DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA SU PRESENTACIÓN, CUANDO SE TRATE DE RESOLUCIONES NOTIFICADAS MEDIANTE LISTA ELECTRÓNICA EN TÉRMINOS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 3 DE DICIEMBRE DE 2019. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JORGE MERCADO MEJÍA, PATRICIA ELIA CERROS DOMÍNGUEZ Y GERARDO DÁVILA GAONA. PONENTE: JORGE MERCADO MEJÍA. SECRETARIA: DULCE GUADALUPE CANTO QUINTAL.
II. Competencia
9. Este Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 226, fracción III, de la Ley de Amparo,(7) así como 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(8) en relación con el diverso artículo primero transitorio del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito,(9) por tratarse de una posible contradicción de tesis entre criterios sustentados en asuntos de su competencia por Tribunales Colegiados de este Circuito.
III. Legitimación
10. La denuncia de la presente contradicción de tesis proviene de parte legitimada, porque fue presentada por la Magistrada presidenta del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito. Por tanto, formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
IV. Existencia de la contradicción
11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para que se actualice la contradicción de tesis basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales.
12. El criterio de referencia se encuentra previsto en la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(10)
13. Conforme a dicha jurisprudencia, la existencia de la contradicción de tesis no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales respectivos, sino que tan sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.
14. Así, para considerar existente una contradicción de tesis deben surtirse los siguientes requisitos:
a) Los tribunales contendientes deben haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos debe existir algún punto de toque, es decir, un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c) Lo anterior debe dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
15. En el caso se actualizan todos los requisitos de referencia, tal como enseguida se demostrará:
16. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas sometidas a su consideración, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo, para llegar a una solución determinada.
17. En efecto, que el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito resolvió el recurso de queja 86/2018(11), en el que sustentó que de la interpretación sistemática y armónica de los artículos 116, 118, 119 y 121 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo, se obtiene lo siguiente: i. Las notificaciones que no deban ser personales se harán por la lista electrónica que se publicará diariamente en la página oficial del tribunal. Lo anterior con independencia de que también se hagan en el tribunal si las personas que han de recibirlas acuden a él a más tardar el día siguiente al en que se dicten las resoluciones que han de notificarse; ii. Si las partes no ocurren al tribunal a notificarse, la notificación se dará por hecha e iniciará su término a partir de las doce horas del día siguiente a su publicación electrónica en la página del tribunal; y, iii. En los casos diversos a emplazamiento y notificación personal los términos judiciales empezarán a correr al día siguiente a aquel en que surtió sus efectos la notificación. Así, tratándose de notificaciones por lista electrónica, cuando la interesada no acuda al tribunal a notificarse, ésta se tendrá por hecha e iniciará su término a partir de las doce horas del día siguiente a dicha publicación electrónica.
18. El órgano colegiado indicó que en cuanto al primer supuesto, esto es, que la notificación se dará por hecha a partir de las doce horas del día siguiente a la publicación electrónica, surte sus efectos en ese momento, es decir, cuando se tiene por hecha, pues lógicamente no podía surtirlos antes de tenerse por realizada.
19. En este tenor, el Tercer Tribunal Colegiado estableció que conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado, mas no a partir de las doce horas del día siguiente a la publicación electrónica como lo refiere el código citado.
20. De este modo sostiene que si acorde con la ley del acto la notificación de la resolución reclamada se tiene por hecha a las doce horas del día siguiente al de su publicación por lista electrónica, el plazo para promover el juicio de amparo inicia al día hábil siguiente, sin que sea obstáculo para lo anterior, precisó, que el artículo 118 señalado establezca que la notificación electrónica se tendrá por hecha e iniciará su término a partir de las doce horas del día siguiente a la publicación electrónica, porque dicha disposición es aplicable sólo para los actos procesales establecidos en el código procesal civil para el Estado, pero no para la promoción del juicio de amparo, cuyo plazo se regula en la ley de la materia.
21. Las consideraciones mencionadas fueron reflejadas en la tesis aislada XXVII.3o.72 C (10a.), de título y subtítulo: "NOTIFICACIONES POR LISTA ELECTRÓNICA. EL INICIO DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE SE TENGAN POR HECHAS, SÓLO APLICA PARA LOS ACTOS PROCESALES ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO Y NO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO."(12)
22. Por su lado, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito resolvió el recurso de reclamación 17/2019, el cuatro de julio de dos mil diecinueve, en cuya resolución indicó no compartir el criterio contenido en la tesis citada en el párrafo que antecede del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, ya que en caso de que ese criterio fuera jurisprudencia no lo vincula, como deriva del artículo 217 de la Ley de Amparo.
23. En consecuencia, el órgano colegiado determinó que, de conformidad con los artículos 116, 118, 119 y 121 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo, cuando la sentencia de apelación se notifica por boletín electrónico, el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo directo inicia a las doce horas del día siguiente hábil al de su publicación.
24. Lo anterior dado que, precisó el Segundo Tribunal Colegiado, una vez dictado el fallo, éste se integra a la lista electrónica que aparece diariamente en la página oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, que se publica y envía a más tardar a las doce horas del día siguiente al en que se pronuncie la determinación legal, sin perjuicio de que desde que se dicte, las partes se den por notificadas si acuden al tribunal.
25. De ahí que estableció el Tribunal Colegiado, cuando la sentencia se pronuncia, por ejemplo, el 2, se publica electrónicamente el 3 a las 12:00 horas, por tanto, concluyó que el 4 a partir de las 12:00 horas inicia el cómputo del término de quince días hábiles para promover el amparo directo.
26. Las anteriores consideraciones se sustentaron en la tesis aislada XXVII.2o.7 C (10a.), de título y subtítulo: "NOTIFICACIÓN POR BOLETÍN ELECTRÓNICO. MOMENTO EN QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO, SI LA SENTENCIA DE APELACIÓN SE NOTIFICA POR ESE MEDIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)."(13)
27. Luego, es claro que los Tribunales Colegiados contendientes ejercieron el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo de los numerales 116, 118, 119 y 121 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo, con base en los cuales se estableció el momento en que inicia el plazo de quince días para promover la demanda de derechos fundamentales, a que se refieren los artículos 17, primer párrafo, y 18, ambos de la Ley de Amparo,(14) en el caso de que el acto reclamado se constituya por la sentencia de apelación notificada por lista electrónica.
28. Segundo requisito: Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Ahora bien, este Tribunal Pleno considera que en los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados contendientes existe un punto de toque con respecto a la resolución de un mismo tipo de problema jurídico.
29. En efecto, mientras el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito considera que tratándose de notificaciones por lista electrónica, cuando la interesada no acuda al tribunal a notificarse, aquélla surte sus efectos a partir de las doce horas del día siguiente a la publicación, es decir, cuando se tiene por hecha, pues lógicamente no podía surtirlos antes de tenerse por realizada; por lo que, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado, mas no a partir de las doce horas del día siguiente a la publicación electrónica como lo refiere el código citado; el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito considera que, de conformidad con los artículos 116, 118, 119 y 121 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo, cuando la sentencia de apelación se notifica por boletín electrónico, el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo directo inicia a las doce horas del día siguiente hábil al de su publicación por boletín electrónico.
30. Tercer requisito: Surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción. Derivado de lo anterior, este tribunal Pleno observa que los criterios de los tribunales contendientes dan lugar a la formulación de una genuina pregunta. Concretamente, el problema por resolver admite ser fraseado de la siguiente manera:
i. ¿Para efectos de la presentación de la demanda de amparo directo, en qué momento surten efectos las notificaciones por lista electrónica realizadas conforme al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo?
ii. ¿Cuándo inicia el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo directo si el acto reclamado se notifica mediante la lista electrónica prevista en el Código de Procedimientos Civiles de Quintana Roo?
V. Criterio que debe prevalecer
31. Como respuesta a los cuestionamientos anteriores, debe prevalecer el criterio sustentado por este Pleno de Circuito, al tenor de las consideraciones que se desarrollan en el presente apartado.
32. Asimismo, de forma previa se considera que en aras de otorgar una mayor seguridad jurídica, resulta conveniente unificar tal criterio en este asunto, en beneficio y protección de los derechos fundamentales de los individuos que intervienen en un proceso judicial y del sistema jurídico en general.
33. La jurisprudencia que surge a partir de la resolución de una contradicción de tesis, en virtud de su forma de integración y carácter obligatorio, tiene como finalidad unificar el orden jurídico, lo que afianza el principio de seguridad jurídica en la medida en que el ciudadano tendrá mayor certeza de la forma en que se le aplicará el derecho. De igual modo, la previsibilidad y la continuidad de la respuesta de los tribunales constituye también una cuestión de igualdad y seguridad jurídica, es decir, que ante la existencia de supuestos iguales, la solución sea la misma.
34. De ahí la importancia de fijar un solo criterio que otorgue unidad interpretativa al tema y, por tanto, que las respuestas a las preguntas planteadas en esta contradicción sean aplicables a todos los casos en donde se practique una notificación por lista electrónica conforme al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo, para determinar con certeza cuándo inicia el plazo para presentar la demanda de amparo directo.
35. Esto, porque la interpretación de la ley procesal civil conforme a las siguientes consideraciones permite determinar el criterio obligatorio relativo al momento en que surte efectos la notificación por lista electrónica, para así determinar cuándo inicia el plazo para la promoción del juicio de amparo directo, entonces, este Pleno puede –con base en una jurisprudencia– construir una sola respuesta, en razón de que la seguridad jurídica es un derecho fundamental que irradia a todos los órdenes jurídicos.
36. Ahora bien, debe especificarse que la presente contradicción analizará los numerales 116, 118, 119 y 121 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo, en relación con el artículo 18 de la Ley de Amparo vigente, en virtud de que los respectivos Tribunales Colegiados del conocimiento resolvieron de conformidad con tales preceptos.
37. Lo anterior, porque el problema jurídico planteado subsiste y tiene repercusión en las decisiones de los tribunales federales, al existir la posibilidad de que en el ordenamiento procesal que se analiza, los tribunales continúen interpretando la hipótesis de una forma u otra, generando inseguridad jurídica; motivo por el cual resulta importante precisar la forma en la que deberá aplicarse el artículo 18 de la Ley de Amparo, para realizar el cómputo para la promoción del juicio de amparo, en los casos en que el acto reclamado fue notificado por lista electrónica conforme a los artículos invocados del código procesal civil del Estado.
38. En esta línea de pensamiento, es importante recordar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, al resolver la contradicción de tesis 57/2008-PL, el veintidós de junio de dos mil diez, que el artículo 21 de la Ley de Amparo abrogada establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de garantías, los cuales se cuentan, por regla general y respectivamente, a partir del día siguiente en que acontece cualquiera de los tres supuestos:
a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame;
b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o,
c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos.
39. Esto es, conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo abrogada, el juicio de garantías debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos.(15)
40. En sus razonamientos, el Pleno del Alto Tribunal del País también añadió que para la promoción del juicio de amparo no existe una sola forma de iniciar el cómputo del plazo, pues ante la existencia de los tres supuestos, no es necesario que el quejoso espere a la notificación del acto sino que puede hacerlo con anterioridad, si tiene conocimiento por cualquier otro medio.
41. En ese sentido, de forma similar a lo que estudió el Máximo Tribunal de nuestro País en aquella contradicción,(16) es posible señalar que el numeral 18 de la Ley de Amparo establece la misma regla general, esto es, el cómputo debe realizarse a partir del día siguiente de cuando se actualice cualquiera de estos tres supuestos: i) que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; ii) que haya tenido conocimiento; o, iii) que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución.
42. De esa forma resulta claro, como primera regla, la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, es a partir del día siguiente de acuerdo a la actualización de cada una de las hipótesis.
43. Así, en la especie, el punto en contradicción cuestiona lo que debe hacerse de acuerdo a la primera de las hipótesis, esto es, en los casos en los que existe notificación por lista electrónica, ya que de las ejecutorias que dieron origen al presente asunto se desprende que se analizó la oportunidad de la promoción del juicio de amparo a partir de la referida notificación por lista electrónica practicada por las autoridades responsables. En ese contexto, la duda se genera a partir de la interpretación de la hipótesis normativa contenida en el artículo 118 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo, en su porción que indica: "la notificación se dará por hecha e iniciará su término a partir de las doce horas del día siguiente a su publicación electrónica en la página del tribunal", en relación con lo establecido en el numeral 18 de la Ley de Amparo.
44. En respuesta a dicho cuestionamiento, este Pleno de Circuito considera que debe partirse de la premisa jurídica establecida en el artículo 18 de la Ley de Amparo que señala, en lo que interesa, que el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame.
45. Asimismo, debe precisarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2015, emitió las jurisprudencias P./J. 10/2017 (10a.) y P./J. 11/2017 (10a.), de títulos y subtítulos: "NOTIFICACIONES. POR REGLA GENERAL SURTEN SUS EFECTOS EN EL MOMENTO EN EL QUE SE PRACTICAN, SALVO DISPOSICIÓN LEGAL EXPRESA.",(17) y la diversa: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA."(18)
46. En la mencionada contradicción de tesis 57/2015, en lo que interesa al presente asunto, nuestro Máximo Tribunal de Justicia sostuvo, en relación con el artículo 18 de la Ley de Amparo, que el surtimiento de efectos de las notificaciones al día siguiente en que se practican no puede considerarse una regla general ni absoluta, pues está condicionada a lo que determine la ley que rige el acto reclamado.
47. De manera que, en el caso, debe definirse el alcance legal de las porciones normativas que antes se han precisado a fin de establecer cómo se computará el plazo para promover el juicio de amparo cuando el acto reclamado se haya notificado por lista electrónica, para lo cual es necesario determinar en qué momento se tiene por hecha y surte sus efectos dicha notificación electrónica.
48. Sentado lo anterior, para resolver la presente contradicción de tesis, es preciso considerar el contenido de la legislación procesal civil en el Estado de Quintana Roo, respecto de las notificaciones y términos, para determinar en qué momento se tiene por hecha y surte efectos una notificación por lista electrónica, para que hecho lo anterior, el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo se compute a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos dicha notificación por lista electrónica.
49. En razón de ello, a continuación se transcriben los artículos de dicha legislación referente a los capítulos de términos y notificaciones, los cuales señalan lo siguiente:
Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
"Capítulo V
"De las notificaciones
"Artículo 105. Las notificaciones, citaciones y emplazamientos se efectuarán dentro de los tres días siguientes al en que se dicten las resoluciones que las prevengan, cuando el Juez o la ley no dispusieren otra cosa."
(Reformado, P.O. 15 de abril de 2013)
"Artículo 106. Las notificaciones se harán personalmente, por cédula, por lista electrónica, por edictos, por radiodifusión, por telégrafo, correo y por correo electrónico."
(Reformado primer párrafo, P.O. 15 de abril de 2013)
"Artículo 107. Todos los litigantes en su primer escrito o en la primera diligencia judicial en que intervengan, deben designar casa ubicada en la población en que resida el tribunal, para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias, asimismo deberán manifestar su voluntad para notificarse a través del correo electrónico que el Poder Judicial les otorgue siempre que no impliquen una notificación personal. En caso de no proporcionarlo, la notificación se le hará por medio de la lista electrónica, sin embargo podrá visualizar el acuerdo dictado siempre y cuando de su alta en la administración, misma que le proporcionará su correo electrónico, o en su defecto acudir personalmente al juzgado.
"Igualmente el litigante debe designar la casa en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan.
(Reformado [N. de E. adicionado], P.O. 15 de abril de 2013)
"Para el caso del correo electrónico que el Poder Judicial le otorgue a los litigantes estos deberán presentarse ante el administrador de correos del Poder Judicial, quien le proporcionará su cuenta respectiva, la que le servirá para todos los juicios en que sea parte litigante y se ventilen en cualquiera de los juzgados, mismo que deberá ser utilizado para los juicios única y exclusivamente; y para efectos de almacenamiento durará un plazo no mayor de sesenta días, luego del cual serán depurados del correo.
(Reformado [N. de E. adicionado], P.O. 15 de abril de 2013)
"Si durante el transcurso de la tramitación del juicio, el abogado litigante es revocado o sustituido por otro, se suspenderá (sic) las notificaciones respectivas, a partir del dictado del acuerdo correspondiente, debiendo el juzgado realizar la limitación en el sistema únicamente por lo que ha (sic) ese juicio se refiere y dará acceso al sustituto si cuenta con un correo electrónico ya proporcionado por el Poder Judicial o éste deberá presentarse ante el administrador de correos quien le proporcionará la cuenta que le corresponda.
(Reformado, P.O. 15 de abril de 2013)
"Cuando el litigante no cumpla con lo prevenido en la primera parte de este artículo, las notificaciones, aun las que, conforme a las reglas generales, deben hacerse personalmente, se le harán por lista electrónica, si faltare a lo dispuesto en el párrafo segundo, no se hará notificación alguna a la persona contra quien promueva, hasta que se subsane la omisión.
(Adicionado, P.O. 24 de julio de 2015)
"Todo licenciado en derecho deberá presentar en su primer escrito o diligencia judicial en la que intervenga, su cédula profesional y copia simple de ésta, para el efecto de que el Juez o Magistrado, mediante el acuerdo correspondiente, coteje la misma y reconozca al compareciente su calidad como profesional en derecho. Asimismo se le asignará una cuenta de acceso al sistema de notificaciones electrónicas la cual deberá mantenerla activa, misma donde recibirá todas y cada una de las notificaciones, inclusive las personales, cuando así lo solicite, y que le servirá para identificarse en los diversos juicios que promueva en los distintos distritos judiciales del Estado.
(Adicionado, P.O. 24 de julio de 2015)
"Los profesionales en derecho que aún no hayan iniciado un procedimiento civil y deseen obtener su número de usuario para futuros trámites ante diversas instancias judiciales pueden acudir ante la administración de gestión judicial, en donde se le (sic) otorgará el número de usuario que le corresponda.
(Adicionado, P.O. 24 de julio de 2015)
"Respecto al registro de licenciados en derecho, los datos mínimos que se requieren para que al usuario se le asigne un correo institucional, serán: nombre, edad, profesión, correo electrónico y domicilio. El administrador del sistema deberá verificar el cumplimiento estricto de éstos."
(Reformado, P.O. 15 de abril de 2013)
"Artículo 108. Entretanto que el litigante no hiciere nueva designación de la casa en donde se practiquen las diligencias y se hagan las notificaciones, seguirán haciéndosele en la que para ello hubiere designado y las diligencias en que debiere tener intervención se practicarán en la lista electrónica."
"Artículo 109. Será notificado personalmente en el domicilio de los litigantes:
"I. El emplazamiento del demandado, y siempre que se trate de la primera notificación en el juicio, aunque sean diligencias preparatorias;
"II. El auto que ordena la absolución de posiciones o reconocimiento de documentos;
"III. (Derogada, P.O. 15 de abril de 2013)
"IV. Cuando el tribunal lo estime necesario y así se ordene;
"V. El requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo;
"VI. La sentencia definitiva; y
"VII. La sentencia que decrete el lanzamiento del inquilino de la casa habitación y la resolución que decrete su ejecución."
(Adicionado, P.O. 15 de abril de 2013)
"Artículo 109 Bis. Serán notificados a las partes por medio de correo electrónico, los acuerdos que recaigan a las siguientes peticiones:
"I. Solicitud de copias simples o certificadas;
"II. Cambio o señalamientos de nuevos domicilios;
"III. Autorización para oír y recibir notificaciones;
"IV. Reconocimiento de personalidad;
"V. Consignación de pensión alimenticia;
"VI. Audiencias de avenimiento en divorcio voluntario;
"VII. Cambio de depositario.
"En virtud de la notificación por correo electrónico, tratándose de las fracciones III y IV, una vez realizado el acuerdo correspondiente por el juzgado, se notificará a la administración de correos, a fin de que éste haga el registro y la actualización del mismo a que se refieren tales fracciones."
"Artículo 110. Cuando variare el personal de un tribunal, no se proveerá decreto haciendo saber el cambio, sino que al margen del primer proveído que se dictare, después de ocurrido, se pondrán completos los nombres y apellidos de los nuevos funcionarios. Sólo que el cambio ocurriere cuando el negocio esté pendiente únicamente de la sentencia, se mandará hacer saber a las partes."
"Artículo 111. La primera notificación se hará personalmente al interesado, o a su representante o mandatario, en la casa designada; y no encontrándolo el notificador, le dejará cédula en la que hará constar la fecha y hora en que la entregue, el nombre y apellido del promovente, el Juez o tribunal que manda practicar la diligencia, la determinación que se manda notificar y el nombre y apellido de la persona a quién se entrega, recogiéndole la firma. Si ésta no supiere o no quisiere firmar se hará constar en la razón que se asentará del acto."
(Reformado primer párrafo, P.O. 25 de julio de 2014)
"Artículo 112. Si se tratare de la notificación de la demanda y a la primera busca no se encontrare el demandado ni persona alguna con quien entender la diligencia o habiéndola se negara; una vez cerciorado debidamente el actuario de que ahí vive la persona buscada, se fijará el citatorio en el domicilio señalado, en lugar visible, y el actuario a través de los medios electrónicos dejará constancia de ello, como puede ser la impresión fotográfica, o cualquier otro medio, y si no espera se le hará la notificación por cédula.
"La cédula, en los casos de este artículo y del anterior, se entregará a los parientes, empleados o domésticos del interesado o a cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, después de que el notificador se haya cerciorado de que ahí lo tiene la persona que debe ser citada; se expondrán en todo caso los medios por los cuales el notificador se haya cerciorado de que ahí tiene su domicilio la persona que debe ser notificada.
"Además de la cédula, se entregarán a la persona con quien se entienda la diligencia, copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada y en su caso, copias simples de los demás documentos que el actor haya exhibido con su libelo inicial.
"Si ninguna persona quisiere recibir la cédula, se fijará en la puerta, asentándose razón de tal circunstancia, quedando en todo caso en el juzgado, y a su disposición las copias de traslado.
(Adicionado, P.O. 25 de julio de 201
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29435-99974f5d/demanda-de-amparo-directo-computo-del-plazo-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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