE SE SUSCITEN ENTRE LAS ENTIDADES, PODERES U ÓRGANOS A QUE SE REFIERE LA LEY REGLAMENTARIA RESPECTIVA, SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE SUS ACTOS POSITIVOS, NEGATIVOS Y OMISIONES."
27. Por otra parte, en la ejecutoria que resolvió la diversa controversia constitucional 10/2001,(9) se determinó que los actos de naturaleza negativa tienen el carácter de continuos, pues al implicar un no hacer por parte de la autoridad, generan una situación permanente que no se subsana mientras no se realice la obligación de hacer, la cual se reitera día a día mientras subsista la actitud omisiva.
28. De esto se concluyó que, como regla general, dada la reiteración constante de la omisión, el plazo para su impugnación también se actualiza día a día, permitiendo entonces que la demanda pueda presentarse en cualquier momento, mientras que tal omisión persista.
29. La regla general de mérito se ve reflejada en la jurisprudencia P./J. 43/2003,(10) de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN."
30. Cabe destacar que para que se actualice la aplicación de la regla general de referencia, se requiere de la existencia de una falta absoluta de actuación de la demandada y no del solo incumplimiento parcial o de la mera infracción de alguna disposición legal, por ejemplo, la emisión de un oficio –acto positivo– que no cumpla con todos los requisitos previstos en las disposiciones conducentes.
31. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 66/2009,(11) de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE PUEDA PROMOVERSE CON MOTIVO DE UNA ‘OMISIÓN’ IMPUTADA A LA PARTE DEMANDADA, ES NECESARIO COMPROBAR SU INACTIVIDAD."
32. En consecuencia, sólo si el demandado demuestra que llevó a cabo el acto cuya omisión se le imputa y que tal circunstancia fue del conocimiento del actor antes de la presentación de la demanda de controversia constitucional, entonces resultará inexistente el acto negativo impugnado y procederá sobreseer en el juicio por ese motivo.
33. De lo anterior, puede concluirse válidamente que en caso de que se solicite el pago de intereses con motivo de una entrega atrasada de participaciones federales, el plazo de treinta días para presentar la demanda de controversia constitucional, empieza a correr con motivo del conocimiento que tenga el Municipio respectivo de la fecha en que se llevó a cabo dicha entrega.
34. Por ende, la falta pago de intereses, en el caso descrito, no puede estimarse como una mera omisión o acto de naturaleza negativa respecto del cual pueda presentarse en cualquier momento la demanda de controversia constitucional, pues no se trata de una abstención absoluta, puesto que se encuentra íntimamente relacionada con un acto positivo consistente en la entrega de la participación federal, es decir, se trata de un accesorio vinculado con el pago del principal.
35. Apoya las consideraciones precedentes –por identidad de razón– la jurisprudencia P./J. 113/2010,(12) de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA PROMOVERLA CONTRA UNA OMISIÓN DERIVADA DE UN ACTO POSITIVO QUE NO SE CONTROVIRTIÓ OPORTUNAMENTE ES EL QUE RIGE LA IMPUGNACIÓN DE ÉSTE."
36. Ahora, el artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia no establece plazo para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista.
37. Lo anterior es acorde a la tesis número P./J. 43/2003,(13) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro anteriormente citada.
38. En el caso, se impugna la omisión total por parte del Poder Ejecutivo del Estado de entregar los recursos económicos que le corresponden al Municipio actor, de las aportaciones del Fondo para la Infraestructura Social, Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis, de las aportaciones del Fondo de Fortalecimiento Financiero para la Inversión (FORTAFIN-A-2016 Y FORTAFIN-B-2016) desde el mes de diciembre de dos mil dieciséis, así como de las del Fondo Metropolitano para la Zona Metropolitana de Acayucan correspondientes a los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015.
39. Por tanto, y toda vez que, de forma preliminar, no se puede advertir la existencia de alguna entrega parcial u otro acto positivo, es que la presentación de la demanda se estima oportuna.
40. CUARTO.—Legitimación Activa. Por cuanto hace a la legitimación activa, debe tenerse presente que el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé, literalmente, lo siguiente:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
"...
"i) Un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. ..."
41. Por su parte, los artículos 10, fracción I, y 11, primer párrafo, ambos de la ley reglamentaria de la materia señalan, expresamente, lo siguiente:
"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
"I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia. ..."
"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. ..."
42. De los preceptos legales reproducidos se desprende, sustancialmente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre un Estado y uno de sus Municipios, en relación con la constitucionalidad de sus actos; además, que tendrá el carácter de actor, la entidad, poder u órgano que la promueva, que deberá comparecer al juicio por conducto del funcionario que, en términos de la norma que lo rige, esté facultado para representarlo.
43. En el caso, la demanda de controversia constitucional fue suscrita por Lucinda Joachín Culebro y Rolando Sinforoso Rosas, en su carácter de síndica municipal y presidente municipal, respectivamente, del Municipio de Soconusco, Veracruz de Ignacio de la Llave; sin embargo, es necesario recordar que por acuerdo de diez de junio del dos mil diecinueve, el Ministro Instructor tuvo únicamente por presentada a la síndica municipal.
44. La funcionaria acredita su personalidad con la copia certificada de la Constancia de Mayoría y Validez que la acredita como síndica expedida por e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29394-606cd106/i-controversia-constitucional-cuando-se-trate-de-omisiones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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