DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA SU PRESENTACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN LA AUDIENCIA DEL JUICIO ORAL CIVIL, INICIA EL DÍA SIGUIENTE A SU CELEBRACIÓN (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO Y DÉCIMO SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 5 DE NOVIEMBRE DE 2019. MAYORÍA DE TRECE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JAIME AURELIO SERRET ÁLVAREZ, PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ CORDERO, ETHEL LIZETTE DEL CARMEN RODRÍGUEZ ARCOVEDO, ELISEO PUGA CERVANTES, FORTUNATA FLORENTINA SILVA VÁSQUEZ, MARÍA DEL REFUGIO GONZÁLEZ TAMAYO, MARCO POLO ROSAS BAQUEIRO, MARTHA GABRIELA SÁNCHEZ ALONSO, FERNANDO RANGEL RAMÍREZ, GONZALO ARREDONDO JIMÉNEZ, JOSÉ RIGOBERTO DUEÑAS CALDERÓN, MANUEL ERNESTO SALOMA VERA Y ALEJANDRO SÁNCHEZ LÓPEZ (PRESIDENTE). DISIDENTES: MARÍA DEL CARMEN AURORA ARROYO MORENO Y ROBERTO RAMÍREZ RUIZ. PONENTE: MANUEL ERNESTO SALOMA VERA. SECRETARIA: ILEANA HERNÁNDEZ CASTAÑEDA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito es competente para conocer de la contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios, suscitada entre Tribunales Colegiados en Materia Civil de este Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(2) en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes de un Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito.
TERCERO.—Antecedentes y criterios contendientes. Con la finalidad de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, es pertinente tomar en cuenta los antecedentes que motivaron los criterios que se estiman discrepantes que, en síntesis, son los siguientes:
Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo directo 451/2018, relacionado con el DC. 450/2018 y DC. 495/2018.
1. ********** demandó a ********** y **********, en la vía oral civil –acción reivindicatoria–, de quienes reclamó, entre otras prestaciones, la entrega material de un vehículo automotor.
2. El asunto quedó radicado bajo el expediente 596/2017, del índice del Juzgado Vigésimo de lo Civil de Proceso Oral en la Ciudad de México, cuyo titular dictó sentencia definitiva el nueve de mayo de dos mil dieciocho, en el sentido de condenar a los demandados a entregar a la actora el vehículo automotor.
3. Inconforme con la determinación anterior, ********** promovió juicio de amparo directo, del que correspondió conocer al Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, bajo el expediente 451/2018, relacionado con el DC. 450/2018 y DC. 495/2018.
4. Previos trámites de ley, en sesión de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, el Tribunal Colegiado dictó sentencia, en la que determinó conceder la protección constitucional.
En la parte que interesa, el órgano de amparo sostuvo lo siguiente:
• Es infundada la causa de improcedencia planteada por la tercera interesada, en términos del artículo 61, fracción XIII, en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, bajo el argumento de que la quejosa promovió el juicio biinstancial fuera de los términos previstos legalmente.
• El artículo 990 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal(3) señala que las resoluciones judiciales pronunciadas en las audiencias se tienen por notificadas en ese mismo acto, sin formalidad alguna a quienes estén presentes o debieron haber estado.
• La Suprema Corte ha señalado que cuando un código adjetivo no prevea a partir de cuándo surten efectos las notificaciones, ello será el mismo día en que se practiquen, sin importar si el procedimiento del que deriva el acto impugnado es en materia administrativa, civil, mercantil o penal.
• El surtimiento de efectos de una notificación consiste en el momento en que el conocimiento de una resolución vincula al interesado que la recibe o a quien se dirige, por lo que se presume que conoce su contenido y empiezan a correr los plazos para hacer valer algún derecho.
• Cuando los ordenamientos no señalen el momento en que deban surtir efectos las notificaciones, debe entenderse aplicable la regla general consistente en que es en el momento en que fueron hechas, por lo que los cómputos correrán a partir del día siguiente en que se practicaron.
• Ante la ausencia de disposición expresa de cuándo surten efectos las notificaciones, no es dable considerar que ello acontece al día siguiente de que se realizaron, pues aquéllas gozan de la presunción de legalidad y de ser eficaces; por tanto, surten sus efectos en el momento en que se practican.
• Si el artículo 18 de la Ley de Amparo dispone que el órgano jurisdiccional debe verificar la ley que rige el acto reclamado para determinar cuándo surten efectos las notificaciones, es necesario el análisis armónico del ordenamiento correspondiente, específicamente al capítulo relativo a los términos, ya que en dicho capítulo se pueden advertir los efectos que se le imprimen a las notificaciones.
• En consecuencia, el cómputo del plazo para promover juicio de amparo inicia al día siguiente de la notificación y no es posible considerar un surtimiento de efectos al día siguiente.
• Así, no es necesaria la existencia de una norma expresa que regule la manera en que surtirán efectos las notificaciones, pues basta con acudir a la naturaleza de las notificaciones y la interpretación armónica del ordenamiento, en relación con la forma en que se computan los términos en la legislación que rige la actuación judicial impugnada en amparo, para estar en posibilidad de determinar cuándo surten efectos tales diligencias.
• Ilustra lo anterior la jurisprudencia P./J. 11/2017 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA."(4)
• En términos del artículo 990 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, las sentencias dictadas en los procedimientos orales se tendrán por notificadas en el acto de la audiencia, y los artículos 129 al 137 del mismo ordenamiento regulan los términos judiciales, de cuya literalidad no se advierte la existencia de alguna norma que establezca cuándo surten efectos las notificaciones practicadas en los procedimientos orales civiles.
• En el caso, es aplicable la jurisprudencia P./J. 11/2017 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte, pues se reclama la sentencia definitiva dictada y notificada el nueve de mayo de dos mil dieciocho, conforme al artículo 990 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, notificación que surtió efectos en esa misma fecha.
• Consecuentemente, si la demanda de amparo directo se presentó el treinta de mayo de dos mil dieciocho, su promoción es oportuna.
• Por otra parte, el criterio I.9o.C.17 C (10a.), sustentado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "SENTENCIA EN EL JUICIO ORAL CIVIL. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA DETERMINAR LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO EN SU CONTRA, INICIA A PARTIR DE QUE AQUÉLLA SE NOTIFICA EN LA PROPIA AUDIENCIA DONDE SE DICTA, SIEMPRE QUE OBRE CONSTANCIA FEHACIENTE DE QUE QUEDÓ A DISPOSICIÓN DE LAS PARTES COPIA DE LA DEFINITIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).", indica que el cómputo del término para determinar la presentación oportuna de la demanda de amparo directo debe iniciar a partir de la notificación hecha en la propia audiencia del juicio oral civil, siempre que obre constancia de que quedó a disposición de las partes copia de la sentencia definitiva.
• Por ende, al resultar el criterio referido contrario al que se sostiene, procede denunciar la contradicción de tesis ante el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito.
• Finalmente, el criterio I.11o.C.79 C (10a.), sustentado por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "JUICIO ORAL CIVIL. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO, CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN AQUÉL, INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA NOTIFICACIÓN HECHA EN LA PROPIA AUDIENCIA DONDE SE DICTE, SIEMPRE Y CUANDO OBRE CONSTANCIA FEHACIENTE DE QUE QUEDÓ A DISPOSICIÓN DE LAS PARTES O LES FUE ENTREGADA COPIA DE ÉSTA.",(5) coincide con las consideraciones anteriores, en el sentido de que la notificación de la sentencia definitiva del juicio oral surte efectos el mismo día en que se practica, por lo que el plazo para presentar la demanda de amparo directo inicia al día siguiente al de la notificación hecha en la propia audiencia.
Del asunto anterior derivó la tesis aislada I.12o.C.23 C (10a.),(6) de contenido siguiente:
"JUICIO ORAL CIVIL. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO, INICIA EL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN LA AUDIENCIA RELATIVA (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). De conformidad con el artículo 990 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, la sentencia definitiva dictada en el juicio oral civil se tendrá por notificada en el propio acto, sin necesidad de formalidad alguna, a quienes estén presentes o debieron estarlo. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 11/2017 (10a.), de título y subtítulo: ‘DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA.’, sostuvo que en todos aquellos casos en los que un código adjetivo local no establezca específicamente a partir de cuándo surten efectos las notificaciones, sin importar si el procedimiento del que deriva el acto impugnado es en materia administrativa, civil, mercantil o penal, surtirá efectos el mismo día en que se practiquen. De ahí que si en el código civil adjetivo local, no existe norma que establezca cuándo surten sus efectos las notificaciones efectuadas en los procedimientos orales civiles que, según la propia ley, se notifican en la misma audiencia, resulta aplicable, al caso, la jurisprudencia citada, que lleva a determinar que la notificación de la sentencia dictada en el juicio oral civil surte efectos el mismo día en que se realiza; consecuentemente, el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo directo, inicia el día siguiente al en que se notificó la sentencia definitiva dictada en la audiencia."
Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Recurso de reclamación 8/2013.
1. **********, por conducto de su mandatario judicial, promovió juicio de amparo directo contra la sentencia de siete de mayo de dos mil trece, emitida por el Juez Décimo Tercero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
2. El asunto quedó radicado bajo el expediente 383/2013, del índice del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuya titular lo desechó por extemporáneo en auto de seis de junio de dos mil trece, al considerar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1390 Bis 22 del Código de Comercio, la sentencia reclamada se notificó a la quejosa el siete de mayo de dos mil trece, surtió efectos al día siguiente, y el término de quince días transcurrió del nueve al veintinueve de mayo de dos mil trece.
3. Inconforme con la determinación anterior, **********, por conducto de su mandatario judicial, interpuso recurso de reclamación, el cual fue resuelto por dicho órgano colegiado en sesión de veintisiete de junio de dos mil trece, en el sentido de declararlo infundado, conforme a los razonamientos siguientes:
• Son ineficaces los agravios dirigidos a demostrar que la notificación del acto reclamado se practicó indebidamente, pues no son materia del recurso de reclamación, el cual se constriñe a verificar la legalidad del acuerdo de desechamiento de demanda, aunado a que la recurrente tuvo a su alcance el medio de defensa para combatir tal actuación.
• También son ineficaces los argumentos consistentes en que se pasó por alto que el siete de mayo de dos mil trece, sólo le leyeron los puntos resolutivos de la sentencia reclamada a la recurrente, por lo que no tuvo conocimiento completo del acto reclamado y, por tanto, no podía realizarse el cómputo para la presentación de la demanda de amparo a partir de esa fecha.
• Se afirma lo anterior, en virtud que de las constancias de origen se desprende que la recurrente estuvo presente en el local del juzgado responsable en la fecha en que se dictó sentencia, y que la secretaria de Acuerdos certificó que, en términos del artículo 990 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se tenían por notificadas de las resoluciones pronunciadas en la fecha de la audiencia.
• Con base en lo anterior, se tiene certeza de que las determinaciones de la audiencia en que se dictó sentencia debían notificarse conforme al artículo 990 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, por lo que la quejosa tuvo conocimiento del acto en esa fecha.
• No es obstáculo que la recurrente indique que resultan aplicables al caso los artículos 111, 123 y 125 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, pues el juicio oral civil prevé sus propias reglas especiales en materia de notificaciones, incluyendo a la sentencia definitiva que recaiga a tal procedimiento.
• Conforme a lo dispuesto en el artículo 990 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, las resoluciones que se dicten en las audiencias se tendrán por notificadas a las partes en el mismo acto y sin que medie alguna formalidad.
• En términos del artículo 979 del ordenamiento referido, las notificaciones del juicio oral se practicarán de manera personal por medios electrónicos o por Boletín Judicial, con excepción de las que surjan en el transcurso de las audiencias celebradas en el juicio, lo cual implica la existencia de un régimen especial para notificar las decisiones que sean tomadas en las audiencias.
• El artículo 1007 de la misma legislación regula las formalidades en el desarrollo de la audiencia del juicio, esto es, en la que se dicta sentencia de fondo y es claro en establecer que el Juez, además de exponer las consideraciones de la sentencia y leer los puntos resolutivos, en ese mismo acto pondrá a disposición de las partes copia de la sentencia.
• En consecuencia, la interpretación sistemática de los artículos 990, 979 y 1007 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, permite concluir la existencia de reglas especiales que regulan las notificaciones de la sentencia dictada en un juicio oral civil, pues el legislador consignó la obligación de notificar tal resolución que se dicte en las audiencias en ese mismo acto, con independencia de si las partes están presentes o no.
• Por tanto, el cómputo para determinar la oportunidad de la presentación de la demanda de amparo directo debe iniciar a partir de la notificación que se haga en la propia audiencia donde se dicte sentencia, siempre que obre constancia fehaciente de que quedó a disposición de las partes copia de la sentencia definitiva.
• Si la recurrente tuvo conocimiento y fue notificada del acto reclamado el siete de mayo de dos mil trece, ya que en esa fecha estuvo en aptitud de enterarse de las consideraciones de la sentencia reclamada si ello era de su interés, fue correcto que en el acuerdo de presidencia se tuviera esa fecha como aquella en que la parte quejosa fue notificada o tuvo conocimiento del acto reclamado y, por tanto, el cómputo realizado a partir de ese momento fue apegado a derecho.
• La parte quejosa no puede alegar que como desconocía el contenido íntegro de la resolución reclamada, para realizar el cómputo respectivo, debe tomarse en cuenta la notificación que se hizo en el fallo de primer grado en el Boletín Judicial, ya que del contenido de la audiencia se desprende que quedó a disposición de las partes, copia de la sentencia, lo que corrobora que estaba plenamente notificada de su contenido íntegro.
• En consecuencia, es infundado el recurso de reclamación.
Del asunto anterior derivó la tesis aislada I.9o.C.17 C (10a.),(7) de contenido siguiente:
"SENTENCIA EN EL JUICIO ORAL CIVIL. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA DETERMINAR LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO EN SU CONTRA, INICIA A PARTIR DE QUE AQUÉLLA SE NOTIFICA EN LA PROPIA AUDIENCIA DONDE SE DICTA, SIEMPRE QUE OBRE CONSTANCIA FEHACIENTE DE QUE QUEDÓ A DISPOSICIÓN DE LAS PARTES COPIA DE LA DEFINITIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). De la interpretación sistemática de los artículos 990, 979 y 1007 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal se concluye que para la notificación de la sentencia dictada en el juicio oral civil, existen reglas especiales que regulan ese acto, que excluyen a las que privan de manera general para otros tipos de procedimientos establecidos dentro de esa codificación procesal, ya que el legislador consignó la obligación de notificar las resoluciones que se dicten en las audiencias en ese acto, estén o no presentes todas las partes pues, en los juicios orales, únicamente el emplazamiento y el auto que admita la reconvención se notificarán personalmente, las demás determinaciones se notificarán a las partes por cualquier medio electrónico o por Boletín Judicial, pero esta clase de notificaciones no es aplicable a las resoluciones dictadas en las audiencias, en virtud de que en estos casos las notificaciones se tienen por practicadas en ese acto y no puede considerarse que la sentencia tenga una connotación ajena al vocablo ‘resoluciones’, debido a que éste se utilizó como género donde quedan comprendidos los autos, interlocutorias o sentencias, sin contener alguna limitación específica; de ahí que el cómputo del término para determinar la presentación oportuna de la demanda de amparo directo debe iniciar a partir de la notificación hecha en la propia audiencia donde se dicte la sentencia, siempre y cuando obre constancia fehaciente de que quedó a disposición de las partes copia de la sentencia definitiva."
CUARTO.—Existencia de la contradicción. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para que se actualice la contradicción de tesis basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales.
En efecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que la existencia de la contradicción de tesis no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, pues es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no incida o sea determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por el Tribunal Colegiado de Circuito, sino que sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.
En este orden de ideas, si las cuestiones fácticas aun siendo parecidas influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico a partir de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto.
Considerar lo contrario implicaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de tesis –mediante aclaraciones–, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.
Las consideraciones anteriores se ven reflejadas en la jurisprudencia P./J. 72/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(8) de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
Dicho en otras palabras, el único requisito que debe cumplirse para considerar que existe la contradicción de criterios es que sea patente la oposición de las posturas jurídicas que –expresa o tácitamente– sustenten distintos Tribunales Colegiados de Circuito, esto es, que en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", para lo cual debe entenderse por "tesis" el criterio adoptado mediante argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia.
Lo anterior conlleva determinar que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.
Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte ha explicado que para determinar si existe una contradicción de tesis debe analizarse cada uno de los procesos interpretativos involucrados y no tanto los resultados que ellos arrojen, con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas y no necesariamente contradictorias en términos lógicos, tal como se desprende de la jurisprudencia 1a./J. 23/2010,(9) que se transcribe a continuación:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’. Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto ‘contradictorio’ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los tribunales colegiados de circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen– con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes."
En el caso concreto, de los antecedentes de los asuntos resueltos por los tribunales contendientes, así como de las consideraciones que sustentan esos fallos, se advierte la actualización de los supuestos esenciales para determinar que sí existe contradicción de criterios, pues dichos órganos colegiados se pronunciaron sobre un mismo punto jurídico y llegaron a conclusiones diferentes.
En efecto, los Tribunales Colegiados se pronunciaron sobre cuándo inicia el cómputo del plazo para la presentación de la demanda de amparo directo promovida contra la sentencia dictada en la audiencia de un juicio oral civil; empero, sustentaron criterios discrepantes en relación con esos tópicos.
Para corroborar lo anterior, conviene recordar que el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostuvo que el cómputo del plazo para promover el juicio de amparo inicia al día siguiente de que surte efectos la notificación de la sentencia impugnada, lo que acontece el mismo día en que ésta se notifica en la audiencia respectiva.
Para arribar a esa determinación, indicó que, conforme a lo dispuesto en el artículo 990 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, las resoluciones judiciales pronunciadas en las audiencias de los juicios orales se tienen notificadas en ese mismo acto, sin formalidad alguna a quienes estén presentes o debieron haber estado.
Asimismo, señaló que en términos de lo establecido por la Suprema Corte en la jurisprudencia P./J. 11/2017 (10a.), cuando las legislaciones adjetivas no dispongan cuándo deben surtir efectos las notificaciones, debe entenderse que ello acontece en el momento en que se practican porque esas diligencias se presumen legales y deben ser eficaces.
Precisó que, si de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Amparo, se debe acudir a la ley que rige el acto reclamado para determinar cuándo surten efectos las notificaciones, y en el caso el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal no señala el momento en que ello sucede, debe aplicarse la regla general señalada en la jurisprudencia P./J. 11/2017 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte para determinar la oportunidad de la presentación de la demanda de amparo directo, esto es, considerar que dichos actos surten efectos en
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29253-e02aff36/demanda-de-amparo-directo-el-computo-del-plazo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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